Does the United States have a "left agenda" towards Guatemala?

Does the United States have a "left agenda" towards Guatemala?
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Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
23 Feb 2021

La política exterior de Estados Unidos hacia cada país (o región, en este caso), no debe analizarse desde los espejuelos ideológicos porque no se entendería absolutamente nada. De hecho, para entenderla, se debe partir del análisis frío del realismo político.

 

Esta es una afirmación que repite mucha gente últimamente y se debe principalmente al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y el interés de varios funcionarios del Departamento de Estado y otras agencias de gobierno en que haya un “balance” en la composición final de la Corte de Constitucionalidad[1] de Guatemala, que debe ser elegida en abril de este año.

Dichas posiciones se asocian dentro de Guatemala con una “agenda de izquierda”, pero realmente tienen que ver con el diagnóstico bipartidista de los Estados Unidos sobre Guatemala, y específicamente, sobre lo que los estadounidenses consideran la raíz del problema de la migración ilegal de guatemaltecos en sus fronteras: la falta de Estado de derecho[2].

Sea acertada o no, y tenga o no sus matices esta tesis, ese es el diagnóstico de las agencias de seguridad y del Departamento de Estado, no sólo sobre Guatemala, sino sobre el Triángulo Norte de Centroamérica en general. Y de acuerdo con este diagnóstico, según estos funcionarios, parte de la responsabilidad de esta ausencia de Estado de derecho la tienen las élites nacionales que no se comprometen de manera categórica con el fortalecimiento de la institucionalidad de estos países, lo cual pasa necesariamente por la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, entre otras cosas.

En ese sentido, la política exterior de Estados Unidos hacia cada país (o región, en este caso), no debe analizarse desde los espejuelos ideológicos porque no se entendería absolutamente nada. De hecho, para entenderla, se debe partir del análisis frío del realismo político. La política de los Estados Unidos no es de principios y por ende, varía de acuerdo a los intereses que tenga esta potencia en cada país. Del Triángulo Norte de Centroamérica, básicamente lo que les interesa es detener el inmenso flujo migratorio ilegal que ingresa a sus fronteras cada día y la forma que ven para detenerlo es apoyar el fortalecimiento del sistema de justicia y de los contrapesos democráticos para que estos países generen una cierta institucionalidad, transparencia y gobernanza. Básicamente su estrategia parte de la premisa de que si hay Estado de derecho e instituciones inclusivas en la región, que generen certeza jurídica e inversión, la gente no huirá en desbandada arriesgando la vida en busca de mejores oportunidades.

Un ejemplo que vale la pena traer a colación para destacar el carácter “no ideológico” de su política exterior, es que dentro de la propia región latinoamericana tenemos casos como el de Venezuela, donde gobierna una dictadura de izquierda y la posición de rechazo, condena y sanciones bipartidistas de los Estados Unidos al régimen chavista ha sido frontal. Y por su parte, en Colombia, las relaciones de los Estados Unidos con el gobierno de centro-derecha de Iván Duque son excelentes y muy estrechas, incluso de mucho antes. Desde 1998 con el “Plan Colombia” durante el gobierno (también de derecha) de Andrés Pastrana, que libró una dura batalla contra la guerrilla de las FARC, los cárteles de la droga y la violencia criminal; los Estados Unidos se han erigido en un aliado clave y amistoso de ese país suramericano.  

Otro ejemplo interesante es el del embajador Todd Robinson, que cuando prestó servicio en Guatemala, fue tildado de “izquierdista” por apoyar a la Cicig. Pero posteriormente, cuando le tocó ser Encargado de Negocios en Venezuela, a los pocos días fue declarado “non grato” por el dictador de izquierda Nicolás Maduro y expulsado del país por declarar a la prensa que “las elecciones de 2018 no eran libres ni justas” (lo cual se comprobaría en 2019, cuando ningún país libre del mundo desarrollado reconoció esos resultados sino que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino); y también por afirmar que el ejército venezolano “podía jugar un papel positivo para mejorar la situación” y que “si el sector militar podía ayudar, Estados Unidos no iba a decir que no”. De manera que no es que el señor Robinson tuvo un súbito cambio de personalidad entre La Aurora y Maiquetía, sino que su trabajo es defender los intereses de los Estados Unidos en cada país al cual es enviado: en Guatemala, coadyuvar al fortalecimiento del Estado de derecho; en Venezuela, construir alianzas internas entre distintos sectores para procurar una transición democrática.

Así que lo que debería evaluarse a lo interno de Guatemala no es la supuesta “agenda ideológica” de Estados Unidos, sino por qué las élites nacionales tienen tan mala imagen en ese país y qué acciones creíbles pueden hacer para cambiarla.

 

[1] Sobre la importancia del papel de la Corte de Constitucionalidad como “árbitro” político de última instancia en la democracia guatemalteca, se recomienda leer: “Corte de Constitucionalidad: el caso Guatemala”, en https://fundacionlibertad.com/articulo/corte-de-constitucionalidad-el-caso-guatemala

[2] Prueba de ello es la reciente caída del país en indicadores institucionales, como el Democracy Index de The Economist, donde el país descendió del puesto 93 al 97 y también en el índice de Estado de derecho del World Justice Project, donde se pasó del puesto 96 al 101.