Más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos. 

Un antejuicio supone proteger a los funcionarios públicos de imputaciones falsas y de venganzas políticas o personales, que puedan recibir por decisiones o acciones que su cargo conlleven. Un buen ejemplo de esto son los jueces del sistema de justicia, pero en Guatemala este derecho es inherente a más de  10 cargos públicos. 

Esta semana Jimmy Morales prometió luchar por mantener el derecho de antejuicio que tienen los alcaldes, señalado como una de las reformas constitucionales que promueven CICIG y MP. Las críticas de la ciudadanía explotaron, haciendo énfasis en que ese comentario perpetúa la vieja política y la impunidad que arrastra el país por tanto tiempo. 

Jimmy Morales sigue en campaña politica, ofreciendo que no va quitar el antejuicio a los alcaldes!

— Anthony Rivas (@AnthonyRivasG) 15 de mayo de 2016

Si retrocedemos hace algunos años, el derecho de antejuicio solamente beneficiaba a los diputados, jueces y magistrados por su rol de mediadores de la ley, lo cual podría traer claras represalias hacia su cargo. Bajo esta perspectiva, la inmunidad que reciben estos actores se convierte en una garantía constitucional para que ejecuten su labor sin las amenazas de demandas sin fundamento, impidiéndoles continuar con sus responsabilidades públicas.

Ahora bien el problema ha sido que, con el transcurso del tiempo, cada modificación que recibía la institución del antejuicio consistía en ampliar el número de funcionarios que gozaban de ese derecho. 

 En el 2015, la Corte Suprema de Justicia reportó 632 solicitudes de antejuicios, siendo los alcaldes el grupo mayoritario afectado por denuncias en temas como malversación de fondos, lavado de dinero o abuso de poder; las cuales en su mayoría quedaron sin alguna investigación que verificara los cargos, al no ser admitido el correspondiente antejuicio. 

Lo cierto es que la realidad de nuestro país hace ver que, más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos, haciendo que los casos prosperen o no. De esta forma el antejuicio pasó de ser una garantía constitucional a, muchas veces, una herramienta de impunidad.

El debate sobre si quitar o no la inmunidad a los cargos de alcaldes, gobernadores o diputados del Parlamento Centroamericano, seguirá sobre la mesa  en las reformas a la constitución. Incluso hay quienes creen que el derecho de antejuicio debería de revocarse de cualquier puesto público (incluyendo jueces, presidentes o magistrados), pues tendría que prevalecer el derecho de igualdad ante la ley.

Cualquiera que sea la decisión final, en definitiva pondrá a prueba el sistema de justicia de nuestro país, pues permitiría demostrar a los tribunales y personas involucradas, su apego a la ley   y su capacidad de no ser objeto de manipulaciones que conlleven a más casos de corrupción.