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Simón y los vencidos de la revolución
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
05 Mar 2024

Un país es una herida colectiva. 

 

El viernes 1 de marzo se estrenó en Netflix el film Simón, del joven director venezolano Diego Vicentini. Obra nominada a los Premios Goya en 2023. 

La película se sumerge en los abismos del alma de Simón, un dirigente estudiantil que busca asilo político en Estados Unidos después de haber enfrentado el tormento de la detención y la tortura en una cárcel venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2017.

A lo largo de la historia, la dualidad que vive Simón es palpable y angustiante. En los flashbacks de su vida en Venezuela, vemos a un joven idealista e indoblegable que lideraba un grupo estudiantil enarbolando la bandera de la protesta, inspirado por movimientos sociales globales que han desencadenado cambios políticos significativos, como la Primavera Árabe y el Euromaidán ucraniano. Sin embargo, luego de haber sido encarcelado, torturado y de escapar al exilio en Miami, se enfrenta a un escenario distinto, atrapado en un shock post-traumático y con una culpa de sobreviviente abrumadora por la lucha que dejó inconclusa y las terribles consecuencias de sus decisiones. Tristemente, presenciamos el duelo de quien se da cuenta de que la única forma de seguir adelante con su vida es dejando atrás su país y sus afectos.

A diferencia de otras películas que han retratado los crímenes del socialismo y que muestran el horror de estos regímenes a través de la banalidad del mal como The Life of Others (2006), la película Simón más bien opta por una aproximación visceral. Aquí, el brazo ejecutor de la dictadura no carga con el dilema ético del burócrata que acata órdenes totalmente deleznables y comete actos terribles disfrazados de procedimientos oficinescos, sino que la maldad de la represión se nos presenta en su estado más crudo perpetrada por esbirros sádicos y sin escrúpulos. En este ambiente, todos los venezolanos, incluso los ciudadanos comunes no politizados, son percibidos como potenciales enemigos de la revolución hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, esta precisión se deja entrever en la escena final cuando el protagonista explica al funcionario norteamericano en su entrevista de asilo las motivaciones que puede tener el gobierno venezolano en capturar indiscriminadamente jóvenes estudiantes para torturarlos y luego soltarlos sin mayores argumentos:

“Nos liberaron porque les dio la gana. Eso es lo que hacen. Capturan a un grupo de gente, los golpean, los torturan y los sueltan. Y luego capturan a otro grupo y hacen lo mismo una y otra vez. Es como una puerta giratoria. Todos los que luchan contra ellos pasan por esa puerta y después todos les temen”.

Un sinsentido que sólo se entiende si nos adentramos en la psiquis de un proyecto cuya naturaleza radica en la pérdida total del valor por la vida humana.

Imposible no establecer paralelismos entre los personajes de Simón y el joven alemán Paul Baumer, de la novela alemana luego versionada varias veces en película All quiet on the western front (2022). En ambos protagonistas, vemos cómo ese optimismo juvenil inicial es aplastado por la realidad de enfrentarse al poder desnudo de una maquinaria estatal al servicio de la muerte y cómo se termina apoderando de ellos una desesperanza profunda sobre la condición humana al haber presenciado la transgresión más abyecta a los límites morales que creían seguros e inamovibles. 

Simón, también nos desafía a reflexionar. Nos interpela con la idea de que en el mundo real, el mal sí triunfa y los países se pierden en vorágines destructivas sin salida. Y si bien los venezolanos de hoy, los vencidos por la devastación revolucionaria dentro y fuera del país, tendremos que cargar con este fracaso colectivo por el resto de nuestras vidas, también (como Simón) la única forma de conjurar esa derrota es perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o no pudimos hacer. 

Sólo teniendo como deber moral la misión de vida de resignificar y transformar nuestra pérdida en algo de valor para el resto de la sociedad y las generaciones futuras, todo el dolor habrá tenido sentido. 

Los extravíos ideológicos en la región
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
29 Feb 2024

La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes

 

El pasado sábado 24 de febrero, dos reuniones opuestas en ideología pero conectadas en su naturaleza, se llevaron a cabo en cada extremo del Atlántico. Mientras en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) congregaba a una amalgama de líderes del nuevo y el viejo continente, en Madrid, el Consejo de la Internacional Socialista, cooptado por Pedro Sánchez, no dejaba títere con cabeza.

En la CPAC, figuras como Nayib Bukele, Javier Milei, Santiago Abascal y Donald Trump, entre otros, se alinearon en una suerte de frente anti-globalización, anti-comunista y pro-vida. Aunque en cada discurso que profirieron, las diferencias en temas económicos y de política exterior eran más que evidentes, la llamada “batalla cultural” marcaba el terreno común. Bukele se erigía como el nuevo mesías tropical y daba lecciones de moral a los Estados Unidos, Milei ofrecía una clase de teoría económica de hace cien años, Abascal apelaba a su discurso “antiglobalista” en pro de los valores tradicionales para salvar Occidente y Trump, en su estilo característico, se autodenominó como “orgulloso disidente político” comparándose con Aléksei Navalny.

Mientras tanto, en el Consejo de la Internacional Socialista, presidido por Pedro Sánchez, se evidenciaba un reacomodo político que ha sido visto por muchos como un sacudón que terminó de consolidar la hegemonía de Sánchez en ese órgano, ya que después de remover a quienes no eran de su gusto, terminó nombrando a dedo a peones y alfiles leales a él. En el caso de los socialistas, la agenda cultural tampoco estuvo ajena, ya que Sánchez promovió abiertamente la creación de una fundación de la Internacional que promocione “los valores y principios socialistas y socialdemócratas en el mundo”. Además, sorprendió la expulsión de Voluntad Popular, un partido opositor de Venezuela, junto con el partido perdedor en las elecciones presidenciales en Guatemala, la Unidad Nacional de la Esperanza, bajo el pretexto de “cambios ideológicos”, lo cual resonaba más bien como una maniobra política de Sánchez para congraciarse con la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas, más que como una decisión legítima. De alguna forma, el saldo que dejó esta reunión ha sido el de la consolidación del feudo personal de Sanchez más que la modernización de un organismo con fines democráticos.

Tanto en la CPAC como en la Internacional Socialista, brilló por su ausencia el compromiso con los Derechos Humanos, una doctrina cada vez más denostada en el mundo actual, pues se la percibe especialmente como un obstáculo al ejercicio de la soberanía. Pareciera que realmente lo que hay detrás del rechazo a los Derechos Humanos, es la intención ulterior de poder hacer lo que se quiera eventualmente con el enemigo político sin que haya ningún tipo de consecuencia. No es de extrañar entonces esta tendencia regional hacia los radicalismos ideológicos, que termina socavando los pilares de la convivencia y la tolerancia mínima democrática. La polarización y el relativismo son el terreno más fértil para pulverizar valores universales como la justicia y la libertad.

Ambos eventos reflejan una deriva ideológica peligrosa para la región. La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes como la falta de crecimiento económico, el deterioro del clima de negocios en la región, falta de acceso a servicios públicos, el rezago educativo post-pandemia cuya brecha aún no se ha podido cerrar, la crisis de migración ilegal y la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado. Estos flagelos siguen sin solución, mientras los líderes políticos se sumergen en disputas ideológicas bizantinas que, a su vez, generan más inestabilidad.

La región necesita urgentemente un retorno al sentido común, a los consensos mínimos y a la búsqueda de soluciones prácticas y concretas para sus desafíos. La polarización actual debilita nuestra capacidad para abordar problemas colectivos urgentes.

The fight for democracy in Guatemala
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
08 Feb 2024

Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho

 

La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.

Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.

Antecedentes: el rol de la CICIG y el ascenso de la ola autoritaria

El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.

En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.

Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.

El Gobierno de Alejandro Giammattei y el Deterioro Institucional

Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.

La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.

De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.

Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.

Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.

Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.

Elecciones 2023: un punto de inflexión

Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.

A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.

Desafíos poselectorales y la reacción de la comunidad internacional

La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.

Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.

El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.

Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.

La gestión de Arévalo: la oportunidad de reconstrucción institucional

La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.

Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.

Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.

Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.

Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.

Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.

La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.

La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.

El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.

La lucha por la democracia en Guatemala
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
08 Feb 2024

Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho

 

La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.

Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.

Antecedentes: el rol de la CICIG y el ascenso de la ola autoritaria

El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.

En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.

Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.

El Gobierno de Alejandro Giammattei y el Deterioro Institucional

Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.

La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.

De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.

Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.

Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.

Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.

Elecciones 2023: un punto de inflexión

Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.

A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.

Desafíos poselectorales y la reacción de la comunidad internacional

La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.

Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.

El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.

Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.

La gestión de Arévalo: la oportunidad de reconstrucción institucional

La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.

Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.

Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.

Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.

Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.

Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.

La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.

La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.

El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.

Restitution of the Seed Party? A crucial debate in Congress
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
26 Ene 2024

La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo

 

En una reciente sesión del Congreso, se desató debate sobre la moción privilegiada presentada por dos diputadas del partido Semilla. Esta propuesta buscaba restituir el estatus de Semilla como partido en activo, en lugar de su clasificación actual que considera a sus diputados como independientes. Durante la discusión, se rompió el quórum, dejando el asunto sin resolver. Al finalizar la sesión, se conoció que cuatro diputados del partido VAMOS presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar impedir este cambio.

En la sesión, se expusieron dos opiniones jurídicas (2-2024 y 3-2024) de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, las cuales afirmaron que los 18 partidos con representación en el Congreso, incluido Semilla, están vigentes. Una de las opiniones citaba: “el órgano competente en materia electoral, Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, le reconoce un doble estatus al partido referido [Semilla], lo cual impide a este órgano alto organismo del Estado operar cambios en sus registros, toda vez que aparece con estatus electoral vigente en el informe rendido.” Esta afirmación concuerda con el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo. Desde las reformas de 2016, un diputado independiente no puede presidir estas comisiones, lo cual sitúa a Semilla en desventaja si se mantiene su estatus actual.

El asunto deberá resolverse idealmente en la próxima sesión del pleno del Congreso. Ha habido cuestionamientos por parte de algunos diputados de oposición sobre la viabilidad de restituir el bloque Semilla, destacando el argumento del diputado Alvaro Arzú basado en un fallo de la Corte Constitucional que ordenó repetir la elección de la Junta Directiva días atrás.

Por otro lado, cuatro diputados de VAMOS interpusieron un amparo contra el posible restablecimiento de Semilla como bloque legislativo. El 17 de enero de 2024, la Corte ordenó repetir la elección de la Junta Directiva, considerando a los diputados de Semilla como independientes, según señaló Arzú. Sin embargo, un documento posterior del Registro de Ciudadanos, fechado el 22 de enero de 2024, reconoce a Semilla como partido en activo, planteando así un escenario diferente tal y como lo exponen las dos opiniones jurídicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso antes mencionadas.

Ante este nuevo contexto, el Congreso tiene la facultad de reevaluar el estatus del bloque legislativo de Semilla. Dicha acción no constituiría necesariamente una desobediencia a la Corte como algunos afirman, ya que la parte resolutiva del fallo ordenó repetir la elección de la Junta Directiva sin diputados independientes y eso ya se ha cumplido. Resta esperar a la próxima semana para conocer el desenlace del asunto y ver si la Corte de Constitucionalidad interviene en respuesta al amparo presentado por los diputados de VAMOS.x

¿Restitución del Partido Semilla? Un debate crucial en el Congreso
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
26 Ene 2024

La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo

 

En una reciente sesión del Congreso, se desató debate sobre la moción privilegiada presentada por dos diputadas del partido Semilla. Esta propuesta buscaba restituir el estatus de Semilla como partido en activo, en lugar de su clasificación actual que considera a sus diputados como independientes. Durante la discusión, se rompió el quórum, dejando el asunto sin resolver. Al finalizar la sesión, se conoció que cuatro diputados del partido VAMOS presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar impedir este cambio.

En la sesión, se expusieron dos opiniones jurídicas (2-2024 y 3-2024) de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, las cuales afirmaron que los 18 partidos con representación en el Congreso, incluido Semilla, están vigentes. Una de las opiniones citaba: “el órgano competente en materia electoral, Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, le reconoce un doble estatus al partido referido [Semilla], lo cual impide a este órgano alto organismo del Estado operar cambios en sus registros, toda vez que aparece con estatus electoral vigente en el informe rendido.” Esta afirmación concuerda con el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo. Desde las reformas de 2016, un diputado independiente no puede presidir estas comisiones, lo cual sitúa a Semilla en desventaja si se mantiene su estatus actual.

El asunto deberá resolverse idealmente en la próxima sesión del pleno del Congreso. Ha habido cuestionamientos por parte de algunos diputados de oposición sobre la viabilidad de restituir el bloque Semilla, destacando el argumento del diputado Alvaro Arzú basado en un fallo de la Corte Constitucional que ordenó repetir la elección de la Junta Directiva días atrás.

Por otro lado, cuatro diputados de VAMOS interpusieron un amparo contra el posible restablecimiento de Semilla como bloque legislativo. El 17 de enero de 2024, la Corte ordenó repetir la elección de la Junta Directiva, considerando a los diputados de Semilla como independientes, según señaló Arzú. Sin embargo, un documento posterior del Registro de Ciudadanos, fechado el 22 de enero de 2024, reconoce a Semilla como partido en activo, planteando así un escenario diferente tal y como lo exponen las dos opiniones jurídicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso antes mencionadas.

Ante este nuevo contexto, el Congreso tiene la facultad de reevaluar el estatus del bloque legislativo de Semilla. Dicha acción no constituiría necesariamente una desobediencia a la Corte como algunos afirman, ya que la parte resolutiva del fallo ordenó repetir la elección de la Junta Directiva sin diputados independientes y eso ya se ha cumplido. Resta esperar a la próxima semana para conocer el desenlace del asunto y ver si la Corte de Constitucionalidad interviene en respuesta al amparo presentado por los diputados de VAMOS.x

Can one be totally coherent in politics?
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
26 Ene 2024

Esta es la tercera entrega de una serie sobre historia y realismo político

 

“Los políticos mienten”, es uno de los lugares comunes más pronunciados en la discusión pública en cualquier latitud y bajo cualquier régimen político. Sin embargo, ¿los políticos mienten por “malvados” o “cínicos”, como ponderan los opinadores de oficio? Seguro que habrá los que sí, pero lo cierto es que en algún punto de su vida, el político va a hacer o decir exactamente lo contrario con respecto a algo que hizo o dijo en otro momento y eso tiene que ver con la dinámica que impone la realidad política. Incluso el opinador, si se dedicara a revisar sus propios análisis a lo largo del tiempo, encontrará innumerables inconsistencias dependiendo del momento y los actores sobre los que opina. 

Como diría el pensador Isaiah Berlin, es típico del pensamiento de los erizos[1] querer que la realidad cierre en una lógica perfecta y coherente, lo que les lleva a una resistencia a aceptar la realidad política en tanto terreno fértil para la contradicción. Y esta resistencia a aplicar un “sentido de realidad” a sus análisis, también les lleva a emitir juicios simplistas y a una comprensión limitada de las motivaciones detrás de ciertas decisiones.

La actualidad latinoamericana ofrece lecciones interesantes sobre la inconsistencia en la política: 

En Argentina, el presidente Javier Milei acumuló su capital político a base de fustigar en los medios de comunicación, desde la postura libertaria, al estatismo peronista interventor. Sin embargo, con apenas 11 días de haberse juramentado en la presidencia de la república, no dudó en invocar las plenas facultades en su condición de jefe de Estado, publicando el Decreto de Necesidad de Urgencia con el cual, si bien busca derogar cientos de leyes y desregular la economía, lo hace mediante el instrumento más poderoso que tiene el Ejecutivo a disposición: la excepción. 

En Venezuela, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras que se enfrentará a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024, erigió toda su carrera política previa denunciando el fraude sistemático en el sistema electoral chavista y llamando a la abstención. 

En Guatemala, antes de ser presidente, Bernardo Arévalo cimentó su carrera académica como sociólogo criticando la politización del ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, ante la persecución judicial que generó una profunda incertidumbre en el país sobre el traspaso de mando, el ahora presidente tuvo que confiar en la neutralidad y en la subordinación de la institución armada a la Constitución. 

De manera que la contradicción pareciera ser inherente a la política. Y esto es evidente desde la perspectiva del realismo político, es decir, cuando intentamos partir de un análisis que sustrae los espejos ideológicos del fenómeno político para analizarlo en su sencillez y a la vez en su crudeza. 

De tal suerte, la inconsistencia en cualquier acción política se vuelve evidente al observar el mismo escenario en distintos momentos: lo que fue aceptable o estratégico en el pasado puede volverse obsoleto o ineficaz en el presente, bien sea por los cambios en la correlación de fuerzas, por la necesidad de negociar apoyos, por transformaciones en las demandas de la sociedad, etc. 

Además, cuando la política se convierte en un juego de supervivencia, no ya de coexistencia, se complica mucho más la búsqueda de coherencia, de allí que los discursos y acciones sean totalmente cambiantes en aras de la propia permanencia en el poder y eventual victoria frente al enemigo. Para un moralista de la política, esta permuta constante puede interpretarse como falta de principios, pero desde la óptica del realismo político, es una respuesta práctica a la naturaleza del poder que la realidad política impone en un momento determinado.

Lo cierto es que la inconsistencia de los políticos es el arma arrojadiza predilecta de enemigos y críticos, y siempre será aprovechada como argumento moral para debilitar al contrincante. Eso es totalmente válido, pero al mismo tiempo es un búmeran que eventualmente se devuelve. Por eso, para el analista, el cientista político o el simple observador, la contradicción, en lugar de llevarle a condenas automáticas, debería motivarle a examinar las causas y las circunstancias propias de cada momento, según aplique a cada caso. 

 

 

[1]  En su ensayo “El erizo y el zorro”, Berlin argumenta que mientras que los "erizos" son aquellos que tienden a ver el mundo a través de una única lente, buscando una narrativa coherente y una lógica unificadora que dé sentido a la realidad (pensadores como Platón y Marx), los "zorros" son más propensos a aceptar la complejidad inherente a la experiencia humana (Aristóteles, Burke, Tocqueville, etc.).

¿Se puede ser totalmente coherente en política?
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
26 Ene 2024

Esta es la tercera entrega de una serie sobre historia y realismo político

 

“Los políticos mienten”, es uno de los lugares comunes más pronunciados en la discusión pública en cualquier latitud y bajo cualquier régimen político. Sin embargo, ¿los políticos mienten por “malvados” o “cínicos”, como ponderan los opinadores de oficio? Seguro que habrá los que sí, pero lo cierto es que en algún punto de su vida, el político va a hacer o decir exactamente lo contrario con respecto a algo que hizo o dijo en otro momento y eso tiene que ver con la dinámica que impone la realidad política. Incluso el opinador, si se dedicara a revisar sus propios análisis a lo largo del tiempo, encontrará innumerables inconsistencias dependiendo del momento y los actores sobre los que opina. 

Como diría el pensador Isaiah Berlin, es típico del pensamiento de los erizos[1] querer que la realidad cierre en una lógica perfecta y coherente, lo que les lleva a una resistencia a aceptar la realidad política en tanto terreno fértil para la contradicción. Y esta resistencia a aplicar un “sentido de realidad” a sus análisis, también les lleva a emitir juicios simplistas y a una comprensión limitada de las motivaciones detrás de ciertas decisiones.

La actualidad latinoamericana ofrece lecciones interesantes sobre la inconsistencia en la política: 

En Argentina, el presidente Javier Milei acumuló su capital político a base de fustigar en los medios de comunicación, desde la postura libertaria, al estatismo peronista interventor. Sin embargo, con apenas 11 días de haberse juramentado en la presidencia de la república, no dudó en invocar las plenas facultades en su condición de jefe de Estado, publicando el Decreto de Necesidad de Urgencia con el cual, si bien busca derogar cientos de leyes y desregular la economía, lo hace mediante el instrumento más poderoso que tiene el Ejecutivo a disposición: la excepción. 

En Venezuela, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras que se enfrentará a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024, erigió toda su carrera política previa denunciando el fraude sistemático en el sistema electoral chavista y llamando a la abstención. 

En Guatemala, antes de ser presidente, Bernardo Arévalo cimentó su carrera académica como sociólogo criticando la politización del ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, ante la persecución judicial que generó una profunda incertidumbre en el país sobre el traspaso de mando, el ahora presidente tuvo que confiar en la neutralidad y en la subordinación de la institución armada a la Constitución. 

De manera que la contradicción pareciera ser inherente a la política. Y esto es evidente desde la perspectiva del realismo político, es decir, cuando intentamos partir de un análisis que sustrae los espejos ideológicos del fenómeno político para analizarlo en su sencillez y a la vez en su crudeza. 

De tal suerte, la inconsistencia en cualquier acción política se vuelve evidente al observar el mismo escenario en distintos momentos: lo que fue aceptable o estratégico en el pasado puede volverse obsoleto o ineficaz en el presente, bien sea por los cambios en la correlación de fuerzas, por la necesidad de negociar apoyos, por transformaciones en las demandas de la sociedad, etc. 

Además, cuando la política se convierte en un juego de supervivencia, no ya de coexistencia, se complica mucho más la búsqueda de coherencia, de allí que los discursos y acciones sean totalmente cambiantes en aras de la propia permanencia en el poder y eventual victoria frente al enemigo. Para un moralista de la política, esta permuta constante puede interpretarse como falta de principios, pero desde la óptica del realismo político, es una respuesta práctica a la naturaleza del poder que la realidad política impone en un momento determinado.

Lo cierto es que la inconsistencia de los políticos es el arma arrojadiza predilecta de enemigos y críticos, y siempre será aprovechada como argumento moral para debilitar al contrincante. Eso es totalmente válido, pero al mismo tiempo es un búmeran que eventualmente se devuelve. Por eso, para el analista, el cientista político o el simple observador, la contradicción, en lugar de llevarle a condenas automáticas, debería motivarle a examinar las causas y las circunstancias propias de cada momento, según aplique a cada caso. 

 

 

[1]  En su ensayo “El erizo y el zorro”, Berlin argumenta que mientras que los "erizos" son aquellos que tienden a ver el mundo a través de una única lente, buscando una narrativa coherente y una lógica unificadora que dé sentido a la realidad (pensadores como Platón y Marx), los "zorros" son más propensos a aceptar la complejidad inherente a la experiencia humana (Aristóteles, Burke, Tocqueville, etc.).

Repercusiones del Reciente Fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre la Elección en el Congreso
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
18 Ene 2024

Este fallo de la CC abre varios frentes de discusión legal y política

 

El 17 de enero de 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala marcó un precedente importante con su fallo sobre la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Este fallo, en respuesta a varias acciones de amparo, ha suspendido la elección citando la infracción del artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) entre otros. Esta ley establece que los diputados independientes no pueden ser parte de la Junta Directiva, una condición que afectaba a los miembros del partido Semilla.

Las consecuencias de este fallo son trascendentales:

  1. Orden de Repetición de Elección: La CC ha determinado que la elección de la Junta Directiva debe repetirse, debido a la participación de diputados independientes.
  2. Estatus de los Diputados de Semilla: Se ha confirmado que los diputados de Semilla eran independientes al momento de instalarse la décima legislatura, basándose en la suspensión del partido ordenada por un juez penal el 12 de julio de 2023, lo que invalida su participación en la Junta.
  3. Anulación del Acuerdo Legislativo 5-2024: Este acuerdo, que modificaba el estatus de varios diputados, incluyendo a miembros de Semilla y UNE, y la juramentación de Julio Héctor Estrada de CABAL, ha sido invalidado.

Esta decisión de la CC es controversial, especialmente en lo que respecta al estatus del bloque legislativo Semilla. Según el artículo 46 de la LOOL, un bloque legislativo se compone de miembros de un partido con representación legislativa y que mantenga su estatus legal. Aunque Semilla está suspendido, no ha sido cancelado, lo que plantea interrogantes sobre la validez lógica del argumento de la Corte de considerar a sus diputados como independientes.

Además, el Registro de Ciudadanos ha mantenido a Semilla como “vigente”, y hay dudas sobre la duración de la suspensión, que según el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no debe exceder los 6 meses.

Respecto a los diputados Adim Maldonado e Inés Castillo, su supuesta independencia también es discutible. La LEPP exige que los partidos políticos cuenten con un Tribunal de Honor para procesos de expulsión, asegurando audiencia y defensa adecuadas para los afectados. Sin cumplir estos requisitos, la expulsión no es jurídicamente válida.

Finalmente, el caso de Julio Héctor Estrada de CABAL requiere una revisión. El requisito del “finiquito” para ser candidato, según el artículo 214 de la LEPP, no debería ser exigible una vez adjudicado el cargo (y realmente, ni para optar al cargo). Este requisito, como he mencionado anteriormente, podría ser contrario a la Constitución y a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Conclusión: Este fallo de la CC abre varios frentes de discusión legal y política. Los afectados, particularmente el partido Semilla, deben buscar clarificar el estatus legal del partido y en consecuencia el estatus de sus diputados a lo interno del Congreso. Esto tanto en la vía penal, en cuanto a la debatible resolución que suspende provisionalmente el partido, como en el Registro de Ciudadanos, sin que ambas vías sean excluyentes.

Rivalries or feuds?
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Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
11 Ene 2024

Ardón nos presenta un interesante ensayo histórico que destaca las oposiciones políticas más representativas de los siglos XIX, XX y XXI.

 

En su obra más reciente: Rivalidades. Duelos políticos que han marcado nuestra historia (Guatemala, Editorial SET, 2023), el abogado y escritor guatemalteco Roberto Ardón, nos sumerge en un fascinante viaje a través de 200 años de historia republicana de Guatemala, explorando las intrincadas y persistentes rivalidades políticas que han marcado el devenir de la nación. Inspirado por la estructura narrativa de las Vidas paralelas de Plutarco, Ardón nos presenta un interesante ensayo histórico que destaca las oposiciones políticas más representativas de los siglos XIX, XX y XXI.

Podemos decir que el hilo conductor de la obra se teje alrededor de cinco elementos fundamentales: 1) la presencia de dos personas (no grupos o partidos) como protagonistas de estos enfrentamientos; 2) la utilización de los recursos del poder para imponerse sobre el oponente; 3) la persistencia en el tiempo de estas rivalidades, ya que muchas duraron años e incluso décadas. También, 4) la división de la opinión pública en torno a uno u otro personaje, con debates álgidos que incluso se proyectan hasta el presente y, finalmente, 5) su impacto transformador en la sociedad guatemalteca ya que muchas de estas rivalidades definieron o marcaron etapas en la vida del país.

Aún cuando en la obra se nos presentan duelos de carácter político exclusivamente, destacan la presencia de personajes que, de entrada, parecieran ajenos a la vida política y militar. Serán los casos del religioso, monseñor Piñol y Batres, enfrentado al autócrata de inicios del siglo pasado, Manuel Estrada Cabrera, y el episodio del empresario y personalidad televisiva Dionisio Gutiérrez, encarado con la única mujer que figura en esta obra, la política Sandra Torres. Lo cierto es que, a pesar de no ser políticos de oficio ni ejercicio, tanto Piñol y Batres como Gutiérrez ejercerán un liderazgo cívico y moral en la sociedad que tendrá fuertes irradiaciones en la vida política nacional. 

De las reyertas más extremas que aparecen en el libro, están las de los hombres de armas Rafael Carrera y Francisco Morazán, y también entre Jacobo Árbenz y Carlos Castillo Armas, en cuyos casos la desaparición física del oponente por parte del otro estuvo por momentos contemplada, aunque las circunstancias desembocaran en otro desenlace. 

Sin embargo, en política, ¿podemos hablar de rivalidades o, más bien, de enemistades? Esta es una pregunta que se hace el autor en el primer capítulo del libro, respondiendo que no necesariamente toda rivalidad política implica enemistad. Mucho se ha debatido entre politólogos si la política la componen enemigos o adversarios. Ciertamente una visión irenista de la política consentirá que, en la mayoría de los casos, lo que se tienen son adversarios o rivales, no enemigos. Mientras que la visión más realista afirmará que la base de la política es la enemistad [1]. Sobre este punto, uno de los personajes que aparece en el libro nos ofrece una lección irreductible sobre la enemistad política. Se trata del ex presidente Álvaro Arzú Irigoyen, quien en plena contienda judicial y mediática contra el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, lanzaría estas declaraciones públicas a los medios: “yo fui el presidente que firmó la paz, pero también sé hacer la guerra”. Y también en su famosa entrevista en Canal Antigua cuando le preguntan si está dispuesto a renunciar a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, el ex mandatario y entonces alcalde capitalino sentencia: “un funcionario no renuncia cuando se lo piden los enemigos

A pesar de esto, en sensu stricto, en esta obra sí se encuentra una sola rivalidad propiamente dicha (ya no enemistad), y será la de Manuel Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre. A la luz de la teoría política, podemos decir sobre este capítulo que efectivamente pueden existir espacios de neutralización del conflicto, en donde la lucha se posterga fundando un orden agonal, quitándole a la enemistad política su carácter polémico, y pasando más bien a una instancia de mera rivalidad, debate o competencia. De manera que, lo que da cuenta esta rivalidad, cordial y respetuosa entre estos políticos e intelectuales, es que la verdadera área central de la enemistad política en la Guatemala de aquellos años no gravitaba precisamente en torno a los focos de los debates políticos televisados, sino que estaba librándose a sangre y fuego en una larga y cruenta guerra interna. 

Por lo demás, Rivalidades de Roberto Ardón, es una obra toral, no sólo para cualquier guatemalteco que desee conocer mejor su historia, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la política.

 

[1] Crucial en esta visión de la política bajo la distinción amigo-enemigo serán las obras del jurista alemán Carl Schmitt y su discípulo, el francés Julien Freund. En ese sentido, si bien la enemistad es la base de la política, ésta tendrá distintos tipos de “intensidad” que situarán el conflicto según el grado de potencialidad polémica del mismo.