Tras la visita del fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional (CPI) a la ciudad de Caracas, se dio a conocer que el caso "Venezuela I" pasará de la fase de examen preliminar a una investigación formal por parte del organismo. De manera que Venezuela es el primer país latinoamericano investigado formalmente por la Corte Penal Internacional y esto ha sido considerado como un hito histórico por parte de defensores de Derechos Humanos en nuestra región y todo el mundo.

Khan regresaba de Colombia, donde también concluyó el proceso más largo que adelantaba la Corte. Tras 17 años de que las denuncias de los supuestos crímenes y violaciones denunciadas durante la guerra contra las FARC se encontraran en examen preliminar; la Corte decidió delegar la investigación en manos los tribunales colombianos, creados tras los Acuerdos de Paz de 2016. Lo cual también es un mensaje para el mundo de que, a pesar de sus problemas, Colombia es un país que aún tiene la capacidad institucional de resolverlos satisfactoriamente a lo interno.

De allí el fiscal británico partió a Caracas, donde fue invitado por el tirano Maduro, en una desesperada maniobra por detener el proceso penal abierto en La Haya contra el gobierno venezolano que, para ese momento, también se encontraba en fase de estudio preliminar desde 2018 por las denuncias de violaciones a derechos humanos en el país a raíz de las protestas de 2017.

Aunque el chavismo se esmeró en aparentar normalidad y apertura frente al fiscal; Khan decidió seguir adelante con el proceso y pasar a la siguiente fase, declarando que el examen preliminar no era más que "una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa". A lo que un Maduro estupefacto y atónito, declaró que “no compartimos la decisión, pero la respetamos”.

Recordemos que la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado fundacional es el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. La corte empezó a funcionar en 2003 y su razón de existir fue a partir de los tribunales internacionales ad hoc creados en la década del noventa para investigar y juzgar los crímenes crueles y sanguinarios cometidos durante la guerra de Bosnia, entre 1992-95; y en el genocidio de Ruanda, en 1994.

Hasta el momento, los únicos mandatarios que han sido juzgados por la CPI son:

• Muamar el Gadafi, Libia, 2011
• Laurent Gbagbo, Costa de Marfil, 2011
• Omar al-Bashir, Sudán, 2009

La CPI investigará la implicación del régimen venezolano en torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas ocurridas contra ciudadanos bajo detención del Estado a raíz de la represión desatada por el régimen en el año 2017 cuando la ciudadanía salió a las calles a protestar porque el régimen de Maduro bloqueó la opción constitucional del referendo revocatorio a su mandato y además retiró las funciones del Legislativo, de mayoría opositora, por la vía de sentencias espurias de la Sala Constitucional del TSJ y finalmente llamando ilegalmente a una Asamblea Nacional Constituyente. Además, en aquel momento, la ciudadanía también protestaba por la alta inflación, la profunda escasez de alimentos y medicinas; además de la violencia y la inseguridad. Los niveles de oprobio y represión a los que llegó el régimen en aquel momento contra la población indefensa desataron una crisis humanitaria compleja y causaron el éxodo de 6 millones de refugiados, hasta ahora, el más grande en la historia del continente y el segundo más grande del mundo, sólo después de Siria.

La apertura formal de esta investigación constituye un importante precedente para América Latina y es una advertencia para los funcionarios y gobiernos de la región con respecto a su responsabilidad individual ante el hecho de: cometer, ordenar, contribuir, encubrir, colaborar, conocer, sobre el cometimiento de crímenes de lesa humanidad.

Ojalá se haga justicia.