No cabe duda de que ha sido necesario tomar medidas de distanciamiento social para evitar que la tasa de contagio (R0) del virus se dispare y que los sistemas sanitarios del mundo colapsen. Aun habiéndolas implementado, Guatemala tiene ya mas de 214 casos (al 17 de abril) y no hemos hecho suficientes pruebas para conocer mejor el alcance real del contagio.

Naturalmente las medidas de supresión más drásticas han traído costos económicos enormes. En Estados Unidos solamente, 22 millones de personas han reclamado el seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Una cifra de escalofríos y nunca vista. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 3% para la economía mundial en 2020 con una proyección para Latinoamérica de -5.2%.

Hace unas semanas mencioné algunos de los paquetes agresivos de ayuda que han emprendido las naciones más ricas del planeta. Al fin y al cabo, estas ricas naciones tienen un amplio espacio fiscal para conseguir fondos para inyectar a las empresas de sus países para amortiguar el golpe y cuentan con estados benefactores que pueden ampliar la ayuda a sus trabajadores. Pueden permitirse el lujo de parar y ayudar a sus ciudadanos.

En los países pobres la cosa no es tan sencilla. Un interesante working paper de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak para la Universidad de Yale propone un marco para analizar el problema de las medidas de distanciamiento social en países pobres. Los autores explican que las personas más pobres están menos dispuestas a hacer un sacrificio económico. Limitar la capacidad de trabajar para alguien que ingresa Q30 diarios es dejarle si su sustento elemental.

La investigación publicada por Yale señala que los estados de los países de ingreso bajo tienen poca capacidad de hacer cumplir sus medidas. Por ejemplo, limitar efectivamente la reversión de la migración interna. Al escasear el trabajo, mucha gente que había migrado a las ciudades, vuelve al campo y sin querer puede llevar el virus a las zonas rurales. Y por último, que la capacidad de estos estados para ayudar a su población son muy deficientes y gran parte de su sector obrero es informal.

El otro día expliqué cómo se repartiría el paquete de Q11 mil millones de ayuda que aprobó nuestro Congreso. El decreto se aprobó el 3 de abril, se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril y hasta el 17 de abril se publicó el reglamento y según una nota de prensa, la ayuda llegará hasta mayo. 2 de cada 3 guatemaltecos que están en la fuerza laboral tiene un empleo informal y este será el único mecanismo de ayuda que tendrán. Será demasiado tarde y esto podría ser catastrófico para la gente que no puede trabajar ni tendrá la ayuda que necesita a tiempo.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) será el ejecutor del programa más ambicioso: el bono familia. Asumiendo transparencia en el gasto, se pondrá a prueba su capacidad de identificar a los necesitados. En 2019, por ejemplo, ayudó a 29,671 familias con el programa “Bolsa Social” y a 58,874 familias en el programa de Bono social sobre educación y salud. Ahora, esperan llegar a 2 millones de hogares. ¿Serán capaces?

Para los trabajadores formales el futuro tampoco es alentador. Aún no tenemos cifras, pero es probable que muchos pierdan su trabajo. La alternativa que ha dado el gobierno es que patrono y trabajador acuerden una suspensión voluntaria del contrato de trabajo. Esto es, que el trabajador deje de laborar y el empleador deje de estar obligado a pagar el salario. A cambio, el Crédito Hipotecario Nacional trasladaría un monto de Q75 diarios. Al mes, esto serían aproximadamente Q2,250.00.

Para las empresas todo está más cuesta arriba. Según datos de 2017 del Ministerio de Economía, el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año.

Es difícil pensar que estas empresas puedan sobrevivir sin ventas o con ventas reducidas durante demasiado tiempo. Las empresas pequeñas son generalmente menos productivas y son más vulnerables a sufrir por problemas de liquidez.

Recuerde el lector que empresas grandes, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y venden más de Q4.3 millones al año, solo había 1,631 en 2017 y representan el 0.34% del total de las empresas. Estas seguramente son las que tienen más posibilidades de sobrevivir y mantener a buena parte de su planilla ante un parón de actividades como el que vivimos. Pero son tan pocas…

Algunos, como la organización IDinsight, han recomendado que los países pobres que pasen de los lockdowns a medidas tales como: uso obligatorio de mascarillas, aislamiento de los más vulnerables, mejorar el acceso al agua y campañas de información y limitar congregaciones de gente, especialemente reuniones religiosas que suelen ser espacios donde se reúnen muchas personas.

El escenario es complejo y no hacer nada no es una opción. Sin embargo, cuando en situaciones “normales”, la mitad de nuestros niños padece desnutrición crónica, cuando 1 de cada 2 guatemaltecos vive en situación de pobreza, cuando el 42% de los guatemaltecos asegura no tener suficientes alimientos, puede que ciertas restricciones a la actividad productiva traigan costos de mortalidad y morbilidad a personas en situación vulnerable. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos discutirlo con urgencia.