#ActualidadDimensión

Esta semana en Dimensión nos estamos preparando para participar en las Elecciones Generales 2015, en medio de la difícil situación política del país, consideramos que votar y principalmente votar válido, es hoy más necesario que nunca. Si todavía no te decides si votar o no, te contamos los efectos del voto nulo.

Algunos grupos están llamando a votar nulo o a no asistir a las urnas este 6 de septiembre.

Se supone que con esto se castigará y deslegitimará a la clase política del país, lo que provocará que el gobierno que sea electo necesariamente tenga que impulsar reformas positivas para el país. Pero ¿cuál es el efecto real de votar nulo?

Supongamos que el voto nulo logra tal fuerza que alcanza el 35% del total de votos emitidos, lo cuál sería histórico en el país.

Supongamos además, que el candidato A obtiene 31% de los votos, el candidato B obtiene 15%, el candidato C obtiene 11% y el restante 8% se reparte entre los partidos pequeños. ¿Se tomará en cuenta el total de votos nulos emitidos? NO.

Con la Ley actual los votos nulos son automáticamente descartados y se hace un nuevo cálculo solamente con los votos válidos, que son aquellos que identifican claramente la decisión por un candidato o un partido político.

En nuestro ejemplo, al eliminar los votos nulos: el candidato A automáticamente sube a 48%; el candidato B sube a 23%; el candidato C sube a 17% y el 12% restante se divide entre los partidos pequeños.

Al final, quienes más se benefician de los votos nulos son los partidos más grandes, al incrementarse la proporción de votos que se reporta a su favor.

Lo mismo ocurre con las votaciones para diputados. Los votos nulos no se toman en cuenta, por lo que los partidos grandes podrán colocar más diputados en el Congreso, lo cual les confiere mayor poder y control político. El efecto es contrario al resultado deseado, pues la ciudadanía queda más indefensa antes las acciones de los partidos políticos, y las reformas que se quieran impulsar, podrán ser bloqueadas fácilmente por estos partidos.

La realidad es que el voto nulo NO cambiará el sistema político del país. Tan solo otorgará más poder a los partidos más desprestigiados.

No te pierdas nuestro programa en donde analizaremos con Eduardo Fernández (Profesor Universitario), José Carlos Sanabria (ASIES), José Dávila (Analista político) y Estuardo Gamalero (Magistrado Suplente del TSE); los efectos del voto nulo en el sistema electoral guatemalteco.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

Hoy más que nunca, Guatemala necesita que cada ciudadano sea un componente activo de su democracia y de su desarrollo.

Esta semana en Dimensión hablamos con tres expertos en auditoría social para conocer sus reflexiones sobre la importancia que tiene el tema para el fortalecimiento de las instituciones. Marielos Fuentes de Guatemala Visible, Alejandro Quinteros de Primero Guatemala y Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), estuvieron con nosotros compartiendo su experiencia en el tema.

Además, en un segundo segmento, hablamos con los jóvenes de Enactus, una organización cuyo propósito es desarrollar Guatemala, transformando la vida de jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora.

No se pierdan este tema en Dimensión, este domingo 27 de septiembre a las 10:00 PM por Canal 3 o a partir del sábado 26 de septiembre en el siguiente link:

Dimensión

Guatemala necesita realizar cambios sustanciales en su sistema político, de tal forma que permita a sus ciudadanos elegir a las mejores personas para que ocupen los distintos cargos públicos.

El próximo 6 de septiembre los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir Presidente y Vice Presidente, diputados al Congreso de la República y al Parlacen, así como corporaciones municipales. Para este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral reporta 28 partidos políticos inscritos y de estos, 14 se encuentran postulando candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país.

Este es el octavo proceso de elecciones generales desde la apertura democrática en la década de 1980.

Durante este tiempo, la democracia guatemalteca ha sufrido períodos de inestabilidad y desequilibrio, y este momento que vive el país no es la excepción. La crisis política e institucional que detonó el develamiento de una importante cantidad de casos de corrupción que involucran a autoridades de gobierno, diputados, funcionarios de todo nivel e incluso candidatos a distintos cargos públicos, ha marcado el actual proceso electoral.

Ante el descrédito acumulado por la clase política del país los ciudadanos están exteriorizando sus propuestas y demandas, que aunque difieren en varios puntos, tienen un denominador común: Guatemala necesita realizar cambios sustanciales en su sistema político, de tal forma que permita a sus ciudadanos elegir a las mejores personas para que ocupen los distintos cargos públicos.

Mientras esa transformación es una realidad, esta semana analizaremos en Dimensión los principales retos que están marcando el actual proceso electoral. Los invitados que tuvimos para hacer este análisis fueron: Salvador Biguria, Presidente Junta Electoral Distrito Central; María Eugenia Mijangos, Magistrada titular del TSE; Ana Elly López, Magistrada suplente del TSE; Javier Brolo de ASIES y Rolando Molina de INCEP y Mirador Electoral.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

#ActualidadDimensión

De todas las reformas que se han planteado a raíz de la crisis política e institucional que atraviesa el país, es la reforma al sistema de justicia la más importante para el país.

La justicia en Guatemala ha sido sumamente débil y disfuncional. El poder judicial ha carecido de independencia y ha sido vulnerable a la influencia del poder político. Con la inauguración del período democrático y la instauración de una nueva constitución, hace treinta años, se intentó dotar al país de una justicia independiente de la influencia política y del crimen organizado. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, con el paso de las décadas el Estado de Derecho en Guatemala continúa siendo solamente una aspiración muy lejana.

“El mecanismo de pesos y contrapesos de cualquier democracia madura se encuentra ausente en Guatemala”

 

El costo de no contar con un auténtico Estado de Derecho ha sido sumamente alto para los guatemaltecos. Somos considerados uno de los países más violentos del planeta, las personas sufren constantemente de atropellos a su propiedad privada y la corrupción ha penetrado todas las esferas del Estado. Sin un Organismo Judicial realmente imparcial, nuestra democracia no ha logrado consolidarse. El mecanismo de pesos y contrapesos de cualquier democracia madura se encuentra ausente en Guatemala, facilitando de esa forma, el abuso de poder por parte de los gobiernos de turno.

En la actual coyuntura política, la ciudadanía está exigiendo cambios sustanciales a nuestro diseño institucional, y una de las demandas más fuertes es por la consolidación del sistema de justicia en el país. La ciudadanía enfrenta todos los días el miedo a ser asaltado o a perder la vida, debido a la impunidad con la que operan los criminales. Muchos niños no reciben educación y otros han muerto por la corrupción que se ha incrustado en el Estado y que provoca una pésima calidad en la prestación de los servicios públicos.

Guatemala no puede darse el lujo de seguir más tiempo sin un Sistema de Justicia independiente e imparcial. Nuestra viabilidad en el largo plazo como sociedad, como democracia y como país, depende de que logremos desarrollar un Sistema de Justicia que efectivamente castigue a cualquiera que infrinja la ley. Tenemos que lograr consolidar un auténtico Estado de Derecho que nos permita vivir en paz y que restaure nuestro tejido social.

Para discutir sobre este tema invitamos a un importante grupo de expertos como Hugo Maúl Figueroa (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia); Mario Fuentes Destarac (abogado y notario); Luis Pedro Álvarez (Diputado al Congreso de la República) y Alexánder Aizenstatd (profesor universitario) que analizaron con Paul Boteo, nuestro moderador invitado, la importancia de las reformas al sistema de justicia del país.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

#ActualidadDimensión

Nuestra democracia no funciona. Si bien los comicios para elegir gobernantes han sido validados por el pueblo, podemos afirmar que en los últimos treinta años, esto no ha sido suficiente para contar con una democracia plena.

El clientelismo político que ha caracterizado las últimas campañas electorales nos debe hacer cuestionar seriamente la calidad de nuestras instituciones democráticas.

Es un avance que ya no tengamos transiciones de poder violentas, a través de golpes de Estado, como sucedió en la mayor parte de la historia del país. Sin embargo, nuestro sistema tiene graves fallas que han sido explotadas al máximo por quienes nos han gobernado en las últimas décadas.

Nuestro diseño institucional es inadecuado ya que ha facilitado que los distintos gobiernos, ejecuten el gasto público con opacidad y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y además lo han realizado con la certeza de que no habrá consecuencias, ya que la impunidad ha sido un signo distintivo de nuestro país.

“La ventana que se ha abierto en la actual coyuntura no debiera ser desaprovechada.”

 
La clase política le ha jugado la vuelta al sistema. Ha encontrado los puntos vulnerables de nuestras instituciones y se han garantizado estar cubiertos bajo el manto de la impunidad. Las instituciones llamadas a fiscalizar para que los funcionarios públicos realicen adecuadamente sus funciones y no esquilmen los recursos públicos, han terminado bajo la influencia del poder político.

¿Qué podemos hacer ante esta realidad? La ventana que se ha abierto en la actual coyuntura no debiera ser desaprovechada. Es posiblemente la última oportunidad que tengamos como sociedad para construir instituciones democráticas sólidas que estén al servicio de toda la ciudadanía. Debemos ser conscientes que las funciones del Estado se han desnaturalizado y si no se corrige esta situación, es posible que nos enfrentemos a una espiral descendente en materia democrática.

Para discutir este tema, en Dimensión conformamos un panel moderado por el Director del programa, Dionisio Gutiérrez y compuesto por Carolina Escobar Sarti, Directora Nacional de Asociación La Alianza; Phillip Chicola, analista político; y Rodrigo Arenas, Presidente Movimiento Cívico Nacional.

Nos encontramos en un punto crítico en la vida del país y como ciudadanos debemos asumir la responsabilidad cívica que nos corresponde.

Transformar la historia del país es una responsabilidad de todos.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

El periódico La República realizó una publicación, en el año 1996, sobre la carrera de Dionisio Gutiérrez.

Rompiendo los tabús de la no participación de empresarios en los asuntos políticos, Dionisio Gutiérrez se ha destacado por sus fuertes críticas hacia las acciones de diversos gobiernos del país. A lo largo de su carrera, ha realizado importantes aportes para la democracia y paz en Guatemala, siendo uno de los más importantes, el programa Libre Encuentro. Este ha sido uno de los programas con debates televisivos más importantes, donde se logró abrir canales de comunicación con distintos sectores.

A continuación el artículo del periódico La República, publicada en diciembre de 1996:

Algunos congresistas en Estados Unidos buscan frenar el autorismo que vive Nicaragua y que ha fracturado gravemente la institucionalidad de este país.

La proximidad de la votación en Nicaragua para escoger al Presidente de la República a celebrarse el día 6 de noviembre y la amplia ventaja con que cuenta el actual Presidente con más de 65.7% de las preferencias sobre sus más cercanos competidores, Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Pedro Reyes del Partido Liberal Independiente (PLI), ha ocasionado gran preocupación en el ámbito internacional.

Luego de las maniobras ilegales e inconstitucionales del gobierno, con el objeto de impedir una competencia democrática sana en conformidad con la Constitución del país y los instrumentos internacionales, en Nicaragua se ha generado un clima de inestabilidad política y económica, que se ha agudizado con las sanciones impuestas por los Estados Unidos de América[1].

La previsión de la «reelección indefinida», la captura del poder judicial, la persecución política a opositores al gobierno, la ausencia de transparencia en el ejercicio del poder y de las condiciones electorales en Nicaragua, han fracturado gravemente la institucionalidad, lo que ha motivado a que diversos congresistas en Estados Unidos tomen la iniciativa de frenar el avance del autoritarismo del gobierno de ese país.

De hecho, la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Foundation (HRF), ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplique la Carta Democrática Interamericana [2] por las recurrentes violaciones a los derechos humanos, siendo la última, la destitución arbitraria de 28 diputados de la oposición democrática de ese país, electos en los comicios nacionales de noviembre de 2011[3]. Esto ha permitido que el gobierno acabe todo vestigio de control al poder, esencial en todo Estado de Derecho y sistema democrático.

La posición de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, de que las votaciones sean transparentes y competitivas en Nicaragua, garantizando los derechos de todos los ciudadanos, han sido ignoradas, al punto que en las fricciones con los organismos internacionales, el gobierno de Nicaragua ha pedido la renuncia del Secretario General [4] .

La ausencia de «Estado de Derecho»[5] y de democracia en Nicaragua[6], ha ocasionado que representantes en Estados Unidos discutan sanciones al gobierno de Nicaragua, como represalia por las violaciones a los derechos humanos y el retroceso de la democracia y del «Estado de Derecho»[7]. La «Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2016»[8], rápidamente aprobada por los representantes del Congreso de Estados Unidos de América, debe ser ratificada por el Senado, teniendo como finalidad que el gobernante y el régimen entero, sean responsables «por la violación a los derechos humanos y la manipulación del proceso electoral para su propia ganancia»y sean sancionados.

La Nica Act impone sanciones al gobierno de ese país, prohíbe que Estados Unidos vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que forma parte tales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros, lo que puede repercutir negativamente en la economía del país centroamericano[9].

Tal y como refiere la Carta Democrática Interamericana «Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universaly secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos» (art.3).

Con una economía pequeña, con una institucionalidad fracturada, y con sanciones de la comunidad internacional, Nicaragua tiene problemas serios a corto plazo.

Referencias:

[1]http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/404097-76-esta-dispuesto-votar/

[2]https://humanrightsfoundation.org/news/hrf-to-oas-secretary-general-appl...

[3]http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36929366

[4]http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/23/venezuela-bolivi...

[5] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «De la institucionalidad al desarrollo» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2015 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/estado-

de-derecho-un-ideal-pol...

[6] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Democracia y Estado de Derecho en Nicaragua» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 16 de agosto de 2016

enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/democracia-y-estado-de-derecho...

[7] Como dato inverosímil puede destacarse como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nombró a René Núñez, diputado fallecido el 10 de septiembre, como presidente del

Parlamento, véase enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/america/1474498...

[8]https://foreignaffairs.house.gov/legislation/h-r-5708-nicaragua-investme...

[9]http://www.nytimes.com/es/2016/09/22/el-congreso-de-estados-unidos-propo...

De todas las propuestas de reformas que el país está discutiendo en este momento, la atención se ha dirigido hacia la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin embargo poco se ha dicho sobre la reforma a la Ley de Servicio Civil la cual, si se hace correctamente, podría tener un efecto importante en la administración pública.

Guatemala cuenta con un Estado sumamente frágil y disfuncional, que no es capaz de cumplir con su propósito primordial de brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Tampoco es capaz de proveer educación y salud de calidad a la población más necesitada del país. El resultado es que Guatemala ocupa los últimos lugares en América Latina en cuanto a desarrollo social, capital humano, estado de derecho y crecimiento económico.

Lo que más preocupa del Estado guatemalteco es el deterioro que ha experimentado en las últimas décadas. Si bien se ha incrementado ligeramente el peso del gobierno dentro de la economía del país, al pasar el gasto gubernamental de 10.3% del PIB en 1995 a 13.4% en el 2014, la calidad de los servicio públicos pareciera estar disminuyendo. La crisis en varios hospitales nacionales, las carreteras en mal estado y la precariedad en la que operan las fuerzas de seguridad; son algunos ejemplos del fracaso del Estado de Guatemala.

La situación lamentable a la que ha llegado el país se debe, en gran medida, a que los puestos de trabajo dentro del gobierno se han utilizado para pagar favores políticos. No se ha seguido un proceso ordenado, riguroso y de alta calidad para contratar a los funcionarios encargados de administrar el Estado guatemalteco. Tampoco se ha desarrollado una política salarial unificada que incentive a los trabajares públicos a realizar un trabajo eficiente. Los sueldos no premian la experiencia, la formación educativa o el desempeño de los empleados estatales, sino que obedecen a criterios discrecionales y poco transparentes.

“En diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales”
ONSEC  

 

El desorden en la administración del Estado de Guatemala es tal, que no se sabe con certeza cuántos trabajadores laboran en las distintas dependencias e instituciones del gobierno. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales. Sin embargo, esta cifra no incluye a todos los trabajadores, ya que usualmente las entidades gubernamentales contratan a técnicos y profesionales para realizar consultorías temporales, los cuales no son reportados a las Oficina Nacional de Servicio Civil.

La situación crítica del servicio civil en Guatemala ha llevado a que ocupemos el penúltimo lugar de Centroamérica en el Índice de Desarrollo Burocrático, publicado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En la región centroamericana, Costa Rica ocupa el primer lugar y Honduras ocupa el último lugar. De cien puntos, Guatemala obtuvo una puntuación de 24, lo cual, además de vergonzoso, es sumamente preocupante.

Bajo los criterios opacos que han regido el servicio público en las últimas décadas, el Estado guatemalteco se ha debilitado y cada vez tiene menor capacidad de responder a las necesidades de la población. En la actual crisis que atraviesa el país, es necesario discutir a profundidad las reformas a la Ley de Servicio Civil, para revertir la situación de decadencia del servicio público en Guatemala. Es una discusión que no podemos postergar más, ya que tiene la misma urgencia que el resto de reformas que se están discutiendo en la actualidad.

Para analizar este tema invitamos a Marco Tulio Cajas, ex gerente del INAP; Luis Linares, ASIES, Leonel Lira, diputado al Congreso de Guatemala; y Javier Calderón, historiador e investigador.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

En este momento crítico de la historia de Guatemala en el que muchos casos de corrupción están siendo expuestos ante la opinión pública, nos dimos a la tarea de analizar el tema desde una perspectiva académica y de largo plazo para poder comprender el daño que este fenómeno hace a la sociedad.

En sociedades con altos niveles de corrupción los Estados son capturados para estar al servicio de intereses que lucran con los fondos públicos de forma ilimitada, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad política de los países. 

La corrupción ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, causando miseria y desesperanza.  Sin embargo, es con el inicio de la democracia moderna y el respeto de los derechos individuales que los ciudadanos tienen la oportunidad de exigir transparencia a sus respectivos gobiernos. En las democracias más avanzadas, la transparencia es uno de los elementos más exigidos y valorados por la ciudadanía Los actos de corrupción no son tolerados y los funcionarios que incurren en ella usualmente son llevados a la cárcel y su carrera política es enterrada para siempre.

 Por el contrario, en las democracias incipientes o poco desarrolladas, los  ciudadanos usualmente tienen niveles muy altos de tolerancia hacia la corrupción.  Aun cuando esta  resulta evidente, los funcionarios públicos continúan ejerciendo el poder, dañando seriamente la legitimidad del Estado e imposibilitando el desarrollo de los países. La indolencia de la ciudadanía antes tales actos de corrupción se debe en parte al poco nivel educativo de la mayoría, pero también a la creencia que nada que se realice logrará cambiar el sistema. La ciudadanía cae en la desesperanza y la desmoralización, lo cual contribuye a perpetuar el círculo vicioso de corrupción y subdesarrollo.

“El precio de la transparencia es la eterna vigilancia de la ciudadanía.”

 

Esto se debe traducir en una constante vigilancia a la ejecución del presupuesto público, considerando que cada quetzal que se pierde en corrupción, tendrá como consecuencia menos educación, salud y seguridad para toda la ciudadanía. Con los recursos limitados que cuenta un país pobre como Guatemala, no podemos darnos el lujo de perder un solo centavo en actos de corrupción.

El precio de la transparencia es la eterna vigilancia de la ciudadanía. Si la población no ejerce una ciudadanía activa y responsable, el Estado difícilmente llegará a ser transparente. Es hora que aprendamos la lección que nos han dado otras naciones. No podemos seguir siendo indiferentes ante la corrupción y los efectos desastrosos que está teniendo sobre nuestra incipiente democracia. 

Para analizar este tema estuvieron con nosotros: Daniel Hearing, profesor universitario; Cristhians Castillo, analista político; Enrique Maldonado, investigador de ICEFI; Edgar Ortiz, Director Ejecutivo del CEES y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

Estudiantes de cuatro universidades nos comparten cómo se han activado como ciudadanos frente a la coyuntura crítica del país.
Para el programa de Dimensión de este domingo, tuvimos la visita de los estudiantes: Ana Raquel Aquino de la Universidad Rafael Landívar, María Wer de la Francisco Marroquín, Carlos Bianchi de la USAC y Daniel Conde de la Universidad del Valle; con quienes conversamos sobre los nuevos movimientos estudiantiles y la responsabilidad del estudiante universitario frente a la situación del país.

Además del análisis que hicimos con nuestro panel de invitados, el documental de la semana revela el contexto en el que se desarrollan estos movimientos.

La actual crisis política e institucional que atraviesa el país, representó un punto de inflexión en la vida cívica y política de muchos universitarios. La indignación que sintieron al tener evidencia de una importante cantidad de actos de corrupción, que involucran a muchos funcionarios públicos en el país, provocó que salieran unidos a las calles, a expresar su indignación y enojo.

Ejemplos de la participación activa de movimientos estudiantiles podemos encontrar en muchas partes del mundo y en muchas épocas de la historia, desde España hasta Egipto, México, Venezuela y Chile; todas las manifestaciones estudiantiles tienen una característica en común: son la expresión de generaciones que están dispuestas a dejar la apatía y tomar las riendas de su futuro.  

A través de la participación cívica, los universitarios guatemaltecos se han dado cuenta de la gran responsabilidad que tienen, pues en un futuro cercano, serán ellos los llamados a ser los profesionales, empresarios, activistas, políticos y funcionarios públicos que el país necesita.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión