Hablaremos con un grupo de expertos sobre la inseguridad y la violencia que azotan al país. 

En los últimos seis años, Guatemala ha experimentado una importante tendencia a la baja en la tasa de homicidios, que había llegado a su punto más alto en 2009, con 46.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el año  2016 la tasa de homicidios se redujo hasta 27.3 por cada 100 mil habitantes, una reducción significativa pero que no ha logrado mejorar la percepción de inseguridad de los guatemaltecos.   

 Esto se debe a que Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos del mundo y miles de vidas se pierden todos los años, debido a la violencia y la inseguridad. Además, mientras la tasa de homicidios se reducía de manera significativa, el país experimentó un importante aumento en las denuncias por extorsiones. De 2,196 denuncias en 2008 se incrementó a 7,125 en  2016. La mayoría de estas denuncias se concentran en cinco departamentos del país: Retalhuleu, Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepequez y Suchitepequez.  

 El 90% de las extorsiones se originan desde las cárceles y el 60% van dirigidas a viviendas particulares. Esto evidencia que el sistema penitenciario del país ha sido incapaz de contener a los criminales, para evitar que cometan actos ilícitos y aterroricen a la población.   

 Estos niveles de inseguridad y violencia que presenta el país están asociados a varios factores de riesgo: el fácil acceso a armas de fuego ilegales, la poca capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia del sistema de justicia y el colapso del sistema penitenciario. Todo esto dentro del marco de una sociedad que no brinda oportunidades de desarrollo para sus habitantes y en donde muchas personas consideran la vida delictiva como una forma de ganar dinero fácil.   

 Esta semana en Dimensión, hablaremos con un grupo de expertos sobre la inseguridad y la violencia que azotan al país.    

 Panelistas:  

•  Evelyn Espinoza (Investigadora en temas de seguridad de Diálogos)  
•  Elvyn Díaz (Director Ejecutivo de Instituto de estudios comparados en ciencias penales de Guatemala -ICCPG-)  
•  Eleonora Muralles  (Directora de Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro -FADS-)  
•  Maynor Alvarado (Miembro de GAM)

Sintoniza el programa completo este domingo a partir de las 10:00 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí el lunes por la mañana:  

Dimensión

Hablaremos con un grupo de expertos sobre los retrocesos que ha experimentado la educación pública en el país.

La educación pública en Guatemala es uno de los grandes temas pendientes. La baja calidad y los problemas de cobertura, han provocado que el país presente un rezago educativo importante en relación al resto de América Latina.

Para un país en vías de desarrollo como Guatemala, la educación pública es un tema de gran importancia. Es a través de ésta como la mayoría de personas en el país tendrán acceso a la formación que podría permitirles optar a mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal, que les daría una mejor calidad de vida. 

El sector público guatemalteco atiende al 72% de todos los estudiantes, a través de los establecimientos que administra el Ministerio de Educación. Además, este contrata al 57% de los maestros de todo el sistema educativo.  De allí que la educación pública sea un tema de gran interés cuando se evalúan las posibilidades de desarrollo para el país. 

Una de las grandes dificultades que ha enfrentado la educación en Guatemala, es ampliar la cobertura de los servicios educativos públicos. Si bien el nivel primario tiene una cobertura de 87%, en el nivel secundario apena se llega a 46%. La corrupción y la negligencia de los gobiernos han provocado que se haga poco por avanzar en este tema. La inversión en la ampliación de la infraestructura educativa es casi inexistente, pues más del 80% del presupuesto del MINEDUC se dedica al pago de personal. 

Otro problema importante, es la poca capacidad que tiene el Ministerio de Educación para supervisar y profesionalizar a sus maestros. Muchos de ellos ni siquiera cumplen con los 180 días de clases que exige la ley; y en 2016, apenas el 50% de los maestros aprobaron los diagnósticos de habilidades lectoras y matemáticas. Una de las razones es que en el MINEDUC existen más de 50 sindicatos activos y sus dirigentes se han dedicado a negociar abusivos pactos colectivos con diferentes gobiernos, entorpeciendo la posibilidad de que muchos maestros sindicalizados rindan cuentas de su trabajo. 

El país tiene el reto enorme de construir un sistema educativo público que prepare personas para los desafíos del futuro. Esto pasa primero, por resolver los problemas de cobertura e infraestructura y por profesionalizar al cuerpo docente. Para hacerlo debemos superar el complejo y corrupto entramado político que ha convertido al presupuesto del MINEDUC en un botín, negociado a través del clientelismo en la asignación de plazas y los pactos colectivos lesivos. 

Esta semana en Dimensión hablaremos con un grupo de expertos sobre los retrocesos que ha experimentado la educación pública en el país. 

Panelistas: 

•  Verónica Spross (Directora ejecutiva de Empresarios por la Educación)
• Bayardo Mejía (Catedrático universitario USAC)
• Mónica Flores (Directora de la Escuela de Psicopedagogía y Educación de la UNI)

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Dimensión

Discutiremos sobre las causas y los efectos de la desigualdad y qué medidas se pueden tomar para construir sociedades con mayor movilidad social.

La desigualdad es una preocupación mundial que se está discutiendo de forma amplia a nivel académico, político y mediático. Se señala  que la desigualdad es una seria amenaza para la democracia,  daña el crecimiento económico, provoca violencia, impide la movilidad social y condena a millones de personas a la pobreza y la miseria. 

Sin embargo, la desigualdad no necesariamente es dañina. Chile se encuentra dentro de los 20 países más desiguales del mundo y es considerado un país con altos niveles de desarrollo humano, bajos niveles de violencia, un sólido Estado de Derecho y una democracia relativamente fuerte. El éxito de Chile es que el alto crecimiento económico que registró en las últimas décadas se combinó con una política educativa y de salud pública efectiva, que permitió que muchos habitantes de ese país salieran de la pobreza. Se crearon empleos y al mismo tiempo se invirtió en capital humano.

Por su parte Sierra Leona, un país más igualitario que Chile,   tiene un  pésimo desarrollo económico y social, un Estado de Derecho casi inexistente y una democracia sumamente disfuncional. La igualdad en este caso, no es sinónimo de prosperidad y mejores  niveles de vida, sino de atraso y subdesarrollo. 

En el caso de Guatemala, la desigualdad se debe a un débil crecimiento económico que solo es capaz de generar empleos formales para el 30% de la fuerza laboral y también a la ineficacia de las políticas públicas de salud y educación, que son de mala calidad y  dejan sin cobertura a la población más vulnerable del país. Al no tener acceso a un empleo formal y tampoco a servicios básicos de salud y educación, la movilidad social se convierte en la excepción y no la regla. 

Por el contrario, desde inicios de los años dos mil, América Latina ha tenido éxito en la reducción de la desigualdad; pero más importante aún, ha reducido de forma importante la pobreza. En 1999 la pobreza era de 43.8% y se redujo a 28.2% para el año 2014, debido al alto crecimiento económico que registraron muchas economías de la región, lo que propició la creación de empleos y brindó el financiamiento para las políticas sociales. Guatemala no logró subirse a este ciclo de bienestar para la región y quedó aún más rezagada respecto a los demás países latinoamericanos. 

Esta semana en Dimensión discutiremos sobre las causas y los efectos de la desigualdad y qué medidas se pueden tomar para construir sociedades con mayor movilidad social. 

Panelistas: 

• Samuel Pérez (Catedrático universitario)
• Nicholas Virzi (Catedrático universitario)
• Luis Linares (Coordinador del área laboral de ASIES)
• Daniel Fernández (Catedrático universitario)

Este domingo hacemos un recuento de la lucha ideológica en el siglo XX y la forma en que actualmente podemos lograr un diálogo tolerante entre las ideologías.

La revolución bolchevique de 1917,  marcó el inicio del comunismo en Rusia y la expansión de esta ideología en varios países alrededor del mundo. Si bien Karl Marx escribe su obra en el siglo XIX, su pensamiento se ve materializado a lo largo del siglo XX, con dos potencias mundiales, Rusia y China, promoviendo el comunismo en los cinco continentes. 

Los países que fueron cayendo en regímenes comunistas, experimentaron sangrientas dictaduras que mataron a millones de personas por el simple hecho de pensar diferente, tal como ocurrió en la Unión Soviética, China y Camboya, entre otros. En los países comunistas se violaron sistemáticamente los derechos humanos y el Estado se convirtió en el dueño de la vida y el trabajo de los ciudadanos. 

La lucha anticomunista en los países en vías de desarrollo también provocó la instauración de dictaduras que terminaron violentando los derechos humanos y provocaron la muerte de miles de personas. La lucha ideológica en el siglo XX estuvo marcada por una estela de sangre, de la cual, muchas sociedades aún no se recuperan. 

Sin embargo, en 1987 el presidente Ronald Reagan pronunció un emotivo mensaje en la puerta de Brandemburgo, en donde pidió que el muro de Berlín, el símbolo del horror comunista, fuera derribado. Tan sólo dos años después, el espíritu de libertad llevó a los ciudadanos a derribar el muro que dividió al pueblo alemán por casi treinta años. Esto marcó el fin de la guerra fría que caracterizó la segunda mitad del siglo XX.

América Latina no fue ajena a este conflicto global y los efectos en la región fueron nefastos. No obstante, en los años ochenta se comenzó a instaurar regímenes democráticos, con la intención de llevar la discusión ideológica a un plano de respeto y  tolerancia. Aun así, los países de la región no terminan de consolidar regímenes democráticos liberales, como los que caracterizan a los países occidentales desarrollados; y en algunos casos hay un evidente retroceso, como en Venezuela. 

En  Guatemala, la guerra interna provocó una división profunda en la sociedad que aún nos mantiene altamente polarizados. La discusión ideológica se da desde un plano de desconfianza y sin la intención de llegar a acuerdos mínimos. En muchos casos, se llega incluso a la descalificación y los insultos. Esto no ayuda a la consolidación de la democracia en el país.

Este domingo en Dimensión, hacemos un recuento de la lucha ideológica en el siglo XX y la forma en que podemos lograr un diálogo tolerante entre las ideologías, en el marco del respeto a los derechos fundamentales del ser humano. 

Panelistas: 

• Gabriela Carrera (Analista política)
• Eduardo Fernández (Catedrático universitario)
• Jesús María Alvarado (Catedrático universitario)
• Erick Maldonado (Abogado y diplomático)

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Dimensión

Este domingo hablamos con cuatro expertos sobre la situación de la violencia infantil en el país y sobre las propuestas de ley para mejorar la situación de las víctimas.

En el 2016 se produjeron 7,455  denuncias de violencia sexual  hacia niños, niñas o adolescentes en Guatemala. Aún es muy difícil  estimar cifras, pues la mayoría de los hechos no se denuncian. Las estadísticas varían, pero se conocen estimados de por lo menos siete agresiones por cada denuncia presentada. 

Cuando ocurre una situación de violencia infantil y esta llega al ámbito de la Justicia, la prioridad es proteger al niño o niña. Se procede a separar al niño del presunto agresor, intentando preservar el derecho del niño a vivir en familia y sin afectar los demás ámbitos de su vida (educación, esparcimiento, salud).

Sin embargo, el sistema de justicia y el sistema de protección y atención a las víctimas del país todavía tienen serias deficiencias que generan la múltiple victimización de los afectados. Las víctimas que llegan a denunciar sus casos deben esperar más de tres años para llegar a un juicio. Esto significa que no reciben ningún tipo de ayuda psicológica por este período de tiempo, que es uno de los períodos más críticos para su recuperación. Y finalmente, no existe un sistema de control que prevenga la reincidencia de criminales que han sido condenados y que facilite su persecución en caso se genere esta situación. 

Actualmente existen políticas públicas e iniciativas de ley que está siendo discutidas y que pueden abordar estas carencias de manera integral. Por ejemplo, estas semanas el Congreso está discutiendo  la iniciativa de ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense que busca crear una herramienta fundamental para la protección de los más vulnerables, la disuasión de los agresores y la agilización del proceso de justicia. 

Este domingo en Dimensión, hablamos con cuatro expertos sobre la situación de la violencia infantil en el país y sobre las propuestas de ley para mejorar la atención a las víctimas y prevenir la reincidencia de criminales relacionados a este delito. 

 Panelistas: 

•  Leonel Lira (Diputado por Encuentro por Guatemala)
•  Leonel Dubón (Director de Refugio de la Niñez)
•  Ileana Alfaro (Piscóloga)
•  Tanya Fernández (Abogada del departamento del área de reforma al sistema de justicia)

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Dimensión

Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de analistas sobre la problemática de la conflictividad social en el país.

La conflictividad social en Guatemala es un tema de creciente preocupación, principalmente debido a la rapidez con la que se reproducen los conflictos sociales.Existen muchas formas de conflictividad y todas son síntomas de una sociedad que no logra resolver sus diferencias.

De hecho, la conflictividad es natural en cualquier sociedad; sin embargo las sociedades más avanzadas tienen instituciones que logran resolver estos conflictos exitosamente, evitando la violencia y haciendo que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Hasta noviembre del 2017, el Observatorio de la Conflictividad registraba un total de 6 mil 523 conflictos a nivel nacional. Una cifra seis veces mayor que la que se registraba en 2016 y con una clara tendencia hacia el alza.

Las causas de estos conflictos son muchas y tiene diferentes grados de antigüedad. Existen problemas por la utilización de los recursos naturales, protestas por la nacionalización de la energía eléctrica y disputas por tierras, entre otros y los tres sectores productivos con mayores problemas de conflictividad en el país son la agroindustria, la industria energética y la industria extractiva; lo que ha generado una enorme desconfianza en las condiciones que ofrece el país para las inversiones.

El nivel de intensidad de cada conflicto varía pero se han visto diversas acciones violentas como bloqueos de carreteras, invasiones a fincas, ataques en contra de empresas privadas y toma de edificios públicos que ponen en riesgo la vida, propiedad e integridad de muchas personas en diversas regiones del país.

La mayoría de conflictos sociales son prevenibles y pueden ser solucionados, pero para ello es indispensable que el Estado asuma el papel que le corresponde brindando certeza jurídica, siendo un mediador efectivo e imparcial; y proveyendo servicios básicos, como salud, educación y seguridad; que brinden bienestar a las comunidades.

Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de analistas sobre la problemática de la conflictividad social en el país.

Panelistas:

- Claudia Villagran (Analista política y especialista en resolución de conflictos)

- Juan Carlos Tefel (Presidente de la Cámara de Industria)

- Miguel Castillo (Politólogo)

Sintonice el programa completo este domingo a partir de las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntrelo aquí el lunes por la mañana:

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Este domingo hablamos con un grupo de periodistas sobre los obstáculos que enfrenta la libertad de prensa en Guatemala y América Latina.

La libertad de prensa es un derecho imprescindible para cualquier democracia moderna. En países con un precario Estado de Derecho y en donde se tiene poco aprecio por la libertad y la democracia, es común que el ejercicio periodístico se vea amenazado con censuras, intimidaciones, violencia física o virtual, leyes que impiden el ejercicio libre de la profesión e incluso asesinatos.

La región latinoamericana enfrenta grandes retos para asegurar la libertad de prensa. La organización Reporteros sin Fronteras ha asegurado que África tiene mayor libertad de prensa que América Latina y que la misma se ha deteriorado debido a las crisis políticas que afrontan la mayoría de países y a los embates del crimen organizadoque amenazan el ejercicio del periodismo, especialmente en países como México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Según el índice de libertad de prensa 2017, la mayoría de países de América se encuentran en la categoría de situación difícil o problemas significativos; únicamente Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Belice se encuentran en la categoría de situación más bien buena. Costa Rica se encuentra en la categoría de situación buena ocupando la posición número 6 de 180 países en el mundo. Guatemala por su parte, ocupa la posición 118, por debajo de países africanos como Zambia, Congo y Sierra Leona.

Países como Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua han puesto serias barreras para la libertad de prensa, ante la amenaza que ésta representa para la permanencia de sus regímenes políticos en el poder. En Cuba la libertad de prensa es prácticamente inexistente y la poca información crítica se escribe desde afuera del país o utilizando medios virtuales de manera clandestina. El régimen chavista golpeó por muchos años a la prensa independiente, cerrando medios importantes y persiguiendo periodistas críticos. Por su parte, el régimen de Rafael Correa en Ecuador aprobó una ley de comunicación en 2013 que ha sido calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa como la “peor ley mordaza de América”.

Con estas amenazas a la libertad de prensa en América Latina, es muy difícil que los países de la región construyan verdaderas democracias. Es necesario que se hagan esfuerzos importantes por lograr la protección del ejercicio periodístico. 

Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de periodistas sobre los obstáculos que enfrenta la libertad de prensa en Guatemala y América Latina.

Panelistas: 

• Estuardo Zapeta (Antropólogo y periodista)
• Carlos Arrazola (Periodista)
• Edgar Ortiz (Director Ejecutivo de CEES)

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Este domingo hablamos con un grupo de analistas sobre los retos del proceso electoral 2019.

Guatemala se encuentra a tan solo seis meses de una nueva contienda electoral, la segunda que se desarrollará en medio de la crisis política que comenzó en 2015.

En el centro de este proceso se encuentra una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que el Congreso aprobó en 2016, como una respuesta a las exigencias ciudadanas del 2015. Esta reforma no cumplió con todas las expectativas de la ciudadanía, pero sí integrará nuevos elementos al proceso electoral, vertiendo nuevas responsabilidades sobre el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos.

Se espera que está reforma a la ley electoral tenga efectos importantes sobre el Congreso, el proceso electoral y los partidos políticos, debido a las restricciones sobre el transfuguismo, una mayor capacidad de fiscalización sobre el financiamiento electoral, el control del TSE sobre la pauta en medios de comunicación, la validez del voto nulo y el cambio de fechas para las elecciones. 

Además del cambio en las reglas de la contienda electoral, Guatemala se encuentra en un contexto político en el que muchos políticos tradicionales han sido señalados en casos de corrupción, lo que podría impedir su participación; además algunos partidos políticos han sido cancelados por el Tribunal Supremo Electoral y algún otro podrían correr con la misma suerte en los próximos meses. 

En esta situación, se espera un proceso electoral con un aproximado de 30 partidos políticos, los cuales están obligados a tener una candidatura presidencial para no ser cancelados y un Congreso con posibilidad de renovación. Esto implica nuevas oportunidades y nuevos riesgos para un país en una constante incertidumbre. 

Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre los retos del proceso electoral 2019. 

Panelistas: 

• Elvyn Diaz (Director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala)
• José Carlos Sanabria (Analista político)
• Phillip Chicola (Analista político)

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