El dilema de un país pobre, poco competitivo y con alta informalidad
En China, Corea del Sur y Alemania la ruta para contener el avance del Covid-19 parece estar clara: programas masivos de exámenes para rápida detección del virus y cuarentenas totales o parciales (ya sea por territorio, demografía, actividad). Sin embargo, estos tres países se encuentran entre los 15 más ricos del mundo y con sistemas de salud que se encuentran entre los primeros 30 a nivel global.
En cambio, en Guatemala, dado que el sistema de salud pública y la seguridad social han sido víctimas durante décadas del abandono y del saqueo, existen serias dudas sobre la capacidad del sistema de atender masivamente a cientos o miles de personas contagiadas con Covid-19. A modo de ejemplo, tenemos una tasa de 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes (la más baja de América Latina).
Ante este escenario, la medida más coherente era una cuarentena preventiva. Bajo un análisis comparado, Guatemala fue de los países que implementó de forma más temprana medidas de limitación de eventos públicos, cierre de fronteras, suspensión de actividad económica y toque de queda, en relación con el número de días después de presentarse el primer caso. La lógica era clara: evitar la propagación y contagio del virus cuando los focos de contagio eran pocos y estaban relativamente bajo control.
Sin embargo, existe una segunda variable que complica el escenario: en Guatemala no tenemos el nivel de prosperidad de los países que han sido más exitosos en enfrentar la pandemia. A pesar del espíritu emprendedor, la baja competitividad sistémica provoca que muchas empresas -de todo tamaño y sector- operen con márgenes estrechos. Con un PIB per cápita (nominal) de $4,500.00 y un 70% de la población en la informalidad, simplemente en Guatemala muchas personas viven y operan “al día”. Tampoco tenemos la fortaleza institucional, fiscal y financiera para hacer frente a los efectos económicos de la crisis.
He ahí el dilema sin respuesta de la crisis Covid-19: las carencias del sistema de salud obligan a parar y suspender la actividad económica para prevenir contagios masivos y evitar así una catastrófica saturación de los servicios médicos. No parar actividades es casi una sentencia de muerte para muchos. Pero, por otro lado, dada la fragilidad del escenario económico, suspender actividades -por unos días- puede llevar a cientos (o miles) de empresas a la quiebra, además de dejar a millones de personas -ya sea en la formalidad o informalidad- sin esa fuente de ingresos que les permite vivir al día. Para ellos, parar es morir.
De acuerdo con los modelos comparativos, el crecimiento exponencial en la tasa de contagios dentro de un país tiende a presentarse a partir del D+10 (el décimo día a partir del primer caso reportado). Para Guatemala ese margen temporal empezó a contar a partir de la presente semana. Por ello, la suspensión casi total de actividades decretado desde el 23 hasta el 31 de marzo, tiene todo el sentido.
El problema radica en que aún no está claro cuán extensa debe ser la suspensión de actividades para reducir la tasa de reproducción del virus (R0 en epidemiología) por debajo de 1 (lo que implica que por cada persona contagiada recuperado se contagia sólo una persona), factor que indica que los sistemas de salud ya no están bajo riesgo de colapso. En Corea del Sur, gracias a una cuarentena draconiana y al testeo extensivo, se logró reducir el R0 del Covid-19 a un manejable 1.5; pero luego de un paro nacional de casi 60 días. Caso similar ocurre en China: tras dos meses de cuarentena, hasta ahora empieza a reducirse la tasa de contagio. Europa, Estados Unidos y América Latina apenas están al inicio de la cadena de suspensión, por lo que aún no hay datos sobre el tiempo requerido para detener la pandemia.
Ahí la pregunta del millón. ¿Aguantaría la economía guatemalteca una suspensión de actividades de 60 días? ¿Cuántas medianas, pequeñas y micro empresas, cuántos trabajadores por cuenta propia, cuántos profesionales o cuántas personas en la informalidad pueden sobrevivir un paro de dos meses? ¿A partir de qué momento se agudiza la disyuntiva entre “parar para no morir” o “morir por parar”?
Y sobre todo, al momento de presentarse esa disyuntiva ¿por cuál ruta terminarán optando las autoridades? Ese es el complejo dilema que se cierne sobre Guatemala en el corto plazo.
Fotografía de Prensa Libre/ Carlos Hernández Ovalle
