Se necesita eficiencia y transparencia en el gasto público
Guatemala tiene una pésima Ley de Contrataciones, lo que dificulta que la inversión pública se ejecute con rapidez, sobre todo en momento de emergencias, como el mal recordado kilómetro 44 de la ruta a Escuintla.
La ley actual pone toda una serie de requisitos formales que solo atrasan la ejecución y no evitan la corrupción.
Para solucionar este problema, dos diputados oficialistas han propuesto una nueva ley para agilizar el gasto público.
La idea suena bien en el papel. Son demasiados los atrasos que se tienen en infraestructura y en construcción de escuelas, hospitales y centros de salud. Sin duda, se necesita invertir para brindar ciertos servicios básicos.
Sin embargo, esta nueva ley aumentaría las compras directas en varios ministerios y en todas las municipalidades. Serían miles de millones de quetzales que se asignarían al gusto de ministros y alcaldes, lo que aumentaría la corrupción.
Los diputados tienen el incentivo para aprobar esta ley, porque podrían beneficiarse de la falta de controles en la construcción de la obra pública, incluidos los Consejos de Desarrollo.
Es claro que el Ejecutivo tiene dificultades para impulsar la inversión pública. Fue un desafío que también tuvieron los dos gobiernos anteriores, luego de la fracasada reforma a la Ley de Contrataciones en 2015 y 2016.
La solución es hacer una reforma profunda a la Ley de Contrataciones, que promueva la eficiencia y la transparencia. Por allí se tuvo que haber iniciado, pero se ha perdido año y medio sin que se tenga esta discusión.
Ahora, se quiere seguir un camino fácil para el Ejecutivo, pero que presenta una puerta abierta a la corrupción. Esta nueva ley no debería ser aprobada en el Congreso.
*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de julio
