En el programa de esta semana, analizamos el avance de la inseguridad y el crimen organizado en América Latina, la debilidad institucional que permite su expansión y la necesidad de generar oportunidades económicas para enfrentar sus causas de fondo.
Dionisio Gutiérrez inició recordando que las naciones sufren cuando aumenta el crimen, pero que se quiebran cuando las instituciones que deberían contenerlo se corrompen o son capturadas por quienes viven de violar la ley. Explicó que “una policía ineficiente puede corregirse, una fiscalía lenta puede reformarse, un tribunal débil puede fortalecerse; pero cuando policías, fiscales, jueces, alcaldes, diputados o ministros empiezan a responder a redes criminales, intereses mafiosos o políticos corruptos, el problema cambia de naturaleza. Ya no estamos frente a un Estado débil. Estamos frente a un Estado criminal”.
También señaló las consecuencias que enfrenta el ciudadano cuando el Estado es ocupado por funcionarios corruptos y organizaciones criminales: “Los primeros buscan poder; los segundos, impunidad. Se encuentran, se necesitan y terminan construyendo un sistema donde la ley estorba, la justicia se negocia y el presupuesto público se convierte en botín”.
Gutiérrez advirtió que la captura de las instituciones transforma aquello que parecía una anomalía en una cultura: “Cuando el Estado es capturado por una cuadrilla de pícaros con títulos oficiales; cuando las instituciones dejan de cumplir su función, la sociedad pierde la estructura que hace posible la convivencia civilizada”.
También mencionó la responsabilidad de las élites y de quienes se mantienen al margen de la vida pública: “Cuando la gente capaz abandona las instituciones, las instituciones no quedan vacías. Las ocupan otros”. Y recordó que “la democracia no funciona solamente porque haya elecciones”, sino cuando las instituciones cumplen su función y existe una cultura política capaz de castigar la corrupción en lugar de premiarla.
Para finalizar, Gutiérrez afirmó que “la batalla por la seguridad es, en el fondo, una batalla por la calidad del Estado”. Así como destacó que “los países fracasan porque sus instituciones fracasan” y que “no hay ciudadanía exitosa dentro de Estados débiles”.
En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Jonatán Lemus, doctor en ciencias políticas, sobre el avance de la inseguridad y el crimen organizado en América Latina.
Lemus advirtió que la inseguridad en América Latina está estrechamente vinculada con la fortaleza de las instituciones. A su juicio, “la debilidad de las instituciones tiene mucho que ver” con la expansión de la violencia, pues “las instituciones son necesarias para contener [este fenómeno]”. Explicó que el delito puede ser contenido cuando existe “una certeza de que el delito, la violencia utilizada de forma ilegítima, va a ser castigada”.
Sobre el llamado modelo salvadoreño, Lemus señaló que su aplicación en otros países enfrenta importantes dificultades. Explicó que el esquema depende de “suspender derechos constitucionales”, del encarcelamiento masivo y de un conjunto de medidas que algunos denominan “populismo punitivo”. Sin embargo, destacó que existe un elemento fundamental: “lo clave al final es el control institucional”. Según Lemus, sin ese control sobre los distintos poderes del Estado, “todo el modelo básicamente deja de funcionar”.
El analista también diferenció el desafío que enfrentan países como México frente al que enfrentó El Salvador. En México, explicó, “es muy diferente enfrentar el problema cuando te enfrentas a carteles de droga mucho más organizados”, además de que existen diferencias entre los gobiernos estatales y el federal en el control de las fuerzas policiales. Para Lemus, estas complejidades hacen que “la amenaza” sea mucho más difícil de enfrentar.
También destacó que “las políticas de mano dura son muy populares”, afirmó, pero subrayó que “la naturaleza del líder que impulsa a estas políticas es importante”. Al comparar las trayectorias de El Salvador y Ecuador, sostuvo que la estabilidad de la base política de un gobierno puede ser determinante, especialmente porque para los líderes que llegan como outsiders “es mucho más difícil mantener apoyo cuando no logran dar resultados inmediatos”.
Respecto de Brasil, Lemus señaló que la falta de una respuesta estatal efectiva puede llevar a la ciudadanía a respaldar soluciones de corto plazo. Explicó que, ante la ausencia de “una acción decidida del Estado”, algunos ciudadanos pueden ver en los grupos de vigilancia una respuesta a la problemática. Sin embargo, advirtió que este tipo de políticas “son de corto plazo” y que su respaldo puede surgir “más por una especie de frustración, que por una solución sostenible en el tiempo”.
Lemus también abordó la relación entre crimen organizado y democracia. Explicó que la violencia puede generar un círculo difícil de romper: “la violencia debilita las instituciones, y las instituciones débiles dan más paso para más violencia”. Además, señaló que las organizaciones criminales pueden intervenir en los procesos políticos mediante la violencia y el financiamiento de campañas, aprovechando las oportunidades que surgen en contextos democráticos.
El analista advirtió además que el crimen organizado ya no debe entenderse únicamente como una estructura paralela al Estado. Afirmó que las estructuras actuales son una fusión, al señalar que las organizaciones criminales han extendido sus actividades hacia ámbitos como la trata de personas e incluso el control de determinados servicios públicos. “Todavía quizás hay tiempo para actuar, pero creo que cada vez se hace más tarde”, agregó.
Finalmente, Lemus vinculó la inseguridad con la falta de oportunidades económicas. “Sin duda alguna creo que es una de las causas de fondo al no haber oportunidades”, señaló. Explicó que la violencia y la falta de perspectivas también contribuyen a la migración, pues las personas buscan no solo escapar de la violencia, sino también acceder a “una oportunidad para tener una vida digna”. En este sentido, sostuvo que los Estados pueden “eliminar las trabas para las inversiones, dar certeza a esas inversiones” e impulsar proyectos de infraestructura que permitan que los países prosperen y reduzcan los incentivos para que sus ciudadanos “se unan a una organización criminal o para migrar”.
Para ver el programa completo, haga clic aquí.
