#ActualidadAnalizada
La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos fenómenos interrelacionados que se observan en países con déficit de democracia formal y de “Estado de Derecho”, en los cuales se observa una férrea disputa de determinados actores políticos por lograr controlar a los poderes públicos, en especial, el poder judicial. El objetivo es simple: se trata de conseguir provechos políticos y económicos gracias al favoritismo que se quiere obtener del árbitro judicial.
Vale acotar que la judicialización de la política, no excluye casos históricos en países con democracia y Estado de Derecho sólidos. En efecto, ya TOCQUEVILLE sostenía que “Lo que un extranjero comprende más fácilmente en los Estados Unidos es la organización judicial”, agregando que “no hay acontecimiento político en el que no oiga invocar la autoridad del juez, y concluye de ello naturalmente que en los Estados Unidos el juez es uno de los primeros poderes políticos” . La observación del pensador francés, era del todo cierta, en cuanto que muchos problemas políticos terminaban en el ámbito judicial en dicho país, antes y ahora.
Sin embargo, TOCQUEVILLE matizaba la judicialización de la política sosteniendo que: “Cuando el parlamento de París redactaba protestas y rehusaba registrar un edicto, cuando hacía sentar en el banquillo a un funcionario prevaricador, se veía al descubierto la acción política del poder judicial. Pero nada semejante se observa en los Estados Unidos. El juez americano no entra nunca en la lucha directa ni se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos”, lo que sugería, que si bien muchas disputas llegaban al ámbito judicial, el juez actuaba como árbitro y no como una parte más en el “juego democrático”, distinción que se desvanece en todas partes.
Alexis de Tocqueville | La judicialización de la política y la politización de la justicia, se asocian a la indebida injerencia judicial en cuestiones de índole democrática o en cuestiones político-partidistas. La judicialización, concebida como la indebida transferencia de asuntos políticos democráticos al ámbito judicial , politiza la justicia, dado que elude el hecho, de que en democracia las decisiones se toman de modo diferentes a las decisiones jurisdiccionales.
Así pues, en democracia deben existir reglas procedimentales que permitan un debate abierto dentro de la sociedad civil y de ésta con los actores que cuentan con legitimidad democrática, mediante decisiones por medio de la regla de la mayoría. Mientras que en el ámbito judicial, las decisiones están acotadas a los miembros que integran el Tribunal de manera secreta, sin contar con legitimidad democrática, aun cuando guiados por la imparcialidad y la sumisión del juez al derecho, solo si existe separación de poderes. |
El peligro de la judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio; dado que la deliberación democrática se realiza de manera limitada, y que los jueces al pronunciarse en cuestiones sometidas a su controversia por parte de los actores políticos, terminan siendo instrumentos de los actores políticos, estableciendo posiciones de ventaja en el debate democrático a una de las partes, o bien, en instrumentos para despolitizar asuntos políticos convirtiéndolos en presuntas cuestiones técnico-jurídicas.
“La judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio”
La judicialización de la política implica la politización de la justicia. Ambos fenómenos de por sí perjudiciales, conllevan a que el debate político se centre en los estrados judiciales, incentivando a que los actores políticos procuren convertir sus programas políticos en sentencias judiciales, generando una deslegitimación y desdibujamiento de la función judicial, al desfigurar la condición de árbitro de un juez, e inaugurar el juego del “arbitrio del tanteador” , es decir, la aplicación de criterios antojadizos sin fundamento con el objeto de favorecer a una de las partes en disputa.
En tal sentido, una reforma institucional y una elevada conciencia ciudadana en torno a estos problemas, evitaría minar el precario ideal político del Estado de Derecho y el ideal democrático actualmente existente, dado que quien arbitra en una democracia sujeta al Estado de Derecho (limitada), debe ser independiente e imparcial en relación a las partes en la contienda política, tanto en lo que concierne al árbitro electoral como en lo referente al árbitro judicial.
Cualquier reforma institucional a futuro, debe estar dirigida al establecimiento de “reglas de juego” consustanciales a la forma de gobierno democrática, que permitan que las decisiones colectivas sean tomadas por quien detenta la soberanía (el pueblo) mediante procedimientos específicos que culminen, reconociendo los desacuerdos, en una decisión mayoritaria en ejercicio de la libertad política. Ello aunado, a la necesaria demarcación de aquello que es democrático, y aquello que es de la incumbencia del ámbito judicial, como por ejemplo, la protección de los derechos, impidiendo al poder político transgredir el “coto vedado” de los derechos de libertad, en tanto presupuestos y condiciones necesarias de la forma democrática limitada.
