Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan a una sociedad. Un cambio institucional fracasará, si la ciudadanía no está comprometida con un modelo de acción totalmente transparente.

La sociedad guatemalteca se acostumbró a convivir con la corrupción. Incluso llegó a verse como un “acto generoso”. Quiénes ostentaban un cargo público repartían entre conocidos y amigos los puestos en el gobierno, no importando si tenían la capacidad para desempeñarlos, con el argumento que “daban sustento a muchos hogares”. De igual forma se repartían los contratos públicos.

Claramente esta corrupción no sólo se manifestaba en el ámbito público, sino que llegó a “normalizarse” dentro de la ciudadanía. Desde corromper a policías en un puesto de registro, comprar licencias de conducir; hasta el soborno de jueces y funcionarios públicos, la corrupción penetró lo más profundo de nuestra sociedad.

Cuando la corrupción llega a ser parte de la idiosincrasia de una sociedad, el desafío es mayúsculo, dado que cambiar las normas y las reglas para erradicarla resulta muchas veces inútil. “Hecha la ley, hecha la trampa” reza un dicho popular, lo que denota la tendencia de una sociedad a quebrantar persistentemente las normas y a seguir hundida en el fango de la corrupción. En este sentido, ¿Qué viene primero? ¿El cambio de normas o el cambio de actitud de la ciudadanía ante la corrupción?

Hoy hablamos y discutimos sobre las reformas a diversas leyes en el país, lo cual resulta imprescindible. Sin embargo, cabe reflexionar sobre la efectividad que tendrán estas reformas si como guatemaltecos vamos a continuar considerando normal sobornar policías, quebrantar “pequeñas” normas o comprar ciertos favores. Si esperamos un cambio radical en el país, debemos cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado desde siempre.

Si volteamos a ver a los países menos corruptos del mundo, pareciera que han logrado construir sociedades en donde quebrantar la ley es totalmente repudiado. No sólo se trata de ser encarcelado, sino que la sociedad manifieste su más profundo desprecio por los actos reñidos con la ley. Y ese cambio de mentalidad resulta todavía más difícil de lograr que las reformas legislativas.

El reto que tenemos como sociedad, es internalizar que lo que más nos conviene a todos en el largo plazo es cumplir con la ley. Por ejemplo, la cultura de estar en la informalidad debe terminar. Es cierto que el exceso de reglamentación impide que los pequeños y micro negocios se incorporen al sistema legal del país, por lo que esas normas deben discutirse y flexibilizarse. Pero también es cierto que existen muchos negocios con la escala suficiente que perfectamente pueden cumplir con las obligaciones legales, con lo cual se ampliaría la base tributaria.

Y qué decir de la cultura de comprar productos de dudosa procedencia. Ya sean productos que han sido robados, de contrabando o piratas, existe un amplio mercado para ello en el país, lo que al final termina reforzando la violencia y el crimen organizado.

En este sentido, las intervenciones de la CICIG y el Ministerio Público no podrán tener un efecto perdurable, si como ciudadanía no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan el pensamiento y el sentir de una sociedad. Y un cambio institucional fracasará estrepitosamente, si la ciudadanía no está comprometida con un nuevo modelo de acción totalmente transparente.

Este enfoque muchas veces es cuestionado. Se asume que con solo reforzar el cumplimiento de la ley, provocará un cambio en la actitud de las personas. No se puede negar el efecto de los incentivos en la conducta del ser humano. Sin embargo, la sociedad en su conjunto tiene que decidir que vivirá en un auténtico Estado de Derecho y no bajo la ley de la selva. El mayor aporte de la CICIG y el MP hasta el momento ha sido cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado. ¿Responderemos adecuadamente?

Contenido publicado originalmente en: http://elperiodico.com.gt/domingo/2017/01/22/la-corrupcion-pequena/