El Dr. Dionisio Gutiérrez, Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, impartió la noche del 27 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, la charla “Centroamérica: con el espíritu en la intemperie”, auspiciada por la Asociación de Graduados de Incae (AGI).
El Dr. Dionisio Gutiérrez, Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, impartió la noche del 27 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, la charla “Centroamérica: con el espíritu en la intemperie”, auspiciada por la Asociación de Graduados de Incae (AGI).
La charla fue una retrospectiva hacia lo que trajo a Centroamérica a su estado actual, una reflexión sobre el presente de la región y el análisis de un posible futuro.
Un panorama realista hizo que las personas participaran activamente haciendo preguntas, comentarios y concluyendo, en palabras del Dr. Gutiérrez, que “la realidad exige más” y debemos movilizarnos hacia un cambio como región.
La noche del 14 de Noviembre, Poder Awards reconoció los esfuerzos y trayectoria del Dr. Dionisio Gutiérrez al otorgarle el premio por Empoderamiento a la Democracia.
La revista Poder, una importante publicación enfocada en políticas hispano-americanas y latinoamericanas, así como en estrategia corporativa, en conjunto con la Fundación American Business Council, presentaron los premios Poder Awards en Miami, Florida, la noche del miércoles. El Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, sociólogo, comunicador y empresario guatemalteco, Dionisio Gutiérrez, recibió el galardón por Empoderamiento a la Democracia. Este significativo homenaje reconoce su trabajo en la búsqueda del fortalecimiento democrático a través de los años en Guatemala y el resto de Centro América.
El Dr. Gutiérrez es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento independiente, privado, intelectual y propositivo, que se dedica al estudio y análisis de temas sociales, económicos y políticos para promover los valores y principios de una sociedad libre.
Además, Gutiérrez fue Presidente de la Cámara de la Libre Empresa y Director General del conocido programa de análisis, propuestas y debates en televisión Libre Encuentro, que se transmitió durante 20 años en Guatemala, algunos países de la región y Estados Unidos.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –FAES- de España, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y Fundación Libertad y Desarrollo, auspiciaron Campus FAES 2012, un evento académico que reunió a distinguidos expositores alrededor del tema Estado de Derecho: pilar para una región libre y segura.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –FAES- de España, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y Fundación Libertad y Desarrollo, auspiciaron Campus FAES 2012, un evento académico que reunió a distinguidos expositores alrededor del tema Estado de Derecho: pilar para una región libre y segura.
FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas. El propósito es crear, promover y difundir ideas capaces de ofrecer alternativas políticas y de pensamiento, diferentes a las del socialismo, basadas en la libertad política, intelectual y económica, con el fin de que políticos responsables las puedan transformar en programas de acción pública.
Convencida que el diálogo y el debate responsable de ideas fortalece el proceso democrático, la Fundación reunió a un grupo de jóvenes de distintos sectores para discutir la realidad nacional y generar propuestas.
Convencida que el diálogo y el debate responsable de ideas fortalece el proceso democrático, la Fundación reunió a un grupo de jóvenes de distintos sectores para discutir la realidad nacional y generar propuestas.
Los jóvenes reflexionaron y discutieron acerca de la importancia de la participación de la ciudadanía para incidir en la realidad de Guatemala.
Fundación Libertad y Desarrollo facilitó un encuentro con la presencia de los Ex Presidentes José María Aznar, de España, y Alvaro Uribe de Colombia.
Los Ex Presidentes sostuvieron varias reuniones con diferentes sectores del país: sector privado, centros de investigación, líderes de sociedad civil, líderes políticos, sector académico, con quienes compartieron su experiencia política y su visión de hombres de Estado
También sostuvieron un encuentro con el Presidente guatemalteco, el General Otto Pérez Molina.
La noche del domingo 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio a conocer que había dictado una resolución de amparo provisional por el Caso CICIG.
En las próximas líneas intentaré explicar qué fue lo resuelto y cuáles son las implicaciones de dicha resolución. Para evitar abusar de los tecnicismos, me valdré de notas al pie para hacer las citas a leyes o tratados en caso que el lector quiera acudir a ellos para precisar algunos detalles.
El acto que dio origen al amparo:
El amparo lo interpone el Licenciado Alfonso Carrillo en contra de la decisión que anunció el presidente Morales el 4 de septiembre pasado. En esa oportunidad, el presidente anunciaba que no permitiría el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, dado que el Consejo Nacional de Seguridad1 le había recomendado hacerlo por razones de «seguridad y orden público» y en consecuencia le vedaría el ingreso aplicando el artículo 66 del Código de Migración.2
Lo que la Corte de Constitucionalidad resolvió:
La CC resolvió otorgar amparo provisional. El amparo provisional es una protección que otorga un tribunal de amparo cuando se cumplen ciertas condiciones3 y su efecto es dejar en suspenso el acto reclamado, en este caso la prohibición de que el comisionado Velásquez ingrese al país. Si no se otorgaba amparo provisional y se suspendía el acto reclamado, el amparo podía quedar sin materia.
La CC resolvió otorgar el amparo bajo el argumento de que los pactos deben cumplirse.4 La CC resolvió que, si bien el presidente anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato de CICIG, el convenio vence hasta septiembre de 2019.
En tal sentido, la CC argumenta que el presidente es quien dirige la política exterior, pero debe hacerlo en cumplimiento de la Constitución, las leyes y sobre todo los principios del Derecho Internacional. De este modo, el presidente debe cumplir con lo establecido en el artículo 12 del convenio que define que las controversias que surjan del acuerdo de CICIG deben ventilarse en un proceso de negociación entre las partes.5
En su parte resolutiva la CC estableció que:
El punto 2 ha dejado ciertas dudas porque no dice textualmente que se permita el ingreso de Iván Velásquez. Sin embargo, lo que ese punto significa es que el gobierno de Guatemala debe permitir el ingreso del Comisionado de CICIG, sea Iván Velásquez u otro que ONU designe. El convenio de CICIG establece en su artículo 5 que es el secretario de las Naciones Unidas quien designa al comisionado.6
¿Qué ocurre si se incumple la resolución?
No es un tema fácil pues hay que determinar quién y cuándo se comete el incumplimiento. La propia CC dice que «Se considerará incumplida la orden contenida en la literal anterior, en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado o de la Comisionada, el cual deberá efectuarse, como se afirmó, atendiendo lo regulado en el Acuerdo internacional mencionado» (la negrita es propia).
Para determinar quién puede incumplir el amparo provisional hay que recordar contra quién se interpuso. En este caso las autoridades impugnadas son: a) el presidente de la República; b) el Director General del Instituto Guatemalteco de Migración; y c) la Coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio.
Si la orden la incumplen la coordinadora de la subdirección de control migratorio y el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, lo que procede es que la CC ordene la inmediata destitución de ambos funcionarios. Si es el presidente quien rehúsa revocar la orden e impedir el ingreso al comisionado, correspondería certificar lo conducente al MP para que conozca la denuncia por desobedecer la resolución de la CC. Para algunos abogados habría que tramitar un antejuicio y para otros se trataría de un delito flagrante y por lo tanto quedaría a inmediata disposición de las autoridades.
Referencias
El Consejo Nacional de Seguridad, de acuerdo con el artículo 9 del decreto 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad se conforma de la siguiente manera: “Artículo 9. Integración del Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Seguridad; lo preside el presidente de la República, quien toma las decisiones, y además lo integran: a) Vicepresidente de la República; b) Ministro de Relaciones Exteriores; c) Ministro de Gobernación; d) Ministro de la Defensa Nacional; e) Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y, f) Procurador General de la Nación”.
El artículo 66 del decreto 44-2016, Código de Migración, establece: “Artículo 66. Impedimentos para el ingreso. Además de las disposiciones administrativas que se dispongan por el Instituto Guatemalteco de Migración, son impedimentos para ingresar al país:
a. Por razones de orden y seguridad pública.
b. Ser señalado de la comisión de delitos contenidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
c. Ser perseguido penalmente por delitos de orden común contra la vida, la propiedad y la libertad.
d. Tener orden de captura internacional”.
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece: “Artículo 28. Amparo provisional de oficio. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes:
a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo;
b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior;
c) Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia; y
d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente.
El convenio de CICIG establece: «Artículo 5. Composición y estructura orgánica. 1. La CICIG estará integrada por un/a Comisionado/a, el personal especializado que sea pertinente y una Secretaría. (a) El Comisionado/a, designado/a por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, será el responsable general de las actividades de la CICIG, representando a la Comisión ante el Gobierno de Guatemala, ante otros Estados y organizaciones locales e internacionales. Deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el derecho penal y el derecho internacional, así como poseer una amplia experiencia en la investigación y el combate a la impunidad (…)».
Dionisio Gutiérrez, Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, viajó recientemente a Bogotá, Colombia, para reunirse con el expresidente Andrés Pastrana (1998 – 2002). La visita se produjo en el marco de un proceso de intercambio de impresiones e ideas con reconocidos personajes de la vida política de América Latina.
Durante la reunión, Pastrana explicó el complejo contexto en el cual se encontraba Colombia al inicio de su presidencia, particularmente la penetración del narcotráfico, la ola de violencia e inseguridad, y la debilidad del aparato estatal.
Pastrana compartió su experiencia de promover un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos denominado Plan Colombia, una iniciativa que permitió fortalecer el aparato de seguridad del Estado colombiano, además de atender las causas sociales y económicas del narcotráfico.
La experiencia colombiana puede servir como ejemplo para Guatemala, que en la actualidad comparte algunas de las complejas condiciones del país sudamericano de mediados de los años 90.
Fundación Libertad y Desarrollo prensenta Razón de Estado. Una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de derecho.
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Información estadística sobre la situación económica de Estados Unidos, la Eurozona y Guatemala.
Puede descargar en formato PDF el reporte de actividad económica de Noviembre 2017 AQUÍ.
El pasado viernes 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de CICIG. ¿Cuáles son los escenarios políticos tras esta noticia?
El pasado viernes 31, el presidente Jimmy Morales –en conferencia de prensa acuerpado por el alto mando militar y policial- anunció que no renovaría el mandato de CICIG; decisión que ocurrió minutos después que vehículos artillados circularan en las afueras de la sede de CICIG y la Embajada Americana.
El presidente Morales tiene la facultad para solicitar la “no-ampliación” del Acuerdo de CICIG. Sin embargo, la comunicación del mensaje era innecesaria, puesto que como lo han mencionado los abogados Alexander Aizenstatd y Mario Fuentes Destarac, cuando un Acuerdo tiene una vigencia específica, no se hace necesaria la comunicación sobre la no-renovación del mismo.
Por ello, la lectura es que la conferencia de prensa tenía un trasfondo más allá de la decisión sobre la no renovación del Acuerdo. Sobre ello, existen tres teorías:
1. La operación del viernes pasado tenía más profundidad que un mero anuncio comunicacional. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad que el Gobierno tenía preparada una expulsión del Comisionado, y que la circulación de vehículos artillados fuera de la sede de la Comisión, era parte de un equipo que escoltaría al Jefe de CICIG al aeropuerto. Dicha operación, de acuerdo a las fuentes informadas, habría sido detenida gracias a la gestión de la comunidad internacional. Esta teoría ha circulado de forma profusa en redes y fue recogida por ElPeriódico.
2. En diversos círculos antagónicos a la CICIG, circuló el argumento que el presidente Morales no era de fiar, puesto que no había logrado ponerle un alto a la CICIG. Por ello, varios diputados habrían tomado la decisión de sacrificar al Presidente. Eso iba a implicar que el Congreso le retiraría el antejuicio por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito. En este sentido, la acción de Morales habría sido un esfuerzo por reposicionarse de cara al resto de aliados del bando anti-CICIG, y mostrar su fuerza como el articulador del esfuerzo por detener los avances judiciales.
3. Los eventos del viernes constituyeron una medición de fuerzas y reacciones. El anuncio sobre la no-renovación del mandato cayó justo en la línea gris de lo legal y legítimo (la decisión fue completamente legal; los actores que se oponen a la decisión la pueden cuestionar por razones de legitimidad mas no de legalidad). Por tal razón, vimos que actores institucionales como CACIF y Cámara de Industria reconocieron que el Presidente actuó de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo, y respaldaron lo actuado. Al respaldo de Sector Privado se sumaron diputados clave (Álvaro Arzú, Felipe Alejos) y el grupo Guatemala Inmortal. Frente a ello, la mayor parte de sociedad civil, el Frente Ciudadano contra la Corrupción, la comunidad internacional, algunos partidos pequeños manifestaron su rechazo. La división también se manifestó en Washington: congresistas y senadores demócratas manifestaron su rechazo a la acción de Gobierno, mientras el Secretario de Estado, Mike Pompeo publicó un mensaje que ha sido interpretado como un respaldo al presidente Morales.
Our relationship with Guatemala is important. We greatly appreciate Guatemala's efforts in counternarcotics and security.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2018
La realidad parece una mezcla de las tres teorías. Sobre la base de la tercera, se esperaba que en días venideros el Gobierno realizara más acciones en contra de CICIG y el Comisionado Velásquez. Esa nueva batería de acciones se materializó el martes 4 de septiembre con el anuncio que el Gobierno no permitiría el ingreso al país del Comisionado (quien se encontraba en Estados Unidos por un viaje de trabajo).
Esta acción ya plantea un escenario legal más complejo que la decisión de no renovar el Acuerdo de CICIG. Primero, porque hay por lo menos cuatro amparos vigentes de agosto 2017 que suspendieron la declaratoria de “persona non-grata” del Comisionado y ordenaron al Gobierno a activar el artículo 12 del Acuerdo de CICIG (que establece que cualquier diferencia debe abordarse por medio de la negociación). En octubre 2017, derivado de una decisión de no renovar la visa del Comisionado, la CC emitió una ejecución de amparo, en la cual señalaba que la protección de los amparos estaba vigente, que el Gobierno debía suspender cualquier acción dirigida a impedir el funcionamiento de CICIG en Guatemala, y que en caso de no obedecer, ordenaría la destitución de los funcionarios que desacatasen la resolución.
Por tal razón, la decisión de hoy plantea un escenario más complejo, con varias alternativas:
1. Los interponentes de los amparos del 2017 pueden solicitar nuevamente a la Corte de Constitucionalidad una “ejecución de amparo”, y bajo la línea de lo resuelto en octubre 2017, la CC seguramente ordenaría que se deje sin efecto la orden de no dejar entrar al país al Comisionado.
2. Se podría presentar un nuevo amparo, con lo cual la CC entraría a conocer el caso como si fuera de cero. La expectativa es que de igual manera suspendería lo actuado por parte de Gobierno.
3. La CC no da con lugar el amparo y deja vigente la orden del Gobierno, con lo cual Velásquez no podría retornar al país. ONU estaría obligada a evaluar si dar seguimiento al Acuerdo de CICIG y enviar a un nuevo Comisionado, o darle terminación anticipada.
En los escenarios 1 y 2, existe la posibilidad que el Gobierno no acate la resolución, con lo cual la CC podría ordenar la destitución de los funcionarios que entran en desacato (incluyendo el Presidente). El desacato a la resolución implicaría un escenario de ruptura constitucional, sólo comparable con el Serranazo de 1993. Un escenario de ruptura constitucional podría traer efectos muy negativos en términos de imagen país, financiamiento internacional, calificación de riesgo crediticio, sanciones comerciales, etc. (similar a la situación que vivió Honduras en 2009 y 2010).
A diferencia de la noticia del 31 de agosto, esta decisión ha generado reacciones más duras por parte de Washington, medios internacionales y actores nacionales.
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