El descuido de la poca precisión jurídica en la actuación del Estado, genera corrupción y la fragilidad de muchas instituciones.

Guatemala se encuentra en una situación de debilidad institucional como muchos países de América latina. En comparación con otros países de la región, su situación es dramática, dado que los principios del “Estado de Derecho”, si bien cuentan con normas que los proclaman, gozan de poca vigencia en la práctica real y escaso desarrollo jurídico que pueda hacerlos operativos.

El WJP Rule of Law Index 2015 sitúa a Guatemala en el ranking n° 85 de 102 países analizados, y en el número 18 de 25 países de la región latinoamericana y caribeña. De la lectura del informe se aprecia que el país cuenta con problemas estructurales, escaso compromiso por parte de determinados funcionarios con la labor de un Gobierno limitado y una administración pública, cimentada en los principios de sujeción a la ley, eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Los esfuerzos destinados a combatir el fenómeno de la corrupción[1], consecuencia de la ausencia de “Estado de Derecho”, requieren ser complementados con transformaciones en las estructuras administrativas del país. La debilidad del Derecho administrativo, tanto en su reflexión teórica como en su dimensión de ordenamiento jurídico positivo, es un problema colosal. La explicación de tal falencia puede deberse al recurrente argumento de que como el Estado es débil económicamente no se requiere precisar jurídicamente su funcionamiento, descuidando que es justamente la precisión jurídica de la actuación del Estado la que genera seguridad jurídica y crecimiento económico[2].

El resultado de este olvido, está en las funestas calificaciones que recibe el país en el ámbito institucional. Dado que la situación es reversible, urge mencionar que la debilidad institucional, en buena medida debe su causa al raquitismo del Derecho administrativo en Guatemala. De hecho, la disciplina goza de poca atención ciudadana, política y académica, que ha merecido el hecho, de que Guatemala sea uno de los pocos países de la región que no cuente ni siquiera con una legislación general de procedimientos administrativos, como ha sucedido en otros países[3].

“La arbitrariedad, la corrupción y la fragilidad del principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública tiene como causa la ausencia de legislación sobre procedimientos administrativos.”

En otras regiones, han sido estas legislaciones las que han reducido la arbitrariedad de la Administración Pública; han sido auténticos códigos que enmarcan los poderes, potestades y prerrogativas de la Administración Pública, así como los derechos, deberes, garantías y recursos con que contarían los ciudadanos, para el control de la actuación administrativa.

La importancia de una legislación sobre procedimientos administrativos, se muestra aún más, cuando se comprende en qué consiste el procedimiento administrativo. En efecto, con arreglo a la teoría general del Derecho administrativo, los procedimientos administrativos son la sucesión de operaciones-actuaciones que lleva a cabo la Administración pública, en base a determinadas formalidades y trámites que están obligados a respetar a la hora de adoptar sus actos. Los cuales deben ser publicitados (art. 30 de la Constitución), e incluso, pueden ser controlados por los jueces (art. 221 de la Constitución), si el acto se presume ilegal o inconstitucional.

Si el ciudadano no goza de una claridad previa sobre cuáles son, en rigor, los procedimientos administrativos que debe llevar a cabo el gobierno y los mismos son insuficientes o violados, sin instrumentos efectivos para ser revertido, el “Estado de Derecho” pierde todo sentido. En efecto, una legislación sobre procedimientos administrativos daría una mayor protección a los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública, pero también mejoraría la eficacia de la actuación administrativa con arreglo a la legalidad.

De lo afirmado no se infiere que no existan “procedimientos administrativos” específicos previstos en algunas leyes administrativas, dado que allí se consagran algunos procedimientos particulares. Pero no cabe duda, de que muchas veces, la actuación general de la Administración Pública poco especializada, no cuenta con un marco legal general y moderno, que encauce la actuación administrativa, al punto que muchas veces, son los propios entes, u organismos los que se “inventan” sus propios procedimientos, en clara violación a la Constitución.

Referencias:

[1] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, “La corrupción como problema de Estado”, Blog, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-corrupcion-como-problema-de...

[2] BOTEO, Paul, “La caída en la productividad de la economía guatemalteca”, Observador Económico, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-caida-en-la-productividad-d...

[3] Argentina (1972), Costa Rica (1978), Venezuela (1981), Colombia (1984), Honduras (1987), Uruguay (1991), Ecuador (1993), México (1994), Brasil (1999), Panamá (2000), Perú (2001), Bolivia (2002), Chile (2003) y República Dominicana (2013).

Tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes.

Nadie puede negar que Guatemala atraviesa una importante crisis política e institucional. Si bien la crisis es del sistema político, de instituciones y corrupción; el fondo de la crisis es eminentemente social y está íntimamente ligado a un problema de liderazgo.

Aclaro que no me refiero al tipo de liderazgo que comercializa la industria del coaching, sino al verdadero liderazgo político y social. Y es que ciertamente tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes. No tenemos líderes porque el liderazgo exige representatividad, exige ideas, propuestas y capacidad de diálogo. Todas características que nuestros dirigentes políticos y sociales no tienen.

Una tesis relativamente aceptada sobre nuestra falta de liderazgo es que hemos sido un país descabezador, principalmente porque la política de los años de la guerra fue acabar física o políticamente con los líderes que tenían una mínima visión de país, tanto de izquierdas como de derechas.

En el contexto de la guerra se hicieron inaceptables las voces disidentes o rebeldes que podían plantear alternativas moderadas. El riesgo era que estos líderes entendieran la necesidad de diálogo y eso no fue tolerado. El resultado fue una sociedad sin disidencia de ideas en donde las facciones se atrincheraron escudándose en el miedo y en donde solo se aplaudían o escuchaban las voces más extremistas que se apegaban al discurso dominante de su sector.

El lugar de estos líderes fue ocupado por tres tipos de personas: los corruptos que se enquistaron en las instituciones públicas, los mercenarios que venden sus voces y posiciones al mejor postor y las tímidas dirigencias sectoriales que apenas se atreven a subir el volumen de su voz.

Con la firma de la paz cesó el fuego, pero no la estrategia de cortar cabezas. Hoy ya no se aniquila físicamente a quien levanta la voz, pero se le acaba moralmente. Se le ve con desconfianza, se envenena su reputación, se le ponen etiquetas y se le señala lo suficiente como para insertar dudas razonables en las personas que al menos le escuchaban. Somos una sociedad miserable empecinada en destruir a las voces que se salen del montón.

De allí que nuestra dirigencia “no corrupta” sea cobarde. ¿Cómo no van a tener miedo, si a la hora de la batalla nadie les apoyará? Son un reflejo de lo que la sociedad está dispuesta a darles. Es más fácil ejercer liderazgo tímido en pequeños espacios, que adoptar un discurso más amplio y luego enfrentarse a la ola de críticas y ataques en total soledad.

Ejemplificar el problema de liderazgo no es difícil, solo veamos el escueto respaldo que ha tenido el movimiento reformista en el país. Pocos se animan a tomar la papa caliente de las necesarias reformas institucionales y por defecto se termina depositando la confianza para mover la agenda reformista en el oportunismo político de algunos diputados. Todas las reformas planteadas parecen haberse engendrado con cierto apoyo social, pero cuando es momento de que vean la luz del día, nadie les da la paternidad y mueren huérfanas, sepultadas por el Congreso.

Cambiar esta realidad requerirá principalmente dos cosas: valentía y tolerancia. Los líderes potenciales tendrán que armarse de valor para enviar nuevos mensajes y separarse del montón. Esto requiere políticos con verdaderas ideas reformistas, diputados dispuestos a desmarcarse de sus colegas corruptos, dirigentes sociales invitando al contrario a salir públicamente de la trinchera y un verdadero esfuerzo para dejar de lado la desconfianza y buscar acercamientos.

Este país no será viable si no apoyamos y promovemos un verdadero liderazgo político. No necesitamos líderes perfectos, con quienes tengamos total coincidencia de ideas; sino disponibilidad, apertura y transparencia. El momento para ocupar nuevos espacios dentro del sistema político se está acercando y la ausencia de nuevas cabezas deja la vía libre para que los corruptos y oportunistas retomen el espacio perdido.

“¿Quién se apunta?”

Los centroamericanos no hemos sido capaces de edificar una cultura política con fundamentos democráticos sólidos, que faciliten la construcción de un modelo de desarrollo basado en una visión de Estado de largo plazo, con valores, con objetivos y con resultados.

Las élites centroamericanas están cometiendo un grave error de cálculo al pretender que desde los pocos eventos positivos que suceden en sus países pueden construir una región próspera, democrática, con crecimiento económico y respeto a la propiedad privada.

En Guatemala, El Salvador y Honduras, la pobreza, la desigualdad y el atraso social; la enorme carga ideológica y la polarización; la debilidad del sistema de partidos políticos y la falta de rumbo les mantienen en una cuerda floja desde la cual en cada proceso electoral podrían caer en un oscuro abismo del que les costaría mucho reponerse. El Salvador está ahí. Venezuela es un alarmante ejemplo.

La corrupción es el cáncer de la democracia y sumada a la incompetencia de los políticos ha provocado un comprensible y preocupante rechazo y desprestigio a la política y a la democracia.

En las élites de estos países no hay liderazgos ciudadanos de peso, su experiencia cívica es débil y la juventud no tiene interés en la política. Lo que hay es activismo en las redes sociales pero eso no construye naciones ni quita el sueño a los corruptos e incapaces que nos gobiernan.

Nicaragua es una finca privada donde las palabras democracia y libertad son una quimera. Guatemala y Honduras están asfixiadas por una clase política corrupta, rancia y enquistada en el poder. El Salvador sigue los pasos de Venezuela pero más despacio y con menos presupuesto. Por eso, no se embarca en la locura completa.

Costa Rica y Panamá pueden ser la excepción en la región pero tienen tareas pendientes para consolidar un modelo de desarrollo con la estabilidad política suficiente para diferenciarse de una vez por todas de sus patéticos vecinos.

A la corrupción, la impunidad, la incapacidad de las élites para articular un modelo de desarrollo y la incompetencia de los políticos se suman la desigualdad, la falta de certeza jurídica, la comodidad y la indiferencia de la mayor parte de la juventud y la sobrecarga ideológica que tiene contaminada a nuestras sociedades.

Este escenario tiene los elementos y los actores perfectos para hacer de la amenaza populista una obra de la vida real sobre la que ya conocemos sus consecuencias.

“Lo sorprendente es que las élites, a pesar de lo obvio del panorama, están haciendo poco o nada para prevenir y corregir.”

Los ricos alivian su conciencia dando centavos para apoyar proyectos cívicos que no pasan de ser marginales e insuficientes o realizar shows y eventos cuyos efectos duran 24 horas. Y en estos “esfuerzos” se excusan para no apoyar Proyectos de Estado serios y de largo plazo. Apuestan en cada proceso electoral a que el improvisado de turno no será tan malo y les permitirá seguir con el status quo, pues según ellos, nada sucederá. Hasta que suceda. Gravísimo error.

Es evidente que los centroamericanos no hemos sido capaces de edificar una cultura política fuerte con fundamentos democráticos sólidos que faciliten la construcción de un modelo de desarrollo basado en una visión de Estado de largo plazo, con valores, con objetivos y con resultados.

No podemos seguir inventando excusas para no asumir la responsabilidad histórica que las élites de hoy tenemos con nuestros países. Si no somos nosotros, otros lo harán. Y es muy probable que no nos guste el resultado.

“El disgusto con la política no puede seguir siendo el pretexto para estar lejos de ella.”

La política no puede ni debe seguir en manos de los peores, de los impresentables, de los ignorantes, de los corruptos o en manos de quienes tienen un proyecto ideológico desconectado de la verdadera democracia liberal y republicana, y del desarrollo.

La salvación y el futuro de Centro América dependen precisamente de que los ciudadanos de hoy, especialmente los jóvenes, tomen la decisión de involucrarse en la política para rescatarla, honrarla y hacerla el instrumento que debe ser. ¿Cuándo empezamos?

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Los guatemaltecos nos incomodamos por la existencia de los "cuida carros", pero olvidamos que son un efecto de la realidad en la que vivimos.

Cada vez que un guatemalteco tiene alguna diligencia en la ciudad de Guatemala, se enfrenta con varios problemas. Seguramente el primero será el tráfico, seguido por la inseguridad en las calles y el poco estacionamiento que hay en diversos sectores. Este último punto es aprovechado por varias personas que aparecen con trapos y silbatos en la vía pública, ofreciendo el servicio de “cuida carros”.

Este servicio no se encuentra regulado bajo ningún reglamento municipal. Ninguna persona está autorizada por la municipalidad para cobra u ofrecer espacio de estacionamiento en la calle (a diferencia de aquellos autorizados para brindar este servicio en propiedad privada). El problema es que los guatemaltecos hemos apoyado este tipo de transacciones informales por el miedo a que los mismos “cuida carros” nos dañen el vehículo o roben nuestras pertenencias. Incluso, hemos aceptado tarifas de hasta Q30 para reducir los daños a nuestra propiedad por la inseguridad de la zona.

Ahora bien, es importante entender la magnitud del problema de los “cuida carros”. Ellos son el efecto visible de una sociedad con una fragilidad institucional grande, que no ha podido ofrecer buenos servicios a nivel municipal y mucho menos fomentar la inversión para aumentar los empleos en Guatemala.

Por un lado, la municipalidad ha fallado en brindar calles con buena iluminación, espacios públicos dignos, seguridad y espacios para estacionarnos de manera ordenada. Y por el otro, la falta de ofertas laborales y de oportunidades hace que los “cuida carros” se refugien en la informalidad buscando una respuesta a su necesidad de ingresos.

A todo esto se le suma la ausencia de regulación sobre el uso de las vías. Es más, la única legislación en relación a la forma de cobro en las calles es el Acuerdo Municipal 46-2001[2] que regula el uso del espacio en la vía pública (especialmente aquel que tiene poca duración), en lugares autorizados, bajo el sistema de parquímetros por la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, también es un sistema que se encuentra rezagado y que sufre daños constantes por los mismos “cuida carros” o por los conductores para evitar pagar por el servicio.

Otras ciudades del mundo como Madrid y Washington han vuelto sofisticados los sistemas de parquímetros, con aplicaciones móviles que facilitan el pago al momento de estacionarse en la vía pública. Además, se implementaron políticas de seguridad para mejorar la experiencia en distintos sectores de estas ciudades; incentivando así, el uso correcto de este sistema.

En nuestro país falta mucho por alcanzar este tipo de tecnología y organización. Incluso se desconocen servicios como el marbete que ofrece la Municipalidad para parquearse frente al área de parquímetros el tiempo que se desee, pagando una cuota mensual. [3] Pero para que esto tenga el efecto esperado en la Ciudad de Guatemala, es importante que la Municipalidad tome acciones más fuertes para educar a los conductoressobre sus derechos en el espacio público, el uso del parquímetro y las áreas en donde es o no permitido parquearse. Además de brindar los servicios básicos que se necesitan en esos espacios.

Es un esfuerzo necesario para mejorar la experiencia de los conductores. Pero hasta que esto suceda, las calles seguirán teniendo las reglas del juego que conocemos: Personas sin trabajo formal, dedicadas a cuida carros, aprovechando el poco ordenamiento vehicular y la inseguridad de nuestra ciudad.

Referencias:

1. http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html

2. http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/Ver_acuerdo.asp?id=4979

3. http://diariodigital.gt/2016/08/estacionate-frente-parquimetros-sin-nece...

Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.

Como guatemaltecos, debemos hacer una reflexión profunda sobre la discriminación. Desde una ángulo responsable y evitando los extremismos que a nada nos conducen.

La discriminación es una realidad. No solo en Guatemala, sino en diversos países del mundo. El tratar de forma despectiva al que es distinto a nosotros, parece ser algo inherente al ser humano. Ya sea por razones étnicas, religiosas, de género u otras, la discriminación ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad.

La discriminación se manifiesta de múltiples formas. Ataques verbales, evitar el contacto con el grupo discriminado, negación de acceso a servicios básicos o derechos fundamentales, violencia física contra las personas o su propiedad y el caso más extremo es la búsqueda del exterminio de dicho grupo, como ocurrió con los judíos en la Alemania Nazi.

En el caso de las mujeres, no es sino hasta el siglo XIX y XX que comienzan a gozar del ejercicio de sus derechos básicos en los países occidentales, como el derecho a la propiedad privada, a votar y a integrarse plenamente en el mercado laboral. No obstante, las mujeres aún continúan sufriendo diversos tipos de violencia, generalmente infringidos por su círculo familiar más cercano. Y en muchos países árabes, africanos y asiáticos muchas mujeres prácticamente tienen anulados sus derechos fundamentales.

Guatemala no escapa a esta realidad y sin duda existen diversos tipos de discriminación. Si bien se han realizado avances muy significativos, lo cierto es que aún se tiene mucho camino por recorrer. La población indígena y las mujeres presentan rezagos sociales significativos que se deben de abordar desde una política de Estado bien articulada. Y como sociedad debemos romper con los estereotipos mentalesque históricamente hemos construido.

¿Acaso no tiene derecho una persona a utilizar su nombre en la marca o en la empresa que decide fundar? Y si decide agregar a su nombre, una palabra que tiene connotación positiva para el guatemalteco urbano promedio ¿Es eso un delito?

Sin duda este caso hace reflexionar sobre lo cuidadoso que se debe ser al momento de calificar lo que constituye un auténtico acto de discriminación. Porque flaco favor se le hace a esta causa, cuando se comenten errores de este tipo.

Pero además debemos aprender a discutir de este tema de forma responsable. Hay aquellos que simplemente pretenden negar que exista discriminación en Guatemala, como si este fuera un país de ángeles y no de seres humanos. También está el otro extremo que pretende encasillar a Guatemala como un caso único en el mundo en donde se ha registrado discriminación, obviando por completo la historia de la humanidad y el contexto mundial. Ninguno de los dos extremos ayuda en nada.

A propósito de la tienda María Chula, también han surgido posiciones que indican que los trajes típicos deben ser preservados tal cual y que cualquier sincretismo con la “cultura occidental” es un acto de irrespeto. ¿Acaso esta posición no es racista? La interacción y la mezcla cultural es parte de cómo se supera el racismo. Hablar de “purismos” no ayuda en nada cuando lo que se pretende es luchar contra la discriminación.

Como guatemaltecos, debemos hacer una reflexión profunda sobre la discriminación. Desde una ángulo responsable y evitando los extremismos que a nada nos conducen. Superar la discriminación requiere de un ejercicio mental que nos aleje de nuestros instintos humanos más básicos. Y eso requiere un esfuerzo por comprender “al otro” y dejar atrás los estereotipos.

Nuestro ideal debe ser que todos los ciudadanos, independientemente de su identidad étnica, gocen de los mismos derechos y obligaciones.

Texto original publicado en: https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/07/23/enfoques-incorrectos-sobre...

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción.

En la era de la información la batalla política se está librando también con la desinformación. Los victimarios son sicarios digitales, mercenarios o auténticos activistas; y las víctimas son reputaciones y causas. Sus efectos en países empobrecidos como Guatemala ciertamente aún no llegan a las masas, pero es que el objetivo no es necesariamente la masa, los objetivos suelen ser las élites.

Identificar al sicario no es difícil. No todos son anónimos, pero sí comparten características: tienden a ser muy insistentes con sus temas, reciben retroalimentación de cuentas anónimas, sus opiniones orbitan en torno a mensajes generados por cabezas visibles y suelen tener información rebuscada que, descontextualizada, apoya sus ataques.

Muchos los consideran todavía irrelevantes pero con suficiente esfuerzo y paciencia las balas de los sicarios digitales pueden penetrar hasta las cabezas preparadas y bienintencionadas. Las estrategias son variadas y van desde sutiles mensajes lanzados al aire, hasta sofisticadas campañas digitales que incluyen una minuciosa planificación, recursos y defensa frente a posibles retaliaciones legales.

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción. Con campañas de distintos alcances se han paralizado importantes discusiones de política pública y se han minado reputaciones.

Por supuesto que estas estrategias no son nuevas. Simplemente se han beneficiado de la tecnología para crecer exponencialmente en número y estridencia, además de ser cada día más difíciles de rastrear. Su existencia presenta un doble peligro, pues además de destruir, también dan razón a políticos oportunistas que saltan ante cualquier intento de callar a sus críticos.

La medicina puede salir más cara que la enfermedad sí permitimos que, en aras de callar a los sicarios, nos callen a todos.

Por eso la respuesta ante los mercenarios digitales no debe ser la censura sino la transparencia, los atacados no deben escudarse en el miedo sino enfrentar a los mentirosos y calumniadores dando la cara y desarmando el discurso simplón. Una foto sacada de contexto o editada, un parentesco incómodo o una mentira flagrante pueden enfrentarse, tomando una actitud honesta y valiente.

En el engaño quedará el “comodón” que prefiera creer al sicario; contra el incauto y crédulo no se puede hacer mucho. El honesto revisará fuentes, analizará mensajes y averiguará intenciones. Al final no hay mentira que aguante más de dos rounds contra el peso de la verdad.

El dedo acusador sobre los sicarios digitales no distingue colores o banderas. En muchos sectores de la sociedad hay deshonestos invirtiendo tiempo y recursos en preparar ataques digitales. Los netcenters son una realidad, se disfrazan de empresas formales y sus empleados usualmente son jóvenes sin malicia pero con ganas de trabajar.

Estas estrategias han llevado la discusión pública al suelo. Toca a los decentes recoger los pedazos del debate público y reconstruirlo en nuevos espacios de discusión,para que ya no se desperdicien esfuerzos y recursos en mercenarios digitales y se inviertan en espacios físicos o virtuales de convivencia que promuevan el debate político honesto.

Como espectadores nos toca distinguir la sátira política del ataque político; la discusión sana del acoso y la fiscalización del asesinato de reputaciones. No seamos reproductores del sistema insano que alimenta a los sicarios digitales. La nueva política tendrá que discutirse de frente, por más incómodos que sean los temas.

Texto original en: http://republica.gt/2017/07/27/sicariato-digital/

El discurso sobre la importancia de las «instituciones» no es falso, pero oculta algunos matices que conviene poner de manifiesto, como el descuido por la conceptualización de «instituciones» como tal, así como la importancia de la moral y la cultura.

Uno de los discursos predominantes en Guatemala y en algunos países de América española, es el de la inexistencia de instituciones modernas que permitan el «Estado de Derecho», la democracia política y la economía de mercado. La región en su mayoría no cuenta con países altamente industrializados derivado de que las estructuras económicas y políticas se conciben como en vías de desarrollo[1].

La eficacia de las «instituciones» depende de: códigos de conducta auto-impuestas; represalias (castigos) y; sanciones sociales o coercitivas impartidas por parte el Estado. Es la aplicación de estas sanciones efectivas, un paso importante para evitar la impunidad. Sin embargo, no todas las normas válidas se establecen de manera institucional.

Las «instituciones» formales e informales son un factor inevitable en el desempeño económico, social y jurídico de cualquier comunidad política, pues reducen los costos de las transacciones sociales[2], favoreciendo con ello mayor prosperidad material. Una nación con sólidas «instituciones» favorecerá el cultivo de las ciencias y las artes, que también son necesarias para propiciar la industrialización.

La cuestión está en asumir, que en América española, el discurso ha estado focalizado en las «instituciones» formales, no haciendo debido hincapié en otras relaciones, situaciones, condiciones y factores igual de importantes como las ciencias, las artes, la moral, la tecnología y la educación en general.

Dado que las «instituciones» formales son claves pero no suficientes, es menester destacar que la otra cara está en la necesaria internalización moral de las reglas por parte de los destinatarios. En efecto, más allá del hecho de que institucionalmente se prevén mecanismos de control al poder político, las mismas solo tendrán eficacia en la medida en que los actores del sistema asuman que la Constitución no es solamente un documento aspiracional, sino que encierra una decisión política y una intención normativa de control al poder.

Por ello, las normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta auto-impuestas socialmente revisten importancia. La no adopción de las premisas morales que subyacen a las «instituciones» formales ha generado todo tipo de trampas, como el discurso falaz según la cual no tienen sentido las instituciones occidentales, por lo que habría que inventarse otras o sencillamente que todas deben ser re-diseñadas desde cero.

La existencia de una institucionalidad pre-moderna en América española es un hecho. Existen normas jurídicas arcaicas, ineficaces, que no gozan del respaldo moral de los destinatarios, no se ajustan a las exigencias sociales, económicas y políticas del país y son imposibles normativas. Por ello, en el ámbito anglosajón, se ha sostenido que la región está signada por golpes de Estado, inseguridad, violencia generalizada, poca cultura del trabajo, malos gobiernos, poca cultura de lo público, corrupción administrativa, retraso económico y escasa industrialización[3].

En el desespero por cambiar las cosas sin comprenderlas previamente, se ha favorecido la improvisación como regla general. En este sentido, el problema capital no es la existencia de Constituciones racionalistas a la francesa, tampoco que no hayan sido conquistados los pueblos americanos por normandos, ingleses o escandinavos. El problema básico está en la cultura política, social y jurídica pre-moderna, sostenida por el escapismo consistente en eludir los hechos, la libertad y la individualidad.

Al margen del debate occidental, en América española, y en Guatemala en particular, el discurso predominante insiste lamentablemente en personalizar los problemas o de moralizar toda cuestión política. De lo que se trata es de comprender que las instituciones importan tanto como la educación, debido a que ésta última puede generar la imaginación necesaria para el porvenir. Por ello, resulta valioso fomentar la conversación como instrumento que favorece hábitos intelectuales y morales, requeridos en medio de una democracia ausente y por realizar; tal y como sucede en los países industrializados.

Ahora bien, decir que las «instituciones» importan es como decir que el sol sale de día.La cuestión está en realizar investigaciones que identifiquen aquellas «instituciones» (reglas) concretas, tanto formales como informales, que atentan contra el paradigma de instituciones políticas y económicas inclusivas.Son éstas últimas las que crean incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente.

Por último, pese al voluntarismo irreflexivo de hacer sin saber qué hacer, luce importante apelar al arte de la política civilizada. Eludir que es el ámbito político donde se forjan las bases de la estructura económica de las sociedades, es tratar de construir la casa por el tejado. Una política pre-moderna genera instituciones pre-modernas(jurídicas, económicas y sociales). Una moral tribal sepulta los anhelos de libertad, responsabilidad, igualdad ante la ley y prosperidad material. De ahí la importancia del «cambio de guardia» y la asunción de valores en la sociedad .

El mensaje de mal funcionamiento que ofrecen las «instituciones» se ha hecho evidente en la crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace mucho tiempo. Frente a tal hecho, luce prioritario fomentar diagnósticos y evaluar posibles arreglos a la crisis. Es el tiempo de que las élites eleven su cabeza enterrada como el avestruz y puedan guiar en medio de la oscuridad, tomando en cuenta el margen de error significativo que toda acción política tiene, pues es una cuestión diferente a pensar que toda reforma es buena por el simple hecho de ser un cambio.

Referencias:

[1] Los neologismos son típicos en las discusiones económicas. Antes se hablaba en vías de desarrollo, ahora no se sabe cómo denominarlos y se va a buscar otrahttp://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indic...

[2] COASE, Ronald, «The Problem of Social Costs» en Journal of Law and Economics, n° 3. October, 1960, pp. 1-44.

[3] LANDES, David S., The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor, W.W. Norton & Company New York, 1998, p. 313

Es importante dejar de reproducir los mensajes de agentes desinformadores, ese es el reto en la era de la información.

La crisis provocada por el presidente Jimmy Morales, en un intento desesperado por quitar del camino a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, ha sido apoyada con narrativas que pretenden desinformar y atacar el trabajo de la lucha contra la corrupción.

Dedico estas líneas a algunas de estas narrativas:

- No debemos permitir que vengan extranjeros a decirnos qué hacer con nuestro país.

La soberanía nacional no puede entenderse como se hacía a inicios del siglo pasado; prácticamente ningún país se encuentra aislado del mundo. La mayoría de países de esta región son parte del sistema de Naciones Unidas y firman tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, cooperación y comercio que usualmente les obligan a establecer ciertas políticas basadas en principios y valores universalmente aceptados.

Guatemala firmó en 2006 el Acuerdo que dio vida a la CICIG y ahora la comunidad internacional le invitará a respetarlo. Los países que no respetan los acuerdos y tratados internacionales son aislados por la comunidad internacional, sujetos de condenas y sanciones, un ejemplo cercano es Venezuela y su dictadura.

No se debe confundir soberanía con expresiones de nacionalismo exacerbado.

- La CICIG y el MP no han respetado la presunción de inocencia y han litigado en los medios de comunicación.

CICIG y MP han organizado conferencias de prensa para informar a la población sobre los casos de alto impacto que están desarrollando. La presunción de inocencia es un derecho inalienable y explicar a los medios de comunicación las razones por las cuales se acusa a una persona no viola este derecho. ¿Qué deben hacer MP y CICIG cuando los medios les preguntan sobre las capturas y los casos? ¿Quedarse callados y no aclarar?

En países desarrollados no es extraño ver conferencias de prensa en donde las autoridades presentan a la opinión pública los casos que pueden generar interés en los medios de comunicación.

- No hemos visto resultados de los casos de CICIG en tribunales.

Los casos avanzan lentamente, esto es correcto, sin embargo hay una explicación: el sistema de justicia en el país está sobrecargado y por lo tanto es ineficiente. Los jueces tienen a su cargo la resolución de múltiples casos y pocos recursos para resolverlos. La mora judicial es alta y cerca del 50% de las personas que están en las cárceles del país guardan prisión preventiva.

A esto debemos agregar las estrategias de litigio malicioso que las defensas de los acusados utilizan para retrasar los procesos. Citando dos ejemplos: Otto Pérez Molina ha interpuesto 6 acciones legales en contra de su proceso y Roxana Baldetti ha pasado algún tiempo en hospitales para evitar presentarse ante el juez. En este escenario, es difícil que veamos una rápida resolución de los casos y este problema no puede atribuirse a la CICIG o al MP.

- La justicia de Iván V. y Thelma A. es selectiva, solo gente de derecha está siendo acusada.

Esa afirmación difícilmente se sostiene, entre los casos presentados por CICIG y MP se puede ver a un variopinto grupo de personas que van desde quien fuera el secretario privado de Álvaro Colom, hasta el hijo del presidente Morales. Cada caso es distinto y con distintas implicaciones.

Es verdad que los casos más grandes y sonados, hasta hoy, involucran principalmente al gobierno “de derechas” del PP y la relación que tenía con empresarios contratistas del Estado y financistas de partidos políticos, pero esto no responde a una agenda ideológica, sino principalmente al momento en que Velásquez y Aldana comenzaron a trabajar, que coincide con el surgimiento de movimientos internacionales en contra de la corrupción.

Si no hemos visto mayores casos e investigaciones contra gobiernos anteriores, es válido deducir dos cosas: primero, mientras más lejano está el caso del momento de la investigación, más complejo es desenterrar la evidencia; segundo, las personas que dirigían la CICIG y el MP en esos momentos no hicieron esfuerzos suficientes por mover dichas investigaciones.

- Las personas pasan y las instituciones quedan. Hay que pelear por instituciones.

Las instituciones no funcionan en el vacío, no tan independientes de las personas, son normas jurídicas, pautas de comportamiento y organizaciones complejas que caminan y cambian al ritmo de las personas que operan en ellas. De allí que se insista tanto en la formación de capital humano para la función pública.

En ese sentido, hoy tenemos suficiente evidencia para demostrar que la CICIG de Iván Velásquez y el MP de Thelma Aldana han presentado resultados en contra de la corrupción, que sus predecesores nunca presentaron. Nada nos asegura que otras personas podrán mantenerse ajenas a los intentos de coacción del sistema político como Velásquez y Aldana. Tocará seguir muy de cerca el proceso de elección de Fiscal General en 2018.

- Jimmy Morales puede sacar a Iván Velásquez.

La discusión nunca debió ser el tema jurídico pues es más importante preguntarse cuáles fueron las razones que provocaron que el Presidente tomara la decisión de expulsar a Iván Velásquez. ¿Tendrá algo que ver que tanto él como su hermano y su hijo han sido acusados por distintos delitos?

Morales no nos ha dado una explicación convincente y es válido asumir que puso sus intereses personales por encima de los intereses nacionales.

Con estas líneas le invito a dejar de reproducir los mensajes de los agentes desinformadores, construir país pasa por hacer un esfuerzo por separar la información de la basura. Ese es el gran reto que tenemos en la era de la comunicación.