América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas.

Los números económicos y sociales de Centro América y el momento político que vive cada uno de nuestros países permiten hacer análisis y proyecciones que deberían comprometer a las élites de la región a identificar los consensos necesarios, tomar las decisiones impostergables y embarcarse en los esfuerzos indispensables para enderezar el rumbo y poner a nuestros países, de una vez por todas, en dirección a la estabilidad política, la certeza jurídica y el desarrollo.

Nuestra región, como la mayor parte de América Latina, desentona con lo que sucede en el resto del Occidente democrático y próspero. Solo Chile, Argentina, Uruguay y tal vez Panamá se salvan hoy de no ser calificados como típicos países subdesarrollados, sobre todo, en su cultura cívica y en la política.

Colombia y Perú iban bien pero su vida política se complicó y están en peligro de comprometer el buen crecimiento que traían. Brasil y México están paralizados por su dinámica electoral y corren riesgo de caer en manos del populismo. Maduro y su banda de criminales convirtieron a Venezuela en el infierno del continente y el mundo hace gala de su indiferencia.

En Centro América, Costa Rica está perdiendo los exámenes en materias como gasto público financiado con deuda, déficit fiscal y débil infraestructura. La finca de Ortega viene de muy abajo, y por eso, sus números sorprenden; pero, es la finca de un señor. Y los 3 del norte no saben a dónde van, la amenaza populista es real y sus números son muy malos en prácticamente todo, excepto en remesas familiares.

Con esos números y realidades políticas y sociales “se puede vivir”. Incluso, algunos ven el presente y el futuro con gran optimismo. Especialmente porque ellos están bien. Pero la realidad para millones de seres humanos en América Latina es muy distinta. El optimismo es bueno, pero también lo es la responsabilidad.

El problema es el estancamiento, las crisis recurrentes, la inestabilidad y la lentitud en llevar soluciones sólidas y permanentes a las decenas de millones de latinoamericanos que, cada día, pierden fe en la democracia y la libertad. Hoy, México y Brasil don dos claros ejemplos.

América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas. Sí, de la academia, del sector empresarial, del sector profesional, de los grupos de jóvenes y de la sociedad civil.

Es de estos grupos de donde deben salir los nuevos funcionarios públicos, los nuevos tecnócratas y los nuevos líderes políticos para América Latina. Así es, una nueva élite política que rompa con la cultura de la incompetencia, con el cáncer de la corrupción y con el venero de la indiferencia.

Las economías desarrolladas están creciendo a buen ritmo, y en los foros mundiales y las cumbres hablan de un optimismo cauteloso, pues se sabe que el planeta sigue padeciendo problemas y amenazas que pueden convertirse en crisis con relativa facilidad: guerras, terrorismo, malos gobiernos, problemas sociales y fenómenos climáticos.

Centro América debe cambiar los ingredientes en su fórmula para alcanzar el desarrollo. Tenemos cosas buenas en la región, pero son insuficientes. Necesitamos una nueva clase dirigente y una cultura política más propicia para el desarrollo. Necesitamos élites mucho más comprometidas con la política, pues ahí está la clave del éxito. Debemos gobernarnos mejor. Y no podemos perder de vista que necesitamos altas dosis de creatividad para articular alianzas y acuerdos económicos que nos permitan acelerar el crecimiento, resolver los graves problemas sociales y consolidar las instituciones de nuestras democracias para garantizar continuidad a los consensos, consecuencia a las decisiones y resultados positivos y permanentes a los esfuerzos que logremos emprender.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó.

Durante décadas el Estado de Guatemala ha sido saqueado de forma sistemática. Ya sea a través de robarse los fondos públicos directamente; repartir plazas entre familiares, amigos y allegados políticos; o de contratos anómalos, poco transparentes y/o lesivos para el Estado, entre otras formas “ingeniosas”; cada grupo político en el poder logró o intentó amasar fortunas.

Por supuesto que en medio de la descomposición del Estado hay funcionarios correctos que han hecho su trabajo con compromiso y dedicación. Muchos de ellos (en mandos medios o bajos) han visto desfilar decenas de saqueadores que llegan a dirigir las instituciones públicas solo para dejarlas en peores condiciones de como las encontraron. También hemos tenido altos funcionarios públicos honestos. Eso no se puede negar.

Sin embargo, la degradación del Estado ha sido evidente. Con el paso de los años, los diferentes gobiernos mostraron una mayor voracidad para quedarse con los recursos públicos. Los procesos de extinción de dominio contra las principales figuras políticas de la última década, dan cuenta que eran personas sin el menor escrúpulo. Su único objetivo era volverse millonarios saqueando el Estado. Esos eran los gobernantes que teníamos o que aspiraban a serlo.

Lo que han hecho la CICIG y el MP en lo últimos años es mostrarnos la podredumbre que nos negábamos a ver, ya sea por miedo o por simple comodidad. Ese era el sistema que teníamos antes que estas dos instituciones comenzaran a funcionar adecuadamente. Lo que menos deberíamos sentir ahora es nostalgia por un sistema que estaba colapsando y que nos llevaba a parecernos cada vez más a Haití.

La pregunta que nos debemos hacer ahora como guatemaltecos es ¿Cómo permitimos que un sistema tan perverso se instalara en Guatemala? ¿Qué responsabilidad implica el momento histórico que vive el país en estos momentos? ¿Por qué Estados Unidos ha tenido que apoyar un ente externo al país, para tratar de rescatarlo de la situación decadente en que se encontraba, y no fuimos nosotros por nuestra propia iniciativa quiénes lo impulsamos?

Las sociedades más exitosas del planeta son aquellas que lograron cuestionar el sistema que les mantenía sumidos en la pobreza y la miseria. Europa Occidental tuvo que transitar del feudalismo de la Edad Media, a la Democracia Liberal de hoy en día, por un proceso de autocrítica y evolución que implicó grandes costos, pero que actualmente les permite disfrutar de altos estándares de vida. ¿Qué sería de Europa si se hubiera quedado sumida en el feudalismo?

Los ingleses tuvieron un proceso de cambio menos traumático que el resto de países europeos, debido al pragmatismo que les caracteriza. Sin embargo, el fanatismo de los franceses hizo que ese proceso de cambio fuera sumamente sangriento; un escenario que debe evitarse a toda costa en Guatemala. Las posiciones radicales y desinformadas no deben acaparar la discusión pública.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó. Y allí es en donde todavía no nos ponemos de acuerdo. Comencemos por reconocer que Guatemala está muy lejos de ser una Democracia Republicana y que millones de ciudadanos viven en la miseria. ¿Acaso no nos duele ver a millones de niños que no tendrán futuro porque sufren desnutrición y no asisten a la escuela? No podemos ser tan indolentes y cerrar los ojos a esta realidad.

La corrupción es el cáncer que nos ha matado como sociedad. Debemos tener la madurez para aceptarlo. Ningún plan de reactivación económica puede ponerse en marcha exitosamente si no logramos construir un Estado administrado por personas que tengan el incentivo correcto. No perdamos el tiempo defendiendo el sistema anterior. Nuestro deber es dar un paso al frente para lograr consensos sobre cómo construir una auténtica Democracia Republicana, en donde exista Estado de Derecho y el alto crecimiento económico no sea coyuntural, sino estructural.

Publicación orignal en El Periódico.

La pena de muerte es una sanción y no un derecho constitucional por lo que su abolición no requiere de una reforma Constitucional.

En reciente sentencia, la Corte de Constitucionalidad mediante expediente n° 1097-2015 de fecha once de febrero de 2016 declaró inconstitucional una parte del penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal . La Corte, no se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la pena de muerte en abstracto, sino que expulsó del ordenamiento jurídico ese párrafo del delito de asesinato por inconstitucionalidad con arreglo a los artículos 17 y 19 de la Constitución.

En cuanto al artículo 17, basándose en la idea de que el término “peligrosidad” resulta lesivo al principio de legalidad por cuanto solo pueden ser punibles las acciones calificadas como delitos o falta por ley anterior a su perpetración, centradas en base a lo que ha hecho el infractor y “no en lo que es”(1) . En cuanto al artículo 19, por cuanto la Corte estimó que el referido artículo impide la readaptación social y la reeducación, eludiendo la importancia que tiene el Estado de concebir a la persona humana como sujeto y fin del orden social, lo cual obliga al Estado a idear mecanismos que se traduzcan en que las penas logren la readaptación del social del sujeto.

Guatemala es uno de los pocos países que no se ha integrado al movimiento abolicionista de la pena de muerte. Ahora bien, aun cuando no se proscribió la pena de muerte en los tratados y convenios internacionales - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(2), en la Convención Americana de Derechos Humanos(3) o en la Convención Europea de Derechos Humanos-, si es llamativo que rápidamente los países y sectores sociales que presionaban sobre la abolición de la pena de muerte se pronunciaran rápidamente en contra de la legitimidad de una medida tan severa, “cruel” y obsoleta”(4).

En Guatemala el criterio pro homine característico de los derechos humanos no ha logrado cristalizar en el ámbito de los derechos humanos. De hecho, por razones ajenas a una abolición de la pena de muerte ésta no se ejecuta. La razón estriba en que el Congreso de la República en fecha 1 de junio de 2000, mediante Decreto Legislativo n° 32/0023, derogó el Decreto No. 159 del año 1892 que regulaba la facultad del Ejecutivo para conceder indulto o conmutación de la pena y reglamentaba el procedimiento para hacer efectivo tal derecho.

Derogada dicha facultad y el procedimiento previsto en esta normativa, la pena de muerte aplicada devendría en anti convencional e inconstitucional, al contrariar la obligación estatal de “garantizar el más estricto y riguroso respeto de las garantías judiciales al aplicar ese tipo de penas”, además del “derecho que asiste a toda persona condenada a muerte de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Convención Americana”(5).

La Corte de Constitucionalidad(7) no puede abolir la pena de muerte pues tiene competencias jurisdiccionales y no legislativas. La pena de muerte es una sanción y no un derecho constitucional por lo que su abolición no requiere de una reforma Constitucional, aun cuando dicha sanción esté en el Título II de la Constitución, capítulo I. La precisión del artículo es diáfana al recalcar que el Congreso (poder constituido) puede abolir la pena de muerte, puesto que el propósito del artículo constitucional (18) que establece las prohibiciones para la pena de muerte en los casos que allí se indica, solo tiene por objeto lograr límites severos, prohibiciones, restricciones y exclusiones en consonancia con los estándares internacionales.

La adopción constitucional del lenguaje de los derechos humanos obligará paulatinamente a que el Estado en su conjunto impulse la plena vigencia de los Derechos Humanos, en el que la vida tiene un lugar destacado. En tal sentido, el margen de acción del legislador desde una perspectiva favorable a los derechos humanos debe ser la de desarrollar los mismos y no constreñirlos. Por ello, una vez comience la Corte a exhortar al legislador (Congreso) a que procure un modelo garantista de los derechos humanos como sucedió con esta sentencia, ello significará un paso importante en la búsqueda por asegurar el deber del Estado de garantizarle a los habitantes de la República la vida y el desarrollo integral de la persona.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fermín Ramírez (Sentencia de 18 de junio de 2005).

(2) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Guatemala no lo suscribió

pero el 5 de mayo de 1992 la ratificó. Al momento de escribir este estudio al menos hay 74 signatarios y ha sido ratificado por 168 países.

(3) Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. La entrada en vigor se realizó el 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. En el caso de Guatemala, su firma se produjo el 22 de noviembre de 1969, la ratificación/adhesión el 27 de abril de 1978, el depósito el 25 de mayo de 1978 y la aceptación de competencia de la corte el 9 de marzo de 1987.

(4) Faundez Ledesma, H. “El Derecho Internacional y la pena de muerte” en Revista de Derecho Público, n° 55-56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993, p. 61.

(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos: Hilaire, Constantine y Benjamin y otros (Sentencia de 21 de junio de 2002), Caso Fermín Ramírez (Sentencia de 18 de junio de 2005) y Raxcacó Reyes Vs. Guatemala (Sentencia de 15 de septiembre de 2005).

(6) Altolaguirre, P. “Sobre la pena de muerte” en El Periódico de Guatemala, de fecha 30 de marzo de 2016.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios.

Dos eventos importantes marcaron la agenda de la discusión pública nacional de las últimas semanas; el primero fue la convocatoria al Frente Ciudadano contra la Corrupción y el segundo, el Tercer Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ambos eventos tenían como propósito dar un apoyo valiente, público y sonoro a los esfuerzos de la lucha anticorrupción, abanderada por el Ministerio Público de Thelma Aldana y la CICIG de Iván Velásquez. Ambos eventos lograron su objetivo.

Dos cosas llaman la atención de estas actividades ciudadanas:

La primera es que los guatemaltecos seguimos siendo una sociedad tribal. No superamos esos años escolares en los que teníamos un grupo cercano de amigos e infantilmente celamos a quienes se relacionaban con el grupo que consideramos contrario.

Basta ver los comentarios de rechazo que se lanzaron en contra de quienes valientemente se pararon en la tarima del Frente contra la corrupción o se sentaron a discutir en el Encuentro Ciudadano.

Ejemplos de esta actitud tribal hay muchos, veamos los casos de Lenina García y varios activistas de izquierdas que fueron y están siendo criticados por presentarse al lado de los empresarios; también esos mismos empresarios recibieron críticas por sentarse al lado de los líderes indígenas, supuestos enemigos naturales del sector privado. Lo interesante es que las críticas no venían únicamente de sus detractores, como sería de esperar, también vinieron de personas cercanas a su misma tribu.

Ojo que el problema no es la crítica, sino la mezquindad disfrazada de crítica con la que se cuestiona a quienes se atreven a asumir el costo político de ser moderados y participar en una discusión multisectorial. Pareciera que hay quienes se alimentan del conflicto y son más felices cuando pueden seguir viendo al país en la incertidumbre y desconfianza; mientras pregonan que el país debe cambiar, pero solo si cambia a su manera.

El segundo punto que llama la atención, es el debilitamiento que el discurso anti CICIG ha sufrido en las última semanas. Ya queda muy poco de aquellos vociferantes opositores de la lucha anticorrupción. El “para cuándo este o aquel” y las quejas de justicia selectiva se fueron diluyendo con los casos presentados, no les ha quedado más que recluirse en quejas sobre la forma como se desarrolla el proceso, las conferencias de prensa y las fotos de los capturados en los medios son el nuevo objetivo.

Llegará el día en el que los opositores bienintencionados, que todavía existen, se darán cuenta que sus preocupaciones y miedos están siendo utilizados por la mafia, los corruptos y sus mercenarios para entorpecer un importante proceso de limpieza institucional. Ojalá lo vean a tiempo y su tozudez no les impida ponerse del lado correcto de la historia. Sus dudas y críticas sobre un proceso que es perfectible, pueden ser de mucha utilidad; pero primero, debemos lograr un acuerdo mínimo sobre el apoyo que se necesita para que esto llegue a las últimas consecuencias.

Esta puede ser una oportunidad para que quienes tienen dudas legítimas, pero apoyan la lucha anticorrupción, puedan separarse de quienes jamás estarán de acuerdo porque sus intereses o los de sus conocidos se ven afectados con el fortalecimiento de la justicia.

Como decía el comisionado Iván Velásquez en la entrevista presentada durante el Tercer Encuentro Ciudadano, la verdad puede ser liberadora para quien está dispuesto a aceptar su culpa. Las personas que han cometido errores pueden salir redimidas de este proceso y ayudar en el camino de reconstrucción institucional que vamos a necesitar. Ejemplos hay y se vale soñar.

Lo que no se vale es continuar apañando corruptos por el miedo a la incertidumbre y sostener un sistema con políticos y funcionarios que se hacen ricos a costa de la pobreza de otros. El diálogo entre actores de la sociedad puede servir para diluir esa incertidumbre y ojalá comenzar el proceso de reconstrucción.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios. Debemos afrontar cualquier situación con honestidad, como se hizo en la actividad del Frente contra la corrupción y en el Encuentro Ciudadano, eso inevitablemente apartará a los deshonestos del camino.

Publicado originalmente en República.

Navegando por Twitter uno de estos días me encontré con una discusión muy interesante que tenían algunos amigos sobre un artículo escrito por el economista Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard y profesor de esa misma universidad. La tesis del profesor Hausmann se resumen en el título de su artículo, que además tomé prestado para titular esta entrada: Combatir la corrupción no terminará con la pobreza.

Hausmann comienza su artículo afirmando que indudablemente los países más desarrollados tienden a ser menos corruptos que los países menos desarrollados . Sin embargo, existen países menos desarrollados con bajos niveles de corrupción como Ghana y Costa Rica que tienen economías que no crecen al ritmo de los países desarrollados. En el caso de estos países la falta de corrupción no pareciera ser un factor que les asegure el éxito económico.

.@ricardo_hausman explains why fighting corruption won't end poverty http://t.co/5jD5IfeGqd

— Project Syndicate (@ProSyn) julio 28, 2015

La razón está lejos de ser sencilla y seguramente hay una serie de factores históricos, políticos, geográficos y económicos que impiden que estos países alcancen los niveles de desarrollo deseados, pero, dejemos ese tema para los economistas. Desde la perspectiva de Hausmann lo que sí pareciera hacer la diferencia en cuanto a los países con economías que crecen a niveles aceptables y los que no, es que tienen instituciones públicas relativamente eficientes o que han podido mejorar la eficiencia de las mismas.

Alguien podría afirmar que es precisamente la corrupción la que hace que nuestras instituciones no sean eficientes pero aquí es en donde el profesor de Harvard hace una distinción que considero es la más importante de su artículo. La corrupción es un mal, sin lugar a dudas, pero atacar este mal es muy diferente a crear el bien, entendiendo el bien como políticas públicas efectivas. La ausencia de corrupción en las instituciones de un país no asegura que éstas cumplan con el trabajo para el cual fueron creadas.

Por ejemplo: podríamos lograr que los policías dejaran de aceptar sobornos o reducir el ausentismo de maestros en las escuelas públicas pero eso no daría mejores capacidades de investigación a los policías para combatir el crimen o mejoraría necesariamente la calidad de la educación. Que una institución sea transparente en el manejo de sus fondos y activos no necesariamente la hace eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Se necesitan instituciones transparentes pero también eficientes.

Otro asunto que se debe cuidar al momento de tratar el tema de la corrupción son las reformas legales, el supuesto es que, a diferencia de la vieja legislación, la nueva sí será acatada. Bajo esta premisa se crean una serie de reglas y regulaciones complicadas, que generan nuevos procesos para las instituciones. Estas reformas podrían reducir los niveles de corrupción en la institución pero también podrían complicar su funcionamiento a tal punto que no le sea posible cumplir con sus objetivos. Se gana control pero se pierde efectividad.

“La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público”

Según Hausmann, lo que la fijación por enfocar todos los esfuerzos en una agenda anti corrupción termina creando, en el mejor de los casos, son organizaciones que tienen una obsesión por cumplir con todas las regulaciones impuestas pero que difícilmente servirán para resolver la problemática social. La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público pero la realidad es que puede convertirse en una verdadera pesadilla para la administración pública al crear un efecto contrario, promoviendo que las personas utilicen otro tipo de corrupción para agilizar los procesos.

Si aplicamos esta tesis a la creciente crisis que atraviesa el sistema político guatemalteco, principalmente causada por la corrupción, podremos ver que la mayoría de soluciones que se han planteado vienen desde la perspectiva de nuevas y supuestamente mejores legislaciones. De ser aprobadas dichas legislaciones, serían el resultado de la tregua entre el sistema político y organizaciones de la sociedad civil que se han dado a la tarea de proponer y exigir los cambios.

Seguramente estas necesarias reformas legales tendrán algunos efectos positivos pero aplicando la tesis de Hausmann, debiéramos moderar un poco las expectativas que podamos tener sobre las mismas y saber que son solamente un primer paso. El siguiente paso es construir instituciones funcionales, dos luchas distintas con el mismo nivel de importancia.

El movimiento ciudadano y la presión sobre el sistema político no deben morir cuando se logren estas reformas específicas sino dirigirse a otros espacios y a reforzar otras instituciones, el éxito no será lograr que estás instituciones tengan una importante cantidad de reglas nuevas sino que los procesos de la administración pública sean cada vez más sencillos y claros, por lo tanto más transparentes.

Lograr un nivel de desarrollo aceptable pasa primero por construir un sistema de justicia independiente que nos ayude a asegurarnos que se cumplan las reglas; un servicio civil profesional y separado del sistema político que sirva como contrapeso a los caprichos del político y ayude a consolidar las políticas públicas de largo plazo; y una estrategia de desarrollo económico que ayude a generar el empleo masivo que necesitan los guatemaltecos para subsanar su situación de pobreza. Lo que necesita el país son líderes que reconozcan la importancia de estos temas y se preparen para ponerlos en marcha desde las entrañas del sistema político.

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad del mismo, ya de por sí precaria.

El tema de la «amparitis» en Guatemala[1] se ha sido analizado en un documento titulado «Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad»[2], en el que se explica el deficitario funcionamiento del poder judicial en Guatemala y cómo éste ha obstaculizado la lucha contra la corrupción, liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) generando retrasos judiciales en el ámbito de los juicios penales.

Prescindiendo de otros factores, se puede deducir que los tribunales y los operadores del sistema tienen una gran responsabilidad en la distorsión institucional existente, derivado de malas prácticas interpretativas, cuyo ejemplo más emblemático es la práctica judicial del «amparo». Tomando en cuenta esas malas prácticas, se hace necesario reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) y los códigos procesales existentes para lograr un proceso judicial más garantista que evite la «amparitis» con todos sus efectos perversos en la administración de justicia, además de la politización de la justicia[3].

La necesidad de una reforma a la LAEPC[4] es una exigencia constitucional. Casi una década atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (2009) sostuvo que «El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, en los términos de los párrafos 238 a 242 de la presente Sentencia» con el objetivo de satisfacer las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1 y 2). La reforma a la ley no ha ocurrido hasta la fecha (2018) ocasionando un agravamiento del funcionamiento de justicia del país.

La reforma tendría como propósito recobrar el «verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos»[5], es decir, como recurso adecuado para tutelar los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales[6] y no como un «medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial como factor para la impunidad»[7].

No se trata de eliminar al amparo previsto en la Constitución (art. 265), sino de erradicar la presencia de la «itis» del «amparo». La diferencia entre la previsión del amparo normativamente y su mal funcionamiento en el país, puede apreciarse en el hecho de que los tribunales en Guatemala en lugar de verificar la admisibilidad de las solicitudes de amparo interpuestas, declarando inadmisibles aquellas que no cumplen con los requisitos, son admitidas gracias a la hegemónica posición formalista de los tribunales[8]. Con ello, miles de solicitudes de amparo son interpuestas y los tribunales las admiten dándole trámite a todas, para posteriormente, una vez examinadas las pretensiones, rechazarlas por incumplimiento de aspectos sustantivos.

Esta práctica ha ocasionado que las solicitudes de amparo crezcan vertiginosamente como refiere el informe de Human Rights Watch. De hecho, en 2016, se presentaron 5.152 acciones de amparo ante los tribunales, casi el doble de lo que ocurrió en 2012, en el que se presentaron 3.856 amparos o incluso, en 2009, en el que hubo unas 3.05815 peticiones. Así por ejemplo «En las 3.283 decisiones sobre peticiones de amparo dictadas por los tribunales en 2016, el 73% —o 2.405 peticiones— fueron denegadas y el 27% —u 878 peticiones— fueron otorgadas»[9].

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad de la misma, ya de por sí precaria. Por ello, es innegable la responsabilidad de los jueces, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, en tanto que esta perversión solo es posible «porque los tribunales lo permiten».

De hecho, «Los jueces podrían desestimar peticiones de amparo infundadas o innecesarias, pero casi nunca lo hacen. Los tribunales pueden discrecionalmente seguir dando trámite a los procedimientos mientras no haya riesgo de daño irreparable, pero rara vez lo hacen. En lugar de ello, las cortes suelen admitir solicitudes infundadas y los juzgados suspenden los procesos penales hasta que se resuelven dichas solicitudes»[10].

Esta absurda interpretación prevaleciente, hostil, a rechazar las pretensiones de amparo que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, para darles trámite porque la ley «no establece expresamente que una petición que no cumple con esos requisitos no es admisible», es algo que los jueces pueden cambiar pero que no hacen; debido a las vetustas técnicas de interpretación jurídica que tienen los jueces en el país, con las excepciones del caso.

La reticencia a cambiar la interpretación sobre el amparo, e incluso, a los esquemas de funcionamiento judicial, se explica por la ausencia de independencia e imparcialidad de los jueces, los cuales no se atreven a declarar la inadmisibilidad de las pretensiones porque se podría entender como «desestimación de facto» o una «falta administrativa».

Sobre el tema de la posible «falta administrativa», es menester destacar que se agrava cada día, producto de la tesis que conceptualiza a los jueces como funcionarios administrativos, lo que incentiva la práctica de la «amparitis», puesto que en un sistema de sanciones judiciales vago y violatorio de estándares a derechos humanos, es previsible que los jueces no sean independientes e imparciales a la hora de interpretar el derecho.

Si bien la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) es una ley constitucional, ello no equivale a sostener que es la Constitución, por lo que su reforma (basado en el art. 175 de la Constitución) es indispensable para mejorar la práctica del amparo en el país y reforzar otros mecanismos procesales de protección de derechos adicionales al amparo, mediante reformas sustanciales a los códigos procesales.

Referencias:

[1]Antes del informe que se comenta en este escrito se abordó el tema en ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «La ´amparítis´ en Guatemala», Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2017, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-amparitis-en-guatemala

[2] Human Rights Watch, USA, 2017.

[3] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Justicia a la orden del mejor postor» Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/justicia-la-orden-del-mejor-po...

[4] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, Human Rights Watch, USA, 2017.

[5] Ibíd., párr. 242.

[6] Véase el voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, de fecha de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf. En dicho voto el magistrado se refirió al «control de convencionalidad» que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional” (párr. 27). Véase Jaime Orlando SANTOFIMIO GAMBOA y Allan R. BREWER-CARÍAS, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, de fecha 24 de Noviembre de 2009, párr. 153 y 238.

[8] Véase Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad fe fecha 9 de diciembre de 2013 (art. 26).

[9] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, op. cit., p. 11

[10] Ibíd., p. 4

Llevamos en el país ya varios meses de movilización ciudadana como no habíamos visto en las últimas décadas, aunque los motivos que llevaron a las calles a las capas medias urbanas están presentes, desafortunadamente, desde hace ya mucho tiempo en nuestro país.

La corrupción, el fraude, el engaño, los abusos de poder en un sinfín de expresiones, la indolencia, la desvergüenza de una buena parte de la clase política, son males que venimos arrastrando y con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir desde hace varios gobiernos. Si unos han robado más que otros ya resulta anecdótico. Es risible, cuando no ofensivo, que personajes de la política nacional hoy se quieran dar baños de pureza cuando ellos han sido parte y hasta protagonistas de esta podredumbre. Valga decir , que todos los sectores, de alguna u otra manera, tenemos nuestra cuota de responsabilidad en este estado de cosas.

“Pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie de terapia de choque, y nos enfrentó cara a cara con nuestros males”

Pero en abril de este año algo pasó. Ese algo pareciera que despertó nuestra conciencia ciudadana o al menos la empezó a hacer reaccionar. Sí, pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie "terapia de choque", y nos enfrentó cara a cara con nuestros males; lo que viene pasando desde entonces es alentador. La CICIG sacudió el sistema pero también como decimos en buen chapín, nos pegó una gran sacudida a los ciudadanos… buena falta que nos hacía.

Quiero pensar que los guatemaltecos estamos inaugurando una nueva etapa en nuestra historia, marcada ahora ya no por la tolerancia a tanto desmán, sino más bien marcada por la continua vigilancia de los ciudadanos hacia sus autoridades. Ya no marcada por la apatía y el desdén con que acostumbramos ver todo lo relacionado con el quehacer político, sino más bien, marcada por la conciencia que la política nos incumbe a todos. Una etapa donde tomemos pleno conocimiento que el estado desastroso de los hospitales nacionales -esos mismos donde las carencias son inimaginables y motivo de pérdida de vidas humanas- y los enormes déficits en las escuelas del sector público, tienen su raíz principalmente en un sistema corrupto que hemos permitido por años.

¿Cómo es posible que los funcionarios públicos, o una buena parte de ellos, hagan con el erario público (despilfarro, gastos superfluos, etc.) lo que nunca harían con sus propios recursos? De ahora en adelante debemos exigir cuentas claras, publicidad y transparencia en la ejecución del gasto público. Exigir que la ley de acceso a la información pública se cumpla a cabalidad. Ya no más licitaciones públicas hechas “a la medida”.

En este momento no podemos ni debemos dar un paso atrás. Necesitamos continuar con la protesta ciudadana pacífica y responsable. Si ya hemos visto que los corruptos no se cansan, y es más, saquean con mucha velocidad, ¿por qué hemos de claudicar nosotros en nuestra lucha legítima?

Decencia y dignidad es lo que debemos exigir a la clase política, pero también como ciudadanos nos corresponde actuar bajos los mismos parámetros que exigimos.

El mensaje sigue siendo claro y fuerte: ¡nos cansamos! Queremos y merecemos otro país.

Hoy tomo prestadas las palabras de Celia Recinos: “Poner de moda la virtud”, eso es lo que necesitamos.

-“Espero que pronto amanezca en Guatemala”, me dijo recientemente un gran conocedor de este país, que merece todo mi respeto. Yo sólo pude suspirar y pensar, ojalá, ojalá…

Así como las redes sociales juegan un rol central en la organización espontánea de la sociedad civil que busca manifestarse, también son utilizadas por hábiles manipuladores.

En los últimos años hemos visto una explosión de alternativas y actividad en las redes sociales; desde Facebook, YouTube, QQ, Qzone, Twitter, High5, Tagged, Google plus, Tumblr y Reddit entre otras 70 más que se consideran las importantes, tienen al ser humano más “comunicado” de la historia. El mundo cambió desde que se abrieron estos espacios de comunicación libre, horizontal e inmediata. Sucesos, noticias, alertas, contactos y organización son palabras que antes se hacían realidad con mucho tiempo y esfuerzo. Hoy, suceden prácticamente de inmediato. La “primavera árabe” que luego resultó ser un “decepcionante invierno” es un ejemplo de cómo amplios grupos en sociedades cerradas y reprimidas pudieron comunicarse y organizarse para ser protagonistas en la caída de gobiernos tiránicos y corruptos. Esta historia no terminó bien pero es un referente de lo que se puede hacer con la tecnología. Aquellos pueblos árabes que vivieron momentos de gloria y que luego fueron secuestrados por los “organizados” de siempre, saben que algún día volverán a tener la oportunidad de dar una nueva batalla por su dignidad y su libertad. Y saben también que la tecnología jugará un papel estelar. Los nuevos aires ciudadanos y el importante aumento en la participación cívica en América Latina se deben en gran medida al acceso de la juventud a la información a través de la tecnología y las redes sociales, y por estas, la oportunidad de organización. También tiene todo que ver el cansancio y la frustración que provocaron la política y los políticos de hoy, en gran parte del planeta, pues la segunda profesión más antigua de la humanidad ha sido secuestrada por oportunistas,delincuentes e incapaces.

“LA ÚNICA FORMA DE CONTRARRESTAR A LAS MAFIAS QUE USAN LAS REDES PARA CONFUNDIR ES CONTAR CON UNA CIUDADANÍA CADA VEZ MÁS EDUCADA”

Ahora bien, la tecnología y las redes sociales tienen también una cara oscura, no porque estas tengan algo negativo sino por la forma en que algunas personas o gobiernos las utilizan. Estamos viendo los efectos que causaron los Wikileaks de Julian Assange o la información secreta que divulgó Edward Snowden, el ex contratista de la CIA. Estos dos personajes evidenciaron la facilidad con que se penetran los sistemas más protegidos de información y las políticas que usan algunos gobiernos para llevar a cabo sistemas de control a personas que consideran una amenaza. Cualquiera puede ser víctima de una arbitrariedad que incluso llegue a destruir su vida. El gobierno norteamericano está poniendo límites para poder intervenir en la vida privada de la gente. Sin embargo, la amenaza real está en China y Rusia, desde donde espían y atacan con estructuras cibernéticas criminales a EE.UU. y sus aliados. Todo corre peligro; desde datos personales, patentes industriales e información financiera hasta secretos de Estado.

En las redes sociales sucede otro tipo de cosas. Se sabe, cada día más, de grupos organizados por gobiernos, partidos políticos e incluso mafias, que tienen operadores con perfiles falsos contaminando las redes sociales con ataques a personas que amenazan sus intereses, llenándolas de desinformación, calumnias y noticias falsas para confundir y ahuyentar la legítima participación. Vivimos una era de oportunidades pero también de amenazas. La única forma de contrarrestar los riesgos es con ciudadanos educados y bien informados. Es urgente que el ser humano de hoy suba al nivel que las circunstancias demandan. Mientras no llegue ese día, con eso de dar explicaciones sobre las infamias que un anónimo cobarde publica en las redes, no queda otra que decir que los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden.

Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político. El argumento principal es que cualquier gobierno que sea electo con un alto porcentaje de voto nulo o de abstencionismo, carecería de legitimidad y por tanto se le podría forzar a emprender reformas importantes en los primeros meses del próximo año. En principio, el voto nulo sería un mensaje contundente para la clase política del país que difícilmente podrán ignorar. La idea suena bastante bien a primera vista, pero al profundizar sobre la misma, resulta que tiene el efecto contrario al deseado: solo se le entrega más poder a los partidos políticos más desprestigiados, imposibilitando con ello, cualquier intento de reforma a nuestro sistema.

“Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados.”

Empecemos por aclarar que el voto nulo o en blanco en Guatemala carece de validez. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 se emitieron un total de 5,093,230 votos. De éstos, el 12.15% fueron votos nulos o boletas en blanco. ¿Qué se hizo con estos votos? No se tomaron en cuenta y fueron desechados. Se restaron del total de votos emitidos, dejando con ello 4,474,555 votos válidos. De entre estos votos válidos, se calcularon los porcentajes que obtuvieron los candidatos. En este sentido, un voto nulo o en blanco es un voto perdido.

Pero no solo eso. Todos sabemos que el voto en Guatemala es altamente clientelar. Este tipo de voto se ubica principalmente en las áreas rurales, en donde las personas lamentablemente tienen muy poca educación y viven en condiciones sumamente precarias. Los partidos políticos más desprestigiados son los que suelen aprovecharse de esta tragedia humana y terminan captando a estos votantes. Si en estas elecciones el ciudadano urbano vota nulo, en blanco o se abstiene de votar, el voto clientelar será el que decida quiénes serán los próximos diputados, alcaldes y el presidente de la república. Es decir, los partidos que se gastaron millones de quetzales en repartir regalos para ganar votos en las áreas rurales serán los que obtengan el control total del aparato estatal.

Bajo este escenario, ¿Qué habríamos ganado con el voto nulo o el abstencionismo? Absolutamente nada. Más bien como ciudadanos habremos provocado que el partido de gobierno no tenga mayor oposición, por lo que podrán imponer su agenda fácilmente. En vez de deslegitimar el sistema, habremos facilitado la instalación de una dictadura de facto en el país.

Contra esto, hay quienes dicen que todos los partidos son iguales y que ir a votar implica validar este sistema. Es cierto que la oferta electoral no es la mejor que podamos tener. Pero hay que ser un poco más analíticos para saber que hay opciones peores que otras. Sin duda los partidos que se han gastado millones de quetzales en campañas serán mucho más voraces al momento de gobernar. Estos partidos impedirán cualquier reforma a nuestro sistema. Ya lo hemos visto en las últimas semanas con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados. Nuestra inacción simplemente facilita la llegada al poder de los partidos más desprestigiados. Eso no tiene ningún valor moral y tampoco tiene nada de loable. Asumamos nuestra responsabilidad. Pensemos nuestro voto y participemos este 6 de septiembre en las elecciones.