Navegando por Twitter uno de estos días me encontré con una discusión muy interesante que tenían algunos amigos sobre un artículo escrito por el economista Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard y profesor de esa misma universidad. La tesis del profesor Hausmann se resumen en el título de su artículo, que además tomé prestado para titular esta entrada: Combatir la corrupción no terminará con la pobreza.

Hausmann comienza su artículo afirmando que indudablemente los países más desarrollados tienden a ser menos corruptos que los países menos desarrollados . Sin embargo, existen países menos desarrollados con bajos niveles de corrupción como Ghana y Costa Rica que tienen economías que no crecen al ritmo de los países desarrollados. En el caso de estos países la falta de corrupción no pareciera ser un factor que les asegure el éxito económico.

.@ricardo_hausman explains why fighting corruption won't end poverty http://t.co/5jD5IfeGqd

— Project Syndicate (@ProSyn) julio 28, 2015

La razón está lejos de ser sencilla y seguramente hay una serie de factores históricos, políticos, geográficos y económicos que impiden que estos países alcancen los niveles de desarrollo deseados, pero, dejemos ese tema para los economistas. Desde la perspectiva de Hausmann lo que sí pareciera hacer la diferencia en cuanto a los países con economías que crecen a niveles aceptables y los que no, es que tienen instituciones públicas relativamente eficientes o que han podido mejorar la eficiencia de las mismas.

Alguien podría afirmar que es precisamente la corrupción la que hace que nuestras instituciones no sean eficientes pero aquí es en donde el profesor de Harvard hace una distinción que considero es la más importante de su artículo. La corrupción es un mal, sin lugar a dudas, pero atacar este mal es muy diferente a crear el bien, entendiendo el bien como políticas públicas efectivas. La ausencia de corrupción en las instituciones de un país no asegura que éstas cumplan con el trabajo para el cual fueron creadas.

Por ejemplo: podríamos lograr que los policías dejaran de aceptar sobornos o reducir el ausentismo de maestros en las escuelas públicas pero eso no daría mejores capacidades de investigación a los policías para combatir el crimen o mejoraría necesariamente la calidad de la educación. Que una institución sea transparente en el manejo de sus fondos y activos no necesariamente la hace eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Se necesitan instituciones transparentes pero también eficientes.

Otro asunto que se debe cuidar al momento de tratar el tema de la corrupción son las reformas legales, el supuesto es que, a diferencia de la vieja legislación, la nueva sí será acatada. Bajo esta premisa se crean una serie de reglas y regulaciones complicadas, que generan nuevos procesos para las instituciones. Estas reformas podrían reducir los niveles de corrupción en la institución pero también podrían complicar su funcionamiento a tal punto que no le sea posible cumplir con sus objetivos. Se gana control pero se pierde efectividad.

“La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público”

Según Hausmann, lo que la fijación por enfocar todos los esfuerzos en una agenda anti corrupción termina creando, en el mejor de los casos, son organizaciones que tienen una obsesión por cumplir con todas las regulaciones impuestas pero que difícilmente servirán para resolver la problemática social. La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público pero la realidad es que puede convertirse en una verdadera pesadilla para la administración pública al crear un efecto contrario, promoviendo que las personas utilicen otro tipo de corrupción para agilizar los procesos.

Si aplicamos esta tesis a la creciente crisis que atraviesa el sistema político guatemalteco, principalmente causada por la corrupción, podremos ver que la mayoría de soluciones que se han planteado vienen desde la perspectiva de nuevas y supuestamente mejores legislaciones. De ser aprobadas dichas legislaciones, serían el resultado de la tregua entre el sistema político y organizaciones de la sociedad civil que se han dado a la tarea de proponer y exigir los cambios.

Seguramente estas necesarias reformas legales tendrán algunos efectos positivos pero aplicando la tesis de Hausmann, debiéramos moderar un poco las expectativas que podamos tener sobre las mismas y saber que son solamente un primer paso. El siguiente paso es construir instituciones funcionales, dos luchas distintas con el mismo nivel de importancia.

El movimiento ciudadano y la presión sobre el sistema político no deben morir cuando se logren estas reformas específicas sino dirigirse a otros espacios y a reforzar otras instituciones, el éxito no será lograr que estás instituciones tengan una importante cantidad de reglas nuevas sino que los procesos de la administración pública sean cada vez más sencillos y claros, por lo tanto más transparentes.

Lograr un nivel de desarrollo aceptable pasa primero por construir un sistema de justicia independiente que nos ayude a asegurarnos que se cumplan las reglas; un servicio civil profesional y separado del sistema político que sirva como contrapeso a los caprichos del político y ayude a consolidar las políticas públicas de largo plazo; y una estrategia de desarrollo económico que ayude a generar el empleo masivo que necesitan los guatemaltecos para subsanar su situación de pobreza. Lo que necesita el país son líderes que reconozcan la importancia de estos temas y se preparen para ponerlos en marcha desde las entrañas del sistema político.