En el programa de esta semana analizamos las causas y consecuencias de la corrupción en América Latina y examinamos como distintos grupos políticos han utilizado el poder para legislar, reformar instituciones y favorecer la impunidad.
Dionisio Gutiérrez abrió sosteniendo que la corrupción "es más que robar dinero público; es deformar la relación entre el ciudadano y el Estado hasta que ambos dejan de reconocerse". Distinguió entre el corrupto que "roba recursos" y el corruptor que "compra decisiones": "uno vende la autoridad que le fue confiada y el otro adquiere privilegios que nunca debieron estar en venta. Entre ambos convierten la república en mercado negro". Advirtió que el daño no es abstracto sino concreto: "cada contrato amañado es una escuela que no se construye, una medicina que no llega, una carretera que se deteriora, una patrulla que no aparece, una familia que queda abandonada".
Gutiérrez explicó que cuando los gobiernos "están tripulados por corruptos", las prioridades públicas cambian de dueño: "la salud deja de importar porque no genera comisión. La educación se abandona porque sus resultados tardan demasiado. La infraestructura se encarece porque hay demasiadas manos cobrando. La seguridad se debilita porque combatir al crimen exige enfrentar a socios incómodos". El resultado, dijo, es que "el Estado deja de servir a la sociedad y empieza a servirse de ella". Sostuvo que el costo mayor es la confianza: "la corrupción destruye confianza. Y sin confianza, no hay nación", y que cuando el ciudadano deja de creer en políticos, justicia e instituciones, "aparece la peor de las desgracias colectivas: el 'sálvese quien pueda'. Ahí comienza la muerte moral de una sociedad".
Añadió que la corrupción "también expulsa talento, inversión y esperanza" —"los mejores se cansan, los jóvenes emigran, los empresarios honestos compiten en desventaja y los criminales descubren que el poder puede comprarse"— y que, sostenida en el tiempo, "deja de ser una enfermedad del sistema y se convierte en el sistema mismo". Por eso, insistió, "el corruptor merece tanta condena como el corrupto": "quien compra un ministro, un juez, un diputado o un alcalde no es un tipo hábil. Es cómplice del saqueo". Cerró afirmando que la lucha contra la corrupción "exige instituciones independientes, justicia eficaz, transparencia y ciudadanos presentes", y que merece "una sanción moral proporcional al daño", pues quien destruye así la confianza de una nación "comete algo parecido al asesinato de su alma".
En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo de un centro de pensamiento colombiano, sobre las diferencias entre la corrupción tradicional de derecha y el proyecto de captura estatal de la izquierda populista en la región.
Chacón situó el problema en el tamaño y las atribuciones del Estado: "la corrupción es el resultado de ese poder que le dan al Estado, porque con esas políticas que ellos promueven, todas muy centradas en que el Estado administre todo, que desconfía de lo privado, que no quiere que los ciudadanos participen en la provisión de bienes y servicios, hace que los políticos y los funcionarios que hacen parte de estos entramados de poder administren los recursos públicos y al hacerlo pues crean todos los incentivos". A su juicio, "la corrupción es un problema de incentivos y entre más grande es el tamaño del Estado, más incentivos hay para que se generen entornos para la corrupción". La conversación giró también sobre por qué los gobiernos corruptos de derecha terminan siendo la mejor propaganda para el populismo autoritario, en qué momento un proyecto que captura justicia, prensa y elecciones deja al ciudadano sin país, y qué distingue —o iguala— al funcionario que vende una decisión del crimen organizado que la compra. Gutiérrez cerró señalando que "la corrupción no roba solamente dinero; roba instituciones, confianza, oportunidades y libertad", y que la nueva ola de gobiernos de derecha en la región podría ser "la última oportunidad".
En la tercera parte del programa, Gutiérrez conversó con Jaime Chávez Alor, abogado mexicano y coordinador de las iniciativas anticorrupción e independencia judicial del Vance Center en América Latina, sobre la frontera entre la corrupción y la captura del Estado en México.
Chávez fue categórico sobre el sistema judicial mexicano: "definitivamente la justicia en México está capturada, se cambió una justicia que estaba basada en los méritos profesionales de personas para querer ser jueces y magistrados a un sistema completo de politización". Y sentenció sobre el balance a un año de la reforma: "a un año de que se cambió el sistema, ha quedado claro que el sistema de elección popular de jueces no está funcionando". La entrevista abordó por qué elegir jueces por voto popular convierte a la justicia en una herramienta populista, por qué la región legisla contra la corrupción con facilidad, pero la aplica con enorme dificultad, y por qué Chile logra sancionar a los corruptos donde el resto de América Latina fracasa. Gutiérrez cerró con una idea que resumió el programa: "la verdadera prueba contra la corrupción no es cuántas leyes aprueba un país, sino si la justicia puede alcanzar al corrupto"; "una república se salva cuando quien gobierna está obligado a responder ante la justicia".
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