Cuatro meses perdidos, la receta para el desastre

Cuatro meses perdidos, la receta para el desastre
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Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
30 Jul 2020

Durante cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis ¿Qué hizo el gobierno con esto?

 

 

Guatemala registró oficialmente el primer caso de Coronavirus el 13 de marzo de 2020 y las medidas de contención para la pandemia entraron en vigencia el 17 de marzo. Desde ese día hasta el 27 de julio, el país implementó, las medidas de restricción más severas del continente, junto con Honduras y Argentina, según el Government Response Stringency Index realizado por la Universidad de Oxford. Al menos en papel…

Durante esos cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis.

¿Qué hizo el gobierno con esto?

Es cierto que no se puede atribuir toda la crisis al presidente Giammattei y sus funcionarios, pues es iluso pedir milagros a una institucionalidad que por años ha sido desmantelada por la mafia.

Pero ante la inminente crisis multisistémica que viene con una pandemia, había ciertas tareas indispensables y posibles en las que el gobierno debía haber volcado todos sus esfuerzos; pero no lo hizo, o no lo hizo con la eficiencia necesaria. Y allí radica la gran falta de responsabilidad de este gobierno.

Un ejemplo de esto, son los vergonzosos porcentajes de ejecución de los tres Decretos aprobados por el Congreso para atención a la pandemia. El Decreto 12-2020 tiene un porcentaje de ejecución de apenas 17%, el del Decreto 13-2020 de 39% y el del Decreto 20-2020 es de un mísero 8%.

Desglosando los rubros de los programas específicos de cada Decreto, la falta de ejecución en temas relacionados a los servicios de salud es preocupante.

En el Decreto 20-2020, el rubro de infraestructura en salud presenta un 0% de ejecución, en el rubro de adquisición de ventiladores, pruebas y equipo de protección personal la ejecución es de apenas un 4%. Esto probablemente explica los problemas que se han ventilado en los medios sobre falta de insumos y de falta de pago de salarios al personal de salud en hospitales temporales. En el Decreto 12-2020, el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud presenta una ejecución de apenas 16%.

Por otra parte, en el Decreto 13-2020, el bono familia y el fondo de protección al empleo, programas clave para paliar temporalmente la crisis económica, tienen una ejecución de 33% y 40%; mientras que en el Decreto 20-2020, el proyecto para la reactivación económica tiene una ejecución del 0%. Esto cuando estamos a las puertas de la oficial e inminente reactivación de la actividad económica.

Por su parte, los hospitales temporales para COVID-19 en el Parque de la Industria, Villa Nueva, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y Escuintla han ejecutado un 15.41% del presupuesto que tiene asignado.

El Ministerio de Salud, ente clave para la gestión de la crisis sanitaria, apenas ha ejecutado un 11.85% del presupuesto que le fue asignado para el 2020; esto cuando estamos a punto de terminar el séptimo mes del año y en medio de las constantes quejas del personal de salud por falta de insumos y sobrecarga de trabajo.

La falta de ejecución presupuestaria, a estas alturas del año y de la pandemia, es una muestra de la mediocridad y la burocracia formada por años; pero también una muestra de la mediocridad de este gobierno, que, entre otras cosas, mantuvo en el cargo muchísimo más tiempo del que debía, a un ministro de salud que claramente no tenía las calificaciones para ocupar el puesto. También es una muestra terrible de arrogancia de parte de un gobierno que fue incapaz de asesorarse adecuadamente para lograr ejecutar los fondos que tenían disponibles.

Esta semana el presidente Giammattei anunció un enredado proceso de reactivación económica, mientras goza de muy poca popularidad y credibilidad; de hecho, se encuentra en el décimo sexto lugar de 19 mandatarios de América medidos por la firma Mitofsky, con una caída de 26 puntos respecto de la última medición.

Muy por arriba del presidente Giammattei se encuentran Nayib Bukele de El Salvador en el primer lugar, Martín Vizcarra de Perú en el segundo lugar, Alberto Fernández de Argentina en el cuarto lugar y Juan Orlando Hernández de Honduras en el sexto lugar; todos presidentes seriamente cuestionados de países que han tomado medidas de cierre similares en severidad a las de Guatemala y con resultados sobre el manejo de la pandemia igual de negativos.

Difícil explicar en este momento por qué el presidente Giammattei es mucho más impopular que sus pares, en países que enfrentan similares a la de Guatemala durante la pandemia. Especulando un poco, es probable que los múltiples errores en la estrategia de comunicación del gobierno, la poca firmeza que transmitió cuando hablaba de implementar las medidas de contención y la percepción generada de ser errático en sus decisiones, han afectado la imagen del Presidente. Esto a tan solo seis meses de haber iniciado su período presidencial.

Cualquiera pensaría, con algo de razón, que es atrevido criticar desde la comodidad de un artículo de opinión, a un gobierno que atraviesa una pandemia; sin embargo, viendo la obvia inoperancia y la experiencia de otros países, no es tan difícil considerar que ni siquiera las pocas cosas que un gobierno puede hacer para atender una pandemia se hicieron.

El primer caso de Coronavirus en Estados Unidos fue detectado en Seattle el 15 de enero y para América Latina, el primer caso fue detectado en Brasil el 26 de febrero. Guatemala tuvo al menos un mes antes de su primer caso y luego cuatro meses de paralización del país para ponerse en alerta y comenzar a preparar el terreno para intentar gestionar de mejor manera la crisis. Detener una pandemia es muy difícil (imposible dirían algunos) pero navegarla con dignidad era lo correcto.

Como mínimo, era necesario comprar suficientes pruebas en el complicado mercado internacional, instalar un sistema eficiente de testeo para detección y seguimiento de los casos, implementar un sistema eficiente de procesamiento de datos, equipar oportuna y adecuadamente los hospitales temporales y servicios de salud prexistentes, comprar equipo e insumos para el personal de salud y para los hospitales, contratar personal de salud específicamente para la pandemia e implementar una campaña masiva de información para que la gente aprendiera a cuidarse.

La experiencia de Guatemala y de América Latina con el Coronavirus, nos demostrará nuevamente que el tercer mundo no se llama así solo por la falta de desarrollo económico, sino también por la falta de desarrollo institucional.

Perdimos miserablemente cuatro meses de supuesto encierro, un tiempo en el que debimos prepararnos física y mentalmente para lo que se viene. Hoy, el encierro es insostenible y nos enfrentamos más desamparados que nunca a un proceso de apertura gradual de la economía, de aumento de los contagios y probablemente de las muertes.

¡Sálvese quien pueda!