El 13 de octubre de 2019 debió instalarse la magistratura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2019-2024 al igual que los magistrados de Sala de Corte de Apelaciones (CdeA) para el mismo periodo. Pero varias irregularidades dentro del caduco proceso de selección de magistrados hicieron que eso no fuera posible y cumplimos este miércoles dos años sin relevo en las altas cortes.

En primer lugar, en mayo de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Eleonora Muralles quien cuestionó la convocatoria que hiciera el Congreso a las comisiones de postulación en febrero de 2019. Finalmente, el Congreso las convocó en junio de 2019 mediante acuerdo legislativo 8-2019.

Ya instaladas las comisiones de postulación, el magistrado de CdeA, la CC otorgó un amparo provisional al magistrado Noé Ventura y a la Fundación Myrna Mack. Al primero porque hubo vicios en la forma de elegir a los representantes de magistrados de CdeA que integrarían las comisiones de postulación y a la segunda porque los magistrados pertenecientes a la carrera judicial no habían sido evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial.

Lo primero se subsanó con facilidad, pero lo segundo motivó que quedara en suspenso el trabajo de las comisiones de postulación. Finalmente, en diciembre de 2019, la CC resolvió en sentencia dar un plazo fatal al Consejo de la Carrera Judicial para evaluar a los jueces y magistrados de carrera interesados en optar a cargos de magistrados de CdeA o CSJ.

Para febrero de 2020, cuando las comisiones de postulación terminaban de votar para integrar la lista de aspirantes que enviarían al Congreso, el Ministerio Público (MP), por conducto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentaban evidencia de que hubo reuniones entre diputados, algunos miembros de la comisión de postulación y aspirantes a ocupar las magistraturas con el procesado por varios casos de corrupción, Gustavo Alejos.

El caso dio lugar a que el propio MP interpusiera un amparo más dentro de este proceso. La CC inicialmente otorgó un amparo provisional al MP que dejó en suspenso el proceso. El 6 de mayo de 2020, la CC dictó sentencia y resolvió dar un plazo al Ministerio Público para emitir un informe al Congreso sobre la investigación.

Por otra parte, esa misma sentencia “obliga” al Congreso a que, con base a dicho informe, elija “de viva” voz a los magistrados de CdeA y CSJ y excluya a los aspirantes que no reúnan los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad que marca el artículo 113 constitucional.

El Congreso ha hecho caso omiso de su deber. En estos 16 meses apenas votaron por 1 de los 270 aspirantes a Corte de Apelaciones y por ninguno de CSJ. Han decidido deliberadamente no elegir cortes. Esto le hace un daño enorme a la justicia guatemalteca y a la certeza jurídica sea por malicia o incompetencia de varios legisladores.

Por una parte, cualquier persona que piense invertir un dólar en Guatemala lo pensará dos veces al ver que el Congreso decide no elegir cortes. Segundo, porque la calidad de la justicia sufre: sobre la CSJ recaen también funciones administrativas. Al no haber un relevo en la CSJ, no existen condiciones adecuadas para que una presidencia que pueda planificar la gestión del poder judicial y por tanto el servicio que reciben los guatemaltecos es deficiente.