El cambio es por necesidad; ya ni siquiera por convicción

En 2015, CICIG encaminó un esfuerzo por cuantificar los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. El Informe sobre el Financiamiento de la Política concluyó que el 50% de los recursos que ingresan a las campañas proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte restante proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Lamentablemente, no contamos con estudios o aproximaciones similares para años anteriores para hacer un análisis comparado. Pero sin duda, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido aumentando. Ello, en detrimento de los intereses de los capitales tradicionales.

Si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos. La forma de evaluarlo es sencilla, simplemente evaluemos a quién responde el sistema.

El sistema de corrupción se nutre gracias a las asignaciones presupuestarias para los bolsones de corrupción, de la mano con la continuidad de un disfuncional sistema de compras y contrataciones públicas. De esa manera, la construcción de infraestructura, la proveeduría de salud pública o el sistema de consejos de desarrollo han sido las grandes joyas de la corona. Año con año, los presupuestos se incrementan, pero la eficiencia institucional, no. Las reformas a la Ley de Contrataciones se quedan en proyectos engavetados en el Congreso; los esfuerzos por transparentar la elaboración de las bases de contratación también caen en saco roto. Por el contrario, las asignaciones a dedo, los favoritismos en las licitaciones o los recursos wizachescos para favorecer a unos en detrimento de otros, están a flor de piel.

De esa forma, el sistema favorece a los Gustavo Alejos que saquean la salud pública; o a los Guillermo Samayoa que hacen fiesta de la construcción de obra gris; o a cientos de beneficiarios del sistema. El episodio de la golpeada aprobación del Presupuesto 2021, los innumerables ejemplos de negocios públicos asignados al financista de campaña o a los amigos de la rosca son el reflejo fiel de cómo el sistema responde a sus patrocinadores y nutre las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento electoral.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. Porque el sistema simplemente ya no responde sus intereses.

Esta es la historia que el capital tradicional debe empezar a ver. En su visita reciente, el enviado especial para el triángulo norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, insistió en la necesidad que el sector privado asuma su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en encaminar el rescate institucional del país. Como bien dijo Hegel en el siglo XIX, si no es por convicción, quizá ha llegado el momento de entender que la persistencia de este sistema ya es una amenaza a sus propios intereses. Alinearse con el espíritu del cambio es ya cuestión de supervivencia.