Se debe resolver la situación legal de los magistrados

Desde 1985, cuando tuvimos las primeras elecciones libres y limpias en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral ha jugado un papel fundamental en la democracia de nuestro país.

El TSE tiene más de 40 años y desde entonces ha organizado diez elecciones generales y tres consultas populares. Todos estos procesos se realizaron con una alta participación de los guatemaltecos y la presencia de observadores nacionales e internacionales. Todos han sido procesos transparentes y totalmente confiables.

Lamentablemente, en los dos últimos procesos electorales, una minoría vociferante ha tratado de manchar la institucionalidad del TSE, aduciendo un supuesto fraude electoral.

Tristemente el Ministerio Público fue el instrumento para atacar las elecciones generales de 2023. En un hecho infame e inédito en la historia de nuestro país, se llevaron las cajas con las actas electorales para “comprobar” el supuesto fraude.

Más de un año y medio transcurrió desde entonces, pero no se ha presentado una sola prueba del supuesto fraude.

No contentos, emprendieron acciones legales contra los magistrados del TSE por no haberse prestado a la falsa narrativa del fraude.

Los magistrados titulares fueron despojados de su derecho de antejuicio y se les ha impedido continuar en el cargo, por una orden judicial.

Los magistrados enfrentan cargos por la supuesta sobrevaloración en la compra del software que sirve para transmitir los resultados electorales de forma preliminar. Cómo lo he dicho en otras ocasiones en este espacio, las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un juicio justo.

Los procesos judiciales contra los magistrados deben acelerarse, con todas las garantías del debido proceso. Eso permitirá desentrampar el limbo legal del TSE, ya sea que resulten culpables o inocentes.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 13 de marzo de 2025.