Una muestra muy poética que, aunque los valores y las lealtades cambian, los medios siguen siendo los mismos.

El 3 de septiembre de 2015, Guatemala despertó con la noticia de la renuncia del Presidente, Otto Pérez Molina, quien para las 17:00 horas de ese día, sería enviado a Mariscal Zavala. Por cierto, existen menos de diez casos documentados de dignatarios que pasaron del palacio a la prisión en menos de 24 horas.

La caída del Patriota marcaba el culmen de un proceso de varios meses de casos judiciales, que uno a uno, desnudaron al sistema. La Línea mostró que a cambio de un soborno se puede reducir el pago de tributos. El bufete de la impunidad evidenció cómo defensores, intermediarios y jueces acuerdan resoluciones judiciales; los casos IGSS evidenciaron que la proveeduría de la salud tiene como lubricante el soborno; el caso Patrullas hizo pensar que -como sucede en países civilizados- de investigaciones periodísticas puedan surgir casos penales. En tanto, Guatemala se convirtió en referente global por las semanas consecutivas de protestas contra la corrupción, particularmente, la manifestación de centenares de miles de personas el 27 de agosto, evento que la patronal consideró hasta medio día como “una movilización de izquierda”.

El resultado de todo ello hacía pensar en un renacer. Las investigaciones judiciales y el zeitgest imperante hicieron implosionar la candidatura de Baldizón. Por efecto dominó y anti-voto, lo mismo ocurrió con Sandra. En elecciones locales, clientelas como los Paniagua en Xela, Pérez-Leal en Mixco o los Vivar en Antigua sucumbían ante opciones que parecían representar versiones de la anti-política o de lo outsider.

En la legislatura, hasta los diputados del PP y Líder (mayoritarios en 2015 y 2016) se montaban en la ola y aprobaban reformas a la Ley Electoral, a la Ley de la SAT, del MP, de la Carrera Judicial y Contrataciones. Cual condicionamiento de Pavlov -o más bien Little Albert- aprendimos que, ante los fantasmas de las navidades pasadas, hasta el Congreso con la tasa más alta de procesados per cápita se vuelve reformista.

Y la elite, mal que bien, hacía lo suyo. Cual Grecia en la Eurocopa de 2004, se sentía victoriosa aunque ni entendía cómo había llegado a la final. Apoyaba las reformas, organizaba encuentros lúdicos para celebrar la ofensiva anti-corrupción, reconocía a los jóvenes protagonistas de las jornadas de agosto que para entonces ya no eran de izquierda, reconocía a fiscales y jueces, etc. Era tal compromiso por mantener la legitimidad discursiva, que en marzo 2016 estuvieron dispuestos -quizá por última vez- a sacarle tarjeta amarilla al Presidente, cuando este insinuó que vetaría las reformas electorales del Decreto 26-2016. Es más, en una muestra muy poética que, aunque los valores y las lealtades cambian, los medios siguen siendo los mismos, en septiembre 2016, John Maxwell reconocía la labor de Thelma Aldana y le promovía incluso como Premio Nóbel.

Hasta entonces, el Macarthismo a la tortrix no se asomaba. No había tales de “persecuciones selectivas”, ni “captura de la judicatura por agentes del globalismo”, ni “golpes a la institucionalidad”, ni injerencia extranjera. Ni siquiera cuando una representación corporativista se vio involucrada en un caso judicial o cuando una empresa significativa apareció como sujeto central en “Impunidad y Defraudación”, los fantasmas de la ideología aún brillaban por su ausencia. Por el contrario, la frase “que cada quien pague los elotes que se comió” -reseñada en la entrega III de esta serie- parecía constituir la norma a aplicar en casos complejos. Los eruditos tampoco habían reencontrado los textos de Jean Bodino y su amor por la soberanía, dado que no molestaba cuando legaciones internacionales aparecían públicamente respaldando a funcionarios -desde políticos hasta judiciales-. Eran otros tiempos. Eran otros intereses.

Hasta que llegó el 2 de junio de 2016. Una pequeña tangente del caso Cooptación del Estado desató los miedos y liberó los fantasmas de las navidades pasadas: realizar donaciones electorales con dinero legítimo, pero sin cumplir con los requisitos vigentes desde 2004 y tipificados desde 2010, podía ser constitutivo de delito y por ende, podía ser procesado penalmante. Ese día, todo cambió. Continuará….