Las recetas de Carrera judicial, ampliar plazos de magistrados y elecciones escalonadas parecen contar con consensos amplios
Los últimos tres procesos de elecciones de altas cortes del país han dejado en claro que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. Si bien durante años ha existido un consenso entre diversos actores relevantes del país sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia, el analizar los pequeños detalles de un eventual texto de reforma, ahí se rompen los acuerdos y consensos.
Por ello, vale la pena reseñar algunos principios en los que -pareciera- existe cierto grado de consenso y que puede servir de base para una discusión más profunda sobre la agenda de reforma judicial.
Apostar por el sistema de carrera judicial. Guatemala es de los pocos países a nivel mundial en que los jueces de segunda instancia (magistraturas de apelaciones) son electos mediante un proceso político (comisiones de postulación + elección en Congreso). Solventar esta situación requiere de un modelo en el que se incorpore a dichos magistrados al sistema de carrera. Si bien se podría permitir que un porcentaje de abogados que han ejercido la práctica liberal de la profesión puedan optar a dichos cargos, en la práctica, lo ideal es que una mayoría de jueces de apelaciones provengan de la misma judicatura.
Establecer un sistema mixto para elección de Corte Suprema de Justicia: Aquí quizá el consenso es menor. Lo único en que todos estamos de acuerdo es que el sistema de Comisiones de Postulación llegó a su límite. Por ello, el debate en la última década ha girado entorno a 1) establecer un nuevo modelo ‘político’ de elección de CSJ; 2) ampliar la carrera judicial para incorporar a la Corte Suprema a dicho sistema; o 3) establecer un modelo híbrido en el que un porcentaje de magistrados de CSJ sean de carrera y otro sean designados mediante un proceso de elección (recetas sobran). Quizá el modelo que menor rechazo genera es el tercero, ya que permitiría ampliar la carrera judicial al tiempo en que se permite una ‘oxigenación’ de la alta judicatura mediante un proceso de elección.
Dejar de elegir a los magistrados “en bloque”. Los magistrados de las altas cortes guatemaltecas (Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones) se eligen en un único proceso simultáneo. Esta receta genera el riesgo de que una fuerza política o una alianza de intereses pueda cooptar una corte en un momento dado. Para muestra, la elección 2014 de la CSJ fue producto de un acuerdo entre el Patriota y Líder. Esto se resuelve mediante un sistema “escalonado” de designación de magistrados, que permita renovaciones parciales de las altas cortes sin que una fuerza política pueda capturar la totalidad de los magistrados. Esto también contribuye a mantener unidad y cohesión jurisprudencial en el tiempo, y evitar cambios marcados en la línea interpretativa de las altas cortes.
Ampliar los períodos de los magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Actualmente el período de ambas cortes es de 5 años; lo que naturalmente genera el incentivo perverso para que cada quinquenio los altos magistrados deban “jugar a la política” para mantener su cargo. Esta situación es todavía más compleja al analizar el efecto sobre las magistraturas de apelaciones. Resolver esta situación requiere de una ampliación del período de los magistrados; aunado siempre con un fortalecimiento del sistema de evaluación permanente y del régimen sancionatorio.
Todo lo anterior, requiere necesariamente de una reforma constitucional. Hablar de abrir la puerta para modificar la Constitución poner nerviosos a muchos. Con justa razón. Sobran los casos en América Latina en que la medicina salió más cara que la enfermedad. Por ello, todo esfuerzo de reforma constitucional debe circunscribirse a temas y artículos en específico, con un acuerdo de madurez política de no querer aprovechar la oportunidad para modificar “otros” temas constitucionales.
