El presidente Jimmy Morales no ha dado un golpe de Estado y está claro que no pretende perpetuarse en el poder. Sin embargo, su desesperada lucha contra la Cicig parece haber sacado a relucir una vena autoritaria en el gobernante y sus asesores; llevándolos a tomar decisiones que los hacen compararse con los más famosos autócratas centro y sudamericanos de este siglo.

Las últimas argucias de Morales y su gente en contra de la comisión se han movido en el borde de la ilegalidad y en el aire circulan amenazas de potenciales abusos, aún más graves. Por eso es útil hacer un pequeño ejercicio comparativo; con los tres ejemplos descritos a continuación, el Presidente y su gente podrían verse en el espejo de esos regímenes autoritarios que con tanto empeño parecen querer emular.  

1.     Uno de los primeros pasos de Morales en esta crisis, fue intentar expulsar a Iván Velásquez del país y negar las visas de trabajo a los investigadores extranjeros de la Comisión, violando el acuerdo de la Cicig con Naciones Unidas y aduciendo injerencia extranjera y abusos de parte del personal de la Comisión.

Algo similar hizo Hugo Chávez en 2008 con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quién fue expulsado de Venezuela después de publicar un informe crítico sobre la situación de las libertades durante diez años de mandato del dictador venezolano. La excusa fue también la injerencia extranjera. 

Daniel Ortega actuó de forma parecida en 2018, expulsando de Nicaragua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independendientes (GIEI), que depende de la CIDH, debido a un investigación presentada en donde se aseguraba que la dictadura había cometido crímenes de lesa humanidad, su justificación fue que los extranjeros habían actuado de manera injerencista e intervencionista.  

2.     Como era de esperarse, las decisiones de Jimmy Morales han sido rechazadas por la Corte de Constitucionalidad, por lo que su siguiente paso fue promover que la PGN tramitara una solicitud de antejuicio en contra de tres magistrados de dicha corte ante la Corte Suprema de Justicia.

En 2005, Evo Morales instruyó a los abogados del Ejecutivo para que promovieran un juicio de responsabilidad en contra de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, según el boliviano, no imponían las penas que él consideraba adecuadas. 

A Rafael Correa también se le acusó de ejercer presiones sobre el Consejo de la Judicatura para remover a jueces que no fallaban en su favor. Para 2017, este Consejo había logrado la destitución de más de 40 jueces bajo el pretexto de “errores inexcusables”. 

Tanto Evo Morales como Rafael Correa, optaron finalmente por tomar control de las cortes de sus países, evitando así cualquier resolución contraria a sus regímenes. 

3.     El último paso de Jimmy Morales fue particularmente polémico pues intentó derogar el Acuerdo de Cicig, un Decreto Legislativo (35-2007), con un Acuerdo Gubernativo (2-2019), limitando la autoridad del Congreso de la República y el principio de separación de poderes.

Esta estrategia también fue utilizada por el dictador venezolano Hugo Chávez; a quien en varias ocasiones se le acusó de gobernar a punta de decretos. De hecho, el 1 de agosto de 2008, lanzó sorpresivamente 26 decretos ley, esto lo logró con la venia de la Asamblea Nacional y no era la primera vez que le concedían estos “permisos especiales”.

Daniel Ortega también ha firmado muchos decretos ley, usurpando facultades de la Asamblea Nacional, con el objetivo de aprobar legislación que le permita controlar a la policía o autorizar la llegada de buques de guerra rusos, por nombrar dos casos.

Además de los tres ejemplos descritos, el gobierno de Jimmy Morales también ha utilizado tácticas intimidatorias dignas de cualquier autócrata como: amenazar con desobedecer órdenes judiciales que él considera ilegales, rodear la sede de la Cicig y de la Embajada de los Estados Unidos con vehículos militares, utilizar a la seguridad presidencial para intimidar periodistas y amedrentar a activistas o circular rumores sobre supuestas capturas a determinadas personas.

Estos ataques a la institucionalidad y abusos del poder sobrepasan el tema del conflicto con la Cicig y ponen en grave peligro a la debilitada democracia guatemalteca. No importa cuál sea el objetivo, no existe justificación alguna para este tipo de comportamiento de parte de las más altas autoridades del Estado.

Los ciudadanos responsables debemos exigir a Jimmy Morales y a quienes le apoyan en sus abusos, que se respeten las libertades fundamentales, la institucionalidad y el Estado de Derecho.