Son armas arbitrarias y discrecionales y se han convertido en el principal obstáculo a vencer para la celebración de elecciones auténticas y democráticas. 

En Venezuela, las inhabilitaciones se han empleado como método sistemático de persecución contra los líderes de la oposición, por lo menos desde 2002. En estos 24 años, el régimen chavista ha usado instituciones como la Contraloría General de la República, entre otras, para imponer inhabilitaciones a candidatos incómodos y asegurarse un escenario electoral siempre favorable que les permita retener el poder indefinidamente.

Es fundamental entender que las inhabilitaciones políticas no pueden ser impuestas a través de decisiones administrativas y menos sin sentencia firme de un tribunal. Organismos administrativos como la Contraloría General no tienen la autoridad para violar derechos políticos, como tampoco la tiene usar la persecución penal como arma política para impedir candidaturas. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental, y cualquier limitación al mismo debe basarse en condenas de tribunales competentes, siguiendo el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos como López Mendoza Vs. Venezuela y Petro Urrego Vs. Colombia, por citar algunos. 

Lamentablemente, la intensificación de la persecución a través de las inhabilitaciones políticas y judicializaciones parece una tendencia que se propaga en la región latinoamericana.

Cada vez son más frecuentes los ataques sistemáticos contra actores políticos y organizaciones en coyunturas electorales en esta parte del continente: 

• La reciente inhabilitación de María Corina Machado, candidata delantera de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por la Contraloría General de la República, en la que argumentan: “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía”. Además, de vincularla con una supuesta trama de corrupción entre 2019 y 2023.
• El acoso contra el Movimiento Semilla, partido ganador en la primera vuelta electoral en Guatemala, que, por una investigación de una fiscalía especial por un caso de firmas falsificadas, un juez ordenó la suspensión de su personalidad jurídica, lo cual de acuerdo a la ley electoral de ese país, le impediría al candidato Bernardo Arévalo medirse en la segunda vuelta este 20 de agosto. A pesar de que tanto el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad han permitido que el proceso electoral continúe como lo dicta el mandato constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, la persecución penal al partido persiste y hay todo tipo de incertidumbre alrededor de la realización de los comicios.
• La intervención judicial por parte del Ministerio de Justicia de Argentina a la organización que preside la precandidata presidencial Patricia Bullrich, por supuestamente haber "estructurado un sistema de ingresos y egresos" destinado a "financiar" acciones de "proselitismo político" a través de "seminarios, almuerzos y/o aportes". Todo esto, con el fin de eventualmente entorpecer e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. 

En una región que no se recupera totalmente de su caída económica de los últimos años, que sucumbe cada vez más en temas de desempeño institucional y seguridad, con aumento de la pobreza cuya brecha no se logra cerrar ni siquiera a tiempos de 2019, con problemas graves de migración y crimen organizado; las elecciones (con la excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela) eran la única garantía de que todavía había algún tipo de compromiso y afinidad con la democracia. Respetar al menos ese principio básico es vital para la estabilidad política de América Latina.