«Fraude electoral» en sentido amplio puede tener tiene varios significados.

El fraude el día de la elección se puede fraguar si el padrón electoral no es transparente, si los horarios de apertura de los centros de votación no se respetan, si no se permite a los votantes emitir su voto con libertad o si en el momento del conteo hacen amaños para alterar deliberadamente los resultados a favor de un candidato.

En estos días ciertos grupos han denunciado un «fraude electoral» en las elecciones del pasado 16 de junio. No queda clara cuál es la hipótesis de estos, pero aparentemente denuncian un fraude en el conteo de votos. Lo que motiva su molestia es la inconsistencia que mostraban los datos que ofrecía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su sitio web y los que reportan algunas actas.

Lo que se dio a conocer es que errores humanos en la digitación de datos y errores en la programación del software que registra los votos son los responsables de tremenda confusión. En algunos casos los digitadores cometieron errores en la tabulación de datos y en el caso de las alcaldías y diputaciones, el error se debió a la programación debido a que había más de 20 partidos y el diseño original no preveía esa situación.

No cabe duda que los errores son garrafales y el TSE tiene una cuota enorme de responsabilidad en estos errores atribuibles a una mala planificación. Tampoco cabe duda que el TSE tuvo una deficiente comunicación para informar a la población acerca de los errores cometidos. Felizmente, eso sí, el TSE anunció que a partir del lunes, 24 de junio, empezará un proceso de revisión acta por acta para asegurarse que los datos sean los correctos.

El hecho de que sea posible realizar un cotejo de las actas es muestra de que no podemos hablar de un fraude electoral. De haber sido fraudulento no habría posibilidad de fiscalizar el proceso de digitación. Ir más atrás no tiene sentido. Lo que figura en las actas es lo que consignaron los 9,850 guatemaltecos que integraron las juntas receptoras de votos en cada mesa de cada centro electoral, para hacer fraude habría que contar con su complicidad, algo virtualmente imposible. Además, estas juntas estuvieron vigiladas por los fiscales de los partidos y por observadores internacionales. De hecho, la misión de la OEA para la observación de las elecciones se pronunció tajantemente al afirmar que no hubo fraude.

Con esto no digo que las cosas sean color de rosa en nuestro país. Nadie duda que nuestro sistema político adolece de múltiples fallos. De hecho, el índice de democracia de la revista The Economist nos califica como un régimen híbrido entre una democracia y un régimen autoritario. De hecho, Guatemala tiene la quinta peor calificación de la región y superamos únicamente a Haití, también considerado régimen híbrido, y a Nicaragua, Venezuela y Cuba, los tres considerados regímenes autoritarios.

Pero una de las pocas cosas de las que podemos estar orgullosos los guatemaltecos es precisamente de la transparencia del evento electoral y su conteo. Es profundamente lamentable que el partido de gobierno, con su rotundo fracaso al obtener el peor resultado de un partido oficial en la era democrática, hable de fraude electoral. Tampoco que el MLP, que dio la sorpresa en las urnas gracias al voto antisistema, pero que demostró no tener demasiada afinidad de sus bases al lograr apenas un diputado y no ganar una sola alcaldía, se cuelgue del discurso del fraude para intentar revertir el resultado. No podemos tolerar que voces radicales griten fraude sin una sola evidencia sólida para demostrarlo.