Nuestro país vive una crisis institucional que se agudizó con la embestida que fraguaron entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso contra la Corte de Constitucionalidad (CC).

Como expliqué en otra oportunidad, todo comenzó con una denuncia de un aspirante a cortes de apelaciones que denunció a magistrados de la CC por la resolución dictada en el contexto de la manipulación en la elección de altas cortes que denunció el Ministerio Público (MP).

En los días sucesivos a la denuncia, toda la atención se centró en el llamado “autoamparo” que tramitó con rapidez la CC y que ordenó interrumpir el trámite del antejuicio en contra de los magistrados perseguidos. El Congreso desobedeció abiertamente al tribunal constitucional y esto podría subir de tono si en la próxima sesión plenaria deciden continuar con el trámite del antejuicio.

En medio de este enfrentamiento (pandemia aparte) se desvió la atención al tema fundamental: la elección de las altas cortes. La resolución de la CC que desató la tormenta antes descrita obliga a los diputados a elegir magistrados de las altas cortes y excluir a quienes tengan conflicto de interés a partir de un acucioso informe que presentó el MP.

El objetivo macro de las bancadas pro-impunidad y sus secuaces probablemente no sea descabezar a la CC en el corto plazo. Aunque la institucionalidad es su última prioridad, saben que no es fácil y el costo puede ser alto. Lo que sí tienen claro es que al mostrar músculo con la embestida que tomaron han sembrado temor y colocado en una posición de debilidad al tribunal constitucional en el tablero de ajedrez.

El apoyo a la CC ha venido de actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Excepto el Procurador de los Derechos Humanos y algunas bancadas de oposición que no rebasan las cuatro o cinco decenas de congresistas, el resto del poder político apoya acuerpa la cruzada pro-impunidad.

En esta rebelión de las mafias, debilitar al tribunal constitucional es crucial porque para conseguir sus oscuros fines deben desatender la sentencia que les obliga a excluir a los aspirantes a magistrados cuyo conflicto de interés los hace no elegibles.

En el desgaste, planean patear el balón hacia delante con miras a que en abril de 2021 los intereses oscuros conseguirán designar a una CC subordinada a sus intereses. Recuerde el lector que designan a los magistrados de la CC cinco actores: Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y USAC.

Y es en medio de esta crisis institucional, el presidente Giammattei pronunció unas desafortunadas palabras al desmarcarse del asunto y afirmar que estos son “líos judiciales”. El presidente debe recordar que el artículo 182 de la Constitución reconoce como función del presidente representar la unidad nacional y que la literal “a” del artículo 183 le obliga a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Falta a su deber al mirar para otro lado mientras algunas mafias del Congreso y sus secuaces pisotean el orden constitucional.

Pero además del obvio mandato legal, el presidente debe ejercer liderazgo porque no estamos frente a un “lío judicial”, sino ante el intento feroz de los grupos oscuros por consolidar la captura del Estado.

El mandatario debe preguntarse si quiere pasar a la historia como el presidente que permitió la cooptación del poder judicial o si tomará el liderazgo que le corresponde. Bien haría con retomar su promesa de emprender la urgente reforma judicial (única solución de fondo a la crisis que vivimos) y convocar a juristas notables para legitimar el proceso y procurar su difícil éxito en el hemiciclo.