El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo.

En los países avanzados, los partidos políticos tienen ideología, que luego es plasmada en los planes de gobierno que, a su vez, se convierten en el marco de referencia de sus acciones y el signo distintivo de su gestión, una vez alcanzan el poder. Y como resulta lógico, el presupuesto público es el instrumento para implementar el contenido de estos planes de gobierno. Dependiendo del signo ideológico, los planes de gobierno pueden estar centrados en crecimiento económico, infraestructura, renovación de la matriz energética, expansión de la política social, seguridad pública, etc. El punto es que se tiene un norte claramente definido y el presupuesto público se adapta en función de estos grandes objetivos.

En el caso de Guatemala, los partidos políticos se han vaciado de contenido con el paso de las décadas y eso se ha reflejado en los Presupuestos Públicos. Las diferentes instituciones del Estado han crecido de forma inercial, tanto en presupuesto, como en el número de trabajadores sin cuestionarnos la efectividad o la conveniencia de estas. Los distintos programas de gobierno no se evalúan con regularidad, por lo que los recursos de los contribuyentes se malgastan o bien se pierden en corrupción.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo. Simplemente se alimenta un Estado que a todas luces es anacrónico y es incapaz de brindar las condiciones para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, el presupuesto en Educación se encuentra alrededor de Q 20,600 millones para 2022, un incremento de casi Q 4,800 millones respecto de lo ejecutado en 2019, el último año que el Congreso aprobó un presupuesto nuevo. No sólo es un aumento en términos nominales, sino también relativo al tamaño de la economía, al pasar de representar 2.7% a 3% del PIB. La pregunta relevante es ¿Tendremos mayor cobertura y mejor calidad en la educación pública? La respuesta dolorosa es que no. La mayor parte de los incrementos al presupuesto de Educación en los últimos cinco años han servido para pagar los incrementos salariales negociados en Pactos Colectivos, mientras que el bienestar de los niños y de los jóvenes quedó relegado a un segundo plano.

Lo mismo puede cuestionarse de otros rubros del presupuesto, como las secretarias del ejecutivo, que de 2011 a 2020 se gastaron más de Q 13,000 millones. ¿Para que sirvió ese dinero? ¿Cuáles son los resultados tangibles? O que decir de los Consejos de Desarrollo, que se pensó como un mecanismo democratizador de planificar y ejecutar la obra pública, pero terminó siendo un mecanismo sumamente opaco y cuestionado. O peor aún, del dinero público que se les da a ONGs de una forma totalmente arbitraria y que deja espacio para favoritismos y pago de favores.

Es cierto que los presupuestos públicos deben guardar cierta inercia. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” de la noche a la mañana. Hay gastos operativos que se repiten cada año y que se incrementan inercialmente. También es cierto que, en el caso de Guatemala, existen enormes rigideces en el presupuesto que dejan muy poco espacio para políticas públicas “innovadoras”. Pero la percepción del guatemalteco común es que los recursos de los contribuyentes son malgastados y que existe un deterioro significativo en los servicios públicos. Por esa razón, es indispensable que, en algún momento, se cuestione a fondo cada uno de los rubros del presupuesto y que los guatemaltecos perciban que los fondos públicos se gastan de forma eficiente, transparente y alcanzado resultados tangibles. En ese sentido, el presupuesto aprobado para 2022 es una nueva oportunidad perdida.

Por último, es preocupante que no se haga un mayor esfuerzo por controlar el déficit fiscal. Es cierto que la pandemia ha representado desafíos extraordinarios, pero la mejora en las perspectivas de la recaudación fiscal debió aprovecharse para reducir el déficit y no para expandir el gasto público. El pago de intereses por la deuda pública sigue creciendo y, por tanto, debe regresarse cuanto antes a un déficit fiscal inferior al 2% del PIB para preservar nuestra estabilidad macroeconómica; que es uno de los mejores activos que tenemos y no debe ponerse en riesgo.

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