La clave del proceso de transformación está en la institucionalización del cambio.

Todo proceso de transformación política enfrenta un gran reto: la institucionalización de los cambios vía reformas legales, adopción de políticas públicas o cambios en patrones de conducta. Sin esa fase de institucionalización, los cambios políticos fácilmente pueden retrotraerse si las correlaciones de fuerza se tornan antagónicas.

En el caso del proceso de transformación política que vive Guatemala entre 2015 y 2018, se pueden resaltar ejemplos concretos de reformas institucionales derivadas precisamente de los aprendizajes judiciales.

Del caso La Línea y Aceros de Guatemala, que evidenciaron la decadencia y corrupción en la administración tributaria, se abrió la puerta para empujar una reforma a la SAT, que permitió fortalecer la independencia del ente recaudador respecto a los poderes políticos. El caso de Aceros también sentó la base para levantar el secreto bancario con fines fiscales, tema que durante años fue materia de molestia de parte de la OCDE. Si bien este último ha sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad, la base de la reforma legal fue aprobada gracias al contexto de cambio político.

El caso IGSS-Pisa y los señalamientos de colusión en licitaciones públicas abrió la puerta para la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, un tema que estuvo pendiente en la agenda legislativa durante varios años. Los casos de plazas fantasma en el Congreso generó las condiciones para realizar una pendiente reforma al régimen interior del Legislativo y a reformar la Ley de Servicio Civil del Congreso, con el objetivo de controlar y transparentar la contratación de personal dentro del Organismo Legislativo.

Del caso TCQ, se derivó una revisión de decenas de contratos de concesión y usufructo en los diferentes puertos y aeropuertos del país por parte de la Contraloría de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Por su parte, los casos de corrupción judicial, sembró la semilla sobre la necesidad de proceder con una reforma al Sector Justicia, que apueste por fortalecer la carrera judicial y reducir la influencia de la política en las cortes.

Y en términos generales, el ambiente de cambio 2015-2016 generó las condiciones para una primera ronda de reformas electorales, encaminadas a generar mayor transparencia del financiamiento electoral, además de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para asegurar mayor autonomía del Fiscal General frente al Organismo Ejecutivo.

Sin embargo, esta dinámica entra a un momento crítico. Hacer reformas por sí solas no garantiza la consolidación en el tiempo de los cambios. La clave es la institucionalización de esas transformaciones. Y eso requiere, primero, sobrevivir la contraofensiva reaccionaria que aspiraría a retrotraer los cambios realizados. Y en segundo término, de un proceso de interiorización de las reformas realizadas.

Sólo mediante la institucionalización de las reformas legales y las nuevas políticas públicas se puede aspirar a un cambio en los patrones de comportamiento social. Sin esa institucionalización, los avances alcanzados serán endebles y fáciles de revertir.