Towards a Guatemalan Moncloa

Towards a Guatemalan Moncloa
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Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
29 Sep 2021

Por enésima ocasión

 

Guatemala recién celebró su bicentenario. Y si bien a lo largo de la historia, los indicadores de desarrollo nunca han sido promisorios y la inestabilidad política ha estado a la orden del día, quizá nunca se había percibido tanto que el rumbo del país simplemente no es el correcto.

La compleja realidad nos hace vislumbrar una encrucijada severa: eventos como la designación de Fiscal General en mayo 2022, la postergada elección de cortes, o el proceso electoral 2023 podrían convertirse en puntos de quiebre. O se confirma y consolida la decadencia institucional y geopolítica del sistema, o se produce una implosión de este, ya sea por la vía de un estallido social o por la vía de la elección de un caudillo populista o anti-sistema.

Cualquiera de las dos rutas no pinta nada bien. La primera, porque implica adentrarnos en ese espiral de decadencia que conduce a escenarios como el Haití de los años 90 o la Nicaragua 2006-2021. La segunda, porque este tipo cambios políticos abruptos tienden a generar períodos de larga inestabilidad y violencia, o desembocar en nuevas formas de autocracias.

La única alternativa pareciera apelar -por enésima ocasión- a un intento de Pacto de Nación para evitar la debacle institucional. Y como esta receta ha sido propuesta, y subsecuentemente ha fracasado en varias ocasiones, la agenda estratégica no es nada nueva. Las postergadas reformas en materia electoral, sistema de justicia y funcionamiento del Estado son condiciones para detener la espiral de decadencia. Y para cada una de ellas, hay relativo consenso.

En materia electoral los ejes están claros: 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados; 2) mayor democratización del sistema partidos, reduciendo las barreras de ingreso y fortaleciendo los derechos de los afiliados; y 3) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de autonomía y herramientas para hacer efectiva su autoridad.

En materia judicial, la ruta también queda clara. 1) Promover mayor independencia de jueces y magistrados, aumentando el período de sus cargos y reformando el sistema de elección; 2) la renovación escalonada de autoridades judiciales, para mantener la unidad de jurisprudencia y evitar la cooptación en bloque de los órganos de justicia; 3) apostar por un sistema de Carrera Judicial, que fomente la meritocracia, la idoneidad de los funcionarios y la independencia judicial; 4) revisar y modernizar las normas procesales en materia de amparo, impugnaciones civiles y penales, para agilizar el trámite de los casos dentro del Organismo Judicial.

El tercer componente debe ser la refundación de la administración pública. En materia de servicio civil se requiere de modernizar los procesos de ingreso, contratación, evaluación, ascenso, sanciones y remuneración de los servidores públicos. Se debe desarrollar el escalafón de la “Gerencia Pública” bajo su propio esquema de incentivos. A nivel de contrataciones, debe actualizarse la normativa para balancear la transparencia con la búsqueda de eficiencia. Se deben reconocer otras modalidades de contrataciones (como la subasta inversa); se deben vincular los sistemas de inversión pública y fortalecer los procesos de auditoría. A nivel presupuestario, es momento de revisar asignaciones pétreas en la legislación ordinaria y fortalecer el marco jurídico de los presupuestos multi-anuales para reducir la discrecionalidad legislativa en la elaboración del instrumento de política pública.

Todo lo anterior, coronado con una agenda de modernización institucional que incluya la reforma y actualización de la Ley Orgánica del Ejecutivo, las leyes de descentralización, además de aprobación y rápida implementación de una Política de Infraestructura, de una Política de Transparencia y Combate a la Corrupción, la continuación de las gestiones de salvataje del sistema de salud pública, por mencionar algunos ejes prioritarios.

Bien decía Einstein que locura es hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Por enésima ocasión, y quizá por última, parece que la ruta del Pacto es la única para salir de la encrucijada.