Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.