De todas las propuestas de reformas que el país está discutiendo en este momento, la atención se ha dirigido hacia la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin embargo poco se ha dicho sobre la reforma a la Ley de Servicio Civil la cual, si se hace correctamente, podría tener un efecto importante en la administración pública.
Guatemala cuenta con un Estado sumamente frágil y disfuncional, que no es capaz de cumplir con su propósito primordial de brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Tampoco es capaz de proveer educación y salud de calidad a la población más necesitada del país. El resultado es que Guatemala ocupa los últimos lugares en América Latina en cuanto a desarrollo social, capital humano, estado de derecho y crecimiento económico.
Lo que más preocupa del Estado guatemalteco es el deterioro que ha experimentado en las últimas décadas. Si bien se ha incrementado ligeramente el peso del gobierno dentro de la economía del país, al pasar el gasto gubernamental de 10.3% del PIB en 1995 a 13.4% en el 2014, la calidad de los servicio públicos pareciera estar disminuyendo. La crisis en varios hospitales nacionales, las carreteras en mal estado y la precariedad en la que operan las fuerzas de seguridad; son algunos ejemplos del fracaso del Estado de Guatemala.
La situación lamentable a la que ha llegado el país se debe, en gran medida, a que los puestos de trabajo dentro del gobierno se han utilizado para pagar favores políticos. No se ha seguido un proceso ordenado, riguroso y de alta calidad para contratar a los funcionarios encargados de administrar el Estado guatemalteco. Tampoco se ha desarrollado una política salarial unificada que incentive a los trabajares públicos a realizar un trabajo eficiente. Los sueldos no premian la experiencia, la formación educativa o el desempeño de los empleados estatales, sino que obedecen a criterios discrecionales y poco transparentes.
“En diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales”
ONSEC
El desorden en la administración del Estado de Guatemala es tal, que no se sabe con certeza cuántos trabajadores laboran en las distintas dependencias e instituciones del gobierno. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales. Sin embargo, esta cifra no incluye a todos los trabajadores, ya que usualmente las entidades gubernamentales contratan a técnicos y profesionales para realizar consultorías temporales, los cuales no son reportados a las Oficina Nacional de Servicio Civil.
La situación crítica del servicio civil en Guatemala ha llevado a que ocupemos el penúltimo lugar de Centroamérica en el Índice de Desarrollo Burocrático, publicado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En la región centroamericana, Costa Rica ocupa el primer lugar y Honduras ocupa el último lugar. De cien puntos, Guatemala obtuvo una puntuación de 24, lo cual, además de vergonzoso, es sumamente preocupante.
Bajo los criterios opacos que han regido el servicio público en las últimas décadas, el Estado guatemalteco se ha debilitado y cada vez tiene menor capacidad de responder a las necesidades de la población. En la actual crisis que atraviesa el país, es necesario discutir a profundidad las reformas a la Ley de Servicio Civil, para revertir la situación de decadencia del servicio público en Guatemala. Es una discusión que no podemos postergar más, ya que tiene la misma urgencia que el resto de reformas que se están discutiendo en la actualidad.
Para analizar este tema invitamos a Marco Tulio Cajas, ex gerente del INAP; Luis Linares, ASIES, Leonel Lira, diputado al Congreso de Guatemala; y Javier Calderón, historiador e investigador.
Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:
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