Ramificaciones de la entrega de Alejandro Sinibaldi

La entrega de Alejandro Sinibaldi presagia el inicio de un nuevo capítulo de esta novela que arrancó en abril de 2015: Desnudar la realidad de un Estado capturado por la corrupción. Hasta ahora, sobre el Ex Ministro de Comunicaciones del Partido Patriota pesaban cinco órdenes de aprehensión vigentes.

La primera, por el caso “La Coperacha”, un evento tangencial del Caso Cooptación del Estado, el cual permitió evidenciar la forma en que funcionarios de la administración Patriota utilizaban recursos de dudosa procedencia para adquirir suntuosos regalos para la pareja presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Cual relación medieval, el favor del Rey que otorgaba al barón el control de un feudo para su propia explotación, debía se retribuida compartiendo los beneficios. Algo así pareciera existía en la Coperacha. Juan de Dios Rodríguez en el IGSS, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio en el Ministerio de la Defensa, Mauricio López Bonilla en Gobernación y Sinibaldi en el MICIVI gozaban de “patentes de corzo” para administrar sus feudos libremente, siempre y cuando, compartieran la riqueza con los amos del sistema de repartición.

La segunda orden de captura es por el caso Construcción y Corrupción, el cual ha permitido entender los entretelones de la negociación por acceder a negocios con el Estado y la construcción de complejas estructuras de poder paralelo para enriquecer a las autoridades de una determinada institución estatal. El soborno se convirtió en la moneda de cambio para ganar una licitación o para acceder al pago de facturas atrasadas (o deuda de arrastre). En 2017, el caso estremeció los cimientos del sistema, puesto que evidenció los montos millonarios detrás de las negociaciones por los grandes contratos con el Estado. Con el pasar de los años, perdimos la capacidad de asombro, puesto que atestiguamos que esa misma historia se repite en el IGSS, en el Ministerio de Salud, en Energía y Minas, etc.

La tercera orden de captura está asociada al Caso Odebrecht, un brazo más del caso Construcción y Corrupción y que pone en evidencia los alcances internacionales de las redes locales de corrupción. También el caso evidenció que en los negocios ilícitos las banderas políticas no existen, puesto de que una misma fuente de sobornos, supuestamente se beneficiaron tanto Sinibaldi como quien hasta 2015 parecía su mayor némesis político: Manuel Baldizón.

La cuarta orden de captura está vinculada al caso Transporte y Política, en donde el Ex Ministro supuestamente habría recibido fondos producto de una estafa más al erario público.

La quinta y última orden de aprehensión está asociada al caso ARCA y que muestra la forma en que desde un banco público-privado se financiaban campañas políticas, campañas al Colegio de Abogados o compra de favores con altas autoridades del estado.

El mapa anterior es tan sólo una muestra de la amplitud de información que puede surgir en este nuevo capítulo de la trama anti-corrupción en Guatemala. ¿Cuántos hilos quedaron pendientes de tirar en cada una de las cinco investigaciones anteriores? ¿Cuántos nombres no pudieron ser plenamente identificados por los colaboradores eficaces y los testigos que ayudaron a construir tales casos? ¿Cuántos ramales o cuántas subtramas más de corrupción no pudieron ser reconstruidas por fiscales e investigadores? ¿Cuántas menciones tangenciales u nombres olvidados en medio de la avalancha de información podían abrir nuevas líneas de trabajo e investigación?

El testimonio del Ex Ministro de Comunicaciones bien puede servir para responder a esta y otras preguntas más. Y en el proceso, ayudará a que la memoria histórica de una nación entienda mejor las formas en que el sistema político fue capturado por la corrupción y la delincuencia organizada.