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¿Debe María Corina Machado apoyar a un candidato sustituto?
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Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
14 Mar 2024

Apoyándonos en la teoría de juegos y la IA en la búsqueda de desenlaces más claros, nos planteamos una sencilla matriz de recompensas sobre los posibles resultados, de acuerdo a las ganancias o pérdidas para cada parte según cada decisión. 

 

Ya fue anunciada la fecha de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral: 28 de julio de 2024. A cuatro meses y unos pocos días de que se efectúen los comicios en Venezuela, surgen interrogantes cruciales sobre si este proceso desencadenará en un cambio de sistema o en un recrudecimiento del autoritarismo imperante desde hace un cuarto de siglo. 

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la ganadora de las primarias opositoras de 2023, María Corina Machado, según encuestas recientes, tendría una clarísima ventaja con 69.1% de intención de voto, frente a Nicolás Maduro, que apenas cuenta con el 7.4% de apoyo de los votantes venezolanos[1]. La segunda variable a tomar en cuenta es que el 26 de enero de 2024 fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitación por 15 años de Machado para participar en elecciones. Esto coloca la lucha por la democracia en Venezuela en otra fase y plantea retos formidables en el corto plazo. 

En entregas anteriores, se analizaron los tres posibles escenarios que se pueden dar en los próximos meses, tomando en cuenta experiencias de la historia reciente en la región. En ese sentido, nos planteamos el escenario óptimo de Nicaragua 1990, el escenario intermedio de Chile 1989 y el escenario negativo de Nicaragua 2021. 

Sin embargo, ya que el escenario óptimo está totalmente descartado y apoyándonos en la teoría de juegos y la IA en la búsqueda de desenlaces más claros, nos planteamos una sencilla matriz de recompensas sobre los posibles resultados, de acuerdo a las ganancias o pérdidas para cada parte según cada decisión. Primero, definimos las acciones posibles para cada actor y las posibles respuestas del otro actor. Luego asignamos una recompensa a cada combinación de acciones, reflejando el resultado esperado para cada actor.

Para María Corina Machado (MCM):

  1. Endosarle su voto a un sustituto aceptable para el régimen
  2. Llamar a la abstención electoral en protesta para deslegitimar el proceso

 

Para el régimen de Maduro (RM):

  1. Mantener la inhabilitación a María Corina Machado pero permitir que ésta nombre a un sustituto aceptable para el oficialismo
  2. No permitir elecciones libres

 

Ahora, utilizando esta información, podemos construir una matriz de recompensas simplificada:

Matriz de Recompensas

 RM: Permitir candidato sustitutoRM: No permitir elecciones libres
MCM: Endosar voto a candidato sustituto(5, 5)(-10, 10)
MCM: Llamar abstención(10, -10)(-5, -5)

 

En esta matriz:

Las recompensas están asignadas de manera arbitraria y representan un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Por ejemplo, la recompensa más alta para Machado se asocia con la acción de no cooperar y llamar a la abstención, ya que esto podría desafiar la legitimidad del proceso electoral y potencialmente debilitar al régimen actual. Sin embargo, esto también podría provocar represalias y una posible intensificación de la represión política.

Análisis de la matriz:

Primer escenario: Ambos cooperan: MCM endosa voto a sustituto / El régimen mantiene inhabilitación pero permite sustituto (5, 5):

  • El régimen de Maduro acepta que corra un candidato opositor de su elección que cuente con el respaldo del liderazgo de Machado y de la mayoría de la oposición y ofrece condiciones electorales mínimas a cambio de impunidad en el gobierno de transición. María Corina accede a trasladar su apoyo al candidato mas viable que cuente con la aprobación del régimen y de la mayoría de la oposición. Se gana la elección y hay una transición. 

 

Segundo escenario: MCM coopera nombrando un candidato sustituto / El régimen no permite elecciones libres (-10, 10)

  • Machado accede a trasladar su apoyo al candidato mas viable que cuente con el apoyo del régimen y de la mayoría de la oposición. El gobierno inabilita a cualquier candidato que Machado apoye. No hay transición. 

 

Tercer escenario: MCM no coopera y llama a la abstención / El régimen mantiene inhabilitación a MCM pero deja correr a otros candidatos (10, -10)

    • Se diluye el voto opositor entre los candidatos que finalmente competirán contra Maduro y, al no contar con el respaldo de la persona que ostenta la preferencia mayoritaria del electorado (MCM), la oposición pierde la elección. No hay transición. 

     

    Cuarto escenario: Ninguno coopera MCM Llama a la abstención / El régimen no permite elecciones libres (-5, -5):

    • No hay transición. Se intensifica la represión política, mayor aislamiento internacional. 

     

    Conclusiones

    En este punto, la opción más favorable parece ser la del primer escenario en donde ambas partes cooperan. Aunque esta opción no es perfecta e implica grandes costos para Machado y el régimen de Maduro, permite cierta legitimidad al proceso electoral al incluir un sustituto aceptable para el oficialismo, y además, María Corina podría beneficiarse al mantener cierta participación en el proceso político. El problema con este escenario es que la decisión principal no está en Machado, sino en el régimen, al verse en la necesidad de hacer ciertas aperturas políticas a cambio de impunidad y de los incentivos que la contraparte les ofrezca en una eventual transición. Si esa premisa no se cumple, y el régimen se niega a cooperar, no importa la decisión que tome Machado, no habría transición política. 

     

     

     [1] Encuesta Meganálisis. Marzo 2024

    Ideological misguidance in the region
    113
    Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
    29 Feb 2024

    La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes

     

    El pasado sábado 24 de febrero, dos reuniones opuestas en ideología pero conectadas en su naturaleza, se llevaron a cabo en cada extremo del Atlántico. Mientras en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) congregaba a una amalgama de líderes del nuevo y el viejo continente, en Madrid, el Consejo de la Internacional Socialista, cooptado por Pedro Sánchez, no dejaba títere con cabeza.

    En la CPAC, figuras como Nayib Bukele, Javier Milei, Santiago Abascal y Donald Trump, entre otros, se alinearon en una suerte de frente anti-globalización, anti-comunista y pro-vida. Aunque en cada discurso que profirieron, las diferencias en temas económicos y de política exterior eran más que evidentes, la llamada “batalla cultural” marcaba el terreno común. Bukele se erigía como el nuevo mesías tropical y daba lecciones de moral a los Estados Unidos, Milei ofrecía una clase de teoría económica de hace cien años, Abascal apelaba a su discurso “antiglobalista” en pro de los valores tradicionales para salvar Occidente y Trump, en su estilo característico, se autodenominó como “orgulloso disidente político” comparándose con Aléksei Navalny.

    Mientras tanto, en el Consejo de la Internacional Socialista, presidido por Pedro Sánchez, se evidenciaba un reacomodo político que ha sido visto por muchos como un sacudón que terminó de consolidar la hegemonía de Sánchez en ese órgano, ya que después de remover a quienes no eran de su gusto, terminó nombrando a dedo a peones y alfiles leales a él. En el caso de los socialistas, la agenda cultural tampoco estuvo ajena, ya que Sánchez promovió abiertamente la creación de una fundación de la Internacional que promocione “los valores y principios socialistas y socialdemócratas en el mundo”. Además, sorprendió la expulsión de Voluntad Popular, un partido opositor de Venezuela, junto con el partido perdedor en las elecciones presidenciales en Guatemala, la Unidad Nacional de la Esperanza, bajo el pretexto de “cambios ideológicos”, lo cual resonaba más bien como una maniobra política de Sánchez para congraciarse con la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas, más que como una decisión legítima. De alguna forma, el saldo que dejó esta reunión ha sido el de la consolidación del feudo personal de Sanchez más que la modernización de un organismo con fines democráticos.

    Tanto en la CPAC como en la Internacional Socialista, brilló por su ausencia el compromiso con los Derechos Humanos, una doctrina cada vez más denostada en el mundo actual, pues se la percibe especialmente como un obstáculo al ejercicio de la soberanía. Pareciera que realmente lo que hay detrás del rechazo a los Derechos Humanos, es la intención ulterior de poder hacer lo que se quiera eventualmente con el enemigo político sin que haya ningún tipo de consecuencia. No es de extrañar entonces esta tendencia regional hacia los radicalismos ideológicos, que termina socavando los pilares de la convivencia y la tolerancia mínima democrática. La polarización y el relativismo son el terreno más fértil para pulverizar valores universales como la justicia y la libertad.

    Ambos eventos reflejan una deriva ideológica peligrosa para la región. La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes como la falta de crecimiento económico, el deterioro del clima de negocios en la región, falta de acceso a servicios públicos, el rezago educativo post-pandemia cuya brecha aún no se ha podido cerrar, la crisis de migración ilegal y la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado. Estos flagelos siguen sin solución, mientras los líderes políticos se sumergen en disputas ideológicas bizantinas que, a su vez, generan más inestabilidad.

    La región necesita urgentemente un retorno al sentido común, a los consensos mínimos y a la búsqueda de soluciones prácticas y concretas para sus desafíos. La polarización actual debilita nuestra capacidad para abordar problemas colectivos urgentes.

    Simon and the vanquished of the revolution
    113
    Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
    05 Mar 2024

    Un país es una herida colectiva. 

     

    El viernes 1 de marzo se estrenó en Netflix el film Simón, del joven director venezolano Diego Vicentini. Obra nominada a los Premios Goya en 2023. 

    La película se sumerge en los abismos del alma de Simón, un dirigente estudiantil que busca asilo político en Estados Unidos después de haber enfrentado el tormento de la detención y la tortura en una cárcel venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2017.

    A lo largo de la historia, la dualidad que vive Simón es palpable y angustiante. En los flashbacks de su vida en Venezuela, vemos a un joven idealista e indoblegable que lideraba un grupo estudiantil enarbolando la bandera de la protesta, inspirado por movimientos sociales globales que han desencadenado cambios políticos significativos, como la Primavera Árabe y el Euromaidán ucraniano. Sin embargo, luego de haber sido encarcelado, torturado y de escapar al exilio en Miami, se enfrenta a un escenario distinto, atrapado en un shock post-traumático y con una culpa de sobreviviente abrumadora por la lucha que dejó inconclusa y las terribles consecuencias de sus decisiones. Tristemente, presenciamos el duelo de quien se da cuenta de que la única forma de seguir adelante con su vida es dejando atrás su país y sus afectos.

    A diferencia de otras películas que han retratado los crímenes del socialismo y que muestran el horror de estos regímenes a través de la banalidad del mal como The Life of Others (2006), la película Simón más bien opta por una aproximación visceral. Aquí, el brazo ejecutor de la dictadura no carga con el dilema ético del burócrata que acata órdenes totalmente deleznables y comete actos terribles disfrazados de procedimientos oficinescos, sino que la maldad de la represión se nos presenta en su estado más crudo perpetrada por esbirros sádicos y sin escrúpulos. En este ambiente, todos los venezolanos, incluso los ciudadanos comunes no politizados, son percibidos como potenciales enemigos de la revolución hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, esta precisión se deja entrever en la escena final cuando el protagonista explica al funcionario norteamericano en su entrevista de asilo las motivaciones que puede tener el gobierno venezolano en capturar indiscriminadamente jóvenes estudiantes para torturarlos y luego soltarlos sin mayores argumentos:

    “Nos liberaron porque les dio la gana. Eso es lo que hacen. Capturan a un grupo de gente, los golpean, los torturan y los sueltan. Y luego capturan a otro grupo y hacen lo mismo una y otra vez. Es como una puerta giratoria. Todos los que luchan contra ellos pasan por esa puerta y después todos les temen”.

    Un sinsentido que sólo se entiende si nos adentramos en la psiquis de un proyecto cuya naturaleza radica en la pérdida total del valor por la vida humana.

    Imposible no establecer paralelismos entre los personajes de Simón y el joven alemán Paul Baumer, de la novela alemana luego versionada varias veces en película All quiet on the western front (2022). En ambos protagonistas, vemos cómo ese optimismo juvenil inicial es aplastado por la realidad de enfrentarse al poder desnudo de una maquinaria estatal al servicio de la muerte y cómo se termina apoderando de ellos una desesperanza profunda sobre la condición humana al haber presenciado la transgresión más abyecta a los límites morales que creían seguros e inamovibles. 

    Simón, también nos desafía a reflexionar. Nos interpela con la idea de que en el mundo real, el mal sí triunfa y los países se pierden en vorágines destructivas sin salida. Y si bien los venezolanos de hoy, los vencidos por la devastación revolucionaria dentro y fuera del país, tendremos que cargar con este fracaso colectivo por el resto de nuestras vidas, también (como Simón) la única forma de conjurar esa derrota es perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o no pudimos hacer. 

    Sólo teniendo como deber moral la misión de vida de resignificar y transformar nuestra pérdida en algo de valor para el resto de la sociedad y las generaciones futuras, todo el dolor habrá tenido sentido. 

     

    Simón y los vencidos de la revolución
    113
    Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
    05 Mar 2024

    Un país es una herida colectiva. 

     

    El viernes 1 de marzo se estrenó en Netflix el film Simón, del joven director venezolano Diego Vicentini. Obra nominada a los Premios Goya en 2023. 

    La película se sumerge en los abismos del alma de Simón, un dirigente estudiantil que busca asilo político en Estados Unidos después de haber enfrentado el tormento de la detención y la tortura en una cárcel venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2017.

    A lo largo de la historia, la dualidad que vive Simón es palpable y angustiante. En los flashbacks de su vida en Venezuela, vemos a un joven idealista e indoblegable que lideraba un grupo estudiantil enarbolando la bandera de la protesta, inspirado por movimientos sociales globales que han desencadenado cambios políticos significativos, como la Primavera Árabe y el Euromaidán ucraniano. Sin embargo, luego de haber sido encarcelado, torturado y de escapar al exilio en Miami, se enfrenta a un escenario distinto, atrapado en un shock post-traumático y con una culpa de sobreviviente abrumadora por la lucha que dejó inconclusa y las terribles consecuencias de sus decisiones. Tristemente, presenciamos el duelo de quien se da cuenta de que la única forma de seguir adelante con su vida es dejando atrás su país y sus afectos.

    A diferencia de otras películas que han retratado los crímenes del socialismo y que muestran el horror de estos regímenes a través de la banalidad del mal como The Life of Others (2006), la película Simón más bien opta por una aproximación visceral. Aquí, el brazo ejecutor de la dictadura no carga con el dilema ético del burócrata que acata órdenes totalmente deleznables y comete actos terribles disfrazados de procedimientos oficinescos, sino que la maldad de la represión se nos presenta en su estado más crudo perpetrada por esbirros sádicos y sin escrúpulos. En este ambiente, todos los venezolanos, incluso los ciudadanos comunes no politizados, son percibidos como potenciales enemigos de la revolución hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, esta precisión se deja entrever en la escena final cuando el protagonista explica al funcionario norteamericano en su entrevista de asilo las motivaciones que puede tener el gobierno venezolano en capturar indiscriminadamente jóvenes estudiantes para torturarlos y luego soltarlos sin mayores argumentos:

    “Nos liberaron porque les dio la gana. Eso es lo que hacen. Capturan a un grupo de gente, los golpean, los torturan y los sueltan. Y luego capturan a otro grupo y hacen lo mismo una y otra vez. Es como una puerta giratoria. Todos los que luchan contra ellos pasan por esa puerta y después todos les temen”.

    Un sinsentido que sólo se entiende si nos adentramos en la psiquis de un proyecto cuya naturaleza radica en la pérdida total del valor por la vida humana.

    Imposible no establecer paralelismos entre los personajes de Simón y el joven alemán Paul Baumer, de la novela alemana luego versionada varias veces en película All quiet on the western front (2022). En ambos protagonistas, vemos cómo ese optimismo juvenil inicial es aplastado por la realidad de enfrentarse al poder desnudo de una maquinaria estatal al servicio de la muerte y cómo se termina apoderando de ellos una desesperanza profunda sobre la condición humana al haber presenciado la transgresión más abyecta a los límites morales que creían seguros e inamovibles. 

    Simón, también nos desafía a reflexionar. Nos interpela con la idea de que en el mundo real, el mal sí triunfa y los países se pierden en vorágines destructivas sin salida. Y si bien los venezolanos de hoy, los vencidos por la devastación revolucionaria dentro y fuera del país, tendremos que cargar con este fracaso colectivo por el resto de nuestras vidas, también (como Simón) la única forma de conjurar esa derrota es perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o no pudimos hacer. 

    Sólo teniendo como deber moral la misión de vida de resignificar y transformar nuestra pérdida en algo de valor para el resto de la sociedad y las generaciones futuras, todo el dolor habrá tenido sentido. 

    Los extravíos ideológicos en la región
    113
    Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
    29 Feb 2024

    La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes

     

    El pasado sábado 24 de febrero, dos reuniones opuestas en ideología pero conectadas en su naturaleza, se llevaron a cabo en cada extremo del Atlántico. Mientras en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) congregaba a una amalgama de líderes del nuevo y el viejo continente, en Madrid, el Consejo de la Internacional Socialista, cooptado por Pedro Sánchez, no dejaba títere con cabeza.

    En la CPAC, figuras como Nayib Bukele, Javier Milei, Santiago Abascal y Donald Trump, entre otros, se alinearon en una suerte de frente anti-globalización, anti-comunista y pro-vida. Aunque en cada discurso que profirieron, las diferencias en temas económicos y de política exterior eran más que evidentes, la llamada “batalla cultural” marcaba el terreno común. Bukele se erigía como el nuevo mesías tropical y daba lecciones de moral a los Estados Unidos, Milei ofrecía una clase de teoría económica de hace cien años, Abascal apelaba a su discurso “antiglobalista” en pro de los valores tradicionales para salvar Occidente y Trump, en su estilo característico, se autodenominó como “orgulloso disidente político” comparándose con Aléksei Navalny.

    Mientras tanto, en el Consejo de la Internacional Socialista, presidido por Pedro Sánchez, se evidenciaba un reacomodo político que ha sido visto por muchos como un sacudón que terminó de consolidar la hegemonía de Sánchez en ese órgano, ya que después de remover a quienes no eran de su gusto, terminó nombrando a dedo a peones y alfiles leales a él. En el caso de los socialistas, la agenda cultural tampoco estuvo ajena, ya que Sánchez promovió abiertamente la creación de una fundación de la Internacional que promocione “los valores y principios socialistas y socialdemócratas en el mundo”. Además, sorprendió la expulsión de Voluntad Popular, un partido opositor de Venezuela, junto con el partido perdedor en las elecciones presidenciales en Guatemala, la Unidad Nacional de la Esperanza, bajo el pretexto de “cambios ideológicos”, lo cual resonaba más bien como una maniobra política de Sánchez para congraciarse con la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas, más que como una decisión legítima. De alguna forma, el saldo que dejó esta reunión ha sido el de la consolidación del feudo personal de Sanchez más que la modernización de un organismo con fines democráticos.

    Tanto en la CPAC como en la Internacional Socialista, brilló por su ausencia el compromiso con los Derechos Humanos, una doctrina cada vez más denostada en el mundo actual, pues se la percibe especialmente como un obstáculo al ejercicio de la soberanía. Pareciera que realmente lo que hay detrás del rechazo a los Derechos Humanos, es la intención ulterior de poder hacer lo que se quiera eventualmente con el enemigo político sin que haya ningún tipo de consecuencia. No es de extrañar entonces esta tendencia regional hacia los radicalismos ideológicos, que termina socavando los pilares de la convivencia y la tolerancia mínima democrática. La polarización y el relativismo son el terreno más fértil para pulverizar valores universales como la justicia y la libertad.

    Ambos eventos reflejan una deriva ideológica peligrosa para la región. La polarización extrema, alimentada por agendas culturales, desvía la atención de problemas más apremiantes como la falta de crecimiento económico, el deterioro del clima de negocios en la región, falta de acceso a servicios públicos, el rezago educativo post-pandemia cuya brecha aún no se ha podido cerrar, la crisis de migración ilegal y la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado. Estos flagelos siguen sin solución, mientras los líderes políticos se sumergen en disputas ideológicas bizantinas que, a su vez, generan más inestabilidad.

    La región necesita urgentemente un retorno al sentido común, a los consensos mínimos y a la búsqueda de soluciones prácticas y concretas para sus desafíos. La polarización actual debilita nuestra capacidad para abordar problemas colectivos urgentes.

    The fight for democracy in Guatemala
    28
    Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
    08 Feb 2024

    Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho

     

    La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.

    Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.

    Antecedentes: el rol de la CICIG y el ascenso de la ola autoritaria

    El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.

    En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.

    Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.

    El Gobierno de Alejandro Giammattei y el Deterioro Institucional

    Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.

    La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.

    De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.

    Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.

    Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.

    Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.

    Elecciones 2023: un punto de inflexión

    Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.

    A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.

    Desafíos poselectorales y la reacción de la comunidad internacional

    La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.

    Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.

    El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.

    Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.

    La gestión de Arévalo: la oportunidad de reconstrucción institucional

    La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.

    Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.

    Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.

    Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.

    Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.

    Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.

    La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.

    La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.

    El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.

    La lucha por la democracia en Guatemala
    28
    Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
    08 Feb 2024

    Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho

     

    La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.

    Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.

    Antecedentes: el rol de la CICIG y el ascenso de la ola autoritaria

    El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.

    En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.

    Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.

    El Gobierno de Alejandro Giammattei y el Deterioro Institucional

    Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.

    La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.

    De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.

    Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.

    Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.

    Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.

    Elecciones 2023: un punto de inflexión

    Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.

    A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.

    Desafíos poselectorales y la reacción de la comunidad internacional

    La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.

    Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.

    El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.

    Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.

    La gestión de Arévalo: la oportunidad de reconstrucción institucional

    La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.

    Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.

    Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.

    Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.

    Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.

    Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.

    La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.

    La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.

    El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.

    Restitution of the Seed Party? A crucial debate in Congress
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    Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
    26 Jan 2024

    La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo

     

    En una reciente sesión del Congreso, se desató debate sobre la moción privilegiada presentada por dos diputadas del partido Semilla. Esta propuesta buscaba restituir el estatus de Semilla como partido en activo, en lugar de su clasificación actual que considera a sus diputados como independientes. Durante la discusión, se rompió el quórum, dejando el asunto sin resolver. Al finalizar la sesión, se conoció que cuatro diputados del partido VAMOS presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar impedir este cambio.

    En la sesión, se expusieron dos opiniones jurídicas (2-2024 y 3-2024) de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, las cuales afirmaron que los 18 partidos con representación en el Congreso, incluido Semilla, están vigentes. Una de las opiniones citaba: “el órgano competente en materia electoral, Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, le reconoce un doble estatus al partido referido [Semilla], lo cual impide a este órgano alto organismo del Estado operar cambios en sus registros, toda vez que aparece con estatus electoral vigente en el informe rendido.” Esta afirmación concuerda con el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

    La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo. Desde las reformas de 2016, un diputado independiente no puede presidir estas comisiones, lo cual sitúa a Semilla en desventaja si se mantiene su estatus actual.

    El asunto deberá resolverse idealmente en la próxima sesión del pleno del Congreso. Ha habido cuestionamientos por parte de algunos diputados de oposición sobre la viabilidad de restituir el bloque Semilla, destacando el argumento del diputado Alvaro Arzú basado en un fallo de la Corte Constitucional que ordenó repetir la elección de la Junta Directiva días atrás.

    Por otro lado, cuatro diputados de VAMOS interpusieron un amparo contra el posible restablecimiento de Semilla como bloque legislativo. El 17 de enero de 2024, la Corte ordenó repetir la elección de la Junta Directiva, considerando a los diputados de Semilla como independientes, según señaló Arzú. Sin embargo, un documento posterior del Registro de Ciudadanos, fechado el 22 de enero de 2024, reconoce a Semilla como partido en activo, planteando así un escenario diferente tal y como lo exponen las dos opiniones jurídicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso antes mencionadas.

    Ante este nuevo contexto, el Congreso tiene la facultad de reevaluar el estatus del bloque legislativo de Semilla. Dicha acción no constituiría necesariamente una desobediencia a la Corte como algunos afirman, ya que la parte resolutiva del fallo ordenó repetir la elección de la Junta Directiva sin diputados independientes y eso ya se ha cumplido. Resta esperar a la próxima semana para conocer el desenlace del asunto y ver si la Corte de Constitucionalidad interviene en respuesta al amparo presentado por los diputados de VAMOS.x

    ¿Restitución del Partido Semilla? Un debate crucial en el Congreso
    28
    Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
    26 Jan 2024

    La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo

     

    En una reciente sesión del Congreso, se desató debate sobre la moción privilegiada presentada por dos diputadas del partido Semilla. Esta propuesta buscaba restituir el estatus de Semilla como partido en activo, en lugar de su clasificación actual que considera a sus diputados como independientes. Durante la discusión, se rompió el quórum, dejando el asunto sin resolver. Al finalizar la sesión, se conoció que cuatro diputados del partido VAMOS presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar impedir este cambio.

    En la sesión, se expusieron dos opiniones jurídicas (2-2024 y 3-2024) de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, las cuales afirmaron que los 18 partidos con representación en el Congreso, incluido Semilla, están vigentes. Una de las opiniones citaba: “el órgano competente en materia electoral, Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, le reconoce un doble estatus al partido referido [Semilla], lo cual impide a este órgano alto organismo del Estado operar cambios en sus registros, toda vez que aparece con estatus electoral vigente en el informe rendido.” Esta afirmación concuerda con el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

    La importancia de esta discusión sobre la restitución del estatus de Semilla radica en su impacto sobre la asignación de presidencias en las Comisiones de Trabajo. Desde las reformas de 2016, un diputado independiente no puede presidir estas comisiones, lo cual sitúa a Semilla en desventaja si se mantiene su estatus actual.

    El asunto deberá resolverse idealmente en la próxima sesión del pleno del Congreso. Ha habido cuestionamientos por parte de algunos diputados de oposición sobre la viabilidad de restituir el bloque Semilla, destacando el argumento del diputado Alvaro Arzú basado en un fallo de la Corte Constitucional que ordenó repetir la elección de la Junta Directiva días atrás.

    Por otro lado, cuatro diputados de VAMOS interpusieron un amparo contra el posible restablecimiento de Semilla como bloque legislativo. El 17 de enero de 2024, la Corte ordenó repetir la elección de la Junta Directiva, considerando a los diputados de Semilla como independientes, según señaló Arzú. Sin embargo, un documento posterior del Registro de Ciudadanos, fechado el 22 de enero de 2024, reconoce a Semilla como partido en activo, planteando así un escenario diferente tal y como lo exponen las dos opiniones jurídicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso antes mencionadas.

    Ante este nuevo contexto, el Congreso tiene la facultad de reevaluar el estatus del bloque legislativo de Semilla. Dicha acción no constituiría necesariamente una desobediencia a la Corte como algunos afirman, ya que la parte resolutiva del fallo ordenó repetir la elección de la Junta Directiva sin diputados independientes y eso ya se ha cumplido. Resta esperar a la próxima semana para conocer el desenlace del asunto y ver si la Corte de Constitucionalidad interviene en respuesta al amparo presentado por los diputados de VAMOS.x

    Can one be totally coherent in politics?
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    Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
    26 Jan 2024

    Esta es la tercera entrega de una serie sobre historia y realismo político

     

    “Los políticos mienten”, es uno de los lugares comunes más pronunciados en la discusión pública en cualquier latitud y bajo cualquier régimen político. Sin embargo, ¿los políticos mienten por “malvados” o “cínicos”, como ponderan los opinadores de oficio? Seguro que habrá los que sí, pero lo cierto es que en algún punto de su vida, el político va a hacer o decir exactamente lo contrario con respecto a algo que hizo o dijo en otro momento y eso tiene que ver con la dinámica que impone la realidad política. Incluso el opinador, si se dedicara a revisar sus propios análisis a lo largo del tiempo, encontrará innumerables inconsistencias dependiendo del momento y los actores sobre los que opina. 

    Como diría el pensador Isaiah Berlin, es típico del pensamiento de los erizos[1] querer que la realidad cierre en una lógica perfecta y coherente, lo que les lleva a una resistencia a aceptar la realidad política en tanto terreno fértil para la contradicción. Y esta resistencia a aplicar un “sentido de realidad” a sus análisis, también les lleva a emitir juicios simplistas y a una comprensión limitada de las motivaciones detrás de ciertas decisiones.

    La actualidad latinoamericana ofrece lecciones interesantes sobre la inconsistencia en la política: 

    En Argentina, el presidente Javier Milei acumuló su capital político a base de fustigar en los medios de comunicación, desde la postura libertaria, al estatismo peronista interventor. Sin embargo, con apenas 11 días de haberse juramentado en la presidencia de la república, no dudó en invocar las plenas facultades en su condición de jefe de Estado, publicando el Decreto de Necesidad de Urgencia con el cual, si bien busca derogar cientos de leyes y desregular la economía, lo hace mediante el instrumento más poderoso que tiene el Ejecutivo a disposición: la excepción. 

    En Venezuela, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras que se enfrentará a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024, erigió toda su carrera política previa denunciando el fraude sistemático en el sistema electoral chavista y llamando a la abstención. 

    En Guatemala, antes de ser presidente, Bernardo Arévalo cimentó su carrera académica como sociólogo criticando la politización del ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, ante la persecución judicial que generó una profunda incertidumbre en el país sobre el traspaso de mando, el ahora presidente tuvo que confiar en la neutralidad y en la subordinación de la institución armada a la Constitución. 

    De manera que la contradicción pareciera ser inherente a la política. Y esto es evidente desde la perspectiva del realismo político, es decir, cuando intentamos partir de un análisis que sustrae los espejos ideológicos del fenómeno político para analizarlo en su sencillez y a la vez en su crudeza. 

    De tal suerte, la inconsistencia en cualquier acción política se vuelve evidente al observar el mismo escenario en distintos momentos: lo que fue aceptable o estratégico en el pasado puede volverse obsoleto o ineficaz en el presente, bien sea por los cambios en la correlación de fuerzas, por la necesidad de negociar apoyos, por transformaciones en las demandas de la sociedad, etc. 

    Además, cuando la política se convierte en un juego de supervivencia, no ya de coexistencia, se complica mucho más la búsqueda de coherencia, de allí que los discursos y acciones sean totalmente cambiantes en aras de la propia permanencia en el poder y eventual victoria frente al enemigo. Para un moralista de la política, esta permuta constante puede interpretarse como falta de principios, pero desde la óptica del realismo político, es una respuesta práctica a la naturaleza del poder que la realidad política impone en un momento determinado.

    Lo cierto es que la inconsistencia de los políticos es el arma arrojadiza predilecta de enemigos y críticos, y siempre será aprovechada como argumento moral para debilitar al contrincante. Eso es totalmente válido, pero al mismo tiempo es un búmeran que eventualmente se devuelve. Por eso, para el analista, el cientista político o el simple observador, la contradicción, en lugar de llevarle a condenas automáticas, debería motivarle a examinar las causas y las circunstancias propias de cada momento, según aplique a cada caso. 

     

     

    [1]  En su ensayo “El erizo y el zorro”, Berlin argumenta que mientras que los "erizos" son aquellos que tienden a ver el mundo a través de una única lente, buscando una narrativa coherente y una lógica unificadora que dé sentido a la realidad (pensadores como Platón y Marx), los "zorros" son más propensos a aceptar la complejidad inherente a la experiencia humana (Aristóteles, Burke, Tocqueville, etc.).