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The magistrate's crime and the law of talion
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
22 Sep 2023

Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado

 

El concepto de "ojo por ojo" es uno de los principios más antiguos conocidos por la humanidad, que se remonta a miles de años en la antigua Mesopotamia, concretamente al famoso Código de Hammurabi. Estos códigos legales, inscritos en tablas de piedra, prescribían castigos específicos para diversos delitos, haciendo hincapié en que el castigo correspondiera a la naturaleza y gravedad de la ofensa. Este principio, también conocido como la “ley del talión”, pretendía disuadir de la comisión de delitos y promover un sentido de proporcionalidad y justicia en la sociedad.

En el presente, la ley del talión se considera una rémora de la barbarie ya que en nuestro ordenamiento jurídico estatal moderno, el principio del "ojo por ojo" se sustituyó por un enfoque humanista y liberal de la justicia. No obstante, pareciera que cuando el Estado falla en ser ese árbitro neutral que administra justicia, la sociedad recurre nuevamente a eso que el filósofo francés René Girard llamaba venganza destructiva, que es aquella que se produce en sociedades primitivas que no tienen un mecanismo eficiente de reparación que ponga fin a la “violencia interminable”, concepto éste último, equivalente a la “guerra permanente” en el estado de naturaleza hobbesiano.  

Este es uno de los temas torales de la reciente novela de Francisco Pérez de Antón, El Crimen de la Magistrada. Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado. Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia nos introduce en un mundo donde los altos tribunales y los jueces, han descendido al abismo de la decadencia moral, vendiendo sus sentencias al mejor postor. Los bufetes de abogados se han transformado en proveedores de impunidad, atendiendo exclusivamente a criminales que buscan torturar la ley para su beneficio. Y por si fuera poco, en esta ficción, las iglesias evangélicas sirvien de fachada para las tramas de blanqueo de dinero, completando una bien aceitada tríada de corrupción.

El protagonista de la novela, Rodrigo Láynez, un abogado joven e idealista, se embarca en una búsqueda de la justicia tan peligrosa como necesaria. Intenta descubrir la verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de su mentora, la magistrada Rosalía Albayeros, quien a pesar de ciertas sombras en su carrera judicial, se mantuvo como un faro de honradez e integridad en un mundo descarriado. A medida que Láynez se adentra en la red de engaños y crimen, se hace evidente que su mentora se había visto envuelta en una compleja trama delictiva que la obligaría a tomarse la justicia por su mano, aunque ello supusiera sacrificar su reputación y, en última instancia, su vida.

La fuerza de El crimen de la magistrada reside no sólo en su fascinante historia, sino también en su vívido y pesadillesco retrato de una sociedad totalmente a la deriva. Pérez de Antón crea con maestría una atmósfera que introduce al lector en un mundo en el que el bien y el mal se han difuminado hasta hacerse irreconocibles. Sobre este punto, vale la pena rescatar las crudas palabras de uno de los personajes hacia el final del libro:

“La venganza es uno de los impulsos primarios más poderosos del hombre que la civilización y el Estado de Derecho no han logrado suprimir. No hay persona que no haya sentido alguna vez la compulsión de restaurar su equilibrio existencial y emocional cuando la justicia de los hombres está distraída o ausente (...) Todo ser humano tiene derecho a la venganza civilizada, llamada por otro nombre: justicia. Pero cuando la justicia se vuelve venal y corrupta, lo común es que las personas recurran al más primitivo desquite”

Saliendo de la ficción y regresando a la realidad, en 2021 el 45% de los guatemaltecos manifestaba que no le tenía nada de confianza al Ministerio Público, 54% lo dijo sobre la Corte Suprema de Justicia y 56% de la Corte de Constitucionalidad [1]. Esto debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y en la carrera judicial, así como en la formación y en la práctica jurídica en las universidades del país. 

Esta novela, sin duda, es una dura advertencia que debemos tomar en serio como sociedad. 

 

[1] Encuesta Cid-Gallup. Agosto 2021.

El crimen de la magistrada y la ley del talión
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
22 Sep 2023

Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado

 

El concepto de "ojo por ojo" es uno de los principios más antiguos conocidos por la humanidad, que se remonta a miles de años en la antigua Mesopotamia, concretamente al famoso Código de Hammurabi. Estos códigos legales, inscritos en tablas de piedra, prescribían castigos específicos para diversos delitos, haciendo hincapié en que el castigo correspondiera a la naturaleza y gravedad de la ofensa. Este principio, también conocido como la “ley del talión”, pretendía disuadir de la comisión de delitos y promover un sentido de proporcionalidad y justicia en la sociedad.

En el presente, la ley del talión se considera una rémora de la barbarie ya que en nuestro ordenamiento jurídico estatal moderno, el principio del "ojo por ojo" se sustituyó por un enfoque humanista y liberal de la justicia. No obstante, pareciera que cuando el Estado falla en ser ese árbitro neutral que administra justicia, la sociedad recurre nuevamente a eso que el filósofo francés René Girard llamaba venganza destructiva, que es aquella que se produce en sociedades primitivas que no tienen un mecanismo eficiente de reparación que ponga fin a la “violencia interminable”, concepto éste último, equivalente a la “guerra permanente” en el estado de naturaleza hobbesiano.  

Este es uno de los temas torales de la reciente novela de Francisco Pérez de Antón, El Crimen de la Magistrada. Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado. Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia nos introduce en un mundo donde los altos tribunales y los jueces, han descendido al abismo de la decadencia moral, vendiendo sus sentencias al mejor postor. Los bufetes de abogados se han transformado en proveedores de impunidad, atendiendo exclusivamente a criminales que buscan torturar la ley para su beneficio. Y por si fuera poco, en esta ficción, las iglesias evangélicas sirvien de fachada para las tramas de blanqueo de dinero, completando una bien aceitada tríada de corrupción.

El protagonista de la novela, Rodrigo Láynez, un abogado joven e idealista, se embarca en una búsqueda de la justicia tan peligrosa como necesaria. Intenta descubrir la verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de su mentora, la magistrada Rosalía Albayeros, quien a pesar de ciertas sombras en su carrera judicial, se mantuvo como un faro de honradez e integridad en un mundo descarriado. A medida que Láynez se adentra en la red de engaños y crimen, se hace evidente que su mentora se había visto envuelta en una compleja trama delictiva que la obligaría a tomarse la justicia por su mano, aunque ello supusiera sacrificar su reputación y, en última instancia, su vida.

La fuerza de El crimen de la magistrada reside no sólo en su fascinante historia, sino también en su vívido y pesadillesco retrato de una sociedad totalmente a la deriva. Pérez de Antón crea con maestría una atmósfera que introduce al lector en un mundo en el que el bien y el mal se han difuminado hasta hacerse irreconocibles. Sobre este punto, vale la pena rescatar las crudas palabras de uno de los personajes hacia el final del libro:

“La venganza es uno de los impulsos primarios más poderosos del hombre que la civilización y el Estado de Derecho no han logrado suprimir. No hay persona que no haya sentido alguna vez la compulsión de restaurar su equilibrio existencial y emocional cuando la justicia de los hombres está distraída o ausente (...) Todo ser humano tiene derecho a la venganza civilizada, llamada por otro nombre: justicia. Pero cuando la justicia se vuelve venal y corrupta, lo común es que las personas recurran al más primitivo desquite”

Saliendo de la ficción y regresando a la realidad, en 2021 el 45% de los guatemaltecos manifestaba que no le tenía nada de confianza al Ministerio Público, 54% lo dijo sobre la Corte Suprema de Justicia y 56% de la Corte de Constitucionalidad [1]. Esto debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y en la carrera judicial, así como en la formación y en la práctica jurídica en las universidades del país. 

Esta novela, sin duda, es una dura advertencia que debemos tomar en serio como sociedad. 

 

[1] Encuesta Cid-Gallup. Agosto 2021.

A taxonomy of the right wing in Ibero-America
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
13 Sep 2023

Publicado originalmente en Letras Libres

Como muestra la dificultad para clasificar a personajes disímiles como Javier Milei y Jair Bolsonaro, la derecha no es un bloque monolítico. Este catálogo busca servir para comprender sus matices.

 

El sorprendente resultado que el candidato Javier Milei obtuvo en las recientes elecciones primarias en Argentina ha captado la atención del mundo. Sus posiciones han sido calificadas por los medios de comunicación como de “extrema derecha” y han avivado el debate sobre la derecha en la región y su intersección con el liberalismo y el conservadurismo. En un esfuerzo por separar la paja del trigo, echemos un vistazo a la historia reciente de la región para extraer una clasificación.

En los años noventa, Iberoamérica fue testigo del ascenso de defensores de programas económicos de libre mercado como Alberto Fujimori y José María Aznar, a la par de líderes socialdemócratas pragmáticos al estilo de Carlos Andrés Pérez y Fernando Henrique Cardoso. Apoyados por instituciones multilaterales como el FMI, el BM y el BID, todos aplicaron recetas para minimizar el papel del Estado en la economía, privatizar empresas estatales, desregular industrias, reducir impuestos y aranceles y liberar las importaciones mediante tratados de libre comercio. En aquel momento en el que los beneficios de la apertura de los mercados eran incuestionables y existía una agenda común de liberalización, la derecha y la izquierda comenzaron a dividirse en torno a sus programas económicos.

La izquierda más recalcitrante, en su oposición a las medidas de libre mercado, dio el primer paso en este sentido de dividir las aguas luego de la caída del socialismo real: acusó de “derecha neoliberal” a cualquier gobierno que aplicara cierta racionalidad económica a las finanzas públicas. En cambio, la derecha de aquellos tiempos nunca se definió a sí misma en términos políticos, sino que optó por un economicismo despolitizador, que autores como Francis Fukuyama han denominado fundamentalismo de mercado, el cual ha dejado de lado principios claves del liberalismo político como la defensa de los derechos individuales, las libertades públicas, el pluralismo, etc., y ha hecho del crecimiento económico su nuevo imperativo moral. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile es un buen ejemplo.

En ese sentido, unificar a la derecha bajo una ideología y praxis es una tarea ardua que presenta hoy un reto particular, sobre todo porque en los últimos años han surgido partidos bastante alejados de las preocupaciones del Consenso de Washington. A pesar de que la economía sigue siendo un tema de interés, ahora existen nuevos puntos de tensión y nuevas demandas, sobre todo alrededor de temas como la seguridad personal, el combate a la delincuencia común, los inmigrantes y la caída de los valores tradicionales. De allí se explica el surgimiento de nuevas opciones políticas vinculadas al orden.

Propongo a continuación un mapa que identifica la coexistencia de al menos tres tipos distintos de “derechas” en el panorama político iberoamericano actual.

El primer grupo, la derecha conservadora-tradicional, hunde sus raíces en la era de los gobiernos militares y la lucha contra las guerrillas y movimientos terroristas de izquierda. Para este sector, la Guerra Fría nunca terminó realmente, perciben la amenaza comunista acechando en todas partes. Aunque no han trascendido completamente su mentalidad bélica, sí defienden los mecanismos republicanos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, los derechos políticos y sociales, así como la distinción entre Iglesia y Estado. Son socialmente conservadores y participan activamente en debates públicos en los medios para articular su oposición a lo que denominan “progresismo”. También abogan por un papel destacado del sector privado en la sociedad; al Estado le toca fomentar un entorno empresarial sólido mediante aranceles, incentivos, concesiones que den prioridad a los intereses nacionales. Defienden la soberanía pero también entienden la importancia del reconocimiento internacional y la participación en foros multilaterales, aunque sea para llevar su voz de protesta y desacuerdo. Ven con preocupación el avance de China, Rusia e Irán y desean que Occidente retome su posición de liderazgo en la política mundial. Entre las figuras destacadas de esta categoría se encuentran el político chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el fujimorismo en el Perú y el partido español Vox.

El segundo grupo comprende la derecha liberal-tecnocrática, que se desenvuelve en el marco de la democracia liberal y aboga por el principio de subsidiariedad, con un Estado eficiente, un gasto público reducido, impuestos bajos y eliminación de controles para atraer inversiones. Reconocen la importancia de unas instituciones transparentes y fiables, de un sistema de justicia probo e independiente y del respeto irrestricto a los derechos políticos y sociales para fomentar el desarrollo. Defienden el orden liberal internacional y socialmente están comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En lugar de adoptar un discurso polarizador contra la izquierda, abrazan las diferencias como parte integrante de una sana alternancia en el poder, siempre y cuando se acepten las reglas democráticas. En esta categoría destacan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Costa Rica, Rodrigo Cháves, el de Ecuador, Guillermo Lasso; los expresidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri; a la par de líderes como la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las candidatas presidenciales Patricia Bullrich, en Argentina y María Corina Machado, en Venezuela.

Por último, tenemos la derecha populista-iliberal. Esta facción desprecia las normas de la democracia, la alternancia y el equilibrio de poderes. Tienen fuertes tensiones con el sistema judicial y busca restarle independencia a toda costa. Desprecian el principio de separación entre Iglesia y Estado, y organizan actos que mezclan elementos políticos y religiosos. Aunque su retórica económica parece capitalista, en realidad promueven la anticompetencia, el mercantilismo, el favoritismo y la corrupción. Se escudan en la soberanía, denunciando conspiraciones globalistas internacionales, son negacionistas del cambio climático y de los derechos de las minorías, que engloban dentro del término “ideología de género”. Abandonaron la principal bandera de la derecha liberal, que es la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley; y en cambio centran su preocupación en la identidad (religión, sexo, etc.). Se presentan como antiimperialistas que condenan a Estados Unidos y sus políticas de sanciones por inmiscuirse en sus asuntos internos. En algunos casos, pueden incluso formar alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia. Desobedecen sentencias de las cortes internacionales y deliberadamente buscan salirse de los organismos multilaterales. Aborrecen especialmente los derechos humanos, los cuales consideran más “trabas” que garantías. A lo interno, judicializan la protesta, criminalizan a la oposición, violan la libertad de expresión y desconocen elecciones. En esta derecha entran el presidente de El Salvador Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y las organizaciones de la saliente alianza oficialista en Guatemala y también el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Como toda clasificación provisional, esta taxonomía tiene sus filtraciones. Se trata del candidato a la presidencia argentina Javier Milei quien, al menos de momento, no encaja en ninguna de las tres derechas mencionadas. Si bien Milei viene originalmente del mundo académico, está lejos de ser un tecnócrata, siendo más bien un maximalista en temas económicos. Milei era un profesor universitario de Economía, seguidor de la vertiente denominada Escuela Austríaca, cuyas posturas se tienden a asociar al libertarianismo. Saltó a la palestra pública siendo muy controversial en los medios de comunicación, criticando la intervención del gobierno peronista en la economía. Tiene un estilo polémico y polarizante y su programa de gobierno contiene medidas como dolarizar la economía y abolir al Banco Central, liberar el porte de armas, privatizar la salud. Está en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas, pero defiende la inmigración por sus beneficios al crecimiento económico. Nunca se ha pronunciado en contra de los derechos humanos ni de la libertad de expresión. Si llegara al poder, estaría por verse en cuál de los tres grupos de la derecha iberoamericana se ubicaría, o si continuaría siendo un agente libre con una propuesta inclasificable.

En última instancia, la derecha en Iberoamérica no es una entidad monolítica y se puede compartimentalizar en función de sus creencias y enfoques de gobierno. La diversidad de sus distintas vertientes impide categorizarla totalmente en un origen troncal o en una agenda común. Sin embargo, esta propuesta de taxonomía sirve de marco para comprender las complejidades y matices en el espectro de la derecha en la región. A medida que Iberoamérica continúa navegando en un panorama político de retos formidables en el orden internacional, se vuelve esencial asimilar estas diferencias para facilitar un análisis más exhaustivo de la dinámica política en la región y las amenazas a la democracia, que no distinguen signo ideológico. 

Una taxonomía de la derecha en Iberoamérica
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
13 Sep 2023

Publicado originalmente en Letras Libres

Como muestra la dificultad para clasificar a personajes disímiles como Javier Milei y Jair Bolsonaro, la derecha no es un bloque monolítico. Este catálogo busca servir para comprender sus matices.

 

El sorprendente resultado que el candidato Javier Milei obtuvo en las recientes elecciones primarias en Argentina ha captado la atención del mundo. Sus posiciones han sido calificadas por los medios de comunicación como de “extrema derecha” y han avivado el debate sobre la derecha en la región y su intersección con el liberalismo y el conservadurismo. En un esfuerzo por separar la paja del trigo, echemos un vistazo a la historia reciente de la región para extraer una clasificación.

En los años noventa, Iberoamérica fue testigo del ascenso de defensores de programas económicos de libre mercado como Alberto Fujimori y José María Aznar, a la par de líderes socialdemócratas pragmáticos al estilo de Carlos Andrés Pérez y Fernando Henrique Cardoso. Apoyados por instituciones multilaterales como el FMI, el BM y el BID, todos aplicaron recetas para minimizar el papel del Estado en la economía, privatizar empresas estatales, desregular industrias, reducir impuestos y aranceles y liberar las importaciones mediante tratados de libre comercio. En aquel momento en el que los beneficios de la apertura de los mercados eran incuestionables y existía una agenda común de liberalización, la derecha y la izquierda comenzaron a dividirse en torno a sus programas económicos.

La izquierda más recalcitrante, en su oposición a las medidas de libre mercado, dio el primer paso en este sentido de dividir las aguas luego de la caída del socialismo real: acusó de “derecha neoliberal” a cualquier gobierno que aplicara cierta racionalidad económica a las finanzas públicas. En cambio, la derecha de aquellos tiempos nunca se definió a sí misma en términos políticos, sino que optó por un economicismo despolitizador, que autores como Francis Fukuyama han denominado fundamentalismo de mercado, el cual ha dejado de lado principios claves del liberalismo político como la defensa de los derechos individuales, las libertades públicas, el pluralismo, etc., y ha hecho del crecimiento económico su nuevo imperativo moral. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile es un buen ejemplo.

En ese sentido, unificar a la derecha bajo una ideología y praxis es una tarea ardua que presenta hoy un reto particular, sobre todo porque en los últimos años han surgido partidos bastante alejados de las preocupaciones del Consenso de Washington. A pesar de que la economía sigue siendo un tema de interés, ahora existen nuevos puntos de tensión y nuevas demandas, sobre todo alrededor de temas como la seguridad personal, el combate a la delincuencia común, los inmigrantes y la caída de los valores tradicionales. De allí se explica el surgimiento de nuevas opciones políticas vinculadas al orden.

Propongo a continuación un mapa que identifica la coexistencia de al menos tres tipos distintos de “derechas” en el panorama político iberoamericano actual.

El primer grupo, la derecha conservadora-tradicional, hunde sus raíces en la era de los gobiernos militares y la lucha contra las guerrillas y movimientos terroristas de izquierda. Para este sector, la Guerra Fría nunca terminó realmente, perciben la amenaza comunista acechando en todas partes. Aunque no han trascendido completamente su mentalidad bélica, sí defienden los mecanismos republicanos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, los derechos políticos y sociales, así como la distinción entre Iglesia y Estado. Son socialmente conservadores y participan activamente en debates públicos en los medios para articular su oposición a lo que denominan “progresismo”. También abogan por un papel destacado del sector privado en la sociedad; al Estado le toca fomentar un entorno empresarial sólido mediante aranceles, incentivos, concesiones que den prioridad a los intereses nacionales. Defienden la soberanía pero también entienden la importancia del reconocimiento internacional y la participación en foros multilaterales, aunque sea para llevar su voz de protesta y desacuerdo. Ven con preocupación el avance de China, Rusia e Irán y desean que Occidente retome su posición de liderazgo en la política mundial. Entre las figuras destacadas de esta categoría se encuentran el político chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el fujimorismo en el Perú y el partido español Vox.

El segundo grupo comprende la derecha liberal-tecnocrática, que se desenvuelve en el marco de la democracia liberal y aboga por el principio de subsidiariedad, con un Estado eficiente, un gasto público reducido, impuestos bajos y eliminación de controles para atraer inversiones. Reconocen la importancia de unas instituciones transparentes y fiables, de un sistema de justicia probo e independiente y del respeto irrestricto a los derechos políticos y sociales para fomentar el desarrollo. Defienden el orden liberal internacional y socialmente están comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En lugar de adoptar un discurso polarizador contra la izquierda, abrazan las diferencias como parte integrante de una sana alternancia en el poder, siempre y cuando se acepten las reglas democráticas. En esta categoría destacan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Costa Rica, Rodrigo Cháves, el de Ecuador, Guillermo Lasso; los expresidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri; a la par de líderes como la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las candidatas presidenciales Patricia Bullrich, en Argentina y María Corina Machado, en Venezuela.

Por último, tenemos la derecha populista-iliberal. Esta facción desprecia las normas de la democracia, la alternancia y el equilibrio de poderes. Tienen fuertes tensiones con el sistema judicial y busca restarle independencia a toda costa. Desprecian el principio de separación entre Iglesia y Estado, y organizan actos que mezclan elementos políticos y religiosos. Aunque su retórica económica parece capitalista, en realidad promueven la anticompetencia, el mercantilismo, el favoritismo y la corrupción. Se escudan en la soberanía, denunciando conspiraciones globalistas internacionales, son negacionistas del cambio climático y de los derechos de las minorías, que engloban dentro del término “ideología de género”. Abandonaron la principal bandera de la derecha liberal, que es la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley; y en cambio centran su preocupación en la identidad (religión, sexo, etc.). Se presentan como antiimperialistas que condenan a Estados Unidos y sus políticas de sanciones por inmiscuirse en sus asuntos internos. En algunos casos, pueden incluso formar alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia. Desobedecen sentencias de las cortes internacionales y deliberadamente buscan salirse de los organismos multilaterales. Aborrecen especialmente los derechos humanos, los cuales consideran más “trabas” que garantías. A lo interno, judicializan la protesta, criminalizan a la oposición, violan la libertad de expresión y desconocen elecciones. En esta derecha entran el presidente de El Salvador Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y las organizaciones de la saliente alianza oficialista en Guatemala y también el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Como toda clasificación provisional, esta taxonomía tiene sus filtraciones. Se trata del candidato a la presidencia argentina Javier Milei quien, al menos de momento, no encaja en ninguna de las tres derechas mencionadas. Si bien Milei viene originalmente del mundo académico, está lejos de ser un tecnócrata, siendo más bien un maximalista en temas económicos. Milei era un profesor universitario de Economía, seguidor de la vertiente denominada Escuela Austríaca, cuyas posturas se tienden a asociar al libertarianismo. Saltó a la palestra pública siendo muy controversial en los medios de comunicación, criticando la intervención del gobierno peronista en la economía. Tiene un estilo polémico y polarizante y su programa de gobierno contiene medidas como dolarizar la economía y abolir al Banco Central, liberar el porte de armas, privatizar la salud. Está en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas, pero defiende la inmigración por sus beneficios al crecimiento económico. Nunca se ha pronunciado en contra de los derechos humanos ni de la libertad de expresión. Si llegara al poder, estaría por verse en cuál de los tres grupos de la derecha iberoamericana se ubicaría, o si continuaría siendo un agente libre con una propuesta inclasificable.

En última instancia, la derecha en Iberoamérica no es una entidad monolítica y se puede compartimentalizar en función de sus creencias y enfoques de gobierno. La diversidad de sus distintas vertientes impide categorizarla totalmente en un origen troncal o en una agenda común. Sin embargo, esta propuesta de taxonomía sirve de marco para comprender las complejidades y matices en el espectro de la derecha en la región. A medida que Iberoamérica continúa navegando en un panorama político de retos formidables en el orden internacional, se vuelve esencial asimilar estas diferencias para facilitar un análisis más exhaustivo de la dinámica política en la región y las amenazas a la democracia, que no distinguen signo ideológico. 

Las redes sociales, la democracia y el bienestar: ¿tres contradicciones?
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Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado. 

Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado. 

24 Aug 2023

La vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento en lugar del pensamiento crítico y la reflexión

 

La vida de los seres humanos está marcada por la búsqueda permanente de oportunidades para trabajar y acceder a ingresos que nos permitan ofrecer techo, alimento y seguridad a nuestra familia. Sin embargo, los ciudadanos de América Latina fallamos en no comprender cuánto influye la política en nuestras vidas. Nos convertimos en sociedades superficiales y desinteresadas en los temas de Estado. 

La vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento en lugar del pensamiento crítico y la reflexión, aunque veamos que nuestro futuro está amenazado.   

Democracia, Justicia, Libertad son esas palabras famosas, distantes, elegantes, académicas con las que charlatanes, oportunistas y bandidos hacen y deshacen para llegar al poder y hacernos la vida imposible.

América Latina lleva 70 años perdida en un laberinto de autoritarismo, corrupción y populismo. Hemos tenido momentos y espacios de democracia y libertad, pero no han sido suficientes para consolidar el único sistema político y económico que ofrece desarrollo y bienestar a las naciones: la democracia liberal, republicana y capitalista.

No es perfecto, pero todos los demás sistemas, como lo confirman la estadística y la historia, son el camino seguro a la pobreza, la esclavitud y el subdesarrollo.  

A los tiempos que vivimos se sumaron las redes sociales, que, sin duda, han acercado a millones de seres humanos, han facilitado el diario vivir de muchas maneras y son un éxito indiscutible de la tecnología para beneficio de la humidad; pero, también han separado y enfrentado a personas, familias, sociedades y naciones por la forma irresponsable, oportunista y hasta criminal en que muchos las utilizan.

Incluso en las democracias más avanzadas vivimos la demolición de la educación y la cultura, vivimos la era del falso relato frente a un público ignorante, desinformado y sumiso a los patrones sociales de hoy. Pocos se atreven a desmentirlo o enfrentarlo pues impera el miedo a la sanción social, a la descalificación y al rechazo.

La desinformación, la mentira, la difamación, el insulto, el Deep fake y la generación falsa de textos, imagen y contenido son prácticas inservibles para generar confianza y construir naciones. Ya veremos a dónde nos lleva la IA.

Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Las redes sociales en manos de Estados mafiosos y organizaciones criminales hacen de la política un instrumento peligroso y destructivo. Un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrentan el desarrollo, la democracia y la libertad.

La degradación que ha sufrido la política se debe en gran medida a que las sociedades toman decisiones y actúan en base a datos errados, noticias falsas, intereses económicos o agendas ideológicas. La libertad de expresión conlleva responsabilidad y debe usarse con respeto y distinción. 

En la vida cívica de las naciones son la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, la garantía para defender la paz y la libertad. Por eso, para evitar que el falso relato acabe imponiéndose, informémonos con objetividad, diferenciemos la verdad de la mentira y desarrollemos un pensamiento crítico para aprovechar al máximo las virtudes de la era exponencial en la tecnología. Esto ayudará a que los pueblos no nos sigamos equivocando en casi todas las elecciones.

Ya no queremos más líderes autoritarios, populistas y corruptos que llegan al poder prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Los ciudadanos queremos una clase dirigente fundada en la meritocracia y la honestidad.

Lograr esto es posible, deseable y necesario. Solo debemos promover un cambio profundo en la cultura cívica para alcanzar estabilidad política, certeza jurídica, desarrollo sostenible y prosperidad. Posibilidades que solo ofrece el sistema de la libertad.

Las redes sociales, la democracia y el bienestar: ¿tres contradicciones?

The dangerous weapon of political disqualification
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
20 Jul 2023

Son armas arbitrarias y discrecionales y se han convertido en el principal obstáculo a vencer para la celebración de elecciones auténticas y democráticas. 

 

En Venezuela, las inhabilitaciones se han empleado como método sistemático de persecución contra los líderes de la oposición, por lo menos desde 2002. En estos 24 años, el régimen chavista ha usado instituciones como la Contraloría General de la República, entre otras, para imponer inhabilitaciones a candidatos incómodos y asegurarse un escenario electoral siempre favorable que les permita retener el poder indefinidamente.

Es fundamental entender que las inhabilitaciones políticas no pueden ser impuestas a través de decisiones administrativas y menos sin sentencia firme de un tribunal. Organismos administrativos como la Contraloría General no tienen la autoridad para violar derechos políticos, como tampoco la tiene usar la persecución penal como arma política para impedir candidaturas. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental, y cualquier limitación al mismo debe basarse en condenas de tribunales competentes, siguiendo el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos como López Mendoza Vs. Venezuela y Petro Urrego Vs. Colombia, por citar algunos. 

Lamentablemente, la intensificación de la persecución a través de las inhabilitaciones políticas y judicializaciones parece una tendencia que se propaga en la región latinoamericana.

Cada vez son más frecuentes los ataques sistemáticos contra actores políticos y organizaciones en coyunturas electorales en esta parte del continente: 

  • La reciente inhabilitación de María Corina Machado, candidata delantera de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por la Contraloría General de la República, en la que argumentan: “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía”. Además, de vincularla con una supuesta trama de corrupción entre 2019 y 2023.
  • El acoso contra el Movimiento Semilla, partido ganador en la primera vuelta electoral en Guatemala, que, por una investigación de una fiscalía especial por un caso de firmas falsificadas, un juez ordenó la suspensión de su personalidad jurídica, lo cual de acuerdo a la ley electoral de ese país, le impediría al candidato Bernardo Arévalo medirse en la segunda vuelta este 20 de agosto. A pesar de que tanto el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad han permitido que el proceso electoral continúe como lo dicta el mandato constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, la persecución penal al partido persiste y hay todo tipo de incertidumbre alrededor de la realización de los comicios.
  • La intervención judicial por parte del Ministerio de Justicia de Argentina a la organización que preside la precandidata presidencial Patricia Bullrich, por supuestamente haber "estructurado un sistema de ingresos y egresos" destinado a "financiar" acciones de "proselitismo político" a través de "seminarios, almuerzos y/o aportes". Todo esto, con el fin de eventualmente entorpecer e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. 

 

En una región que no se recupera totalmente de su caída económica de los últimos años, que sucumbe cada vez más en temas de desempeño institucional y seguridad, con aumento de la pobreza cuya brecha no se logra cerrar ni siquiera a tiempos de 2019, con problemas graves de migración y crimen organizado; las elecciones (con la excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela) eran la única garantía de que todavía había algún tipo de compromiso y afinidad con la democracia. Respetar al menos ese principio básico es vital parala estabilidad política de América Latina. 

La peligrosa arma de la inhabilitación política
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
20 Jul 2023

Son armas arbitrarias y discrecionales y se han convertido en el principal obstáculo a vencer para la celebración de elecciones auténticas y democráticas. 

 

En Venezuela, las inhabilitaciones se han empleado como método sistemático de persecución contra los líderes de la oposición, por lo menos desde 2002. En estos 24 años, el régimen chavista ha usado instituciones como la Contraloría General de la República, entre otras, para imponer inhabilitaciones a candidatos incómodos y asegurarse un escenario electoral siempre favorable que les permita retener el poder indefinidamente.

Es fundamental entender que las inhabilitaciones políticas no pueden ser impuestas a través de decisiones administrativas y menos sin sentencia firme de un tribunal. Organismos administrativos como la Contraloría General no tienen la autoridad para violar derechos políticos, como tampoco la tiene usar la persecución penal como arma política para impedir candidaturas. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental, y cualquier limitación al mismo debe basarse en condenas de tribunales competentes, siguiendo el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos como López Mendoza Vs. Venezuela y Petro Urrego Vs. Colombia, por citar algunos. 

Lamentablemente, la intensificación de la persecución a través de las inhabilitaciones políticas y judicializaciones parece una tendencia que se propaga en la región latinoamericana.

Cada vez son más frecuentes los ataques sistemáticos contra actores políticos y organizaciones en coyunturas electorales en esta parte del continente: 

  • La reciente inhabilitación de María Corina Machado, candidata delantera de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por la Contraloría General de la República, en la que argumentan: “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía”. Además, de vincularla con una supuesta trama de corrupción entre 2019 y 2023.
  • El acoso contra el Movimiento Semilla, partido ganador en la primera vuelta electoral en Guatemala, que, por una investigación de una fiscalía especial por un caso de firmas falsificadas, un juez ordenó la suspensión de su personalidad jurídica, lo cual de acuerdo a la ley electoral de ese país, le impediría al candidato Bernardo Arévalo medirse en la segunda vuelta este 20 de agosto. A pesar de que tanto el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad han permitido que el proceso electoral continúe como lo dicta el mandato constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, la persecución penal al partido persiste y hay todo tipo de incertidumbre alrededor de la realización de los comicios.
  • La intervención judicial por parte del Ministerio de Justicia de Argentina a la organización que preside la precandidata presidencial Patricia Bullrich, por supuestamente haber "estructurado un sistema de ingresos y egresos" destinado a "financiar" acciones de "proselitismo político" a través de "seminarios, almuerzos y/o aportes". Todo esto, con el fin de eventualmente entorpecer e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. 

 

En una región que no se recupera totalmente de su caída económica de los últimos años, que sucumbe cada vez más en temas de desempeño institucional y seguridad, con aumento de la pobreza cuya brecha no se logra cerrar ni siquiera a tiempos de 2019, con problemas graves de migración y crimen organizado; las elecciones (con la excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela) eran la única garantía de que todavía había algún tipo de compromiso y afinidad con la democracia. Respetar al menos ese principio básico es vital para la estabilidad política de América Latina. 

The legal deception
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
20 Jul 2023

Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal"

 

La noción del Estado de derecho constituye un pilar fundamental en nuestras sociedades, a la vez que es objeto de constantes deliberaciones. Habitualmente, empleamos este término para ilustrar un contexto en el cual todas las personas e instituciones, sin excepción, están sometidas a leyes que se han aprobado públicamente, poseen una vigencia futura y general, y son aplicadas o administradas por tribunales de justicia independientes.

Sin embargo, este ideal enfrenta obstáculos considerables en su aplicación práctica. Un fenómeno que se observa frecuentemente en diversos regímenes autoritarios es el atropello de los límites constitucionales y los derechos fundamentales, todo bajo el pretexto de la ley y el Estado de derecho.

Estos regímenes manipulan y tergiversan la ley a favor de aquellos que mantienen control sobre las instituciones, apoyándose en una narrativa que pone énfasis en una visión formal y superficial de la ley y el Estado de derecho. Un caso reciente es la dictadura venezolana que, citando una sanción de la Contraloría General de Venezuela, anunció la descalificación de la líder opositora, María Corina Machado. Es evidente cómo el régimen invoca una razón legal para coartar la participación de la oposición.

Como señala el profesor András Sajó en su libro "Ruling by Cheating: Governance in Illiberal Democracy", el acto de "engañar" implica fingir cumplir una regla para poder eludirla, obteniendo por lo general beneficios no merecidos a expensas de las personas engañadas o del "sistema". Esta ventaja se logra quebrantando una regla que otros siguen, lo que se traduce en una ventaja injusta.

Este "engaño legal" es una táctica común en muchos regímenes autoritarios. La ley, por su naturaleza, puede ser interpretada de diversas maneras, y presenta diferentes visiones y significados plausibles. Una buena legislación reduce la incertidumbre, pero es imposible aspirar a un sistema legal compuesto exclusivamente por normas de significado e interpretación inequívocos.

Los tribunales frecuentemente recurren a marcos interpretativos para dar sentido a la ley, y existe un margen dentro del cual ciertas interpretaciones pueden competir entre sí. Esta circunstancia es aún más evidente en materia constitucional, donde los conceptos están lejos de ser fijos y predeterminados.

Indudablemente, existen interpretaciones que desvían el curso de la justicia y trascienden cualquier marco razonable de interpretación. Como recuerda el profesor Sajó, lo que evita el engaño legal y constitucional es "la contención moral y cultural entre los actores constitucionales, resultado de las restricciones y convenciones que los políticos decentes, los administradores y los abogados aceptan sin dudarlo o bajo la presión de una opinión pública moralmente sensible."

Actualmente, el orden constitucional guatemalteco se encuentra en una situación precaria debido a los continuos embates que han afectado el proceso electoral y los órganos electorales. Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal".

Si, como hemos expuesto, la defensa del verdadero significado de la Constitución y las leyes depende en gran medida de esa contención moral y cultural de diversos actores, no cabe duda de que su voz y liderazgo son imprescindibles en este momento crucial.

El engaño legal
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
20 Jul 2023

Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal"

 

La noción del Estado de derecho constituye un pilar fundamental en nuestras sociedades, a la vez que es objeto de constantes deliberaciones. Habitualmente, empleamos este término para ilustrar un contexto en el cual todas las personas e instituciones, sin excepción, están sometidas a leyes que se han aprobado públicamente, poseen una vigencia futura y general, y son aplicadas o administradas por tribunales de justicia independientes.

Sin embargo, este ideal enfrenta obstáculos considerables en su aplicación práctica. Un fenómeno que se observa frecuentemente en diversos regímenes autoritarios es el atropello de los límites constitucionales y los derechos fundamentales, todo bajo el pretexto de la ley y el Estado de derecho.

Estos regímenes manipulan y tergiversan la ley a favor de aquellos que mantienen control sobre las instituciones, apoyándose en una narrativa que pone énfasis en una visión formal y superficial de la ley y el Estado de derecho. Un caso reciente es la dictadura venezolana que, citando una sanción de la Contraloría General de Venezuela, anunció la descalificación de la líder opositora, María Corina Machado. Es evidente cómo el régimen invoca una razón legal para coartar la participación de la oposición.

Como señala el profesor András Sajó en su libro "Ruling by Cheating: Governance in Illiberal Democracy", el acto de "engañar" implica fingir cumplir una regla para poder eludirla, obteniendo por lo general beneficios no merecidos a expensas de las personas engañadas o del "sistema". Esta ventaja se logra quebrantando una regla que otros siguen, lo que se traduce en una ventaja injusta.

Este "engaño legal" es una táctica común en muchos regímenes autoritarios. La ley, por su naturaleza, puede ser interpretada de diversas maneras, y presenta diferentes visiones y significados plausibles. Una buena legislación reduce la incertidumbre, pero es imposible aspirar a un sistema legal compuesto exclusivamente por normas de significado e interpretación inequívocos.

Los tribunales frecuentemente recurren a marcos interpretativos para dar sentido a la ley, y existe un margen dentro del cual ciertas interpretaciones pueden competir entre sí. Esta circunstancia es aún más evidente en materia constitucional, donde los conceptos están lejos de ser fijos y predeterminados.

Indudablemente, existen interpretaciones que desvían el curso de la justicia y trascienden cualquier marco razonable de interpretación. Como recuerda el profesor Sajó, lo que evita el engaño legal y constitucional es "la contención moral y cultural entre los actores constitucionales, resultado de las restricciones y convenciones que los políticos decentes, los administradores y los abogados aceptan sin dudarlo o bajo la presión de una opinión pública moralmente sensible."

Actualmente, el orden constitucional guatemalteco se encuentra en una situación precaria debido a los continuos embates que han afectado el proceso electoral y los órganos electorales. Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal".

Si, como hemos expuesto, la defensa del verdadero significado de la Constitución y las leyes depende en gran medida de esa contención moral y cultural de diversos actores, no cabe duda de que su voz y liderazgo son imprescindibles en este momento crucial.

The unnecessary electoral circus: a tangle of recounts and demands
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
06 Jul 2023

Los órganos de justicia deben actuar con prudencia y evitar que el circo electoral se prolongue innecesariamente.

 

El 25 de junio, las elecciones nacionales arrojaron un resultado presidencial inesperado. Nueve partidos levantaron diversas quejas acerca del recuento de votos y, como resultado, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, como es costumbre en estos tiempos, intervino otorgando un amparo provisional.

Este amparo provisional, expedido el 1 de julio de 2023, ordenó la repetición de la audiencia de revisión de escrutinios, seguido de un cotejo de actas para "corregir" posibles errores en la sumatoria de votos. La CC incluso dejó una puerta abierta para que, en ciertos casos excepcionales, se ordene un recuento de papeletas si existen dudas justificadas de alteraciones de resultados. Pero repito: en casos excepcionales.

Esta intervención de la CC muestra una triste ironía. Aunque el actual proceso electoral fue caótico en la fase de registro de candidaturas, debido a los criterios erráticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la influencia excesiva de las cortes, el conteo de votos ha sido tradicionalmente uno de los aspectos más sólidos de nuestro sistema electoral.

Desde la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral en 1983, nuestro sistema de conteo de votos ha descansado en manos de ciudadanos voluntarios. Esto se ha mantenido hasta hoy y es el principal motivo de su robustez. Los voluntarios forman Juntas Receptoras de Votos (JRV), encargadas de recibir, escrutar y contar los votos en sus respectivas mesas, todo bajo la vigilancia de los fiscales de los partidos políticos.

Pero las JRV son solo un eslabón en una cadena bien organizada y jerarquizada. Por encima de ellas se encuentran las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Departamentales (JED). La JEM se encarga de nombrar y juramentar a las JRV, y luego de recibir y compilar los resultados electorales de estas. La JED, por su parte, tiene la responsabilidad de declarar el resultado y la validez de las elecciones en su departamento y enviar los resultados a instancias superiores.

Este proceso de conteo se documenta meticulosamente en una serie de documentos firmados por los presidentes, secretarios y vocales de las Juntas, desde el documento número 4 que recoge los resultados de cada mesa, hasta el documento número 7, que resume los votos obtenidos por cada partido en todas las elecciones del municipio.

Con esta serie de controles y equilibrios, y la participación de más de 73,281 voluntarios y suplentes en las JRV en más de 24,427 mesas de votación, es casi imposible realizar un fraude a gran escala sin ser descubierto.

A pesar de la seguridad inherente en el proceso, la CC ha ordenado la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios para corregir pequeños errores o impugnaciones que los partidos alegan que no pudieron hacer valer en las audiencias que tuvieron lugar la semana pasada. Sin embargo, actores marginales, que posiblemente ni siquiera comprenden el proceso, han aprovechado esta oportunidad para hacer afirmaciones infundadas de fraude, erosionando aún más la ya precaria confianza en las instituciones democráticas de Guatemala.

Además, aunque el proceso de recuento sea laborioso y meticuloso, algunas críticas han pasado por alto un hecho fundamental: los errores humanos ocurren. Con la cantidad de voluntarios y la magnitud de la votación, es natural que haya discrepancias menores en los números al momento de la sumatoria de votos. Esto no significa necesariamente que haya habido fraude.

El actual y creo, innecesario proceso de cotejo de actas que ha resuelto la Corte, permitirán en el mejor de los casos, corregir errores menores y validar los resultados. La indebida interferencia del tribunal constitucional en este asunto merece un análisis más profundo y espero tener ocasión para hacerlo.

Ahora bien, en estos tiempos de incertidumbre y desconfianza, es vital recordar a las Juntas Electorales y las JRV por su dedicación y esfuerzo cívico. Gracias a su trabajo, Guatemala pudo tener una votación exitosa, a pesar de los obstáculos y desafíos. Aplaudamos a estas personas que decidieron participar activamente en la construcción de  democracia. Su servicio merece nuestro reconocimiento y respeto.

Mientras tanto, aquellos que intentan sembrar dudas y socavar la confianza en nuestro sistema electoral deben reconsiderar sus acciones. Los órganos de justicia deben actuar con prudencia y evitar que el circo electoral se prolongue innecesariamente.