Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}

Recientemente, las comisiones de postulación concluyeron su labor, dejando el futuro de las cortes en manos del Congreso.

Agradezco a los comisionados que lucharon desde el principio por la transparencia, comenzando por definir la sede y excluir a candidatos cuestionados. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la minoría, el proceso actual solo resalta las fallas de un modelo ya agotado.

Cada comisión estaba integrada por 37 miembros. Una debía seleccionar 312 candidatos para las Salas de Corte de Apelaciones (SdCdA) de una lista de más de 1,300 aspirantes, y otra, 26 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre más de 300 candidatos.

Uno de los mayores problemas es el conflicto de interés dentro de las comisiones. Existen dos: una para la CSJ, compuesta por magistrados de las Salas de Apelaciones, y otra para las Salas de Apelaciones, integrada por magistrados de la CSJ.

Además, las limitaciones legales, el gran número de candidatos y el escaso tiempo disponible impiden una evaluación profunda. Una comisión ad honorem no puede revisar 1,300 aspirantes en solo unos días. Esta restricción compromete la calidad e integridad del proceso. Incluso con la mejor intención de los comisionados, sería imposible hacer más en estas condiciones. 

Para agravar el problema, el modelo de evaluación de perfiles es absurdo. El marco normativo premia a quienes presentan títulos de doctorado y más de 15 o 20 años de colegiación activa. El resultado: una proliferación de doctorados de dudosa calidad y el incremento automático de las “notas” por mera “existencia profesional”, no por calidad. Este mecanismo es, en esencia, inoperante y va más allá de lo que los comisionados pueden cambiar.

Urge una reforma constitucional que optimice el sistema de selección y distribución de magistrados, garantizando equilibrio de poder y mayor eficacia en el funcionamiento de la CSJ y las Salas de Apelaciones. Si Guatemala quiere recuperar su justicia, estas deben ser las últimas comisiones de postulación que tengamos para elegir las altas cortes.

Recientemente, las comisiones de postulación concluyeron su labor, dejando el futuro de las cortes en manos del Congreso.

Agradezco a los comisionados que lucharon desde el principio por la transparencia, comenzando por definir la sede y excluir a candidatos cuestionados. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la minoría, el proceso actual solo resalta las fallas de un modelo ya agotado.

Cada comisión estaba integrada por 37 miembros. Una debía seleccionar 312 candidatos para las Salas de Corte de Apelaciones (SdCdA) de una lista de más de 1,300 aspirantes, y otra, 26 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre más de 300 candidatos.

Uno de los mayores problemas es el conflicto de interés dentro de las comisiones. Existen dos: una para la CSJ, compuesta por magistrados de las Salas de Apelaciones, y otra para las Salas de Apelaciones, integrada por magistrados de la CSJ.

Además, las limitaciones legales, el gran número de candidatos y el escaso tiempo disponible impiden una evaluación profunda. Una comisión ad honorem no puede revisar 1,300 aspirantes en solo unos días. Esta restricción compromete la calidad e integridad del proceso. Incluso con la mejor intención de los comisionados, sería imposible hacer más en estas condiciones. 

Para agravar el problema, el modelo de evaluación de perfiles es absurdo. El marco normativo premia a quienes presentan títulos de doctorado y más de 15 o 20 años de colegiación activa. El resultado: una proliferación de doctorados de dudosa calidad y el incremento automático de las “notas” por mera “existencia profesional”, no por calidad. Este mecanismo es, en esencia, inoperante y va más allá de lo que los comisionados pueden cambiar.

Urge una reforma constitucional que optimice el sistema de selección y distribución de magistrados, garantizando equilibrio de poder y mayor eficacia en el funcionamiento de la CSJ y las Salas de Apelaciones. Si Guatemala quiere recuperar su justicia, estas deben ser las últimas comisiones de postulación que tengamos para elegir las altas cortes.

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. 

Con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la emigración desde América Latina ha cobrado una gran relevancia. Aunque la emigración irregular puede representar un desafío, es crucial que Estados Unidos reconozca la contribución económica de la comunidad laina. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos deben asumir su responsabilidad y crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos encuentren oportunidades en sus propias naciones. 

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. Si este grupo demográfico fuera un país, se posicionaría como la quinta economía más grande del mundo, superando a India, Reino Unido y Francia.

Además, entre 2019 y 2022, los latinos fueron responsables del 41.4 % del crecimiento del PIB estadounidense, a pesar de representar solo el 19 % de la población total del país. 

Un estudio de UCLA y la Universidad Luterana de California identifica cuatro factores clave del rápido crecimiento económico de la comunidad latina en Estados Unidos:

1. Educación: Desde 2010, el número de latinos que cursan estudios superiores ha crecido tres veces más rápido que el de los no latinos. Esto incrementa el capital humano y, a su vez, las oportunidades económicas.
2. Crecimiento poblacional: Desde 2010, la población latina en Estados Unidos creció un 26.2 %, en comparación con un 4.1 % de la población no latina. Aunque los latinos constituyen el 19.2 % de la población total, fueron responsables de más del 50 % del crecimiento población entre 2010 y 2022. 
3. Participación en la fuerza laboral: Con una edad media de 30.7 años frente a los 41.1 años de los no latinos, los latinos tienen una mayor participación en la fuerza laboral. Desde 2010, la fuerza laboral latina creció un 34.1 %, en contraste con un 4.5 % en poblaciones no latinas, lo que representa el 58 % del crecimiento total de la fuerza laboral en Estados Unidos.
4. Participación activa en la búsqueda de empleo: Además de su mayor proporción en la población en edad laboral, los latinos también participan de manera más activa en el mercado laboral. En 2022, tenían un 6.3 % más de probabilidades de estar en búsqueda activa de empleo que sus contrapartes no latinas.

Los datos de Latino Donor Collaborative, UCLA y la Universidad Luterana de California demuestran que la comunidad latina tiene un inmenso potencial. Si bien es cierto que Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con la migración irregular y la capacidad de integrar a quienes desean ingresar al país, la migración es un fenómeno que perdurará. Sería más beneficioso que Estados Unidos reconozca y aproveche el potencial de la población latina en su economía.

Por otro lado, los gobiernos de América Latina deben implementar políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para que sus ciudadanos no sientan la necesidad de emigrar. Fomentar un entorno donde puedan invertir en su capital humano y desarrollarse profesionalmente es fundamental para el crecimiento económico que la región tanto necesita.

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. 

Con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la emigración desde América Latina ha cobrado una gran relevancia. Aunque la emigración irregular puede representar un desafío, es crucial que Estados Unidos reconozca la contribución económica de la comunidad laina. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos deben asumir su responsabilidad y crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos encuentren oportunidades en sus propias naciones. 

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. Si este grupo demográfico fuera un país, se posicionaría como la quinta economía más grande del mundo, superando a India, Reino Unido y Francia.

Además, entre 2019 y 2022, los latinos fueron responsables del 41.4 % del crecimiento del PIB estadounidense, a pesar de representar solo el 19 % de la población total del país. 

Un estudio de UCLA y la Universidad Luterana de California identifica cuatro factores clave del rápido crecimiento económico de la comunidad latina en Estados Unidos:

1. Educación: Desde 2010, el número de latinos que cursan estudios superiores ha crecido tres veces más rápido que el de los no latinos. Esto incrementa el capital humano y, a su vez, las oportunidades económicas.
2. Crecimiento poblacional: Desde 2010, la población latina en Estados Unidos creció un 26.2 %, en comparación con un 4.1 % de la población no latina. Aunque los latinos constituyen el 19.2 % de la población total, fueron responsables de más del 50 % del crecimiento población entre 2010 y 2022. 
3. Participación en la fuerza laboral: Con una edad media de 30.7 años frente a los 41.1 años de los no latinos, los latinos tienen una mayor participación en la fuerza laboral. Desde 2010, la fuerza laboral latina creció un 34.1 %, en contraste con un 4.5 % en poblaciones no latinas, lo que representa el 58 % del crecimiento total de la fuerza laboral en Estados Unidos.
4. Participación activa en la búsqueda de empleo: Además de su mayor proporción en la población en edad laboral, los latinos también participan de manera más activa en el mercado laboral. En 2022, tenían un 6.3 % más de probabilidades de estar en búsqueda activa de empleo que sus contrapartes no latinas.

Los datos de Latino Donor Collaborative, UCLA y la Universidad Luterana de California demuestran que la comunidad latina tiene un inmenso potencial. Si bien es cierto que Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con la migración irregular y la capacidad de integrar a quienes desean ingresar al país, la migración es un fenómeno que perdurará. Sería más beneficioso que Estados Unidos reconozca y aproveche el potencial de la población latina en su economía.

Por otro lado, los gobiernos de América Latina deben implementar políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para que sus ciudadanos no sientan la necesidad de emigrar. Fomentar un entorno donde puedan invertir en su capital humano y desarrollarse profesionalmente es fundamental para el crecimiento económico que la región tanto necesita.

A los policías se les respeta y valora en los países avanzados.

Actualmente se esta discutiendo una iniciativa de ley en el Congreso para fortalecer la Policía Nacional Civil, una de las instituciones más importantes para cualquier país, pero que en Guatemala se le ha descuidado.

En nuestro país se le tiene poco respeto a los policías. Muchas veces se les hace de menos y algunas personas los enfrentan ante la certeza de que los policías “no les harán nada”.

Esto podría cambiar si se aprueba esta nueva ley. Uno de los puntos en discusión es que los policías puedan activar sus armas con más libertad de lo que actualmente pueden hacerlo.

En Estados Unidos, si un sospechoso tiene un arma y amenaza a la policía, estos tienen la libertad de activar su armamento y defenderse. La fuerza policial es respetada en ese país y, en general, en los países desarrollados.

En el caso de Guatemala, con la legislación actual, si un policía activa su arma para defenderse, pasa por un proceso legal complejo, lo cual provoca que los policías no ejerzan la autoridad con determinación.

Esta nueva ley también contempla penas severas para las personas que falsifiquen los uniformes de la PNC y busca mejorar el salario y las condiciones laborales de los policías.

Una de las funciones más importantes que debe cumplir un Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. Para ello se requiere contar con policías bien pagados, altamente capacitados, en condiciones dignas, con equipo moderno y con la libertad suficiente para actuar en momentos de crisis.

Por supuesto, no debemos irnos al extremo en el cual los policías puedan actuar con total impunidad.  Se debe seguir los modelos de los países desarrollados que han demostrado funcionar bien.  No tenemos que inventar el agua azucarada.

Los diputados deben darle prioridad a esta ley.

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 19 de septiembre.} 

A los policías se les respeta y valora en los países avanzados.

Actualmente se esta discutiendo una iniciativa de ley en el Congreso para fortalecer la Policía Nacional Civil, una de las instituciones más importantes para cualquier país, pero que en Guatemala se le ha descuidado.

En nuestro país se le tiene poco respeto a los policías. Muchas veces se les hace de menos y algunas personas los enfrentan ante la certeza de que los policías “no les harán nada”.

Esto podría cambiar si se aprueba esta nueva ley. Uno de los puntos en discusión es que los policías puedan activar sus armas con más libertad de lo que actualmente pueden hacerlo.

En Estados Unidos, si un sospechoso tiene un arma y amenaza a la policía, estos tienen la libertad de activar su armamento y defenderse. La fuerza policial es respetada en ese país y, en general, en los países desarrollados.

En el caso de Guatemala, con la legislación actual, si un policía activa su arma para defenderse, pasa por un proceso legal complejo, lo cual provoca que los policías no ejerzan la autoridad con determinación.

Esta nueva ley también contempla penas severas para las personas que falsifiquen los uniformes de la PNC y busca mejorar el salario y las condiciones laborales de los policías.

Una de las funciones más importantes que debe cumplir un Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. Para ello se requiere contar con policías bien pagados, altamente capacitados, en condiciones dignas, con equipo moderno y con la libertad suficiente para actuar en momentos de crisis.

Por supuesto, no debemos irnos al extremo en el cual los policías puedan actuar con total impunidad.  Se debe seguir los modelos de los países desarrollados que han demostrado funcionar bien.  No tenemos que inventar el agua azucarada.

Los diputados deben darle prioridad a esta ley.

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 19 de septiembre.}