El péndulo político, desordenado y oportunista, que va de un lado al otro, ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos; de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente; al otro, esa izquierda socialista, resentida y fracasada que solo genera conflicto y pobreza. Los dos, siempre corruptos, iliberales y autoritarios.

América Latina tiene una relación promiscua, pervertida e incestuosa con la política. Su manifestación más evidente está en los movimientos desordenados y extremos de un péndulo ideológico que de ideas tiene poco, de proyectos serios menos y de estadistas y tecnócratas competentes casi ausencia total.  

De las dictaduras militares de los sesenta y setentas pasamos a la apertura democrática; pero, aparte de las excepciones conocidas, en la mayoría de nuestros países, fuimos incapaces de instalar y consolidar repúblicas democráticas en libertad, con Estado de derecho y oportunidades para todos.

No hemos logrado diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que tenga las políticas públicas y el consenso mínimo suficiente para darle continuidad a través de los años y los gobiernos; pero, sobre todo, para darnos a nosotros mismos la oportunidad de demostrar que solo en libertad, con respeto a la ley y en democracia se alcanzan la prosperidad y el bienestar.

Es cierto, el desarrollo exige trabajo, disciplina, consistencia. Sacrificios. Los mismos que hicieron quienes hoy viven en el mundo desarrollado.

El péndulo político, desordenado y oportunista, que va de un lado al otro, ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos; de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente; al otro, esa izquierda socialista, resentida y fracasada que solo genera conflicto y pobreza. Los dos, siempre corruptos, iliberales y autoritarios.

Lo que no ven unos y otros, es que unos son la causa y el argumento de los otros. Ambos impresentables. Los pueblos sufren, las naciones fracasan. Y aunque no lo vean, los sociópatas que manipulan el péndulo terminan siempre en el basurero de la historia.

Es cierto que hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Los gobernantes capaces, honestos y honorables son excepción. Los que abundan son populistas, delincuentes y aprendices de dictador.

Las circunstancias geopolíticas, sociales, comerciales y tecnológicas están forzando a que la forma de hacer política y la economía del mundo se deban reinventar. Estos procesos son disfuncionales e imperfectos, provocan dolores y contradicciones; requieren capacidad y madurez. Pero no tenemos opción. De esa exigencia irreal por satisfactores inmediatos debemos regresar a la racionalidad del trabajo honrado, con firmeza y constancia.  

Por eso, volvamos al valor del ciudadano, al fundamento del ser humano – la razón de ser de la creación – para que rescate el timón de su destino, el compás de su vida, la salvación de su presente, la ilusión por su futuro.    

Esto solo se logra rescatando el control del péndulo que hoy manipulan autócratas, populistas y malhechores. Esto solo se consigue exigiendo que nuestra voz, nuestro voto y nuestro corazón sean escuchados.

La mejor opción disponible para alcanzar el éxito está inventada. Es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la que escucha al ciudadano, la que invita trabajar con esfuerzo y dedicación para construir países en los que cabemos todos, naciones habitadas por gente con derechos, pero también con obligaciones.

Son la democracia liberal con división de poderes y un modelo de desarrollo los que promueven, motivan y permiten la generación de ideas que se convierten en proyectos que gestionan estadistas consecuentes que son electos por ciudadanos en procesos electorales libres, democráticos y transparentes. Este es el desafío de nuestro tiempo.

Para darnos la oportunidad de alcanzar la victoria, debemos firmar la paz con la política. Rescatarla. Volver a ella con una relación responsable, de respeto, basada en la fidelidad, el honor, la rendición de cuentas, el sacrificio, la perseverancia. Son las mismas disciplinas que exige la defensa de la libertad, porque la libertad es el fundamento de la política y el verdadero timón del péndulo de nuestro destino.    

El péndulo político, desordenado y oportunista, que va de un lado al otro, ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos; de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente; al otro, esa izquierda socialista, resentida y fracasada que solo genera conflicto y pobreza. Los dos, siempre corruptos, iliberales y autoritarios.

América Latina tiene una relación promiscua, pervertida e incestuosa con la política. Su manifestación más evidente está en los movimientos desordenados y extremos de un péndulo ideológico que de ideas tiene poco, de proyectos serios menos y de estadistas y tecnócratas competentes casi ausencia total.  

De las dictaduras militares de los sesenta y setentas pasamos a la apertura democrática; pero, aparte de las excepciones conocidas, en la mayoría de nuestros países, fuimos incapaces de instalar y consolidar repúblicas democráticas en libertad, con Estado de derecho y oportunidades para todos.

No hemos logrado diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que tenga las políticas públicas y el consenso mínimo suficiente para darle continuidad a través de los años y los gobiernos; pero, sobre todo, para darnos a nosotros mismos la oportunidad de demostrar que solo en libertad, con respeto a la ley y en democracia se alcanzan la prosperidad y el bienestar.

Es cierto, el desarrollo exige trabajo, disciplina, consistencia. Sacrificios. Los mismos que hicieron quienes hoy viven en el mundo desarrollado.

El péndulo político, desordenado y oportunista, que va de un lado al otro, ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos; de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente; al otro, esa izquierda socialista, resentida y fracasada que solo genera conflicto y pobreza. Los dos, siempre corruptos, iliberales y autoritarios.

Lo que no ven unos y otros, es que unos son la causa y el argumento de los otros. Ambos impresentables. Los pueblos sufren, las naciones fracasan. Y aunque no lo vean, los sociópatas que manipulan el péndulo terminan siempre en el basurero de la historia.

Es cierto que hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Los gobernantes capaces, honestos y honorables son excepción. Los que abundan son populistas, delincuentes y aprendices de dictador.

Las circunstancias geopolíticas, sociales, comerciales y tecnológicas están forzando a que la forma de hacer política y la economía del mundo se deban reinventar. Estos procesos son disfuncionales e imperfectos, provocan dolores y contradicciones; requieren capacidad y madurez. Pero no tenemos opción. De esa exigencia irreal por satisfactores inmediatos debemos regresar a la racionalidad del trabajo honrado, con firmeza y constancia.  

Por eso, volvamos al valor del ciudadano, al fundamento del ser humano – la razón de ser de la creación – para que rescate el timón de su destino, el compás de su vida, la salvación de su presente, la ilusión por su futuro.    

Esto solo se logra rescatando el control del péndulo que hoy manipulan autócratas, populistas y malhechores. Esto solo se consigue exigiendo que nuestra voz, nuestro voto y nuestro corazón sean escuchados.

La mejor opción disponible para alcanzar el éxito está inventada. Es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la que escucha al ciudadano, la que invita trabajar con esfuerzo y dedicación para construir países en los que cabemos todos, naciones habitadas por gente con derechos, pero también con obligaciones.

Son la democracia liberal con división de poderes y un modelo de desarrollo los que promueven, motivan y permiten la generación de ideas que se convierten en proyectos que gestionan estadistas consecuentes que son electos por ciudadanos en procesos electorales libres, democráticos y transparentes. Este es el desafío de nuestro tiempo.

Para darnos la oportunidad de alcanzar la victoria, debemos firmar la paz con la política. Rescatarla. Volver a ella con una relación responsable, de respeto, basada en la fidelidad, el honor, la rendición de cuentas, el sacrificio, la perseverancia. Son las mismas disciplinas que exige la defensa de la libertad, porque la libertad es el fundamento de la política y el verdadero timón del péndulo de nuestro destino.    

El proceso de impugnación de candidaturas ha cobrado cada vez más relevancia. Considero importante abordar el asunto desde una perspectiva didáctica para el ciudadano común que desee entender el proceso y para el observador extranjero que encontrará esta situación extraña y difícil de entender.

En una columna pasada comenté las claves del año electoral. Entre ellas, mencioné los posibles vetos a las candidaturas como uno de los elementos centrales. En esta columna me limitaré a mencionar los temas que pueden dar lugar (y ya han dado lugar) a impugnaciones, así como el proceso que seguirán.

El proceso de impugnación de candidaturas ha cobrado cada vez más relevancia. Considero importante abordar el asunto desde una perspectiva didáctica para el ciudadano común que desee entender el proceso y para el observador extranjero que encontrará esta situación extraña y difícil de entender.

Punto primero: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en su artículo 155 literal “e”, establece que es función del Registro de Ciudadanos, órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE), inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular.

SI el Registro de Ciudadanos niega la inscripción a un candidato a diputaciones, corporación municipal a un o binomio presidencial, el partido político (o comité cívico si fuera el caso) puede interponer recurso de nulidad (artículo 246 LEPP) y éste lo conocerá y resolverá el TSE. 

Aunque el artículo 250 de la LEPP establece que únicamente pueden impugnar las organizaciones políticas, jurisprudencialmente ha quedado abierta la puerta para que, en ciertos casos, los candidatos interesados también pueden pelear su inscripción y acudir a la vía del amparo si la organización política no acciona en su interés (expedientes 936-2013, 2721-2020).

 Si el Registro de Ciudadanos resuelve inscribir a un candidato a diputaciones, corporación municipal o a un binomio presidencial, los demás partidos políticos pueden también interponer un recurso de nulidad para cuestionar dicha decisión.

En ambos casos, el TSE debe resolver. Las impugnaciones para cuestionar una inscripción de candidaturas deberían centrase en demostrar que el candidato o binomio no cumple con los requisitos constitucionales o legales o que incurren en alguna causal de inhabilidad o en alguna prohibición. Los interesados tienen tres días para interponer los recursos (a partir de la publicación de la resolución en la web del TSE) y el TSE también tres días para resolver. En este momento, todos los días son hábiles.

Una vez el TSE resuelve las impugnaciones, los interesados que no estén conformes pueden acudir a la vía del amparo tal y como lo dispone el artículo 248 de la LEPP. Este amparo lo conocerá en primera instancia la Corte Suprema de Justicia (artículo 249 LEPP y 12 de la Ley de Amparo). Existe un plazo de cinco (5) días para interponer el amparo en materia electoral de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Amparo.

Una vez interpuesto el amparo hay un momento importante: la decisión del tribunal de otorgar o no el amparo provisional. Por ejemplo, para un binomio presidencial cuya inscripción ha sido negada por el TSE al resolver la nulidad el amparo provisional puede ordenar su inscripción en tanto se dicta sentencia lo cual puede tardar semanas. Ese amparo provisional es apelable ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

 Al dictar sentencia, la Corte Suprema de Justicia puede otorgar el amparo a los interesados y el TSE deberá emitir una nueva resolución ordenando su inscripción. Si la Corte deniega el amparo, puede apelar la sentencia y el caso llegará hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) quien tendrá la última palabra.

Un dato importante: a partir del expediente 6234-2016 la CC consideró que el TSE no ejerce función jurisdiccional y que, en consecuencia, si la Corte Suprema de Justicia otorga el amparo al candidato o partido político interesado, el TSE puede apelar tanto el amparo provisional como la sentencia ante la CC. Algo que vimos más de una vez tanto en las elecciones de 2015 y 2019.

Otro detalle importante: he hablado desde el comienzo de inscripción de “binomios presidenciales”. La CC expresó en el expediente 585-2020 que la inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente es por el sistema de planilla electoral de acuerdo con la LEPP. De tal suerte que:

“… por incumplimiento de requisitos, impedimento o prohibición de uno solo de los integrantes de la planilla o binomio, la decisión de no acceder a la inscripción o la revocatoria de esta última es tomada respecto a la planilla o binomio que comprende a ambos candidatos.” (Resaltado propio).

En las próximas entregas abordaré los detalles de los casos más frecuentes de negación de inscripciones: por una parte, el mal llamado finiquito (constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos y la supuesta falta de “idoneidad” como elementos que restringen el derecho al sufragio pasivo, pero están vigentes. Por otra parte, al resto de prohibiciones: el artículo 186 constitucional, la prohibición a los contratistas, entre otros.

El proceso de impugnación de candidaturas ha cobrado cada vez más relevancia. Considero importante abordar el asunto desde una perspectiva didáctica para el ciudadano común que desee entender el proceso y para el observador extranjero que encontrará esta situación extraña y difícil de entender.

En una columna pasada comenté las claves del año electoral. Entre ellas, mencioné los posibles vetos a las candidaturas como uno de los elementos centrales. En esta columna me limitaré a mencionar los temas que pueden dar lugar (y ya han dado lugar) a impugnaciones, así como el proceso que seguirán.

El proceso de impugnación de candidaturas ha cobrado cada vez más relevancia. Considero importante abordar el asunto desde una perspectiva didáctica para el ciudadano común que desee entender el proceso y para el observador extranjero que encontrará esta situación extraña y difícil de entender.

Punto primero: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en su artículo 155 literal “e”, establece que es función del Registro de Ciudadanos, órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE), inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular.

SI el Registro de Ciudadanos niega la inscripción a un candidato a diputaciones, corporación municipal a un o binomio presidencial, el partido político (o comité cívico si fuera el caso) puede interponer recurso de nulidad (artículo 246 LEPP) y éste lo conocerá y resolverá el TSE. 

Aunque el artículo 250 de la LEPP establece que únicamente pueden impugnar las organizaciones políticas, jurisprudencialmente ha quedado abierta la puerta para que, en ciertos casos, los candidatos interesados también pueden pelear su inscripción y acudir a la vía del amparo si la organización política no acciona en su interés (expedientes 936-2013, 2721-2020).

 Si el Registro de Ciudadanos resuelve inscribir a un candidato a diputaciones, corporación municipal o a un binomio presidencial, los demás partidos políticos pueden también interponer un recurso de nulidad para cuestionar dicha decisión.

En ambos casos, el TSE debe resolver. Las impugnaciones para cuestionar una inscripción de candidaturas deberían centrase en demostrar que el candidato o binomio no cumple con los requisitos constitucionales o legales o que incurren en alguna causal de inhabilidad o en alguna prohibición. Los interesados tienen tres días para interponer los recursos (a partir de la publicación de la resolución en la web del TSE) y el TSE también tres días para resolver. En este momento, todos los días son hábiles.

Una vez el TSE resuelve las impugnaciones, los interesados que no estén conformes pueden acudir a la vía del amparo tal y como lo dispone el artículo 248 de la LEPP. Este amparo lo conocerá en primera instancia la Corte Suprema de Justicia (artículo 249 LEPP y 12 de la Ley de Amparo). Existe un plazo de cinco (5) días para interponer el amparo en materia electoral de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Amparo.

Una vez interpuesto el amparo hay un momento importante: la decisión del tribunal de otorgar o no el amparo provisional. Por ejemplo, para un binomio presidencial cuya inscripción ha sido negada por el TSE al resolver la nulidad el amparo provisional puede ordenar su inscripción en tanto se dicta sentencia lo cual puede tardar semanas. Ese amparo provisional es apelable ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

 Al dictar sentencia, la Corte Suprema de Justicia puede otorgar el amparo a los interesados y el TSE deberá emitir una nueva resolución ordenando su inscripción. Si la Corte deniega el amparo, puede apelar la sentencia y el caso llegará hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) quien tendrá la última palabra.

Un dato importante: a partir del expediente 6234-2016 la CC consideró que el TSE no ejerce función jurisdiccional y que, en consecuencia, si la Corte Suprema de Justicia otorga el amparo al candidato o partido político interesado, el TSE puede apelar tanto el amparo provisional como la sentencia ante la CC. Algo que vimos más de una vez tanto en las elecciones de 2015 y 2019.

Otro detalle importante: he hablado desde el comienzo de inscripción de “binomios presidenciales”. La CC expresó en el expediente 585-2020 que la inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente es por el sistema de planilla electoral de acuerdo con la LEPP. De tal suerte que:

“… por incumplimiento de requisitos, impedimento o prohibición de uno solo de los integrantes de la planilla o binomio, la decisión de no acceder a la inscripción o la revocatoria de esta última es tomada respecto a la planilla o binomio que comprende a ambos candidatos.” (Resaltado propio).

En las próximas entregas abordaré los detalles de los casos más frecuentes de negación de inscripciones: por una parte, el mal llamado finiquito (constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos y la supuesta falta de “idoneidad” como elementos que restringen el derecho al sufragio pasivo, pero están vigentes. Por otra parte, al resto de prohibiciones: el artículo 186 constitucional, la prohibición a los contratistas, entre otros.

La tolerancia mutua y la contención institucional significan no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial y no utilizar los poderes institucionales para aniquilarse mutuamente.

A pocos días de la toma de posesión de Lula Da Silva para su tercer mandato presidencial, el 8 de enero, se desataron una serie de disturbios en Brasilia encabezados por seguidores radicales del presidente saliente, Jair Bolsonaro, que culminaron en un intento de toma violenta de los edificios de los tres poderes del Estado, con un saldo de alrededor de 1500 detenidos. Por un lado, los bolsonaristas alegan que las elecciones presidenciales fueron robadas y que hubo un fraude electoral, a la par que desde el oficialismo, el presidente Lula les acusa de “nazis” y “fascistas” y dice que va a llegar hasta las últimas instancias penales para que los saboteadores paguen sus crímenes. 

Si bien de ninguna forma se justifica el ataque y asedio violento a las instituciones del Estado, mucho menos sin pruebas contundentes de un fraude electoral, la respuesta del oficialismo ha sido inusualmente dura, más en un gobierno de tradición garantista como el del PT. Al momento más de 350 detenidos han sido encarcelados por orden del magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Otras 220 personas están libres con cargos. Y Moraes aún tiene que analizar los expedientes de unos 800 arrestados. No sólo eso, sino que en días recientes Lula (también sin pruebas concretas) ha destituido a más de 80 militares por la supuesta complicidad de las Fuerzas Armadas brasileñas en el ataque al Palacio Presidencial. 

Luego de la depuración de las Fuerzas Armadas, Lula procedió a renovar todas las cúpulas de las fuerzas policiales en 18 estados brasileños. Sin embargo, si bien el ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, asegura que estas decisiones no tienen que ver con los acontecimientos del 8 de enero, sorprenden bastante por el timming de estas rotaciones a tan pocos días de los hechos. 

Por si fuera poco, y más grave todavía, Lula también destituyó por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños como Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional, a raíz “del tratamiento que realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia del pasado 8 de enero”, sentando un precedente para nada conciliador sobre lo que será su presidencia en los próximos años y los extremos en que gravitarán tanto el oficialismo como la oposición. 

Con una mayoría opositora en el Congreso, la estrategia de confrontación que han elegido ambos extremos políticos de derecha e izquierda no parece la mejor. A pesar del centrismo y la moderación que muchas de las fuerzas del país le están exigiendo, la retórica de Lula no parece conciliar, además de que es bastante probable que el presidente recurra a sus facultades unilaterales de decretos ejecutivos para desmontar muchas políticas del gobierno anterior en materia de ayudas sociales y relaciones exteriores.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta segunda oleada de gobiernos de izquierda en América Latina, tiene como particularidad la gran fragmentación y la alta polarización, que hace que sus proyectos no sean hegemónicos. Además de encontrarse en un contexto de crisis económica e inflación mundial, que hace este periplo totalmente distinto al de inicios del milenio con el boom de commodities, pues ahora no cuentan con la holgura financiera para aceitar sus maquinarias redistributivas y reeleccionistas. 

Ciertamente la democracia es algo más que ganar elecciones, pues conlleva una serie de reglas informales que el académico Steve Levitsky ha llamado “guardarraíles de la democracia”. Estas salvaguardas impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto de alta intensidad que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales (y mucho menos de fuerza) para aniquilarse mutuamente.

Lamentablemente, nos encontramos en un momento de nuestra historia en el que cuesta encontrar un ejemplo donde estos guardarraíles estén intactos. 

La tolerancia mutua y la contención institucional significan no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial y no utilizar los poderes institucionales para aniquilarse mutuamente.

A pocos días de la toma de posesión de Lula Da Silva para su tercer mandato presidencial, el 8 de enero, se desataron una serie de disturbios en Brasilia encabezados por seguidores radicales del presidente saliente, Jair Bolsonaro, que culminaron en un intento de toma violenta de los edificios de los tres poderes del Estado, con un saldo de alrededor de 1500 detenidos. Por un lado, los bolsonaristas alegan que las elecciones presidenciales fueron robadas y que hubo un fraude electoral, a la par que desde el oficialismo, el presidente Lula les acusa de “nazis” y “fascistas” y dice que va a llegar hasta las últimas instancias penales para que los saboteadores paguen sus crímenes. 

Si bien de ninguna forma se justifica el ataque y asedio violento a las instituciones del Estado, mucho menos sin pruebas contundentes de un fraude electoral, la respuesta del oficialismo ha sido inusualmente dura, más en un gobierno de tradición garantista como el del PT. Al momento más de 350 detenidos han sido encarcelados por orden del magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Otras 220 personas están libres con cargos. Y Moraes aún tiene que analizar los expedientes de unos 800 arrestados. No sólo eso, sino que en días recientes Lula (también sin pruebas concretas) ha destituido a más de 80 militares por la supuesta complicidad de las Fuerzas Armadas brasileñas en el ataque al Palacio Presidencial. 

Luego de la depuración de las Fuerzas Armadas, Lula procedió a renovar todas las cúpulas de las fuerzas policiales en 18 estados brasileños. Sin embargo, si bien el ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, asegura que estas decisiones no tienen que ver con los acontecimientos del 8 de enero, sorprenden bastante por el timming de estas rotaciones a tan pocos días de los hechos. 

Por si fuera poco, y más grave todavía, Lula también destituyó por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños como Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional, a raíz “del tratamiento que realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia del pasado 8 de enero”, sentando un precedente para nada conciliador sobre lo que será su presidencia en los próximos años y los extremos en que gravitarán tanto el oficialismo como la oposición. 

Con una mayoría opositora en el Congreso, la estrategia de confrontación que han elegido ambos extremos políticos de derecha e izquierda no parece la mejor. A pesar del centrismo y la moderación que muchas de las fuerzas del país le están exigiendo, la retórica de Lula no parece conciliar, además de que es bastante probable que el presidente recurra a sus facultades unilaterales de decretos ejecutivos para desmontar muchas políticas del gobierno anterior en materia de ayudas sociales y relaciones exteriores.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta segunda oleada de gobiernos de izquierda en América Latina, tiene como particularidad la gran fragmentación y la alta polarización, que hace que sus proyectos no sean hegemónicos. Además de encontrarse en un contexto de crisis económica e inflación mundial, que hace este periplo totalmente distinto al de inicios del milenio con el boom de commodities, pues ahora no cuentan con la holgura financiera para aceitar sus maquinarias redistributivas y reeleccionistas. 

Ciertamente la democracia es algo más que ganar elecciones, pues conlleva una serie de reglas informales que el académico Steve Levitsky ha llamado “guardarraíles de la democracia”. Estas salvaguardas impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto de alta intensidad que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales (y mucho menos de fuerza) para aniquilarse mutuamente.

Lamentablemente, nos encontramos en un momento de nuestra historia en el que cuesta encontrar un ejemplo donde estos guardarraíles estén intactos. 

Hay incertidumbre por la forma en que el TSE aplique la normativa electoral

El 25 de junio de 2023 Guatemala celebrará elecciones generales. Se elegirán presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus respectivos suplentes. Si ninguna planilla para la presidencia y vicepresidencia alcanza la mitad más uno de votos válidos (lo más probable) habrá segunda vuelta el 27 de agosto.

 Las claves estarán en tres factores: la alta dispersión del voto, los vetos a candidaturas y la falta de certeza respecto de la aplicación de la compleja legislación electoral.

En primer lugar, al 6 de enero de 2023 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportaba 29 partidos políticos inscritos. Para esa misma fecha, el TSE reportaba que al menos 6 comités para la formación de partidos políticos habían superado el umbral de afiliados para convertirse en partido político.

No está claro que todos consigan celebrar asambleas a tiempo para proclamar y registrar candidatos, pero podríamos ver a casi una treintena de partidos políticos compitiendo en las elecciones y superar los 19 candidatos presidenciales que hubo en 2019.

El primer elemento clave para ganar una elección es el reconocimiento de marca. Hoy, con pocas encuestas confiables a disposición, pareciera ser que hay cuatro candidatos que parten con cierta ventaja en ese aspecto: Torres, Ríos, Mulet y Arzú.

Algo muy similar a lo visto en 2019. Las reglas electorales modificadas en 2016 sacaron de la mesa la posibilidad de levantar el reconocimiento de marca a base de campaña de “aire” (radio y TV) y la campaña de “tierra” (estructurales locales) es costosa y está dispersa.

Sin embargo, 2019 también nos mostró que un candidato que obtiene menos del 14% de votos (Alejandro Giammattei) puede convertirse en presidente en una segunda vuelta. Como dato curioso: los votos nulos y en blanco sumaron más votos (662,152 frente a 614,025). Esto deja a tiro a que un candidato inesperado pueda llegar a los 12 o 15 puntos y se “cuele” en una hipotética segunda vuelta. No es fácil, pero no es descabellado.

En segundo lugar, el veto a las candidaturas será un elemento para prestar atención, especialmente a nivel de corporaciones municipales y diputaciones. Entre 2015 y 2019, dos magistraturas distintas de la Corte de Constitucionalidad (CC) sostuvieron el criterio de que podía negarse el registro de candidatos a personas de comprometida “idoneidad” u “honradez” (sobre esto puede leerse un trabajo publicado en 2019). También merece atención la cantidad de constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) que podrían frustrar candidaturas.

Y, por último, hay incertidumbre por la forma en que el TSE aplique la normativa electoral. Ya vivimos un primer caso de propaganda ilegal anticipada en la que el TSE corrigió la plana al Registro de Ciudadanos, pero únicamente en cuanto a lo procesal (caso Roberto Arzú). El caso deberá continuar su trámite y no sabemos en qué sentido se resolvería el fondo. Por verse está por su parte cómo aplique el TSE la normativa en materia de sanciones, cómo termine de resolver el asunto del voto en el extranjero, entre otras cosas.

No debemos olvidar que algunos de estos aspectos cruciales como la aplicación de sanciones, la idoneidad de candidatos y los posibles cuestionamientos por prohibiciones constitucionales terminarán con casi total seguridad en la Corte de Constitucionalidad (CC). Fungirá como el VAR de las decisiones más trascendentales.

Hay incertidumbre por la forma en que el TSE aplique la normativa electoral

El 25 de junio de 2023 Guatemala celebrará elecciones generales. Se elegirán presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus respectivos suplentes. Si ninguna planilla para la presidencia y vicepresidencia alcanza la mitad más uno de votos válidos (lo más probable) habrá segunda vuelta el 27 de agosto.

 Las claves estarán en tres factores: la alta dispersión del voto, los vetos a candidaturas y la falta de certeza respecto de la aplicación de la compleja legislación electoral.

En primer lugar, al 6 de enero de 2023 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportaba 29 partidos políticos inscritos. Para esa misma fecha, el TSE reportaba que al menos 6 comités para la formación de partidos políticos habían superado el umbral de afiliados para convertirse en partido político.

No está claro que todos consigan celebrar asambleas a tiempo para proclamar y registrar candidatos, pero podríamos ver a casi una treintena de partidos políticos compitiendo en las elecciones y superar los 19 candidatos presidenciales que hubo en 2019.

El primer elemento clave para ganar una elección es el reconocimiento de marca. Hoy, con pocas encuestas confiables a disposición, pareciera ser que hay cuatro candidatos que parten con cierta ventaja en ese aspecto: Torres, Ríos, Mulet y Arzú.

Algo muy similar a lo visto en 2019. Las reglas electorales modificadas en 2016 sacaron de la mesa la posibilidad de levantar el reconocimiento de marca a base de campaña de “aire” (radio y TV) y la campaña de “tierra” (estructurales locales) es costosa y está dispersa.

Sin embargo, 2019 también nos mostró que un candidato que obtiene menos del 14% de votos (Alejandro Giammattei) puede convertirse en presidente en una segunda vuelta. Como dato curioso: los votos nulos y en blanco sumaron más votos (662,152 frente a 614,025). Esto deja a tiro a que un candidato inesperado pueda llegar a los 12 o 15 puntos y se “cuele” en una hipotética segunda vuelta. No es fácil, pero no es descabellado.

En segundo lugar, el veto a las candidaturas será un elemento para prestar atención, especialmente a nivel de corporaciones municipales y diputaciones. Entre 2015 y 2019, dos magistraturas distintas de la Corte de Constitucionalidad (CC) sostuvieron el criterio de que podía negarse el registro de candidatos a personas de comprometida “idoneidad” u “honradez” (sobre esto puede leerse un trabajo publicado en 2019). También merece atención la cantidad de constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) que podrían frustrar candidaturas.

Y, por último, hay incertidumbre por la forma en que el TSE aplique la normativa electoral. Ya vivimos un primer caso de propaganda ilegal anticipada en la que el TSE corrigió la plana al Registro de Ciudadanos, pero únicamente en cuanto a lo procesal (caso Roberto Arzú). El caso deberá continuar su trámite y no sabemos en qué sentido se resolvería el fondo. Por verse está por su parte cómo aplique el TSE la normativa en materia de sanciones, cómo termine de resolver el asunto del voto en el extranjero, entre otras cosas.

No debemos olvidar que algunos de estos aspectos cruciales como la aplicación de sanciones, la idoneidad de candidatos y los posibles cuestionamientos por prohibiciones constitucionales terminarán con casi total seguridad en la Corte de Constitucionalidad (CC). Fungirá como el VAR de las decisiones más trascendentales.

Tendremos que esperar nuevos vientos. 

El 30 de diciembre de 2022 se hizo oficial la finalización de la presidencia encargada de Juan Guaidó, la cual asumió desde 2019, cuando más de 50 países del mundo lo reconocieron como presidente legítimo de Venezuela ante el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2018. 

En aquel momento, la oposición democrática venezolana, conformada por la bancada mayoritaria de partidos políticos de oposición en la Asamblea Nacional, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios profesionales e intelectuales, las universidades y la academia, el sector privado, los medios de comunicación independientes, etc.; valiéndose de una interpretación de un artículo de la Constitución venezolana, dieron soporte y contenido a un instrumento sui generis al cual se le llamó “interinato”. 

En su momento, se pensó que el interinato sería el catalizador que propiciaría una transición democrática en Venezuela mediante un “mantra” de tres pasos: 1) cese de la usurpación, 2) gobierno de transición y 3) elecciones libres. Sin embargo, atendiendo a la teoría política más elemental, al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, pronto el interinato entró en un proceso de desgaste tanto en la cristalización de sus objetivos como en la aprobación de los venezolanos, que necesitaban desesperadamente una salida a la profunda crisis humanitaria de aquellos años. 

A esto se le suma el “viraje” geopolítico que ha tenido la región en este último ciclo electoral 2021-2022, que llenó al continente de gobiernos que están dispuestos a convivir con la tiranía de Maduro y que de hecho pretenden lavarle la cara internacionalmente, sembrando la idea de “apertura” de un supuesto retorno a la gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica. 

Para colmo, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 hizo que apenas un mes después la administración de Joe Biden se replanteara su estrategia hacia Venezuela y buscara apaciguar las tensiones diplomáticas con Maduro para asegurar suministro de petróleo a Estados Unidos en medio de una crisis económica y de probable escasez de combustible en la potencia del norte. 

Todos estos eventos presagiaban el fin del interinato, que en los últimos años se terminó convirtiendo en un instrumento de canalización de ayuda exterior y de resguardo de activos del Estado venezolano en el extranjero, por lo que no es de extrañar que el pasado 4 de enero, el Departamento de Estado afirmara que “acogen favorablemente el acuerdo entre la Asamblea Nacional y Juan Guaidó”, es decir, que refrendan su destitución como presidente interino de Venezuela.  

Cabe destacar que este recuento no pretende ser un análisis exhaustivo de los arreglos jurídicos y constitucionales, ni tampoco un estudio de la juridicidad y legitimidad del interinato ni de su remoción en 2022. Creemos que en los últimos días se han dado sendos análisis jurídicos y constitucionales por excelentes juristas venezolanos que merece la pena revisar, pero que exceden el sentido de este escrito, que se centra mucho más en lo político, tratando de entender el entramado de intereses e incentivos domésticos y foráneos que motivaron estos eventos, además de los posibles escenarios en el corto y mediano plazo para Venezuela en tanto actor regional.

De manera que, dicho esto, la gran pregunta es cómo quedan las perspectivas para una transición democrática en Venezuela, que cada día se ve más lejana en el horizonte. Lo cierto es que, contrario a lo que sostienen muchos dirigentes opositores en Venezuela, de que la destitución de Juan Guaidó abre el abanico a nuevas posibilidades para enfrentar a la tiranía de Nicolás Maduro, realmente lo que hace es darle el tiro de gracia a un ciclo que se abrió hace más de una década entre 2011-2012 cuando por fin la oposición unida se aglutinó en torno a una estrategia común para enfrentar al chavismo. 

Luego de muchos cismas sufridos a lo largo de esa década de unidad, hoy en día, la oposición democrática venezolana está más atomizada que nunca, y probablemente se halla atravesando uno de sus peores momentos en sus casi 25 años de historia. En ese sentido, el plan de una eventual reconfiguración de una alternativa democrática para las elecciones presidenciales de 2024 no parece en absoluto realista ni mucho menos alcanzable. 

Tendremos que esperar nuevos vientos. 

Tendremos que esperar nuevos vientos. 

El 30 de diciembre de 2022 se hizo oficial la finalización de la presidencia encargada de Juan Guaidó, la cual asumió desde 2019, cuando más de 50 países del mundo lo reconocieron como presidente legítimo de Venezuela ante el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2018. 

En aquel momento, la oposición democrática venezolana, conformada por la bancada mayoritaria de partidos políticos de oposición en la Asamblea Nacional, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios profesionales e intelectuales, las universidades y la academia, el sector privado, los medios de comunicación independientes, etc.; valiéndose de una interpretación de un artículo de la Constitución venezolana, dieron soporte y contenido a un instrumento sui generis al cual se le llamó “interinato”. 

En su momento, se pensó que el interinato sería el catalizador que propiciaría una transición democrática en Venezuela mediante un “mantra” de tres pasos: 1) cese de la usurpación, 2) gobierno de transición y 3) elecciones libres. Sin embargo, atendiendo a la teoría política más elemental, al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, pronto el interinato entró en un proceso de desgaste tanto en la cristalización de sus objetivos como en la aprobación de los venezolanos, que necesitaban desesperadamente una salida a la profunda crisis humanitaria de aquellos años. 

A esto se le suma el “viraje” geopolítico que ha tenido la región en este último ciclo electoral 2021-2022, que llenó al continente de gobiernos que están dispuestos a convivir con la tiranía de Maduro y que de hecho pretenden lavarle la cara internacionalmente, sembrando la idea de “apertura” de un supuesto retorno a la gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica. 

Para colmo, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 hizo que apenas un mes después la administración de Joe Biden se replanteara su estrategia hacia Venezuela y buscara apaciguar las tensiones diplomáticas con Maduro para asegurar suministro de petróleo a Estados Unidos en medio de una crisis económica y de probable escasez de combustible en la potencia del norte. 

Todos estos eventos presagiaban el fin del interinato, que en los últimos años se terminó convirtiendo en un instrumento de canalización de ayuda exterior y de resguardo de activos del Estado venezolano en el extranjero, por lo que no es de extrañar que el pasado 4 de enero, el Departamento de Estado afirmara que “acogen favorablemente el acuerdo entre la Asamblea Nacional y Juan Guaidó”, es decir, que refrendan su destitución como presidente interino de Venezuela.  

Cabe destacar que este recuento no pretende ser un análisis exhaustivo de los arreglos jurídicos y constitucionales, ni tampoco un estudio de la juridicidad y legitimidad del interinato ni de su remoción en 2022. Creemos que en los últimos días se han dado sendos análisis jurídicos y constitucionales por excelentes juristas venezolanos que merece la pena revisar, pero que exceden el sentido de este escrito, que se centra mucho más en lo político, tratando de entender el entramado de intereses e incentivos domésticos y foráneos que motivaron estos eventos, además de los posibles escenarios en el corto y mediano plazo para Venezuela en tanto actor regional.

De manera que, dicho esto, la gran pregunta es cómo quedan las perspectivas para una transición democrática en Venezuela, que cada día se ve más lejana en el horizonte. Lo cierto es que, contrario a lo que sostienen muchos dirigentes opositores en Venezuela, de que la destitución de Juan Guaidó abre el abanico a nuevas posibilidades para enfrentar a la tiranía de Nicolás Maduro, realmente lo que hace es darle el tiro de gracia a un ciclo que se abrió hace más de una década entre 2011-2012 cuando por fin la oposición unida se aglutinó en torno a una estrategia común para enfrentar al chavismo. 

Luego de muchos cismas sufridos a lo largo de esa década de unidad, hoy en día, la oposición democrática venezolana está más atomizada que nunca, y probablemente se halla atravesando uno de sus peores momentos en sus casi 25 años de historia. En ese sentido, el plan de una eventual reconfiguración de una alternativa democrática para las elecciones presidenciales de 2024 no parece en absoluto realista ni mucho menos alcanzable. 

Tendremos que esperar nuevos vientos.