Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.

Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.

La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).

Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.

Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.

Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.

Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas. 

Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.

Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral

El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.

Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.

La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).

Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.

Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.

Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.

Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas. 

Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.

Esta es la segunda entrega de una serie sobre historia y realismo político

Dedicado a JMC

Era el año 1982, Venezuela era una pujante nación petrolera con el PIB per cápita más alto de América Latina y una intelectualidad cosmopolita que se sentía más cerca del mundo desarrollado que de su pobre y agreste vecindario. Por aquel entonces, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, invitó a Caracas al gran pensador francés Raymond Aron, quien pronunció una intervención de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, que vale la pena reseñar por sus irradiaciones en nuestro presente, 41 años después. 

El discurso comenzó con una disculpa de Aron por no abordar el tema sugerido por la academia venezolana: la situación actual y el futuro de América Latina, centrándose más bien su disertación en uno de los grandes temas que ocuparon su quehacer intelectual en obras como El opio de los intelectuales y Democracia y totalitarismo: la condición de los intelectuales franceses en la posguerra, a propósito de los grandes debates ideológicos que se dieron en ese país durante la Guerra Fría, y en los que él mismo se vio en la obligación de tomar posición. 

Aron ve en la decisión de Francia de unirse a la Alianza Atlántica como una respuesta a la amenaza soviética, una ruptura con su pasado de enemistad con Alemania y cabe decir que, por la gran influencia germana en su pensamiento, él mismo fue un gran defensor de la amistad entre ambas naciones. También argumenta Aron que desde la posguerra, Francia tuvo una evolución positiva con una recuperación económica excepcional y logró consolidar un sistema democrático liberal exitoso, a pesar del interregno gaullista de 1958 al que curiosamente Aron se refiere como una dictadura “en sentido romano”. Señala Aron que fue muy fácil para los intelectuales franceses en aquel momento tomar posición a favor de los Estados Unidos, por la histórica valoración de Francia hacia las libertades políticas y sociales, no tanto a las económicas[1]. 

Aron refiere en su conferencia que estas posiciones fueron sujetas a intensos debates logrando un consenso suficiente, excepto por parte de los comunistas. Sobre todo cuando comenzó a ser evidente la represión de los soviéticos a las libertades frente a la prosperidad de los Estados Unidos. Otro punto álgido para los intelectuales franceses de aquellos años fue el tema de la descolonización y la independencia de Argelia que, a pesar de las críticas, se volvió inevitable porque ya el mundo de los viejos imperios (a excepción del soviético), había fenecido. 

Continúa Aron precisando que la Francia de la posguerra creció económicamente a un ritmo impresionante, sobrepasando para ese momento (1982) la riqueza de Gran Bretaña en un 30%, cosa que ningún francés hubiera creído ni por asomo en 1945. Esto le da pie a Aron para elaborar una clasificación en varios tipos de regímenes según sus aspiraciones: los que tienen como condición suprema el crecimiento económico y el mantenimiento de las instituciones liberales donde sin duda entran los Estados Unidos y la Europa Occidental. Sin embargo, argumenta Aron, esto no es así en otras partes del mundo en donde pareciera que se debe escoger entre crecimiento económico y libertades fundamentales. Pero también expone que incluso existen países en los que no basta que existan ni instituciones democráticas ni libertades fundamentales para que el gobierno sea eficaz y la economía se desarrolle.  

Comenta Aron que estos fueron los debates intelectuales apasionantes que se dieron en la Francia de la posguerra y que su compañero de juventud Jean Paul Sartre nunca reconoció[2]. Luego, el discurso se dirigió hacia América Latina, y Aron abordó la situación de los intelectuales en esta región frente a la de sus homólogos franceses. Reconoció la diversidad de realidades en los países latinoamericanos y la falta de una amenaza militar inmediata que pudiera compararse con la situación en Europa[3].

Finalmente, Aron concluyó su intervención expresando su confianza en que los latinoamericanos, y específicamente los venezolanos, tenían los recursos necesarios para construir una democracia y un desarrollo próspero:

“Ustedes se hayan(sic) hoy en día en una situación que a muchos respectos es original y al mismo tiempo cargada de esperanza. No faltan países latinoamericanos donde las posibilidades de la democracia son mejores que en cualquier otro momento de la historia. No faltan países tampoco que posean recursos materiales e intelectuales necesarios para el desarrollo económico pero con o sin la crisis actual nada está garantizado, nada viene dado a los hombres ni a los pueblos”. 

[1] Como refiere Aron sobre sí mismo en El opio de los intelectuales: “soy un keynesiano que a veces siente nostalgia del liberalismo”. 

[2] Gran parte de la intelectualidad francesa por aquellos años afirmaba que era preferible “equivocarse con Sartre antes que acertar con Aron”. De hecho, en lugar de ser un “intelectual comprometido” a la manera sartriana, Aron es más bien un “espectador comprometido”, un observador que tiende a ver “la verdad efectiva de la cosa” y a “despoetizar la política, quitándole la ideología”, ubicándose en una suerte de maquiavelismo moderado, o un liberalismo triste. Sobre esto, ver: Molina Cano, Jerónimo. Raymond Aron, realista político. Madrid. Sequitur. 2013

[3] Contrario a lo que afirma Aron, Latinoamérica no se hallaba tan ajena a la Guerra Fría. De los debates intelectuales, tal vez sí, pero de hecho, cabe decir que si bien la guerra fue “fría” en Europa; en América Latina, África y el Sudeste Asático, el conflicto fue bastante “caliente”: un ejemplo son las guerras civiles en Centroamérica. 

Esta es la segunda entrega de una serie sobre historia y realismo político

Dedicado a JMC

Era el año 1982, Venezuela era una pujante nación petrolera con el PIB per cápita más alto de América Latina y una intelectualidad cosmopolita que se sentía más cerca del mundo desarrollado que de su pobre y agreste vecindario. Por aquel entonces, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, invitó a Caracas al gran pensador francés Raymond Aron, quien pronunció una intervención de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, que vale la pena reseñar por sus irradiaciones en nuestro presente, 41 años después. 

El discurso comenzó con una disculpa de Aron por no abordar el tema sugerido por la academia venezolana: la situación actual y el futuro de América Latina, centrándose más bien su disertación en uno de los grandes temas que ocuparon su quehacer intelectual en obras como El opio de los intelectuales y Democracia y totalitarismo: la condición de los intelectuales franceses en la posguerra, a propósito de los grandes debates ideológicos que se dieron en ese país durante la Guerra Fría, y en los que él mismo se vio en la obligación de tomar posición. 

Aron ve en la decisión de Francia de unirse a la Alianza Atlántica como una respuesta a la amenaza soviética, una ruptura con su pasado de enemistad con Alemania y cabe decir que, por la gran influencia germana en su pensamiento, él mismo fue un gran defensor de la amistad entre ambas naciones. También argumenta Aron que desde la posguerra, Francia tuvo una evolución positiva con una recuperación económica excepcional y logró consolidar un sistema democrático liberal exitoso, a pesar del interregno gaullista de 1958 al que curiosamente Aron se refiere como una dictadura “en sentido romano”. Señala Aron que fue muy fácil para los intelectuales franceses en aquel momento tomar posición a favor de los Estados Unidos, por la histórica valoración de Francia hacia las libertades políticas y sociales, no tanto a las económicas[1]. 

Aron refiere en su conferencia que estas posiciones fueron sujetas a intensos debates logrando un consenso suficiente, excepto por parte de los comunistas. Sobre todo cuando comenzó a ser evidente la represión de los soviéticos a las libertades frente a la prosperidad de los Estados Unidos. Otro punto álgido para los intelectuales franceses de aquellos años fue el tema de la descolonización y la independencia de Argelia que, a pesar de las críticas, se volvió inevitable porque ya el mundo de los viejos imperios (a excepción del soviético), había fenecido. 

Continúa Aron precisando que la Francia de la posguerra creció económicamente a un ritmo impresionante, sobrepasando para ese momento (1982) la riqueza de Gran Bretaña en un 30%, cosa que ningún francés hubiera creído ni por asomo en 1945. Esto le da pie a Aron para elaborar una clasificación en varios tipos de regímenes según sus aspiraciones: los que tienen como condición suprema el crecimiento económico y el mantenimiento de las instituciones liberales donde sin duda entran los Estados Unidos y la Europa Occidental. Sin embargo, argumenta Aron, esto no es así en otras partes del mundo en donde pareciera que se debe escoger entre crecimiento económico y libertades fundamentales. Pero también expone que incluso existen países en los que no basta que existan ni instituciones democráticas ni libertades fundamentales para que el gobierno sea eficaz y la economía se desarrolle.  

Comenta Aron que estos fueron los debates intelectuales apasionantes que se dieron en la Francia de la posguerra y que su compañero de juventud Jean Paul Sartre nunca reconoció[2]. Luego, el discurso se dirigió hacia América Latina, y Aron abordó la situación de los intelectuales en esta región frente a la de sus homólogos franceses. Reconoció la diversidad de realidades en los países latinoamericanos y la falta de una amenaza militar inmediata que pudiera compararse con la situación en Europa[3].

Finalmente, Aron concluyó su intervención expresando su confianza en que los latinoamericanos, y específicamente los venezolanos, tenían los recursos necesarios para construir una democracia y un desarrollo próspero:

“Ustedes se hayan(sic) hoy en día en una situación que a muchos respectos es original y al mismo tiempo cargada de esperanza. No faltan países latinoamericanos donde las posibilidades de la democracia son mejores que en cualquier otro momento de la historia. No faltan países tampoco que posean recursos materiales e intelectuales necesarios para el desarrollo económico pero con o sin la crisis actual nada está garantizado, nada viene dado a los hombres ni a los pueblos”. 

[1] Como refiere Aron sobre sí mismo en El opio de los intelectuales: “soy un keynesiano que a veces siente nostalgia del liberalismo”. 

[2] Gran parte de la intelectualidad francesa por aquellos años afirmaba que era preferible “equivocarse con Sartre antes que acertar con Aron”. De hecho, en lugar de ser un “intelectual comprometido” a la manera sartriana, Aron es más bien un “espectador comprometido”, un observador que tiende a ver “la verdad efectiva de la cosa” y a “despoetizar la política, quitándole la ideología”, ubicándose en una suerte de maquiavelismo moderado, o un liberalismo triste. Sobre esto, ver: Molina Cano, Jerónimo. Raymond Aron, realista político. Madrid. Sequitur. 2013

[3] Contrario a lo que afirma Aron, Latinoamérica no se hallaba tan ajena a la Guerra Fría. De los debates intelectuales, tal vez sí, pero de hecho, cabe decir que si bien la guerra fue “fría” en Europa; en América Latina, África y el Sudeste Asático, el conflicto fue bastante “caliente”: un ejemplo son las guerras civiles en Centroamérica. 

Esta es la primera entrega de una serie sobre historia y realismo político

Un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

En política, las victorias y las derrotas siempre son transitorias y provisionales. En ese sentido, una eventual victoria sobre el enemigo[1] puede jugar en contra si ese triunfo se desperdicia. De igual forma, una derrota en el corto plazo puede desencadenar factores y crear condiciones para terminar venciendo en el largo plazo. La historia nos ofrece varios ejemplos. 

En el 216 a. C., en medio de la Segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago, ocurre la célebre Batalla de Cannas, donde el general cartaginés Aníbal infligió una derrota devastadora a las fuerzas romanas, causando una gran cantidad de bajas (alrededor de 50.000), incluyendo la del cónsul romano en ejercicio y varios senadores, y capturando a unos 10.000 legionarios como prisioneros. Sin embargo, a pesar de esta victoria aplastante en el campo de batalla, Aníbal no pudo capitalizar su triunfo adecuadamente a favor de Cartago. El error de cálculo que probó ser fatal para el cartaginés fue no marchar hacia Roma y asediar la ciudad en ese momento de debilidad, sino más bien intentar propiciar una salida política al conflicto mediante una negociación a la que los romanos se negaron rotundamente ni siquiera para acordar el regreso de sus prisioneros de guerra. Al perdonar a Roma y subestimar su vocación de poder, Aníbal les entregó su victoria militar. Los romanos pensaban la guerra en términos de rendición absoluta al vencedor y aprovecharon su potencial demográfico para conseguir nuevas levas para sus legiones, comprar tiempo y finalmente subyugar a Cartago. Dirá sobre el cartaginés el historiador romano Tito Livio: “¡Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria!”.[2] 

Otro ejemplo lo ilustra la derrota de John Adams en la elección de 1800, frente a Thomas Jefferson quien logró la mayoría de votos en los colegios electorales. La decisión final de la elección la tomó la Cámara de Representantes, en aquel momento liderada de facto por el enemigo acérrimo de Jefferson, Alexander Hamilton. Sin embargo, los federalistas hamiltonianos inesperadamente favorecieron a Jefferson al considerarlo el mal menor pues detestaban a Adams por haber negociado la paz con Francia. Adams era atacado por todos los frentes del espectro político en medio de una derrota electoral garrafal que puso al Ejecutivo y al Legislativo en su contra. Sin embargo, en un acto magistral de templanza, el presidente saliente pasó sus últimas horas en el gobierno asegurando la última carta que le quedaba: los nombramientos judiciales. A media noche y con el concurso del Congreso saliente, Adams creó cinco docenas de juzgados en todos los niveles, desde circuitos federales hasta cortes distritales y juzgados de paz. Y como estocada final, nominó al juez John Marshall como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, legando al país a un magistrado comprometido con un capitalismo moderno e industrial que privilegiaba las ideas puestas en acción para la innovación y que estaba dispuesto a enmendar los sagrados derechos de propiedad en aras de un rápido desarrollo; a diferencia de Jefferson y sus partidarios que pensaban que la riqueza provenía de bóvedas de llenas oro o de la posesión de inmensos acres de tierra. De manera que, a pesar de su derrota electoral, con esos nombramientos de último minuto, Adams destrozó políticamente el ideal jeffersoniano y transformó a esa república para siempre.[3] 

El problema del idealista en política (el que ve el poder en términos del “deber ser”), es que suele pensar que una victoria le confiere automáticamente la autoridad moral para imponerse sobre el enemigo. De allí que, una vez logrados los objetivos iniciales, se tiende a cruzar de brazos y no actúa ni opera políticamente para que ese triunfo se concrete en la realidad. Al creer ingenuamente que la corona y el cetro (o la banda presidencial), le va a caer sola del cielo porque así lo dicen la Constitución, la providencia, las leyes de la historia, etc., el idealista en política suele subestimar la vocación de poder del enemigo e ignora que un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

[1] En este contexto se entiende la enemistad política en su sentido schmittiano. 

[2] Barceló, Pedro. El mundo antiguo. Madrid. Alianza Editorial. 2021. Pp. 166

[3] Schweikart, Larry. A Patriot 's History of the United States. NY. Sentinel, Penguin Random House. 2019. Pp. 163-165

Esta es la primera entrega de una serie sobre historia y realismo político

Un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

En política, las victorias y las derrotas siempre son transitorias y provisionales. En ese sentido, una eventual victoria sobre el enemigo[1] puede jugar en contra si ese triunfo se desperdicia. De igual forma, una derrota en el corto plazo puede desencadenar factores y crear condiciones para terminar venciendo en el largo plazo. La historia nos ofrece varios ejemplos. 

En el 216 a. C., en medio de la Segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago, ocurre la célebre Batalla de Cannas, donde el general cartaginés Aníbal infligió una derrota devastadora a las fuerzas romanas, causando una gran cantidad de bajas (alrededor de 50.000), incluyendo la del cónsul romano en ejercicio y varios senadores, y capturando a unos 10.000 legionarios como prisioneros. Sin embargo, a pesar de esta victoria aplastante en el campo de batalla, Aníbal no pudo capitalizar su triunfo adecuadamente a favor de Cartago. El error de cálculo que probó ser fatal para el cartaginés fue no marchar hacia Roma y asediar la ciudad en ese momento de debilidad, sino más bien intentar propiciar una salida política al conflicto mediante una negociación a la que los romanos se negaron rotundamente ni siquiera para acordar el regreso de sus prisioneros de guerra. Al perdonar a Roma y subestimar su vocación de poder, Aníbal les entregó su victoria militar. Los romanos pensaban la guerra en términos de rendición absoluta al vencedor y aprovecharon su potencial demográfico para conseguir nuevas levas para sus legiones, comprar tiempo y finalmente subyugar a Cartago. Dirá sobre el cartaginés el historiador romano Tito Livio: “¡Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria!”.[2] 

Otro ejemplo lo ilustra la derrota de John Adams en la elección de 1800, frente a Thomas Jefferson quien logró la mayoría de votos en los colegios electorales. La decisión final de la elección la tomó la Cámara de Representantes, en aquel momento liderada de facto por el enemigo acérrimo de Jefferson, Alexander Hamilton. Sin embargo, los federalistas hamiltonianos inesperadamente favorecieron a Jefferson al considerarlo el mal menor pues detestaban a Adams por haber negociado la paz con Francia. Adams era atacado por todos los frentes del espectro político en medio de una derrota electoral garrafal que puso al Ejecutivo y al Legislativo en su contra. Sin embargo, en un acto magistral de templanza, el presidente saliente pasó sus últimas horas en el gobierno asegurando la última carta que le quedaba: los nombramientos judiciales. A media noche y con el concurso del Congreso saliente, Adams creó cinco docenas de juzgados en todos los niveles, desde circuitos federales hasta cortes distritales y juzgados de paz. Y como estocada final, nominó al juez John Marshall como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, legando al país a un magistrado comprometido con un capitalismo moderno e industrial que privilegiaba las ideas puestas en acción para la innovación y que estaba dispuesto a enmendar los sagrados derechos de propiedad en aras de un rápido desarrollo; a diferencia de Jefferson y sus partidarios que pensaban que la riqueza provenía de bóvedas de llenas oro o de la posesión de inmensos acres de tierra. De manera que, a pesar de su derrota electoral, con esos nombramientos de último minuto, Adams destrozó políticamente el ideal jeffersoniano y transformó a esa república para siempre.[3] 

El problema del idealista en política (el que ve el poder en términos del “deber ser”), es que suele pensar que una victoria le confiere automáticamente la autoridad moral para imponerse sobre el enemigo. De allí que, una vez logrados los objetivos iniciales, se tiende a cruzar de brazos y no actúa ni opera políticamente para que ese triunfo se concrete en la realidad. Al creer ingenuamente que la corona y el cetro (o la banda presidencial), le va a caer sola del cielo porque así lo dicen la Constitución, la providencia, las leyes de la historia, etc., el idealista en política suele subestimar la vocación de poder del enemigo e ignora que un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

[1] En este contexto se entiende la enemistad política en su sentido schmittiano. 

[2] Barceló, Pedro. El mundo antiguo. Madrid. Alianza Editorial. 2021. Pp. 166

[3] Schweikart, Larry. A Patriot 's History of the United States. NY. Sentinel, Penguin Random House. 2019. Pp. 163-165

Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), dictada el 6 de noviembre de 2023 en el expediente 1169-2020, marca un momento clave en el proceso de selección de magistrados para las Cortes de Apelaciones (CdA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala. Frente a mandatos vencidos desde octubre de 2019, la CC ha instruido al Congreso a completar dicha elección a más tardar el 15 de diciembre.

Esta debida ejecución de la CC deriva de una sentencia del 6 de mayo de 2020, que a su vez nace de un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) relacionado con un caso de supuesta manipulación en las Comisiones de Postulación (CP). Estas CP, encargadas de filtrar a los candidatos para magistrados, remitieron los listados de 270 aspirantes para la CdA y 26 para la CSJ en febrero de 2020.

En la sentencia original, la CC mandó al MP presentar al Congreso un informe de las investigaciones penales en curso y exigió a los diputados seleccionar a los magistrados para la CdA y la CSJ a “viva voz”, justificando cómo cada candidato satisfacía los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez estipulados en el artículo 113 de la Constitución dado el contexto de las investigaciones del caso “Comisiones Paralelas 2020”. También se les ordenó excluir a aquellos cuya "honorabilidad" se viera comprometida por las investigaciones.

Con este fallo que comento, la Corte ha permitido la votación mediante tablero electrónico, una modalidad previamente considerada inviable dado el requisito del voto a “viva voz”. Se enfatiza el derecho de los diputados a hacer el uso de la palabra durante las votaciones, pero la Corte asume que, habiendo recibido el informe hace más de tres años, cada diputado está suficientemente informado para proceder directamente a la votación.

A pesar de que el proceso establecido por la CC en 2020 resultó ser engorroso, el Congreso no avanzó significativamente en la elección de magistrados. Es pertinente recordar que en febrero de 2021, el Congreso votó por un único aspirante y, desde entonces, el asunto quedó en suspenso.

La CC ha establecido plazos explícitos en esta resolución: la elección de magistrados debe finalizar antes del 15 de diciembre. Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

Respecto a la duración en el cargo, la CC ha clarificado que los magistrados designados deben ocupar sus puestos hasta octubre de 2024. En consonancia con la línea jurisprudencial fijada a partir del expediente 461-2014, la duración del mandato de los magistrados de la CSJ y la CdA no se mide por un término de cinco años desde su nombramiento, sino que deben completar el ciclo que debió iniciarse en octubre de 2019.

La CC pone de relieve la necesidad de tener cortes completas antes de fin de año, ya que el proceso de elección de magistrados de CdA y CSJ para el período 2024-2029 dará inicio en la primera parte de 2024. Con solo 10 de los 13 magistrados requeridos por la Constitución, la CSJ no está completa y no cuenta con los 12 miembros que debería enviar a la Comisión de Postulación.

Aunque las nóminas para la CSJ y la CdA se enviaron en tiempo y forma en febrero de 2020, se han presentado algunos cambios. Por ejemplo, de la lista de 26 elegibles para la CSJ, renunció el aspirante Selvin Flores en junio de 2020; Alejandro Córdova asumió como Procurador de los Derechos Humanos y Ricardo Cordón se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo Electoral, reduciendo la lista a 23 elegibles, a menos que alguno de los actuales ocupantes decida optar nuevamente por un puesto en la CSJ.

Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), dictada el 6 de noviembre de 2023 en el expediente 1169-2020, marca un momento clave en el proceso de selección de magistrados para las Cortes de Apelaciones (CdA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala. Frente a mandatos vencidos desde octubre de 2019, la CC ha instruido al Congreso a completar dicha elección a más tardar el 15 de diciembre.

Esta debida ejecución de la CC deriva de una sentencia del 6 de mayo de 2020, que a su vez nace de un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) relacionado con un caso de supuesta manipulación en las Comisiones de Postulación (CP). Estas CP, encargadas de filtrar a los candidatos para magistrados, remitieron los listados de 270 aspirantes para la CdA y 26 para la CSJ en febrero de 2020.

En la sentencia original, la CC mandó al MP presentar al Congreso un informe de las investigaciones penales en curso y exigió a los diputados seleccionar a los magistrados para la CdA y la CSJ a “viva voz”, justificando cómo cada candidato satisfacía los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez estipulados en el artículo 113 de la Constitución dado el contexto de las investigaciones del caso “Comisiones Paralelas 2020”. También se les ordenó excluir a aquellos cuya "honorabilidad" se viera comprometida por las investigaciones.

Con este fallo que comento, la Corte ha permitido la votación mediante tablero electrónico, una modalidad previamente considerada inviable dado el requisito del voto a “viva voz”. Se enfatiza el derecho de los diputados a hacer el uso de la palabra durante las votaciones, pero la Corte asume que, habiendo recibido el informe hace más de tres años, cada diputado está suficientemente informado para proceder directamente a la votación.

A pesar de que el proceso establecido por la CC en 2020 resultó ser engorroso, el Congreso no avanzó significativamente en la elección de magistrados. Es pertinente recordar que en febrero de 2021, el Congreso votó por un único aspirante y, desde entonces, el asunto quedó en suspenso.

La CC ha establecido plazos explícitos en esta resolución: la elección de magistrados debe finalizar antes del 15 de diciembre. Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

Respecto a la duración en el cargo, la CC ha clarificado que los magistrados designados deben ocupar sus puestos hasta octubre de 2024. En consonancia con la línea jurisprudencial fijada a partir del expediente 461-2014, la duración del mandato de los magistrados de la CSJ y la CdA no se mide por un término de cinco años desde su nombramiento, sino que deben completar el ciclo que debió iniciarse en octubre de 2019.

La CC pone de relieve la necesidad de tener cortes completas antes de fin de año, ya que el proceso de elección de magistrados de CdA y CSJ para el período 2024-2029 dará inicio en la primera parte de 2024. Con solo 10 de los 13 magistrados requeridos por la Constitución, la CSJ no está completa y no cuenta con los 12 miembros que debería enviar a la Comisión de Postulación.

Aunque las nóminas para la CSJ y la CdA se enviaron en tiempo y forma en febrero de 2020, se han presentado algunos cambios. Por ejemplo, de la lista de 26 elegibles para la CSJ, renunció el aspirante Selvin Flores en junio de 2020; Alejandro Córdova asumió como Procurador de los Derechos Humanos y Ricardo Cordón se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo Electoral, reduciendo la lista a 23 elegibles, a menos que alguno de los actuales ocupantes decida optar nuevamente por un puesto en la CSJ.

Para quienes llevamos 44 años o más, enfrentando esa batalla, este duelo es ya, un proyecto de vida.  

En medio del conflicto armado, entre bombas, secuestros y asesinatos, hace 44 años, decidí convertirme en un militante de la democracia liberal y republicana, pues llegué a la conclusión de que, para sacar adelante cualquier proyecto de vida, había que diseñar y construir, primero, Estado, instituciones que se respetan, división de poderes, leyes que se cumplen y que son iguales para todos. 

Desde muy joven aprendí que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Solo así se pueden enfrentar los desafíos del desarrollo social, la estabilidad política y el crecimiento económico.         

Mi participación cívica es, y ha sido siempre, a título personal. En la más absoluta soledad. Como son esos andares para quienes dan el paso al frente. 

Perdí gente cercana y querida durante el conflicto armado, pero, a los 25 años, viví con ilusión la llegada de la democracia con la Constituyente del 84 en Guatemala y con procesos similares en el resto de Centroamérica.

Vaya si no extrañamos hoy en la política a los protagonistas de aquellos días. 

En los 80s, logramos la transición democrática después de una era en la que los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza.

Es indiscutible que hemos tenido avances importantes, pero, estamos atravesando un ciclo donde abundan los políticos incompetentes o corruptos, y tienen a nuestros Estados en la bancarrota moral. 

En los últimos 15 años, en América Latina, hemos sufrido un retroceso institucional y democrático alarmante. Por unas y por otras, lo que avanza en nuestra región es la consolidación de Estados populistas, la mayoría de las izquierdas, aunque también los hay de derechas, al servicio de la corrupción y el narcotráfico.

Para superar este ciclo oscuro y difícil, el ciudadano debe decir presente. Debe exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten. Su paso al frente debe ser firme, valiente, determinante, para hacer que se cumpla la ley, para defender sus derechos y libertades, para salvar su democracia.

América Latina necesita refundar la política. Desde la apertura democrática, los países que tienen saldo positivo son excepción. A la mayoría, los han gobernado grupos que solo dejaron corrupción, subdesarrollo y pobreza, y provocaron que la política criminal y el Estado delincuente sean los grandes protagonistas en la vida de sus sociedades.

Semejante despropósito está quebrando los consensos fundacionales de sus sistemas constitucionales. Semejante extravío los condena al subdesarrollo político, los expone a la barbarie, compromete su presente, amenaza su futuro.

Si la historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la división de poderes, la propiedad privada, el mercado y los valores que dignifican al ser humano, ya no podemos, ya no debemos esperar más.   

El futuro, las naciones que queremos ser, solo encontrarán el camino y la luz en la fuerza del ciudadano libre, en el compromiso del ciudadano que es parte de una sociedad que comprende que un Estado Democrático y de Leyes que se respetan es una obra cultural que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad.

Este es el gran desafío de nuestro tiempo. Esta es la enorme responsabilidad histórica por la que, los ciudadanos latinoamericanos de hoy, tendremos que rendir cuentas.

Para quienes llevamos 44 años o más, enfrentando esa batalla, este duelo es ya, un proyecto de vida.