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La ideología no debería quitar el mérito del talento

Los restos de Miguel Ángel Asturias están de vuelta en Guatemala, luego de pasar casi sesenta años en el cementerio principal de París. Esto debería ser de suma relevancia para nuestro país, porque es uno de los guatemaltecos más ilustres de toda nuestra historia.

Para apreciar la dimensión de la figura de Asturias, basta recordar que solo seis latinoamericanos han recibido el Premio Nobel de Literatura. Además de él, lo obtuvieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, de Chile; Gabriel García Márquez, de Colombia; Octavio Paz, de México y Mario Vargas Llosa, de Perú.

Miguel Ángel Asturias es el único centroamericano que ha recibido este reconocido premio a nivel mundial.

Algunos cuestionan la figura de Asturias, porque era una persona abiertamente de izquierdas. Sin embargo, considero que debemos reconocer el mérito de una persona, aunque no compartamos su ideología.

Para los salamatecos debe ser motivo de mucho orgullo. La mamá de Asturias, la señora María Rosales, era originaria de Salamá. Cuando el papá de Asturias sufrió represalias por parte de Manuel Estrada Cabrera, por negarse a castigar a unos estudiantes que habían protestado, perdió su puesto como juez y se trasladó a vivir a Salamá.

En ese pequeño pueblo pasó Asturias parte de su infancia y sería una experiencia que lo marcaría toda su vida. 

El parque de Salamá lleva el nombre del Premio Nobel y en la casa donde vivió hay una plaqueta conmemorativa. No es para menos, considerando la relevancia de Asturias en la literatura mundial.

Los guatemaltecos debemos aprender a valorar a quienes han sobresalido, independientemente de su ideología. Es parte de la ética intelectual. Bienvenido a casa, Miguel Ángel Asturias.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Es indispensable seguir defendiendo la dignidad y la libertad del individuo ante el totalitarismo del socialismo.

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 llenaron de esperanza y entusiasmo al mundo occidental. Se ponía fin al experimento socialista que había cobrado la vida de millones de personas por hambrunas, ejecuciones, purgas, trabajos forzados y encarcelamientos. Parecía que el horror socialista quedaría sepultado para siempre.

Los años noventa se caracterizaron por una ola de privatizaciones, la liberalización del comercio, la desregulación, la reducción de impuestos, el control de la inflación y la promoción del crecimiento económico. Varios países de Europa del Este, que antes estaban bajo el yugo del comunismo, ahora prosperaban con la libertad de sus ciudadanos. 

Años antes, China había abandonado el modelo comunista de Mao Zedong, abriendo su economía a la inversión extranjera y el comercio internacional. Muchas empresas occidentales comenzaron a abrir operaciones en ese país, aprovechando los incentivos fiscales y la reciente certeza de la propiedad privada que ofrecía el régimen en ciertas regiones costeras.

Muchos anticipaban que el desarrollo económico de China provocaría el surgimiento de una clase media robusta que, eventualmente, exigiría libertad política, forzando la adopción de una democracia liberal. 

Lamentablemente, las expectativas de aquel momento no se cumplieron. Tan solo diez años después de la caída del Muro de Berlín, asumió el poder Hugo Chávez en Venezuela, iniciando un nuevo ciclo de influencia socialista en el hemisferio occidental. El chavismo provocó una crisis económica y humanitaria pocas veces vista en la historia. Además de la ejecución, encarcelamiento, tortura y expatriación de miles de venezolanos.

China nunca se convirtió en una democracia liberal. Al contrario, Xi Jinping está aumentando el control sobre los ciudadanos y la intervención estatal sobre la economía.

Rusia tampoco adoptó una economía de mercado, sino que se convirtió en un Estado mafioso, en donde los antiguos dirigentes comunistas se volvieron multimillonarios, controlando las empresas de energía bajo el control absoluto de Putin. 

La ironía y lo más preocupante de todo es que en Estados Unidos está creciendo la popularidad del socialismo. El 43 % de los estadounidenses ven positivo el socialismo y está creciendo el rechazo al capitalismo. 

Parece ser que los seres humanos no aprendemos de nuestra historia. El socialismo no desapareció y seguramente nunca lo hará. Por eso es indispensable seguir defendiendo la dignidad y la libertad del individuo ante el totalitarismo del socialismo. 

*Columna publicada originalmente en Soy502

Los diputados quieren seguir gastando a manos llenas.

El presupuesto presentado por el Ejecutivo para el próximo año logró que siete Centros de Pensamiento del país, de distintas corrientes ideológicas, se pusieran de acuerdo para pedir a los diputados que revisen y corrijan esa propuesta irresponsable.

Lamentablemente, los diputados tienen todo el deseo y el incentivo de aprobar un presupuesto gigantesco. Ellos están contentos de que les otorguen miles de millones de quetzales para gastar en los Consejos de Desarrollo.

Ya entramos a la carrera electoral y los diputados quieren salir inaugurando obras para ganar votos. Según su lógica, entre más gasten, más probable es que los reelijan. 

Pero los guatemaltecos debemos despertar. El dinero que gastan los diputados es nuestro. Son nuestros impuestos. Y para hacer esas obras, utilizan sus empresas o las de sus familiares para quedarse con buena parte del dinero. La mayoría son corruptos y quieren quedarse con el dinero que usted y yo luchamos por ganar todos los días.

No estoy diciendo nada nuevo. La encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo indica que el 72 % de los guatemaltecos desaprueban la labor de los diputados. 

Vea usted cómo los diputados han aprobado los presupuestos en los últimos años. Lo hacen a medianoche y a escondidas de la población. Solo quien comete un delito actúa de esa forma.

Es hora de exigir al Congreso que someta a discusión el presupuesto y que no se apruebe de urgencia nacional. Los diputados deben cuestionar cada aumento de gasto propuesto. Esa es su obligación. Para eso les pagamos Q 66 mil quetzales al mes. 

No dejemos que los políticos se salgan con la suya. Exijamos un mínimo de decencia a los diputados. Es nuestro derecho.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La victoria de Lula en Brasil puede marcar a la región

En los últimos años, los candidatos de derecha estaban ganando las elecciones en América Latina. Sucedió en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, entre otros. Parecía que la región estaba harta de la izquierda y se entusiasmaba por las ideas de la derecha.

Sin embargo, la reelección de Lula es un balde de agua fría para la euforia de la derecha y podría significar el retorno de la izquierda. La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia y la de Keiko Fujimori en Perú fueron bastante ajustadas, mostrando ya las dificultades de la derecha. 

El alto costo de la vida está generando un malestar generalizado en la región que podría desgastar a los gobiernos de la derecha. De hecho, tanto Fujimori en Perú como Kast en Chile sufrieron una enorme caída en sus niveles de aprobación.

En el caso de Milei, le tocaba hacer ajustes drásticos para tratar de controlar la inflación de 211 % que recibió de manos del gobierno anterior. Esos ajustes están provocando una crisis económica en el corto plazo. Es inevitable si se quiere alcanzar una inflación baja y estable.

Con Brasil y México, los gigantes de América Latina, bajo la influencia de la izquierda, se puede iniciar un nuevo ciclo político en la región. 

En Guatemala vamos a tener elecciones el próximo año.  Sin embargo, es poco probable que la campaña sea marcada por una polarización entre izquierda versus derecha. 

Los temas de campaña podrían ser la inseguridad, el alto costo de la vida, la falta de servicios públicos y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. El mayor riesgo que corremos es que se propongan soluciones populistas para esos viejos problemas. Ojalá no caigamos en la trampa y votemos con responsabilidad. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La violencia es inaceptable en una sociedad libre

El sábado 17 de octubre Guatemala vivió un nuevo día oscuro. El asesinato de Juan Francisco Foppa nos regresa a las épocas donde los conflictos ideológicos y políticos se resolvían con asesinatos.

Juan Francisco Foppa era bastante activo en redes sociales, denunciando supuestos pactos entre el crimen organizado y ciertos partidos políticos. También fue quien denunció la fuga de los mareros de la cárcel Fraijanes II, que ocurrió en octubre del año pasado.

Foppa fue superintendente de la SAT y fiscal del Ministerio Público. Sus acciones como funcionario público y su activismo en redes sociales hacen sospechar que su asesinato pudo tener motivaciones políticas, lo cual debe encender todas las alarmas en Guatemala.

El Ministerio Público debe realizar una labor rápida, eficiente y objetiva para encontrar a los culpables. No será una tarea fácil, porque el ataque fue hecho con una precisión que evidencia una planificación meticulosa.

Lo que preocupa aún más es que exista complicidad de elementos de la Policía Nacional Civil, un extremo que debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público. La detención ilegal de los hermanos Choc Toz, que luego fueron liberados por el juez, levanta las sospechas sobre esos elementos de la PNC. Esto debe ser investigado a fondo.

El principal desafío es encontrar a los culpables materiales e intelectuales rápidamente y así evitar que este crimen quede en la impunidad. Si el Ministerio Público no cumple con su labor, este puede ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en el país. 

Que descansen en paz Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gramajo. Que Dios fortalezca y consuele a sus familias.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El Gobierno enfrenta un alto nivel de rechazo

La Fundación Libertad y Desarrollo, en conjunto con CID-Gallup, publicó la encuesta de septiembre. Es una encuesta que goza de gran credibilidad porque acertó en las proyecciones electorales de 2019 y en la segunda vuelta de 2023.

La encuesta presenta datos sumamente preocupantes. El 89 % de los guatemaltecos considera que el país va por el rumbo equivocado, la cifra más alta desde 2016.

El 76 % de los encuestados considera que los precios han aumentado mucho en los últimos cuatro meses y el 58 % considera que la situación económica de su familia está peor que hace un año. Más de la mitad de los guatemaltecos considera que su situación va a empeorar en los siguientes doce meses.

La conclusión es que los altos precios de los combustibles y de los productos de la canasta básica están ahogando a los guatemaltecos. De hecho, es la principal preocupación de los encuestados, por encima de la delincuencia. 

Cuando se les consulta sobre el principal problema del país, el 45 % de los encuestados indica que es la corrupción del gobierno. Este número supera el 42 % que registró Alejandro Giammattei en su peor momento.

Estos datos explican por qué el 74 % de los guatemaltecos consideran que el presidente Arévalo está haciendo un mal o muy mal trabajo. Solo el 15 % considera que hace un buen o muy buen trabajo. 

Con un nivel de rechazo tan alto, el presidente Arévalo se convierte en el peor presidente evaluado desde el inicio de la democracia en 1985. Estas cifras demoledoras deberían hacer reflexionar al Ejecutivo y a su círculo cercano para que cambien el rumbo del país. ¿Van a ignorar el sentir de los guatemaltecos?

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El Gobierno quiere aumentar el gasto como ningún otro en el pasado

El Gobierno presentó al Congreso la propuesta de presupuesto para el 2027, levantado preocupación y rechazo de distintos sectores de la sociedad.

Por tercer año consecutivo el presupuesto aumentaría más que la economía guatemalteca, llegando a representar el 17.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Estamos ante el presupuesto más grande en la historia de nuestro país. Ni siquiera para la pandemia se llevó el gasto a un nivel tan alto.

Como era de suponerse, los ingresos no serán suficientes para cubrir los gastos excesivos, por lo que pretenden aumentar la deuda en Q48 mil 300 millones. Sería el incremento de deuda más grande de nuestra historia.

Además, lo más seguro es que les asignen más aportes extraordinarios a los Consejos de Desarrollo, dándole a alcaldes y diputados casi Q20 mil millones para gastar en pleno año electoral. 

Por si fuera poco, el gasto en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo aumentaría 32 por ciento y se contrataría a 2 mil empleados adicionales. ¿Para qué se quiere contratar tanto personal?

También se incrementa el presupuesto del Ministerio Público (20 por ciento), el Organismo Judicial (41 por ciento), la Corte de Constitucionalidad (25 por cierto), el Congreso de la República (20 por cierto). ¿Qué justifica un incremento tan alto para estas instituciones? ¿O simplemente se compran voluntades?

Ahora la decisión esta en mano de los diputados y ojalá atiendan el llamado que hizo la Red de Centros de Pensamientos para contener el gasto y replantear un presupuesto responsable.

La clase política debe dejar de abusar del pueblo de Guatemala. No se vale gastar a manos llenas, mientras la mayoría de los guatemaltecos vive precariamente. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días

Vuelvo a este espacio después de varios meses de ausencia de mi columna semanal. Dediqué ese tiempo, junto al equipo de Poder Ciudadano, a socializar una propuesta de reforma constitucional al sector justicia y a recolectar las firmas que la respaldan. El lunes 28 de septiembre entregamos formalmente al Congreso más de 16,000 firmas, reunidas por más de 500 ciudadanos en todo el país, con fundamento en el artículo 277 de la Constitución, que permite al pueblo proponer reformas con el respaldo de al menos 5,000 ciudadanos empadronados.

La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días. En los últimos meses La Hora ha reportado que las plazas del Organismo Judicial tienen precio. El 24 de agosto publicó una llamada en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos le ofrece una plaza a un aspirante, le pregunta si tiene "cuello político" y le explica cuánto debe pagar y cuándo. Semanas después, al menos 10 aspirantes y jueces describieron cobros de hasta Q350,000 por una plaza de juez, además de compromisos para resolver determinados casos. La Corte Suprema ordenó presentar una denuncia penal el 2 de septiembre y el Organismo Judicial tardó más de 20 días en confirmar que la había llevado al Ministerio Público.

El medio también ha documentado cómo se reparten los nombramientos. Según sus fuentes, el bloque dominante de la Corte Suprema negoció en un "prepleno" los nombres para más de 150 plazas de jueces de Paz y de Primera Instancia, como parte de un reparto de cuotas de poder. Detrás de ese bloque habría una red de padrinos políticos que influye en nombramientos, votos y antejuicios, y un diputado reconoció que mantiene comunicación frecuente con al menos 10 de los 13 magistrados.

Las consecuencias se ven en las resoluciones. La Hora reconstruyó cómo la Corte Suprema rechazó en cuestión de minutos el antejuicio contra el diputado Allan Rodríguez, antes de que 4 de los 13 magistrados titulares se incorporaran al pleno. En la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Julia Rivera enfrenta una denuncia por el presunto uso de certificaciones docentes falsificadas en su designación por la Usac, y aun así votó en el fallo que rechazó, por 3 votos contra 2, un amparo contra esa misma designación.

Todo esto evidencia que es impostergable hablar de la reforma al sistema de justicia que Guatemala necesita. Los casos documentados son una radiografía completa de la situación en que nos encontramos, porque muestran que el problema está en la forma en que se elige a jueces y magistrados y en lo que estos quedan debiendo a quienes los eligieron. El artículo 280 de la Constitución exige que la reforma sea aprobada por dos terceras partes del Congreso y ratificada en consulta popular. Por eso conviene urgir su aprobación a la brevedad, de manera que la pregunta pueda ir junto con las elecciones generales.

Todas las instituciones de seguridad y justicia deben colaborar

Esta semana vimos con horror cómo se realizaron varios ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Parecían eventos coordinados con la intención de sembrar terror en la población. 

Lamentablemente, no es la primera vez que sucede este tipo de cosas en nuestro país. Sin embargo, las autoridades tienen la obligación de actuar de inmediato para detener y procesar a los responsables. 

También deben investigar a profundidad la masacre que ocurrió en Huité, Zacapa. Al momento de escribir este artículo, no se tiene información detallada de lo que ocurrió en ese lugar. Pero es claro que van ocho víctimas, entre ellas dos mujeres y una menor de edad.

Lo ocurrido en Huité es bastante confuso, debido a que los responsables vestían uniforme de comando, lo cual ha creado diversas teorías. Lo más sano es que se investigue pronto y se traslade toda la información a la población para evitar especulaciones.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la violencia ha venido creciendo desde junio. Entre junio, julio y agosto, se registraron 87 homicidios más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto debería hacer sonar las alarmas en las autoridades responsables. Pero no solo en la Policía Nacional Civil, sino también en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial. Ya hemos visto varios casos de delincuentes que son atrapados por la policía y luego los jueces los sueltan para que vuelvan a delinquir. 

Si queremos que la violencia se detenga, debe funcionar toda la cadena de justicia. Con una institución que falle, se termina dañando todo el esfuerzo que hace el resto. Los policías, jueces y fiscales deben cumplir con su función, así como el sistema penitenciario. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los funcionarios públicos creen tener derecho a todo

Esta semana se conoció que la Corte de Constitucionalidad tiene su propia cocina para atender a los magistrados mientras sesionan. Les preparan un menú especial para cada día de la semana.

Una de las magistradas, no contenta con recibir comida durante las sesiones, pidió 59 platos para llevar a su casa. Ya no era comida solo para ella. ¿Los tributarios le pagamos alguna festividad en su casa?

Ese caso no es aislado. Muchos funcionarios públicos abusan del poder y utilizan los recursos públicos como si fueran de ellos. Además del sueldo que les pagamos, tienen a su disposición carros, seguridad, comida y “gastos de representación”.

Hay que recordar que, recientemente, el hijo de un magistrado de la Sala de Apelaciones andaba en un vehículo del Organismo Judicial a altas horas de la noche y atropelló al reconocido músico Hugo Girón. ¿Con qué derecho este muchacho utilizaba el carro que pertenece al Estado a esas horas?

La gran mayoría de guatemaltecos trabajamos todos los días, no solo para mantener a nuestras propias familias, sino para pagar impuestos. Se supone que deberíamos recibir buenos servicios públicos a cambio de esos impuestos que nos quitan sin falta todos los meses.

Pero resulta que una gran cantidad de funcionarios públicos creen tener el derecho a usar nuestro dinero, como si fuera de ellos. Se lo roban y lo malgastan. Se creen los reyes de este país. 

Es indignante ver cómo estos funcionarios reciben altos salarios y, aun así, exigen comida como si tuviéramos la obligación de alimentarlos. 

Hacen piñata del dinero que pertenece a los guatemaltecos. Esos funcionarios son los que condenan a nuestro país a la pobreza. Son un verdadero lastre para Guatemala.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario