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Una victoria para la educación

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Se deben publicar las negociaciones del pacto colectivo

 

Después de casi dos meses, finalmente el sindicato de maestros, liderado por Joviel Acevedo, se retiró de la Plaza de la Constitución.  Fue una victoria para los miles de niños que llevan semanas sin recibir clases.

Esta es la primera vez en casi veinte años que Joviel Acevedo sufre una derrota mediática. La figura del “líder” intocable ha desaparecido, y ya muy pocos maestros siguen sus instrucciones. 

Ahora, el Ministerio de Educación debe obligar a los maestros que participaron de esa huelga sin sentido a que recuperen el tiempo perdido. El interés de los niños debe prevalecer sobre el egoísmo de estos malos maestros.

Sin embargo, no debemos olvidar que aún queda una batalla por ganar. Las negociaciones del pacto colectivo siguen, y tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad, han impedido que sean de acceso público.

Resulta ilógico que las negociaciones de ese pacto colectivo sean secretas, ya que implican recursos de los tributarios. Todos los guatemaltecos pagamos los salarios de los maestros y tenemos el derecho de saber qué se está negociando. 

Se interpuso un nuevo recurso ante la Corte de Constitucionalidad, y se esperaría que, en esta ocasión, obligue a que las negociaciones sean totalmente públicas. Es un derecho básico que tenemos todos los guatemaltecos.

La educación pública en Guatemala debe evolucionar y, para ello, es importante dejar atrás las prácticas oscuras, politiqueras y mezquinas del mal sindicalismo que ha prevalecido en los últimos veinticinco años. 

El Mineduc está haciendo su parte, los juzgados hicieron su parte. Ahora es el turno de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cumplirá con su responsabilidad histórica?

 

*Columa publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de julio

Extremos peligrosos

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Es importante tender puentes.

 

Los discursos extremistas se pusieron de moda en todo el mundo, y estamos perdiendo la capacidad de dialogar respetuosamente. Esto representa un peligro para la estabilidad política de los países.

Después de la caída del comunismo, hace más de treinta años, el mundo quería dejar atrás las dictaduras, las guerras internas y los extremismos que caracterizaron la Guerra Fría.

Sin embargo, con el surgimiento de las redes sociales y el estancamiento económico en diversas partes del mundo, pareciera que el enojo y la frustración se apoderaron del discurso público. El resultado es un ambiente político sumamente tóxico, que considera enemigo al que piensa diferente. 

El peligro de estos extremismos es que fomentan el surgimiento de populistas y dictadores que prometen terminar con los “enemigos”. Estos personajes utilizan y manipulan los sentimientos de los votantes para acumular poder y romper las reglas de la democracia liberal. 

En Chile, preocupa que la candidata abiertamente comunista, Jeannette Jara, está liderando las encuestas para las elecciones del próximo noviembre. En otros países, el discurso de extrema derecha también está obteniendo apoyo.

Ante este panorama, es importante hacer un esfuerzo por regresar a los principios de la democracia liberal, que incluyen la pluralidad política y la capacidad de dialogar respetuosamente. 

En este ambiente político tóxico, el reto está en convencer a los ciudadanos que los extremismos que fomentan el odio y la división solo conducen a tragedias, como quedó demostrado en el siglo pasado en diversas partes del mundo. Ojalá aprendamos de la historia y no repitamos neciamente los horrores del siglo XX.

 

*Columna publicada originalmente el 17 de julio en Nuestro Diario

La lucha por el acceso a la información pública

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El pacto colectivo, que tiene implicaciones serias para el presupuesto nacional, el sistema educativo y los derechos laborales.

 

Todo comenzó en enero de 2024. El Ministerio de Educación, aún bajo la administración anterior, aceptó una solicitud del sindicato de maestros (STEG), encabezado por Joviel Acevedo, para declarar como “confidencial” el proyecto de pacto colectivo que estaban por negociar. Esa reserva de información fue impuesta desde el 8 de enero, antes de que iniciaran formalmente las conversaciones, y sin ninguna justificación pública.

Desde entonces, la negociación avanza bajo una reserva legal que sigue vigente hasta hoy. El pacto colectivo, que tiene implicaciones serias para el presupuesto nacional, el sistema educativo y los derechos laborales,  empezó a negociarse el 29 de febrero de 2024 y continúa sin que exista acceso pleno e íntegro a su contenido. Lo que se conoce ha salido por las propias declaraciones o peticiones del sindicato o por lo que se ha dicho en las reuniones de negociación. Pero nunca se ha levantado formalmente la confidencialidad, y el sindicato ha rechazado de forma constante cualquier intento de transparentar el documento. Para nosotros, esto representa una amenaza directa al derecho constitucional de acceso a la información pública.

El artículo 30 de la Constitución establece que los actos de la administración son públicos y que cualquier persona tiene derecho a solicitar información de su interés, salvo dos excepciones: asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. La regla general es la publicidad; la excepción, la confidencialidad o la reserva, pero siempre bajo parámetros legales claros.

La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) desarrolla esa garantía y distingue entre información confidencial e información reservada. La información confidencial —regulada en el artículo 22— incluye, entre otros supuestos, aquella que haya sido entregada por particulares bajo garantía de confidencia. Es justamente esta categoría la que el Ministerio de Educación de la anterior administración invocó: el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 544-2024 deja constancia de que el proyecto fue entregado por el sindicato “bajo reserva de garantía de confidencialidad”.

Aquí es donde está el problema. El hecho de que un documento se entregue bajo esa condición no lo convierte automáticamente en confidencial. La ley no permite que la voluntad de un tercero sustituya los criterios que establece la ley. Para que la confidencialidad sea válida, el contenido debe encajar en alguno de los supuestos establecidos: datos personales sensibles, secretos profesionales o información cuya divulgación afectaría directamente derechos fundamentales. Un proyecto de pacto colectivo que compromete recursos públicos y define condiciones laborales generales no cumple con esas características. Por tanto, no debió ser tratado como confidencial.

Además, aunque la confidencialidad no está sujeta a un plazo como la reserva, tampoco puede aplicarse sin cumplir la prueba de daño que exige el artículo 26. La autoridad debía demostrar que divulgar el documento afectaría efectivamente un interés protegido por la ley, y que ese daño sería mayor que el beneficio público de conocer su contenido. Nada de eso ocurrió.

A esto se suma un obstáculo práctico: al haberse invocado el artículo 22, inciso 6, esa confidencialidad solo puede levantarse con el consentimiento de quien la impuso. El Ministerio de Educación ha manifestado públicamente su disposición de levantar la reserva de confidencialidad, pero el sindicato se ha negado de forma reiterada. Esa negativa ha convertido una garantía legal en una barrera para el escrutinio público. Por eso, en mayo de 2024, presentamos una acción de amparo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia. Pedíamos que se levantara la reserva y se protegiera el derecho ciudadano a conocer qué se está pactando con fondos públicos. Pero la Corte rechazó incluso tramitar el amparo, alegando falta de legitimación activa y ausencia de agotamiento de recursos ordinarios (definitividad). En otras palabras, nos cerraron la puerta sin escuchar el fondo del problema.

Ante esa negativa, apelamos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Y la CC nos dio la razón: el 6 de enero de 2025 revocó la decisión de la CSJ y ordenó que se continuara con el trámite del amparo. Reconoció que sí teníamos legitimación activa como ciudadanos y que no era necesario agotar ninguna gestión administrativa (por tratarse de un amparo preventivo).

Con esa resolución, el caso regresó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el 16 de julio, la CSJ resolvió no conceder el amparo provisional, argumentando que “las circunstancias del caso no lo ameritan”. Es decir, reconoce que la reserva sigue vigente y que el daño es actual, pero decide no suspender el acto mientras se resuelve el fondo, lo cual tomará meses. Esa decisión es grave: si el pacto se firma mientras la confidencialidad continúa formalmente en pie, sin que la ciudadanía haya tenido acceso oficial al documento completo, el daño será irreversible. La sentencia del amparo, cuando llegue, podría hacerlo demasiado tarde, con la negociación ya concluida.

Por eso apelamos nuevamente ante la Corte de Constitucionalidad. Pedimos algo claro y concreto: que se otorgue el amparo provisional y se levante la reserva de confidencialidad mientras se resuelve el fondo del caso. Lo que está en juego es el derecho constitucional de acceso a la información pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer de manera oficial, completa y oportuna qué se está pactando con fondos públicos.

 

*Blog publicado originalmente el 18 de julio en La Hora

A casi un año del 28J: un balance incómodo pero necesario

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Lecciones y desafíos ante una tiranía sin salida fácil

 

En unos días se cumplirá un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, y aún el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar los supuestos resultados que proclamaron ganador a Nicolás Maduro Moros. Mientras que la oposición venezolana logró demostrar digitalizando el 80% de las actas emitidas por las máquinas de votación que Edmundo González Urruria fue el ganador de esas elecciones con el 67% de los votos a su favor. 

Sin embargo, lamentablemente, como tantos fraudes electorales que han quedado impunes en la historia, el venezolano no terminó desencadenando una transición democrática, como muchos hubiesen querido que ocurriera. Las razones son variadas y tienen que ver con que la venezolana se ha consolidado como una “tiranía en forma pura”, donde el poder político se ejerce sin ningún tipo de máscara institucional ni guardando ningún tipo de forma republicana o democrática, como hacían la mayoría de los autoritarismos de la Posguerra Fría, que guardaban cierta formalidad institucional aunque fuese un disfraz. 

Inmediatamente después de cometer el fraude, el régimen venezolano desató una represión política sin precedentes que ha sido calificada por la CIDH como “terrorismo de Estado”. Actualmente, Venezuela tiene casi 1000 presos políticos, de los cuales seis han muerto bajo custodia del Estado entre 2024 y 2025. La situación de persecución ha llevado a una despolitización del país y si bien el rechazo al régimen venezolano supera el 80%, el pueblo venezolano, entendiendo que de momento un cambio político no se avizora, pareciera haberse retirado a su fuero más privado, a su situación individual más inmediata, y sus principales preocupaciones han vuelto a ser económicas.

En ese sentido, la situación de la oposición es de una debilidad tremenda debido a la arremetida brutal de la represión que desató el régimen venezolano tras robarse las elecciones. Que la gran mayoría de los dirigentes de la oposición estén presos, en el exilio o en la clandestinidad, lo demuestra. 

En ese contexto, pareciera que la estrategia de la oposición más beligerante (y por ende más perseguida) está totalmente atada a la máxima presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de los representantes de la Florida y eso puede ser problemático por varias razones, que explicaremos de seguidas.

No hay claridad en Washington sobre Venezuela. De momento pareciera que Trump ha dejado en manos de Marco Rubio y en los políticos de la Florida el tema, sin que haya una estrategia de cambio de régimen sobre la mesa. Aunque el abordaje dual de Trump hacia Venezuela con Rubio y Grenell, que pronosticamos en entregas anteriores, fue confirmado por el New York Times en días recientes; también se conoció la información de que Estados Unidos retomó la estrategia de máxima presión hacia Cuba y Venezuela, con una variante: ya no hay zanahorias, sólo garrotes. Los que apoyan esta estrategia hacia Venezuela piensan que lo que falló en 2019 fue que simultáneamente también se ofrecían “incentivos” y “premios”, que al final no terminaron provocando el famoso “quiebre” en la élite chavista que condujera a una transición.

Voces en Washington como el ex asesor para América Latina Mauricio Claver-Carone y el senador Carlos Gimenez han declarado que es necesario pasar este “trago amargo” y que la población sufra los costos de esta política de máxima presión (suspensión de licencias petroleras, deportaciones, eliminación de visas, corte del flujo de dólares, impacto en el tipo de cambio, e incluso un posible corte de remesas y de ayuda humanitaria, etc.) para así poder salir definitivamente de los regímenes cubano y venezolano. El problema con esta estrategia es que los costos sociales para la población son muy altos y ata todas las posibilidades a los vaivenes del Departamento de Estado y como ya hemos visto en este primer semestre del segundo gobierno de Trump los vientos políticos de Washington pueden cambiar de un día a otro. 

El otro problema es que el mito del “quiebre” militar, promovido desde 2014 y reforzado en 2019, pareciera naufragar en cada intento para que esta vez sea diferente, sólo porque de nuestro lado ahora tenemos nuevos actores más creíbles: ya no es Guaidó sino María Corina. Lo cierto es que ni las sanciones, ni los incentivos, ni las promesas de negocios energéticos post-dictadura, han logrado fracturar a la Fuerza Armada venezolana. Al contrario, las corporaciones que integran a la tiranía madurista han consolidado su cohesión, mientras ganan tiempo y establecen alianzas más firmes con Rusia, China e Irán. 

En este contexto, la idea de que una sola persona, como María Corina Machado, pueda cargar con la responsabilidad de forzar un cambio histórico parece no solo irreal, sino injusta.

Aunque Machado aún cuenta con el 70% de aprobación, lo cierto es que ninguna transición política se ha gestado con una sola persona operando en la clandestinidad. Las transiciones políticas requieren de una articulación de intereses diversos (muchas veces excluyentes) y de construcción de coaliciones amplias. Machado ha sido una heroína política, pero no es ni guerrillera ni caudillo militar, y cargarle el peso de toda la transición refleja más un infantilismo colectivo que una estrategia racional. Es hora de dejar de exigirle lo imposible y de darle una salida digna a quien es sin duda la política más importante del siglo XXI venezolano. Un repliegue que le permita seguir haciendo política desde nuevos espacios, sin convertirse en mártir.

Mientras tanto, el régimen venezolano apuesta por una sucesión dinástica al estilo de Cuba y Nicaragua con la amenaza latente de Reforma Constitucional. Y al ser una tiranía en forma pura, la otra variable a considerar es que tanto Maduro, Diosdado y los hermanos Rodríguez todavía están jóvenes, no están ni cerca de llegar a la vejez, lo cual puede prolongar la vida del régimen autoritario y dificultar sustancialmente una eventual transición política. Toca pensar en el largo plazo, probablemente más largo de lo que quisiéramos, pero así son estos procesos. 

Finalmente, tenemos otra realidad y es que Venezuela se ha convertido en un teatro de operaciones del choque de potencias enfrentadas en estos momentos: es el caso de China, Rusia e Irán. Para estos países los principios de la democracia liberal no condicionan sus relaciones económicas y le otorgan un papel importante a la soberanía de los Estados. Sin embargo, esa realidad geopolítica lejos de horrorizarnos, debe más bien interpelarnos, en tanto nuestra situación es la de países pequeños y dependientes. Recordemos que lo mismo le tocó pensar a los políticos de generaciones anteriores. Tal vez el liderazgo opositor debería pensar fuera de la caja en ese sentido y abandonar la mentalidad del idealismo liberal de la Posguerra Fría. Ya no estamos en 1991 y es importante que aparezcan interlocutores dentro de la oposición que operen desde la dinámica multipolar hacia la que se está dirigiendo el mundo.

Lo cierto, es que antes de soñar con “transiciones” o “quiebres”, es imprescindible no poner la carreta delante de los caballos: lo urgente en estos momentos es trabajar en un mecanismo humanitario serio para la reducción de la represión y la liberación de presos políticos. Sin posibilidad de organización, sin garantías mínimas, cualquier estrategia de cambio está condenada al estancamiento y al fracaso.

Por lo demás, Venezuela será libre, tarde o temprano. 

La corrupción interminable

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El poder debe tener límites

 

La corrupción tiene un costo muy alto para los países. Los funcionarios públicos toman ventaja de su posición de poder para enriquecerse, mientras el resto de la población no tiene servicios públicos de calidad.

En el caso de Guatemala, los niveles de corrupción son obscenos. Cada cuatro años, vemos a diputados, gobernadores, ministros y hasta presidentes volverse millonarios con el dinero de los guatemaltecos. 

Nos hemos acostumbrado a que los funcionarios roben a manos llenas. Hemos tenido casos de hospitales, carreteras, escuelas, puentes y muchas obras más que nunca se terminan porque hubo corrupción de por medio. El funcionario y la “empresa” que se contrató salen con grandes cantidades de dinero, mientras las obras quedan tiradas.

Una élite política corrupta se hace millonaria a costa de todos los guatemaltecos y procuran controlar las instituciones del país para garantizarse impunidad. 

Esa corrupción es la evidencia que tenemos cortes, jueces y fiscales que no cumplen su deber. En vez de impartir justicia y castigar a los corruptos, terminan siendo sus defensores. 

En los últimos meses, hemos visto bastantes políticos salir libres y hasta se les está devolviendo sus propiedades millonarias. ¿De dónde sacaron ese dinero?

En otras palabras, el poder político en Guatemala no tiene límites. La élite política roba a manos llenas porque sabe que nunca enfrentará la justicia. 

Para evitar esos altos niveles de corrupción, debemos construir instituciones republicanas, con cortes independientes y un Ministerio Público que de verdad persiga la corrupción y no a sus enemigos políticos.

Si no ponemos límites al poder, nunca alcanzaremos el desarrollo.

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de julio

El pacto que no se toca

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Por ahora, el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala permanece intacto.

 

Por ahora, el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), junto a sindicatos adherentes, permanece intacto. El 3 de julio pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no suspender provisionalmente varias cláusulas impugnadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), aunque el análisis de fondo del caso sigue en curso.

¿Por qué debería importarnos? Porque este pacto colectivo no es un asunto menor. Los pactos colectivos definen aumentos salariales, licencias y beneficios para los trabajadores. Sin embargo, este pacto incluye algo más delicado: otorga atribuciones funcionales al sindicato sobre decisiones estatales. Según la PGN, esto vulnera la Constitución.

Uno de los aspectos más problemáticos, de acuerdo con la PGN, es que el pacto concede al STEG un papel decisivo en la admisión de nuevos sindicatos al acuerdo. El artículo 1 establece que cualquier sindicato interesado en adherirse debe presentar una “resolución del Congreso del STEG”. Es decir, la entrada de un nuevo sindicato queda sujeta a la aprobación de otro sindicato, no del Ministerio. Para la PGN, esto implica transferir una función pública —decidir quién puede formar parte del pacto colectivo— a un ente no estatal como el STEG, lo que resulta inconstitucional.

El pacto también le otorga al sindicato un rol central en la formulación y validación de programas educativos (artículo 20) y en la capacitación del personal (artículo 21). En lugar de dejar estas responsabilidades exclusivamente en manos del Ministerio, se condiciona su ejecución a consensos o aprobaciones del sindicato. Para la PGN, estas disposiciones usurpan la rectoría del sector educativo, que, conforme al artículo 194 de la Constitución y a la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde únicamente al Ministro de Educación.

Otra impugnación clave se refiere a las llamadas “Juntas Mixtas”. Según los artículos 45, 46 y 47, estas juntas —integradas por el MINEDUC y el sindicato— no se limitan al diálogo, sino que toman decisiones obligatorias sobre conflictos laborales, y lo hacen por consenso. Es decir, el Ministerio no puede resolver nada sin el aval del sindicato. Para la PGN, esto contraviene el principio de rectoría sectorial y la función administrativa exclusiva del Ministro (artículo 194 de la Constitución): las decisiones internas del Estado deben ser tomadas por este, no negociadas con el STEG. Al conferir poder de veto y resolución al sindicato, se transfiere una facultad pública a una entidad sindical, lo cual la Constitución prohíbe expresamente, según la PGN.

Quizá el punto más delicado está en el artículo 62 del pacto, que establece que el STEG “velará por el cumplimiento de los programas” y podrá realizar “monitoreos y evaluaciones” de los servicios educativos. Según la PGN, esta disposición contradice el marco constitucional y legal vigente: la supervisión de la política educativa es una competencia exclusiva del MINEDUC, no de una entidad sindical que representa intereses laborales.

En todos estos casos, los cuestionamientos por vía de la inconstitucionalidad de la PGN no se enfocan en las prestaciones económicas, sino en el hecho de que el pacto colectivo vigente otorga al STEG funciones públicas que comprometen el principio de legalidad y la rectoría estatal.

La CC, como hemos dicho al inicio, ha resuelto no suspender provisionalmente estas cláusulas mientras analiza el fondo del caso. Es posible que más adelante las declare inconstitucionales, pero para entonces podría ya haberse negociado uno nuevo.

La justicia no parece estar cumpliendo su papel de exigir rendición de cuentas al poderoso STEG. El 3 de mayo de 2024, presentamos un amparo —junto a un grupo de abogados— para exigir la publicidad del borrador del nuevo pacto colectivo, que había sido declarado confidencial por el MINEDUC de la administración anterior. Sin embargo, el 22 de mayo la Corte Suprema suspendió su trámite, alegando falta de legitimación activa y de definitividad.

Apelamos. El 6 de enero de 2025, la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón: revocó la suspensión y ordenó que el proceso continuara. Aun así, el expediente sigue sin resolverse en la Corte Suprema. Mientras tanto, las negociaciones del nuevo pacto avanzan, todavía en secreto. La confidencialidad impuesta por la administración anterior sigue vigente, y solo puede levantarse mediante una resolución judicial o con el visto bueno del propio STEG, que no ha dado su venia.

Como si fuera poco, esta semana se supo que el Ministerio Público (MP) investiga al STEG por desobedecer una orden judicial de reanudar clases. La desobediencia se origina en una resolución del propio Juzgado Quinto de Trabajo, que ordenó —vía amparo— el retorno a las aulas. Lo que llama la atención es que, según reportó un diario, el MP habría solicitado que el caso se declarara bajo reserva, y un juez habría accedido. De modo que las actuaciones son desconocidas para el público, y lo único que sabemos proviene de la orden del juzgado de investigar la evidente desobediencia del sindicato a la orden de reanudar clases. Un sindicato con funciones públicas y poder político, pero sin rendición de cuentas.

 

*Columna publicada originalmente en LaHora el 4 de julio

¿Otro desgaste para el Gobierno?

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Proponer más gasto es impopular

 

El Ejecutivo está proponiendo Q161 mil millones para gastarse en 2026, un incremento de 4.5 % respecto del presente año.

Se propone un déficit fiscal de Q32 mil millones, lo que representa el 
3.2 % del total de la economía de Guatemala. Sería el segundo año consecutivo de este gobierno en plantear un déficit fiscal por arriba de 
3 %. 

El rechazo no se ha hecho esperar. Las personas todavía recuerdan todo el dinero que se le otorgó a los Consejos de Desarrollo para ganarse la voluntad de los diputados en la aprobación del presupuesto de este año.

También se tiene fresco el incremento excesivo de sueldo a los diputados, y que le pasó factura al Ejecutivo por guardar silencio ante este abuso.

Plantear un presupuesto tan abultado solo desgastará más al Gobierno. Lo peor es que, en ciertos ministerios, la ejecución de este año está bastante baja, lo que hace cuestionar la necesidad de más recursos. 

Lo mejor para el Ejecutivo sería plantear un presupuesto igual, o incluso un poco menor al que se tiene vigente, reasignando los recursos a los ministerios, programas y proyecto que pretende priorizar. 

Es cierto que, en el corto plazo, la macroeconomía del país no entrará en crisis por el déficit fiscal de 3.2 % del PIB; pero no se puede tener ese déficit todos los años, como lo está planteando el Ejecutivo. En el mediano y largo plazo, tener un déficit consistentemente por arriba de 
3 % sí es un peligro para la estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, cabe preguntar: ¿qué está dispuesto el Ejecutivo a negociar con el Congreso para obtener la aprobación de este nuevo presupuesto? ¿Otra vez un presupuesto abultado para los Consejos de Desarrollo?

El Gobierno está planteando un suicidio político, y parece que no se enteran. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el jueves 3 de julio

Las clases deben reanudarse

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Se debe sentar un precedente

 

El sindicato de maestros (STEG) liderado por Joviel Acevedo, llevan más de un mes de huelga y miles de niños están siendo afectados.

La gran mayoría de maestros decidieron cumplir su deber y siguen dando clases. Es una minoría la que decidió apoyar ciegamente las exigencias mezquinas del líder sindical.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha presentado diez amparos para levantar el plantón que tienen frente al Palacio Nacional y que se retomen las clases de forma inmediata. 

Más de la mitad de esos amparos se han resuelto de forma favorable a la niñez y han ordenado que se retomen las clases.

Sin embargo, este pequeño grupo de maestros cree estar por encima de la ley y se niegan a regresar a clases. La impunidad que les otorgaron los cuatro gobiernos anteriores les hace sentir intocables.

El gobierno actual ya les descontó una parte de su salario a los maestros que no están trabajando y ya inició procesos sancionatorios más severos. Sería de esperar que estas acciones se lleven hasta las últimas consecuencias, incluso con la destitución, si es que se niegan a obedecer los amparos otorgados.

Este es un momento crucial para la educación del país. Por años, el sistema educativo ha estado tomado por el STEG, haciendo mucho daño a nuestra niñez. La ministra debe terminar con décadas de prebendas otorgadas a ese nefasto sindicato.

La buena noticia es que Joviel Acevedo ya no tiene el mismo poder de movilización de hace años. Su falta de legitimidad es evidente, no solo ante la población, sino también ante el gremio magisterial. 

Algunos llaman a que se retomen las negociaciones entre el Gobierno y el STEG, lo cual no tiene sentido, dado que ya se les otorgó un incremento salarial a los maestros. Solo hay una salida: las clases deben reanudarse. 

 

*Columna publicada originalmente el 26 de junio en Nuestro Diario

Guatemala frente a la nueva lógica arancelaria de Washington

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Su capacidad de negociación es prácticamente nula y solo le queda mostrar avances concretos en el corto plazo.

 

El 2 de abril de 2025, el presidente Trump emitió la orden ejecutiva 14257, con base en leyes como el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y el Trade Act de 1974. En ella, en el llamado Día de la Liberación Nacional, declaró una emergencia nacional por los persistentes déficits comerciales, los cuales —según la orden ejecutiva— representan “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”. Como respuesta, impuso un arancel adicional del 10% a todas las importaciones, aplicable sobre cualquier tarifa previa. Guatemala, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, fue incluida bajo esta tasa mínima, mientras que Guyana (38%), Nicaragua (18%) y Venezuela (15%) enfrentan aranceles más elevados. México, por su parte, recibió un trato preferencial y fue exento de los nuevos aranceles generales, aunque siguen vigentes aranceles previos sobre ciertos sectores como el automotriz.

Una semana después, el 9 de abril, la Casa Blanca ajustó esta política: redujo temporalmente al 10% los aranceles para la mayoría de países del Anexo como “gesto” frente a su disposición al “diálogo”. Esta suspensión vence el 9 de julio, cuando los aranceles diferenciados podrían reanudarse, aunque Guatemala no se verá afectada, pues siempre ha estado bajo la tasa base del 10%. Con China, en cambio, tras una escalada arancelaria mutua en abril, ambas partes firmaron el 25 de junio un acuerdo condicionado a la exportación de tierras raras desde ese país, a cambio del levantamiento parcial de contramedidas comerciales.

La Orden Ejecutiva 14257 contempla posibles reducciones de aranceles si ciertos criterios se cumplen. En particular, la sección 4(c) establece que los países que tomen “medidas significativas” para corregir relaciones comerciales no recíprocas y se alineen suficientemente con EE.UU. en materia económica y de seguridad nacional podrán beneficiarse de reducciones o limitaciones arancelarias. El texto enumera una serie de obstáculos estructurales cuya corrección puede abrir ese camino: entre ellos, la eliminación de barreras no arancelarias como regulaciones técnicas discriminatorias, licencias restrictivas y medidas sanitarias injustificadas; la mejora en protección y cumplimiento de derechos de propiedad intelectual; la eliminación de subsidios distorsivos y prácticas anticompetitivas; y el aumento del consumo interno en lugar de políticas de represión salarial o exportaciones subsidiadas. Además, el presidente Trump se reserva la potestad de aumentar o reducir aranceles en función de tres factores adicionales: (a) si los socios comerciales imponen represalias (4b); (b) si la capacidad manufacturera nacional sigue deteriorándose (4d); o (c) si la medida resulta ineficaz para resolver el déficit comercial (4a).

El gobierno de Guatemala ha adoptado recientemente diversas medidas que parecen estar específicamente orientadas a cumplir con ciertos criterios exigidos por Estados Unidos, particularmente en áreas sensibles para la administración Trump, como la seguridad y la migración. Un ejemplo es el proyecto de ampliación de Puerto Quetzal, desarrollado junto al U.S. Army Corps of Engineers, que además de mejorar la infraestructura logística, prevé instalaciones que podrían ser utilizadas por embarcaciones de países aliados, incluso en funciones navales. También destaca el acuerdo firmado el 26 de junio con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., que incluye el intercambio de datos biométricos, la modernización de controles en el Aeropuerto La Aurora y la coordinación frente a amenazas transnacionales. Ese mismo día, Guatemala firmó un nuevo acuerdo que permitiría acoger a ciertos solicitantes de asilo provenientes de terceros países, ampliando las opciones de procesamiento migratorio para EE.UU. Este último acuerdo, sin embargo, no ha estado exento de críticas.

Ahora bien, si bien en materia de seguridad y migración el alineamiento de Guatemala parece claro, hay otros aspectos donde el país podría mostrar avances rápidos. Uno de ellos es la propiedad intelectual. Guatemala sigue en la lista de vigilancia del Reporte Especial 301 del gobierno de EE. UU., que evalúa la protección de la propiedad intelectual a nivel global. No se trata de una falta de leyes, sino de deficiencias prácticas: escasa coordinación entre autoridades, poca acción frente a la piratería y falsificación, demoras en registros y jueces poco especializados. Mejorar algunos de estos procesos —sin necesidad de reformas legislativas— podría dar una señal útil en el contexto de los criterios establecidos por la orden ejecutiva.

Por otra parte, reducir las quejas sobre regulaciones discriminatorias requiere pensar en una Ley de la Administración Pública. Aunque es una reforma estructural de largo aliento, se vuelve cada vez más urgente. En el corto plazo, algunos ministerios podrían adoptar medidas internas para establecer parámetros de control previos a emitir normativas, de modo que garanticen mayor previsibilidad y trato equitativo a los usuarios frente a la administración pública.

En otro canal separado, existe una variable interna de Estados Unidos que merece atención. La Corte de Comercio Internacional, el 28 de mayo pasado, dejó inicialmente sin efecto —aunque esta decisión fue revertida un día después, como veremos— la imposición de aranceles, al concluir que el presidente había excedido los límites de la autoridad delegada por el Congreso.

Según la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), el presidente solo puede adoptar medidas de emergencia que respondan directamente a una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del extranjero. Por otro lado, la sección 122 del Trade Act de 1974 establece límites muy específicos para la imposición de aranceles en casos de déficit comercial: un máximo del 15% y por un período que no exceda los 150 días.

Al ver que las nuevas tasas —de 10% global y hasta 25% o más para México, Canadá y China— buscaban presionar a esos países en vez de atacar de forma inmediata el tráfico de drogas o la balanza de pagos, la Corte decidió que los decretos presidenciales estaban fuera de su competencia. El efecto práctico era que debían dejar de recaudar esos recargos y reembolsar lo ya cobrado. El 29 de mayo, sin embargo, una Corte de Apelaciones restableció las medidas, y ahora resta esperar a que se conozca el fondo del asunto. Aun así, los argumentos en contra son muy sólidos, y será clave ver qué decide la apelación o incluso si el caso llega a la Corte Suprema.

Salvo que las cortes estadounidenses frenen esta nueva ola arancelaria, Guatemala tiene poco margen de maniobra: su capacidad de negociación es prácticamente nula y solo le queda mostrar avances concretos en el corto plazo. A diferencia de México y Canadá —cuyos vínculos estratégicos les han valido tratos especiales—, el resto de los países, incluyendo aliados cercanos como Argentina o El Salvador, quedaron sujetos a la tarifa base del 10%. Para Guatemala, esto representa un desafío adicional: muchos de sus exportadores deben competir directamente con productores mexicanos que están exentos de ese recargo. En este contexto, será necesario que los sectores público y privado trabajen con urgencia para identificar espacios de mejora que puedan traducirse en señales claras hacia Washington. Reformas puntuales en áreas como propiedad intelectual o regulación administrativa pueden ser pasos concretos en esa dirección.

 

*Columna publicada originalmente en La Hora el 27 de junio 

Guerras digitales: entre verdades y algoritmos

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Las guerras ya no se libran solo con armas, sino también a través de videos, memes y hashtags. 

 

Las redes sociales juegan un papel más allá del entretenimiento: influyen en la opinión pública, en la política y en los conflictos internacionales. Hoy, los países también libran batallas en el campo digital. 

Esta realidad se ha intensificado desde la invasión rusa a Ucrania, pero aún más con el conflicto en Medio Oriente: Gaza, Israel e Irán.

Actualmente, existen alrededor de 5,560 millones de usuarios de internet, aproximadamente el 67.9 % de la población mundial. De ese total, el 63.9 % también son usuarios de redes sociales. Además, una de las principales razones por las que las personas utilizan estas plataformas es para informarse sobre noticias y eventos.

No es un secreto que las redes sociales se han convertido en herramientas para difundir propaganda y crear narrativas a favor o en contra de determinados bandos. Así como que son utilizados como un canal de propagación de noticias falsas y desinformación. Preocupa especialmente la limitada capacidad de respuesta —en tiempo real— por parte de los gobiernos o de los medios de comunicación confiables, frente a la velocidad con la que se difunde la desinformación. También inquieta el riesgo de quedar atrapados en un ciclo de publicaciones diseñadas para reafirmar nuestras creencias, dentro de algoritmos que nos muestran lo que coincide con nuestras preferencias, incluso cuando parte de lo que vemos podría no ser real.

Además, me impresiona cuánto ha avanzado la inteligencia artificial en su capacidad para generar videos e imágenes que resultan cada vez más difíciles de distinguir de la realidad. Esta tecnología se ha convertido en una pieza clave para construir narrativas y producir contenido viral que apela a las emociones con el fin de moldear la percepción pública. Lo que más me preocupa es que muchas de esas narrativas —al menos las que me han tocado ver— tienden a ser muy polarizantes y radicales.

Leyendo sobre este tema en las últimas semanas, me topé con un artículo* que recomiendo si se quiere profundizar en esta discusión (es claro y con un enfoque más científico). En él se menciona algo que me parece crucial: “en las redes sociales, cualquiera pasa como periodista y todo puede volverse noticia”. Creo que esta frase evidencia con mayor fuerza la relevancia de este campo de batalla digital.

La desinformación, la propaganda, los bots al servicio de intereses particulares, y todo el contenido que circula en internet, influyen directamente en nuestras percepciones, creencias, opiniones e incluso en nuestro comportamientos. Es una guerra psicológica constante, que se intensifica en momentos de crisis como el actual.

Ante tanta “noticia” e información circulando en redes sociales, frente a un escenario que avanza con rapidez y está lleno de distorsión y distracción, deberíamos volver a lo básico: informarnos a través de distintas fuentes confiables y no compartir contenido sin verificar su veracidad. Nos lo han dicho muchas veces, pero me parece que cada vez lo practicamos menos.

 

*Artículo recomendado:
Beata Biały, "Social Media—From Social Exchange to Battlefield," The Cyber Defense Review 2, no. 2 (2017)

Newslatter

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