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Si el Congreso no actúa, habría consecuencias para el país

En el Congreso de la República se está discutiendo la Ley Contra el Lavado de Dinero, que tiene como objetivo impedir que el dinero de origen ilícito entre a circular en la economía formal.

Los narcotraficantes, mareros, terroristas y corruptos tienen el problema de cómo gastar el dinero que obtienen de sus actividades criminales e ilícitas. Sus ingresos los obtienen en efectivo y muchos tratan de poner negocios de mentira para ingresar ese dinero al sistema financiero y, desde allí, poder gastarlo sin problemas.

Por impulso de organismos internacionales, la mayoría de los países cuentan con leyes contra el lavado de dinero. No es una cuestión opcional, sino un acuerdo impulsado por los países desarrollados.

Debido a que los grupos criminales son muy dinámicos en encontrar formas de lavar el dinero ilícito, las leyes contra el lavado de dinero tienen que actualizarse cada cierto tiempo. En Guatemala, la última modificación a la ley se hizo en 2010 y los organismos internacionales están pidiendo que se actualice. 

En los próximos meses, Guatemala recibirá una comisión internacional para evaluar el tema. Si el Congreso no aprueba la nueva ley, seremos incluidos en una lista de países que no colaboran con el tema.

Si llegamos a ser incluidos en esa lista, las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Los países desarrollados pondrían veto a sus empresas y a sus sistemas financieros para interactuar con el sistema financiero guatemalteco. 

Automáticamente seríamos sospechosos de facilitar el lavado de dinero y eso nos puede aislar del resto del mundo. El Congreso debe aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero, sin excusa y sin demora. Dejen de ser tan irresponsables.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Seguir haciendo lo mismo nos dará malos resultados

Con el cambio de Fiscal General, ya casi se cierra el superciclo de cambios de autoridades en distintas instituciones del país. Queda pendiente el cambio de Contralor General de Cuentas, del Presidente del Banco Central y del Superintendente de Bancos. 

Lo que podemos concluir hasta el momento es que Guatemala necesita un cambio en la forma en que se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral  y el Fiscal General, entre otros.

El modelo de comisiones de postulación está agotado, por lo que debemos buscar modelos alternativos. De igual forma, es una locura cambiar a todos los magistrados de la CC, la CSJ y el TSE al mismo tiempo. Eso le otorga un enorme poder de influencia a ciertos grupos de interés.

La discusión de un nuevo modelo debe ser exclusiva de este tema. Tratar de incluir otros cambios institucionales solo hará imposible que se logren acuerdos, por lo que el modelo obsoleto seguirá vigente por muchas décadas más.

Las distintas organizaciones de la sociedad civil deben mostrar una enorme madurez para centrar los esfuerzos en cambiar solo la justicia y nada más. 

La discusión sobre este tema fundamental para el país debe ser planteada y liderada por el Congreso o por el Organismo Ejecutivo, para que tenga viabilidad política. De lo contrario, quedará como un ejercicio interesante, pero sin posibilidades reales de implementarse. 

Por otra parte, debemos tomar ideas de otros modelos, adaptarlos a nuestra realidad y pensar si funcionará aún con el paso del tiempo. Si se abre la posibilidad de cambio, debemos aprovecharla para alcanzar una justicia independiente, pronta y cumplida. No habría más oportunidades.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La creación de riqueza ocurre en la certeza legal

En Guatemala nos hemos acostumbrado a vivir en constante incertidumbre sobre el futuro del país. Los golpes de Estado, la guerra civil y, en las últimas décadas, las guerras judiciales sembraron zozobra entre los guatemaltecos.

Durante las elecciones de 2023, la eliminación de candidatos presidenciales y luego las acciones del Ministerio Público provocaron la crisis política más grave desde el Serranazo. Se quiso poner en duda la legitimidad de las elecciones y peligró la transferencia pacífica del poder.

Los ocho años de Consuelo Porras pasarán a la historia como los más nefastos de esa institución. Muchos políticos acusados de corrupción salieron libres y hasta recuperaron los bienes que les habían sido confiscados. Mientras que la persecución judicial a periodistas fue la norma.

La Fiscal sembró el terror en la sociedad civil y brindó impunidad a los grandes actores de la corrupción.

Sin embargo, durante la CICIG también se utilizó el Ministerio Público con fines políticos. No es casualidad que Thelma Aldana pretendiera lanzar su candidatura presidencial y que Iván Velásquez terminara siendo ministro de Gustavo Petro. Un fiscal debiera evitar a toda costa involucrarse en política, porque tendrá la tentación de politizar la justicia.

Es momento de terminar los terremotos políticos. Logramos superar los golpes de Estados, alcanzamos la firma de la paz y ahora nos toca despolitizar la justicia. Nunca más se debieran utilizar las Cortes de Justicia ni el Ministerio Público para tomar el poder político. 

Las batallas políticas deben darse en los partidos políticos, en las elecciones y en los votos en el Congreso. Ojalá todos hayamos aprendido la lección. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.

La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de mantener firme el proceso de renovación del fiscal general, al rechazar los amparos e inconstitucionalidades que buscaban frenarlo, marca un punto de inflexión. Consuelo Porras y su equipo dejan tras de sí una estela de destrucción institucional profunda. Ahora, la tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.

Los números ayudan a dimensionar la magnitud del daño que dejan Consuelo Porras y su equipo en la institución. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con base en datos oficiales del propio Ministerio Público, la efectividad institucional cayó de 14.03% entre 2018 y 2019 a apenas 6.44% en 2024 y 2025, una reducción del 54%. En delitos de alto impacto —homicidios, femicidios, extorsiones y corrupción— la impunidad alcanza el 93.69%, lo que significa que apenas seis de cada cien casos reciben una respuesta efectiva. En promedio, cada fiscal o auxiliar resuelve menos de un caso efectivo por mes.

Lo más preocupante es que este colapso ocurrió mientras el presupuesto del Ministerio Público crecía de manera acelerada. En 2018, la institución contaba con Q1,842 millones; para 2025, el presupuesto ascendió a Q4,828 millones, un incremento del 162%. Más recursos no se tradujeron en mejores resultados. Al contrario: la brecha entre gasto y desempeño evidencia una crisis de gestión, de prioridades y, posiblemente, de integridad institucional

A ello se suma una denuncia especialmente grave: la manipulación estadística. Según el mismo reporte, el Ministerio Público habría contabilizado archivos y desestimaciones como “casos resueltos” para inflar artificialmente sus indicadores de eficiencia, llegando incluso a reportar cifras superiores al 100% en varios departamentos. 

A este fracaso administrativo se suman los 118 casos de persecución política contra exoperadores de justicia, periodistas, activistas y voces críticas que dejaron una huella política y humana imposible de ignorar. Estos procesos han sido opacos, abusando de la figura de "reserva" para criminalizar voces críticas. Esta estructura convirtió al Ministerio Público en un instrumento de intimidación y control.

El momento más crítico de la gestión de Consuelo Porras llegó con el intento de intervenir en el proceso electoral de 2023, cuestionando la voluntad popular expresada en el voto y alimentando narrativas de fraude sin sustento. En cualquier democracia funcional, una fiscalía debe proteger el orden constitucional, no convertirse en un actor que comprometa su estabilidad.

Por eso, el desafío de la nueva administración no es detener un supuesto "péndulo ideológico", sino detener el proceso sistemático de destrucción institucional de los últimos ocho años. 

La reconstrucción institucional exigirá auditorías internas, revisión de prácticas procesales, fortalecimiento de capacidades técnicas, depuración de estructuras y, sobre todo, señales claras de independencia. También demandará algo políticamente incómodo, pero indispensable: esclarecer los abusos cometidos desde la propia institución y garantizar justicia para quienes fueron víctimas de persecución arbitraria durante la gestión de Consuelo Porras.

El Beacon Award distingue a líderes que defienden los valores democráticos frente a presiones autoritarias.

Washington, D.C. — Freedom House otorga el Beacon Award 2026 al Dr. Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, en reconocimiento a su liderazgo durante décadas en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, en un contexto global de inseguridad y debilitamiento institucional.

El Beacon Award distingue a líderes que defienden los valores democráticos frente a presiones autoritarias. En esta edición, Freedom House destaca la labor del Dr. Gutiérrez subrayando su compromiso de 45 años defendiendo la libertad individual, la democracia republicana y los valores occidentales.     

El Dr. Gutiérrez es un destacado líder cívico y comunicador con una vasta trayectoria en el sector privado y en los medios de comunicación. Es miembro de Juntas Directivas y fiduciario de organizaciones, empresariales, académicas y tanques de pensamiento. Fue el primer latinoamericano en el Consejo de Freedom House. Además, presenta cada semana el programa Razón de Estado para todo el continente americano en la cadena NTN24; y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales de importantes instituciones en Estados Unidos y La Corona española.   

En 2025, el Beacon Award fue otorgado al gobierno y la sociedad civil de Taiwán por sus esfuerzos para proteger su democracia y promover la libertad.

La ceremonia se realizará el 20 de mayo de 2026 en el prestigioso Andrew W. Mellon Auditorium en Washington, D.C., en el marco de la gala anual de premios de Freedom House. Este año, el evento coincide con el 85.º aniversario de la organización.

Se espera la presencia de una destacada delegación internacional, incluyendo a líderes del gobierno estadounidense, de la sociedad civil y la filantropía, miembros del cuerpo diplomático y medios de comunicación.

El mundo parece dirigirse a una fuerte crisis económica

La guerra en Irán entró en una fase de estancamiento, lo que pone en grave peligro la economía mundial. El punto crítico es el cierre del estrecho de Ormuz, que tiene paralizado el 20 % del comercio mundial de petróleo.

La guerra lleva diez semanas y, hasta el momento, muchos países han resistido haciendo uso de sus reservas de petróleo. Pero conforme pasa el tiempo, esas reservas van disminuyendo y aumenta el riesgo de que los países comiencen a racionar la venta de combustible. Algunos países de Asia ya están en esa situación.

Además, los ataques dañaron plantas de gas en varios países aledaños, lo que podría implicar que también suba el precio de este producto. Así que el escenario más probable en los próximos meses es mayores incrementos en los precios de la gasolina y el gas propano.

Algunas instituciones señalan que, si la situación en Irán no se resuelve pronto, el mundo podría enfrentar la peor crisis energética en décadas. Estaríamos ante precios de la gasolina nunca vistos, lo que generaría un duro golpe en las finanzas familiares.

A nivel personal, lo mejor es ser muy prudente en los gastos ante la posibilidad de un escenario complicado en los próximos meses. 

A nivel de política pública, es muy poco lo que se puede hacer. Extender el subsidio a los combustibles por varios meses más pondría una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Habría que buscar alternativas más eficientes, transparentes y que beneficien directamente a los más necesitados.

Ojalá que la guerra en Irán termine pronto. No solo por las vidas en juego, sino también por el sufrimiento económico que se puede evitar. En todo caso, habría que prepararse para el peor escenario, esperando lo mejor. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar

En los últimos 40 años, el mundo ha visto el surgimiento de China como una superpotencia económica, política y militar, que ya superó a Europa y está desafiando la hegemonía de Estados Unidos en el tema comercial y tecnológico.

El mundo está fascinado con la eficiencia que parece mostrar China, con la construcción de infraestructura imponente que rivaliza e incluso supera la de los países occidentales. Los autos eléctricos chinos se están popularizando, lo que los podría convertir en los mayores productores de vehículos en las próximas décadas. 

En América Latina, el modelo de El Salvador levanta admiración y muchos proyectos políticos en la región quieren imitar al presidente de ese país. No se puede negar que logró resolver el principal problema que agobiaba a la sociedad salvadoreña, lo que le brinda altos niveles de popularidad.

Por el contrario, cuando se voltea la mirada a los países occidentales, parecen paralizados en fuertes e interminables disputas internas, retrasando la implementación de proyectos vitales para impulsar su crecimiento económico, solucionar problemas de salud o de educación, así como temas de seguridad.

Ante esta dicotomía, muchas personas prefieren la eficiencia de las dictaduras a la parálisis de las democracias. Lo que estas personas no ven son los costos que tiene la “eficiencia” de las dictaduras.

En primer lugar, los proyectos se realizan rápido porque no hay nadie que los cuestione y los fiscalice. El dictador es capaz de asesinar, encarcelar o provocar el exilio de cualquiera que lo contradiga. De hecho, en esas dictaduras se da un enorme derroche de dinero, corrupción generalizada y proyectos fracasados, pero nunca salen a la luz porque ya no hay oposición. No existe libertad de opinión.

En segundo lugar, la vida y la propiedad son muy frágiles en las dictaduras. Solo basta caerle mal al dictador o a alguien de su círculo cercano para que las personas pierdan su vida, propiedad o libertad. Los ciudadanos se convierten en esclavos del dictador. 

Por último, los dictadores eventualmente decaen y, con ello, sus niveles de popularidad. Cuando llega ese momento, son más violentos, con tal de no dejar el poder. Es cuando las sociedades despiertan después de un largo sueño.

Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo. Estados Unidos lleva 250 años dando prosperidad a sus ciudadanos, dentro de una democracia liberal, siendo un mejor referente de desarrollo. Ojalá prefiramos siempre nuestra libertad.

*Columna publicada originalmente en Soy502

La decisión ahora está en el presidente

Finalmente, el presidente tiene la lista de candidatos para Fiscal General, luego de una sentencia cuestionable de parte de la Corte de Constitucionalidad. Varias organizaciones expresaron su rechazo a esa decisión. 

Ahora se esperaría que ya no exista ningún recurso legal que detenga el proceso de renovación del Ministerio Público. Sería el colmo que alguna Corte, nuevamente, pretenda retrasar el plazo establecido en la Constitución. 

El presidente tiene en sus manos elegir a una persona que traiga nuevos aires al Ministerio Público. El nuevo Fiscal General debe dejar de prestarse a juegos políticos, como lo hicieron los últimos fiscales. La persecución penal no debe estar al servicio de grupos de poder, ni ser el instrumento de persecución contra periodistas, jueces o grupos de sociedad civil.

El desafío que tiene el nuevo Fiscal es muy grande. Tendrá que recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que perdió totalmente la credibilidad y que sus principales figuras son de las más despreciadas en la sociedad guatemalteca.

El Ministerio Público saliente es visto como complaciente con la corrupción y sumamente agresivo con las personas que se atreven a criticarlo. Son muchas las personas victimizadas en los últimos años.

El nuevo Fiscal debe centrar sus esfuerzos en perseguir el crimen y el delito, para que los guatemaltecos podamos vivir en paz. El Ministerio Público no debe ser un arma de ataque a candidatos políticos ni pretender alterar o desconocer los resultados electorales. 

El presidente debe elegir al nuevo Fiscal de forma muy cuidadosa, para romper un largo ciclo oscuro y nefasto que destruyó una de las instituciones clave de la justicia de Guatemala. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La Corte de Constitucionalidad debe cumplir su función

La Comisión de Postulación del Fiscal General ya terminó su labor y el presidente Arévalo ya tiene en sus manos la nómina de seis aspirantes, de los cuales debe elegir a uno para ser el próximo Fiscal General.

No fue un proceso fácil y estuvo bastante accidentado, pero ya se finalizó y, por el bien del país, se debe respetar el plazo para el cambio de fiscal el próximo 17 de mayo. 

Hay varios amparos y recursos judiciales pendientes de definir. Muchos de esos recursos pretenden entorpecer el proceso y que se repita todo nuevamente. El interés es impedir el cambio de fiscal o poner a alguien que le dé continuidad a la actual gestión.

Sin embargo, como en procesos anteriores, la ley establece plazos que deben respetarse. La Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de darle certeza y estabilidad a los procesos de cambio de autoridades.  En ese sentido, debe rechazar todos los recursos espurios y malintencionados. 

Se ha llegado al extremo ridículo de pretender impedir que el presidente elija dentro de la nómina de seis aspirantes. Esa es una facultad que le otorga la Constitución y que nadie más puede asumir. 

La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos terminar de una vez por todas con la incertidumbre y garantizar que se respeten los procesos y los plazos que establece la Constitución.

La lista de seis aspirantes puede que no guste y no satisfaga a todos, pero al final es el resultado de los procesos establecidos en la ley y debe respetarse. 

Por último, en la comisión hubo personas que demostraron independencia de criterio y no se ajustaron a ninguna agenda oscura. A ellos el reconocimiento por sus principios éticos. Y otros, que la vergüenza los acompañe siempre.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Se busca retorcer la ley para excluir candidatos

Algunos “abogados” nos meten en discusiones absurdas, con la intención de mover agendas oscuras y dañar nuestras precarias instituciones.

Resulta que un pequeño grupo de abogados y una minoría de miembros dentro de la Comisión de Postulación de Fiscal General, no quieren darle validez a la experiencia de los jueces dentro del proceso de selección de candidatos.

Ellos argumentan que el artículo 216 de la Constitución indica como uno de los requisitos a Fiscal General “haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años”, lo cual excluye a los jueces, porque no se les menciona explícitamente.

La Corte de Constitucionalidad (CC), en el 2014, ya emitió sentencia sobre esta situación indicando que la experiencia de un juez debe ser tomada en cuenta como un ejercicio propio de un abogado. 

La Corte de aquel entonces indicó que el artículo 216 “al aludir al ejercicio de la función jurisdiccional y al ejercicio de la profesión de abogado, no se refiere a dos requisitos excluyentes entre sí, sino a los distintos ámbitos en los que puede ejercerse la profesión.”

Resulta ilógico y ridículo decir que un juez no tiene “experiencia jurídica calificada” como algunos señalan de forma malintencionada. ¿Acaso la función de un juez no es la de interpretar y aplicar las leyes constantemente? ¿Qué mejor experiencia que esta?

Es lamentable que se recurran a argumentos retorcidos para tratar de excluir candidatos. Es la historia de siempre. 

El país no aguanta más la politización de la justicia. La sentencia de la CC en 2014 fue muy clara. La nueva Corte de Constitucionalidad no debe seguir con la manipulación de la justicia. Ojalá cumplan su labor y brinden certeza a la elección del Fiscal General. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario