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Corruption and social elevators
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
26 Oct 2021

Algunas reflexiones sociológicas y económicas

Por un momento imaginemos que la estructura socioeconómica de Guatemala es como el Empire State Building: un edificio de 120 pisos. Sabemos que, en un país con nuestros niveles de pobreza, subdesarrollo y desigualdad, hay demasiados inquilinos en los pisos de abajo y muy pocos en los de arriba.

Sin embargo, la economía y la sociología me dicen que eso -en sí mismo- no es malo. No importa tanto cuántas personas haya por piso, sino la existencia de oportunidades de ascenso real. Lo que genera estabilidad en una sociedad es que exista un elevador social: la posibilidad que quien está en el piso 80 pueda subir al 100; o quien está en el 50 pueda subir al 60; o quien está en el 5 pueda hacerlo al 10.

El problema radica en que la economía nacional, con su mediocre crecimiento promedio de 3.5% interanual, a penas genera oportunidades de ascenso social. Sin tapujos ni sobredimensionar historias románticas ¿cuántas personas en Guatemala pueden contar una historia de superación, de tener nada a tener mucho? ¿cuántas pueden decir que duplicaron el nivel y estilo de vida de sus padres en una o dos generaciones. La verdad, muy pocos. Esas historias son la excepción a la norma, que deben reconocerse si, pero tampoco son alternativas reales para grandes grupos de la población. Regresando a la analogía, reconozcamos que no todos tienen la condición física o la energía para subir los 120 pisos a pie.

Si aceptamos como válido lo anterior, podemos decir que en el elevador que permite ascender por el Empire State (o la pirámide social nacional) no caben más de unos cuantos. Pero al mismo tiempo, resulta que hay un elevador alternativo, donde caben muchos más: ese es el elevador express de la corrupción.

Ese fenómeno permite al agente de la PNC, que nominalmente genera una salario de Q4 mil, duplicar su ingreso mensual. También es el mismo ascensor que le permite al profesional que no ha encontrado oportunidades en el mercado, acceder a un puesto en lo público gracias al favor de un miembro superior en la jerarquía burocrática, como poéticamente llama Max Weber al tráfico de influencias. O ese mismo elevador que le permite al personaje de una clase media acomodada aspirar a casas, carros, sueldos y puntos con mucha mayor celeridad que la receta del trabajo y el ahorro. En fin, en este elevador alterno resulta que no sólo caben más personas, sino además, permite ascender más rápido entre piso y piso.

De ahí entonces que el combate a la corrupción no pasa exclusivamente por la persecución penal, la reforma normativa o la idílica aspiración a construir una cultura de legalidad. La verdadera clausura del ascensor express requiere, como condición sine qua none, que el elevador de ascenso social legítimo sea más amplio, más efectivo y eficiente en generar empleo, oportunidades de desarrollo, mejora en la calidad de vida, etc. Sin ello, la corrupción seguirá siendo atractiva.

Quizá aquí una reflexión sociológica sobre el período 2015-2021. Porque dejémonos de cuentos por unos minutos: todos sabemos que la cantaleta de los comunistas y las agendas globalistas fue la narrativa que algunos vivos usaron para no tener que aceptar que -como muchos- habían usado el elevador express. Sin embargo, el problema no es ese, sino la magnitud del mal y la ausencia de alternativas.

En su momento se planteó la necesidad de incorporar elementos de justicia transicional al fenómeno de la corrupción en Guatemala. Reformas normativas para fortalecer el derecho penal premial y reconocer alternativas procesales, puesto que perseguir a todos los que han usado el elevador express resulta materialmente imposible, o difícil de hacer sin perder apoyos (como terminó ocurriendo a partir de 2017).

Pero también, implica una reflexión sobre desarrollo y crecimiento económico. De lo contrario, resultará muy difícil deslegitimar la corrupción. Ideas -socialmente aceptadas- como buscar beneficios cuando un amigo/familiar accede a un cargo de poder; o concebir la oportunidad de participar en el jolgorio de lo público cuál lotería, donde la expectativa es “algún día” tener el ticket ganador, son ejemplos de cómo existe un beneplácito tácito a la validez de utilizar el elevador express cuando la oportunidad se presente.

Quizá antes de pensar en el temor al castigo, en la independencia de los órganos encargados de investigar y perseguir corrupción, o en el diseño normativo del sistema, quizá haya que empezar comprendiendo las dimensiones sociales y económicas de un fenómeno arraigado en el ethos nacional.

Corrupción y elevadores sociales
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
26 Oct 2021

Algunas reflexiones sociológicas y económicas

Por un momento imaginemos que la estructura socioeconómica de Guatemala es como el Empire State Building: un edificio de 120 pisos. Sabemos que, en un país con nuestros niveles de pobreza, subdesarrollo y desigualdad, hay demasiados inquilinos en los pisos de abajo y muy pocos en los de arriba.

Sin embargo, la economía y la sociología me dicen que eso -en sí mismo- no es malo. No importa tanto cuántas personas haya por piso, sino la existencia de oportunidades de ascenso real. Lo que genera estabilidad en una sociedad es que exista un elevador social: la posibilidad que quien está en el piso 80 pueda subir al 100; o quien está en el 50 pueda subir al 60; o quien está en el 5 pueda hacerlo al 10.

El problema radica en que la economía nacional, con su mediocre crecimiento promedio de 3.5% interanual, a penas genera oportunidades de ascenso social. Sin tapujos ni sobredimensionar historias románticas ¿cuántas personas en Guatemala pueden contar una historia de superación, de tener nada a tener mucho? ¿cuántas pueden decir que duplicaron el nivel y estilo de vida de sus padres en una o dos generaciones. La verdad, muy pocos. Esas historias son la excepción a la norma, que deben reconocerse si, pero tampoco son alternativas reales para grandes grupos de la población. Regresando a la analogía, reconozcamos que no todos tienen la condición física o la energía para subir los 120 pisos a pie.

Si aceptamos como válido lo anterior, podemos decir que en el elevador que permite ascender por el Empire State (o la pirámide social nacional) no caben más de unos cuantos. Pero al mismo tiempo, resulta que hay un elevador alternativo, donde caben muchos más: ese es el elevador express de la corrupción.

Ese fenómeno permite al agente de la PNC, que nominalmente genera una salario de Q4 mil, duplicar su ingreso mensual. También es el mismo ascensor que le permite al profesional que no ha encontrado oportunidades en el mercado, acceder a un puesto en lo público gracias al favor de un miembro superior en la jerarquía burocrática, como poéticamente llama Max Weber al tráfico de influencias. O ese mismo elevador que le permite al personaje de una clase media acomodada aspirar a casas, carros, sueldos y puntos con mucha mayor celeridad que la receta del trabajo y el ahorro. En fin, en este elevador alterno resulta que no sólo caben más personas, sino además, permite ascender más rápido entre piso y piso.

De ahí entonces que el combate a la corrupción no pasa exclusivamente por la persecución penal, la reforma normativa o la idílica aspiración a construir una cultura de legalidad. La verdadera clausura del ascensor express requiere, como condición sine qua none, que el elevador de ascenso social legítimo sea más amplio, más efectivo y eficiente en generar empleo, oportunidades de desarrollo, mejora en la calidad de vida, etc. Sin ello, la corrupción seguirá siendo atractiva.

Quizá aquí una reflexión sociológica sobre el período 2015-2021. Porque dejémonos de cuentos por unos minutos: todos sabemos que la cantaleta de los comunistas y las agendas globalistas fue la narrativa que algunos vivos usaron para no tener que aceptar que -como muchos- habían usado el elevador express. Sin embargo, el problema no es ese, sino la magnitud del mal y la ausencia de alternativas.

En su momento se planteó la necesidad de incorporar elementos de justicia transicional al fenómeno de la corrupción en Guatemala. Reformas normativas para fortalecer el derecho penal premial y reconocer alternativas procesales, puesto que perseguir a todos los que han usado el elevador express resulta materialmente imposible, o difícil de hacer sin perder apoyos (como terminó ocurriendo a partir de 2017).

Pero también, implica una reflexión sobre desarrollo y crecimiento económico. De lo contrario, resultará muy difícil deslegitimar la corrupción. Ideas -socialmente aceptadas- como buscar beneficios cuando un amigo/familiar accede a un cargo de poder; o concebir la oportunidad de participar en el jolgorio de lo público cuál lotería, donde la expectativa es “algún día” tener el ticket ganador, son ejemplos de cómo existe un beneplácito tácito a la validez de utilizar el elevador express cuando la oportunidad se presente.

Quizá antes de pensar en el temor al castigo, en la independencia de los órganos encargados de investigar y perseguir corrupción, o en el diseño normativo del sistema, quizá haya que empezar comprendiendo las dimensiones sociales y económicas de un fenómeno arraigado en el ethos nacional.

Guatemala in the Rule of Law index
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
25 Oct 2021

El World Justice Project (WJP) publica anualmente el Índice de Estado de Derecho y en 2021 Guatemala apareció en el puesto 109 de 139 países medidos. Guatemala ocupó el puesto 101 en 2020, pero ese año únicamente se midieron 128 países.

 

Pero la calificación en términos absolutos de Guatemala cayó de 0.45 a 0.44 siendo 1 la nota máxima. Estado de derecho es un concepto que se utiliza con mucha liberalidad. Quizá la definición más satisfactoria sea la provista por Lord Bingham y se refiere a la situación en que “todas las personas y autoridades dentro de un Estado, ya sean públicos o privados, deben obedecer y tener derecho al beneficio de las leyes públicamente aprobadas, teniendo efecto (generalmente) hacia futuro y administradas públicamente por los tribunales”.

La idea de Estado de Derecho no se refiere a cumplir ciertos criterios formales. Como ya lo establecen los Criterios de Verificación del Estado de Derecho recogidos por la Comisión de Venecia, exige, además, que exista un régimen de legalidad que incluye la existencia de un proceso democrático transparente y responsable en la formación de las leyes.

Parafraseando el documento antes mencionado, para que se verifique el Estado de Derecho es necesario que exista certeza jurídica, que esté limitada la arbitrariedad de los funcionarios públicos, que exista acceso a la justicia ante tribunales independientes e imparciales, que se respeten los derechos humanos y que exista igualdad ante la ley.

El índice de Estado de Derecho trata de recoger estos elementos y mide 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En esa medición, los aspectos mejor evaluados en términos relativos son los referentes al gobierno abierto (puesto 67 de 139) y a los límites a los poderes del gobierno (74/139). Tampoco son resultados para destacar. Los aspectos donde Guatemala sale peor evaluada son ausencia de corrupción (114/139), justicia civil (134/139) y justicia penal (127/139).

La situación debería preocuparnos. En justicia civil estamos en los últimos cinco puestos y cerca de la República Democrática del Congo, Afganistán y Myanmar; en justicia penal estamos cerca en el ranquin de Mali y Mauritania y en ausencia de corrupción cerca de Costa de Marfil, Ucrania y Nicaragua.

De la definición de Estado de Derecho antes ofrecida y los criterios de verificación del Estado de derecho mencionados queda claro que el acceso una justicia imparcial e independiente son aspectos centrales. No es posible que prospere un país que no ofrece certeza jurídica, respeto a los derechos fundamentales como la propiedad privada y la vida.

El deficiente diseño constitucional para el nombramiento de jueces y magistrados y órganos de control generan un sistema en el que la justicia que carece de independencia.

Asimismo, la corrupción es un obstáculo grande para el crecimiento económico, especialmente por el tipo de corrupción que predomina en nuestro país. Siguiendo las ideas de la profesora Yueng Yueng Ang, la corrupción predatoria, aquella en la que predominan prácticas extorsivas y la sustracción de recursos a gran nivel, donde se corrompe la justicia para salir indemne de estas prácticas, destruye el tejido social e institucional y trae pobreza y subdesarrollo. Aunque sobre esto habrá otra ocasión para ahondar.

Guatemala en el índice de Estado de Derecho
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
25 Oct 2021

El World Justice Project (WJP) publica anualmente el Índice de Estado de Derecho y en 2021 Guatemala apareció en el puesto 109 de 139 países medidos. Guatemala ocupó el puesto 101 en 2020, pero ese año únicamente se midieron 128 países.

 

Pero la calificación en términos absolutos de Guatemala cayó de 0.45 a 0.44 siendo 1 la nota máxima. Estado de derecho es un concepto que se utiliza con mucha liberalidad. Quizá la definición más satisfactoria sea la provista por Lord Bingham y se refiere a la situación en que “todas las personas y autoridades dentro de un Estado, ya sean públicos o privados, deben obedecer y tener derecho al beneficio de las leyes públicamente aprobadas, teniendo efecto (generalmente) hacia futuro y administradas públicamente por los tribunales”.

La idea de Estado de Derecho no se refiere a cumplir ciertos criterios formales. Como ya lo establecen los Criterios de Verificación del Estado de Derecho recogidos por la Comisión de Venecia, exige, además, que exista un régimen de legalidad que incluye la existencia de un proceso democrático transparente y responsable en la formación de las leyes.

Parafraseando el documento antes mencionado, para que se verifique el Estado de Derecho es necesario que exista certeza jurídica, que esté limitada la arbitrariedad de los funcionarios públicos, que exista acceso a la justicia ante tribunales independientes e imparciales, que se respeten los derechos humanos y que exista igualdad ante la ley.

El índice de Estado de Derecho trata de recoger estos elementos y mide 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En esa medición, los aspectos mejor evaluados en términos relativos son los referentes al gobierno abierto (puesto 67 de 139) y a los límites a los poderes del gobierno (74/139). Tampoco son resultados para destacar. Los aspectos donde Guatemala sale peor evaluada son ausencia de corrupción (114/139), justicia civil (134/139) y justicia penal (127/139).

La situación debería preocuparnos. En justicia civil estamos en los últimos cinco puestos y cerca de la República Democrática del Congo, Afganistán y Myanmar; en justicia penal estamos cerca en el ranquin de Mali y Mauritania y en ausencia de corrupción cerca de Costa de Marfil, Ucrania y Nicaragua.

De la definición de Estado de Derecho antes ofrecida y los criterios de verificación del Estado de derecho mencionados queda claro que el acceso una justicia imparcial e independiente son aspectos centrales. No es posible que prospere un país que no ofrece certeza jurídica, respeto a los derechos fundamentales como la propiedad privada y la vida.

El deficiente diseño constitucional para el nombramiento de jueces y magistrados y órganos de control generan un sistema en el que la justicia que carece de independencia.

Asimismo, la corrupción es un obstáculo grande para el crecimiento económico, especialmente por el tipo de corrupción que predomina en nuestro país. Siguiendo las ideas de la profesora Yueng Yueng Ang, la corrupción predatoria, aquella en la que predominan prácticas extorsivas y la sustracción de recursos a gran nivel, donde se corrompe la justicia para salir indemne de estas prácticas, destruye el tejido social e institucional y trae pobreza y subdesarrollo. Aunque sobre esto habrá otra ocasión para ahondar.

Pragmatic opposition wanted
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
18 Oct 2021

Utilizo el término pragmatismo en su sentido coloquial: como una preferencia por lo práctico. Desde el 14 de enero de 2020 tenemos un Congreso muy fragmentado en el que hay 19 partidos políticos con representación.

El partido de gobierno tenía apenas 17 diputados, lejos de los 81 votos necesarios para tomar la mayoría de las decisiones dentro del Congreso. Logró ganar el primer pulso para elegir junta directiva el 14 de enero de 2020 al sumar los votos de UCN, FCN, TODOS, Unionista, Prosperidad Ciudadana, Humanista y votos de bancadas que se fragmentaron desde el día uno como la UNE, PAN, Victoria, BIEN, entre otros.

La oposición quedó encabezada por la parte no afín a Sandra Torres de la UNE, CREO, parte de Victoria, parte de BIEN, un diputado de PAN y el bloque de partidos de izquierda: MLP, Semilla, Winaq y URNG.

Durante este tiempo, la propia alianza oficialista ha sufrido cambios: perdió a Unionista, perdió parte de TODOS y ganó algunos otros votos de la UNE que parece partida en tres grupos. Pero la última noticia más llamativa fue el anuncio que hicieran el pasado 13 de octubre cuatro bancadas: VIVA, CREO, Humanista y Unionista de que no apoyarían a la alianza oficialista para la Junta Directiva 2022.

El actual presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, ha perdido capital tras una gestión cuestionada por su unilateralismo, poca apertura y por el bochornoso espectáculo ofrecido durante la votación del último estado de calamidad donde el oficialismo sufrió un duro revés.

Aun con el desgaste de Rodríguez, es posible que el oficialismo logre reunir los 81 votos a partir de su alianza dura con partidos como FCN, UCN, parte de BIEN, parte de Victoria y logre un mayor apoyo de una UNE cuya ala sandrista sale reforzada ahora que Torres ha recuperado el control de la organización.

Otra opción es que el oficialismo sacrifique a Rodríguez y coloque al frente a otro diputado oficialista (como ya se especula) y siguiendo la misma fórmula del párrafo pasado consiga los 81 votos. Ambas opciones son altamente probables considerando que el presupuesto es una moneda de cambio muy valiosa para “convencer” a los indecisos.

Ante una Junta Directiva tan cuestionada, uno podría preguntarse, ¿por qué la oposición no logra el control? Básicamente porque la oposición está desarticulada y si estiramos los números no suman más de 60 o 65.

El principal problema es lo heterogéneo de la oposición: cuesta ver puntos comunes entre CREO y URNG y cuesta ver que Semilla y Unionista, por ejemplo, puedan estar en la misma ecuación. Y esta es su debilidad: la falta de pragmatismo.

La única fórmula para que la oposición logre mayoría es que los partidos de izquierda y de derecha de oposición se unan. Eso implica que ambos deben aceptar rebajar sus pretensiones y deben aceptar una planilla que cuente con personajes que seguramente no son del agrado de ambas facciones.

En segundo lugar, el ala de izquierda debe asumir su posición de minoría absoluta en un Congreso dominado por partidos nominalmente conservadores. No hay otra fórmula. Los números no dan, pero a veces el incentivo está en no “defraudar a la base electoral” y esto evita la única alianza posible. Todo apunta a que pronto el oficialismo se hará un año más con la Junta Directiva del Congreso.

Se busca oposición pragmática
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
18 Oct 2021

Utilizo el término pragmatismo en su sentido coloquial: como una preferencia por lo práctico. Desde el 14 de enero de 2020 tenemos un Congreso muy fragmentado en el que hay 19 partidos políticos con representación.

El partido de gobierno tenía apenas 17 diputados, lejos de los 81 votos necesarios para tomar la mayoría de las decisiones dentro del Congreso. Logró ganar el primer pulso para elegir junta directiva el 14 de enero de 2020 al sumar los votos de UCN, FCN, TODOS, Unionista, Prosperidad Ciudadana, Humanista y votos de bancadas que se fragmentaron desde el día uno como la UNE, PAN, Victoria, BIEN, entre otros.

La oposición quedó encabezada por la parte no afín a Sandra Torres de la UNE, CREO, parte de Victoria, parte de BIEN, un diputado de PAN y el bloque de partidos de izquierda: MLP, Semilla, Winaq y URNG.

Durante este tiempo, la propia alianza oficialista ha sufrido cambios: perdió a Unionista, perdió parte de TODOS y ganó algunos otros votos de la UNE que parece partida en tres grupos. Pero la última noticia más llamativa fue el anuncio que hicieran el pasado 13 de octubre cuatro bancadas: VIVA, CREO, Humanista y Unionista de que no apoyarían a la alianza oficialista para la Junta Directiva 2022.

El actual presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, ha perdido capital tras una gestión cuestionada por su unilateralismo, poca apertura y por el bochornoso espectáculo ofrecido durante la votación del último estado de calamidad donde el oficialismo sufrió un duro revés.

Aun con el desgaste de Rodríguez, es posible que el oficialismo logre reunir los 81 votos a partir de su alianza dura con partidos como FCN, UCN, parte de BIEN, parte de Victoria y logre un mayor apoyo de una UNE cuya ala sandrista sale reforzada ahora que Torres ha recuperado el control de la organización.

Otra opción es que el oficialismo sacrifique a Rodríguez y coloque al frente a otro diputado oficialista (como ya se especula) y siguiendo la misma fórmula del párrafo pasado consiga los 81 votos. Ambas opciones son altamente probables considerando que el presupuesto es una moneda de cambio muy valiosa para “convencer” a los indecisos.

Ante una Junta Directiva tan cuestionada, uno podría preguntarse, ¿por qué la oposición no logra el control? Básicamente porque la oposición está desarticulada y si estiramos los números no suman más de 60 o 65.

El principal problema es lo heterogéneo de la oposición: cuesta ver puntos comunes entre CREO y URNG y cuesta ver que Semilla y Unionista, por ejemplo, puedan estar en la misma ecuación. Y esta es su debilidad: la falta de pragmatismo.

La única fórmula para que la oposición logre mayoría es que los partidos de izquierda y de derecha de oposición se unan. Eso implica que ambos deben aceptar rebajar sus pretensiones y deben aceptar una planilla que cuente con personajes que seguramente no son del agrado de ambas facciones.

En segundo lugar, el ala de izquierda debe asumir su posición de minoría absoluta en un Congreso dominado por partidos nominalmente conservadores. No hay otra fórmula. Los números no dan, pero a veces el incentivo está en no “defraudar a la base electoral” y esto evita la única alianza posible. Todo apunta a que pronto el oficialismo se hará un año más con la Junta Directiva del Congreso.

Soft power and the relativization of sovereignty
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
15 Oct 2021

El sistema internacional del siglo XXI ha relativizado el ejercicio de soberanía

Desde la Paz de Westfalia de 1648, la soberanía ha sido un elemento constitutivo de todo Estado. Juan Bodino, teórico del Estado moderno, la definió como “la potestad absoluta que tiene un Estado de conducirse sin estar sujeto a otro poder”. Es decir, cada unidad política tiene la autoridad de definir su ordenamiento interno, su normativa jurídica y recurrir al uso de la fuerza.

Esta conceptualización perduró durante tres siglos, período en el cual la defensa de la soberanía frente a injerencias externas era un interés de Estado. No obstante, desde mediados del siglo XX, la noción absoluta del concepto ha menguado. A raíz de la interdependencia y del surgimiento de amenazas comunes, los Estados han debido sacrificar parte de su potestad para definir su ordenamiento interno. Las organizaciones internacionales y la evolución del derecho internacional, relativizan aún más el ejercicio de soberanía. La guinda al pastel ha sido la constitución de formas de gobierno supra-nacionales, en los cuales los Estados delegan funciones soberanas, tales como el control migratorio, la política comercial, o la política exterior.

Para países pequeños como Guatemala, este fenómeno provoca dilemas constantes. Los acuerdos de libre comercio, la adhesión a organismos internacionales, la aceptación de Tratados y Convenciones o simplemente el financiamiento de deuda o la cooperación internacional, si bien generan beneficios, también imponen obligaciones y compromisos -tanto formales como informales-, que en el largo plazo, terminan sujetando a los Estados ‘soberanos’ a conducirse de acuerdo a normas, prácticas o criterios externos.

Por ejemplo, el DR-CAFTA o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea imponían como requisito a los países firmantes promover una serie de reformas en materia regulatoria, laboral y comercial. También obliga a los Estados a someterse a revisiones sobre sus políticas laborales, portuarias, aduaneras, etc., a riesgo de perder los ‘beneficios’ comerciales. Caso similar ocurre con las calificadoras de riesgo y la evaluación sobre el desempeño macroeconómico e institucional de los países. Las conclusiones (o calificaciones) emitidas resultan determinantes para calcular tasas de interés de bonos soberanos, de instrumentos de financiamiento internacional, o incluso, inciden en el comportamiento del valor de acciones de empresas locales que cotizan en bolsa.

También están las certificaciones internacionales, como ocurre con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que años atrás puso en la mira las falencias del Aeropuerto La Aurora, llegando incluso al extremo de amenazar al país con reducir la categoría del mismo. En ambos casos, de la revisión externa depende el acceso a líneas crediticias y la venida de líneas aéreas norteamericanas. La alternativa es quedar aislado de dichos procesos de interdependencia global.

La disyuntiva para los países pequeños es clara: acoplarse a normas, revisiones y certificaciones internacionales, o enfrentar el riesgo de ser alienados del concierto de las naciones. Esta es la nueva forma de ejercer poder blando en el sistema internacional del siglo XXI: la potestad de los Estados de definir su ordenamiento interno, sus políticas y definir sus prioridades ya no es absoluta. El sistema de naciones impone ahora criterios y principios de los cuales nadie escapa. Los indicadores y calificaciones internacionales, las certificaciones, las designaciones, la supresión de derechos migratorios, o incluso, la muerte comercial, civil y financiera -tanto de individuos como de personas jurídicas-, son ahora las herramientas de poder blando que emergen en este concierto alternativo de Estados, donde la soberanía ya no es lo que era antes.

Y como dijo años atrás Mark Zuckerberg en una audiencia ante el Senado norteamericano: “you all signed up for this”.

Poder blando y la relativización de la soberanía
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
15 Oct 2021

El sistema internacional del siglo XXI ha relativizado el ejercicio de soberanía

Desde la Paz de Westfalia de 1648, la soberanía ha sido un elemento constitutivo de todo Estado. Juan Bodino, teórico del Estado moderno, la definió como “la potestad absoluta que tiene un Estado de conducirse sin estar sujeto a otro poder”. Es decir, cada unidad política tiene la autoridad de definir su ordenamiento interno, su normativa jurídica y recurrir al uso de la fuerza.

Esta conceptualización perduró durante tres siglos, período en el cual la defensa de la soberanía frente a injerencias externas era un interés de Estado. No obstante, desde mediados del siglo XX, la noción absoluta del concepto ha menguado. A raíz de la interdependencia y del surgimiento de amenazas comunes, los Estados han debido sacrificar parte de su potestad para definir su ordenamiento interno. Las organizaciones internacionales y la evolución del derecho internacional, relativizan aún más el ejercicio de soberanía. La guinda al pastel ha sido la constitución de formas de gobierno supra-nacionales, en los cuales los Estados delegan funciones soberanas, tales como el control migratorio, la política comercial, o la política exterior.

Para países pequeños como Guatemala, este fenómeno provoca dilemas constantes. Los acuerdos de libre comercio, la adhesión a organismos internacionales, la aceptación de Tratados y Convenciones o simplemente el financiamiento de deuda o la cooperación internacional, si bien generan beneficios, también imponen obligaciones y compromisos -tanto formales como informales-, que en el largo plazo, terminan sujetando a los Estados ‘soberanos’ a conducirse de acuerdo a normas, prácticas o criterios externos.

Por ejemplo, el DR-CAFTA o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea imponían como requisito a los países firmantes promover una serie de reformas en materia regulatoria, laboral y comercial. También obliga a los Estados a someterse a revisiones sobre sus políticas laborales, portuarias, aduaneras, etc., a riesgo de perder los ‘beneficios’ comerciales. Caso similar ocurre con las calificadoras de riesgo y la evaluación sobre el desempeño macroeconómico e institucional de los países. Las conclusiones (o calificaciones) emitidas resultan determinantes para calcular tasas de interés de bonos soberanos, de instrumentos de financiamiento internacional, o incluso, inciden en el comportamiento del valor de acciones de empresas locales que cotizan en bolsa.

También están las certificaciones internacionales, como ocurre con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que años atrás puso en la mira las falencias del Aeropuerto La Aurora, llegando incluso al extremo de amenazar al país con reducir la categoría del mismo. En ambos casos, de la revisión externa depende el acceso a líneas crediticias y la venida de líneas aéreas norteamericanas. La alternativa es quedar aislado de dichos procesos de interdependencia global.

La disyuntiva para los países pequeños es clara: acoplarse a normas, revisiones y certificaciones internacionales, o enfrentar el riesgo de ser alienados del concierto de las naciones. Esta es la nueva forma de ejercer poder blando en el sistema internacional del siglo XXI: la potestad de los Estados de definir su ordenamiento interno, sus políticas y definir sus prioridades ya no es absoluta. El sistema de naciones impone ahora criterios y principios de los cuales nadie escapa. Los indicadores y calificaciones internacionales, las certificaciones, las designaciones, la supresión de derechos migratorios, o incluso, la muerte comercial, civil y financiera -tanto de individuos como de personas jurídicas-, son ahora las herramientas de poder blando que emergen en este concierto alternativo de Estados, donde la soberanía ya no es lo que era antes.

Y como dijo años atrás Mark Zuckerberg en una audiencia ante el Senado norteamericano: “you all signed up for this”.

Bicentennial: 200 lost years?
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
11 Oct 2021

Hace 200 años, Guatemala inició su camino hacia la independencia en medio de una crisis económica. Para 1821, las exportaciones de añil, que fueron la base de la economía colonial guatemalteca, eran apenas una fracción del máximo alcanzado en 1797, el mejor año que se tiene registro. Y es que la economía guatemalteca de ese entonces era bastante rudimentaria, mayormente de autoconsumo y muy poco interconectada con el exterior. No se contaba con los abundantes recursos minerales que tuvieron varios de los países sudamericanos, que les permitieron iniciar su vida independiente en mejores condiciones que Guatemala.

Lamentablemente ese atraso relativo se mantendría en los próximos 200 años. Mientras que en el siglo XIX los países occidentales se industrializaron y experimentaron una transformación en sus niveles de vida sin precedentes para la humanidad, Guatemala continuó siendo una economía agrícola hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Y mientras que, en los últimos 60 años, varias economías asiáticas han pasado de condiciones paupérrimas a convertirse en potencias tecnológicas mundiales, la economía guatemalteca aún sigue siendo incapaz de generar suficientes oportunidades laborales para los 200 mil jóvenes que cada año se suman a la fuerza laboral.

Esta incapacidad de la economía de generar suficiente empleo formal provoca las grandes migraciones hacia Estados Unidos. Los jóvenes costarricenses, chilenos o uruguayos no tienen necesidad de migrar. Encuentran oportunidades laborales en sus países de origen. Y eso que el PIB per cápita de Estados Unidos es mucho más alto que el de estos países. Así que es falso afirmar que la migración masiva de guatemaltecos continuará hasta que tengamos el mismo PIB per cápita de Estados Unidos. Lo que necesitamos es lograr un mínimo de desarrollo, que, hasta el día de hoy, no hemos sido capaces de alcanzar.

Por otra parte, es innegable que Guatemala ha tenido muchos avances si nos comparamos con el punto de partida de hace 200 años. Hoy tenemos una integración social más fuerte y equitativa que la que había en ese entonces. La economía guatemalteca es mucho más sofisticada y avanzada que hace 200 años. Nuestras instituciones, con todos sus defectos y desafíos, son mucho más sólidas. El último dictador longevo cayó en 1944. Eso no lo puede decir Nicaragua, por ejemplo. Negar estos avances es una falta de honestidad intelectual.

Si bien estos avances deben enfatizarse, celebrarse y consolidarse, también es cierto que no podemos permitirnos estar otros 200 años a la cola de América Latina, con índices económicos y sociales que duelen. Debemos aspirar a más, a tener un país en donde se desarrolle una clase media robusta, próspera, bien educada y con acceso a servicios de salud de calidad. Y para lograrlo es indispensable contar con un Estado más eficiente y transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía y brinde certeza jurídica. Necesitamos construir una democracia liberal, en donde el Estado de derecho prevalezca.

Sin embargo, para construir esa democracia liberal, es indispensable discutir, diseñar e implementar reformas a nuestras instituciones. ¿Por qué no lo logramos? Principalmente porque estamos en medio de una crispación política que hace que desconfiemos de todo y de todos. Las posiciones y las voces radicales son las que sobresalen. Hay muy poco espacio para la discusión racional y mesurada. Es más, algunos no quieren discutir, quieren imponer. Y mientras tanto, quienes se benefician de la falta de transparencia del Estado y no desean que el sistema cambie, se burlan de la incapacidad de la sociedad civil para lograr acuerdos.

América Latina está viviendo graves crisis políticas. En ese contexto, la radicalización y la intolerancia nos pueden pasar una factura muy grande. Es momento de retomar la mesura, tender puentes y construir una auténtica democracia liberal.

 

Artículo publicado originalmente en ElPeriodico por la Sociedad de Plumas

Bicentenario: ¿200 años perdidos?
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
11 Oct 2021

Hace 200 años, Guatemala inició su camino hacia la independencia en medio de una crisis económica. Para 1821, las exportaciones de añil, que fueron la base de la economía colonial guatemalteca, eran apenas una fracción del máximo alcanzado en 1797, el mejor año que se tiene registro. Y es que la economía guatemalteca de ese entonces era bastante rudimentaria, mayormente de autoconsumo y muy poco interconectada con el exterior. No se contaba con los abundantes recursos minerales que tuvieron varios de los países sudamericanos, que les permitieron iniciar su vida independiente en mejores condiciones que Guatemala.

Lamentablemente ese atraso relativo se mantendría en los próximos 200 años. Mientras que en el siglo XIX los países occidentales se industrializaron y experimentaron una transformación en sus niveles de vida sin precedentes para la humanidad, Guatemala continuó siendo una economía agrícola hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Y mientras que, en los últimos 60 años, varias economías asiáticas han pasado de condiciones paupérrimas a convertirse en potencias tecnológicas mundiales, la economía guatemalteca aún sigue siendo incapaz de generar suficientes oportunidades laborales para los 200 mil jóvenes que cada año se suman a la fuerza laboral.

Esta incapacidad de la economía de generar suficiente empleo formal provoca las grandes migraciones hacia Estados Unidos. Los jóvenes costarricenses, chilenos o uruguayos no tienen necesidad de migrar. Encuentran oportunidades laborales en sus países de origen. Y eso que el PIB per cápita de Estados Unidos es mucho más alto que el de estos países. Así que es falso afirmar que la migración masiva de guatemaltecos continuará hasta que tengamos el mismo PIB per cápita de Estados Unidos. Lo que necesitamos es lograr un mínimo de desarrollo, que, hasta el día de hoy, no hemos sido capaces de alcanzar.

Por otra parte, es innegable que Guatemala ha tenido muchos avances si nos comparamos con el punto de partida de hace 200 años. Hoy tenemos una integración social más fuerte y equitativa que la que había en ese entonces. La economía guatemalteca es mucho más sofisticada y avanzada que hace 200 años. Nuestras instituciones, con todos sus defectos y desafíos, son mucho más sólidas. El último dictador longevo cayó en 1944. Eso no lo puede decir Nicaragua, por ejemplo. Negar estos avances es una falta de honestidad intelectual.

Si bien estos avances deben enfatizarse, celebrarse y consolidarse, también es cierto que no podemos permitirnos estar otros 200 años a la cola de América Latina, con índices económicos y sociales que duelen. Debemos aspirar a más, a tener un país en donde se desarrolle una clase media robusta, próspera, bien educada y con acceso a servicios de salud de calidad. Y para lograrlo es indispensable contar con un Estado más eficiente y transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía y brinde certeza jurídica. Necesitamos construir una democracia liberal, en donde el Estado de derecho prevalezca.

Sin embargo, para construir esa democracia liberal, es indispensable discutir, diseñar e implementar reformas a nuestras instituciones. ¿Por qué no lo logramos? Principalmente porque estamos en medio de una crispación política que hace que desconfiemos de todo y de todos. Las posiciones y las voces radicales son las que sobresalen. Hay muy poco espacio para la discusión racional y mesurada. Es más, algunos no quieren discutir, quieren imponer. Y mientras tanto, quienes se benefician de la falta de transparencia del Estado y no desean que el sistema cambie, se burlan de la incapacidad de la sociedad civil para lograr acuerdos.

América Latina está viviendo graves crisis políticas. En ese contexto, la radicalización y la intolerancia nos pueden pasar una factura muy grande. Es momento de retomar la mesura, tender puentes y construir una auténtica democracia liberal.

 

Artículo publicado originalmente en ElPeriodico por la Sociedad de Plumas