Combatir la captura del Estado es la precondición a cualquier agenda económica o fiscal

Desde la toma de posesión, las bancadas que conforman la alianza mayoritaria en el Congreso se presentaron como los promotores del conservadurismo, de la derecha, de la vida y la familia, y de los valores antagónicos a lo que sea que ellos entienden como izquierda, socialismo o comunismo. La careta, cual mascara veneciana, resultaba funcional para participar en el jolgorio de la repartición de prebendas, privilegios, cuotas de poder y negocios que ocurre en el Congreso. Al fin y al cabo, actores relevantes de la sociedad política nacional y las mismas élites han enviado el mensaje que está bien ser corrupto, lavador de dinero o narcotraficante, siempre y cuando sea “de derecha”.

Sin embargo, en uno de esos giros de trama digno del mismo realismo mágico, esa alianza mayoritaria decidió tirar a la basura la tradición de prudencia fiscal que históricamente ha imperado en Guatemala, al aprobar un presupuesto inflado, desfinanciado y sin prioridades de gasto. La escena digna de macondo ha sido ver al Presidente del Congreso y a diputados insignia de esa alianza defender en medios el instrumento presupuestario. Una de las justificaciones es que Guatemala necesita ampliar el gasto público como mecanismo para generar reactivación luego de la crisis económica provocada por el Covid-19.

Vaya sorpresa. Después de meses de ser presentarse como baluartes de un supuesto conservadurismo, los muchachos ahora se volvieron keynesianos.

Quizá lo que ningún proponente de la economía keynesiana ha reflexionado es qué ocurre cuando se aplican esas recetas fiscales en un Estado fallido, donde las instituciones brillan por su ausencia, donde el sistema de justicia responde a intereses políticos y donde la corrupción es la moneda de cambio diaria.

La respuesta es sencilla: se magnifica la realidad de un sistema patrimonial extractivo.

El New Deal de Franklin Roosevelt, una política expansiva de gasto público luego de la Gran Depresión, permitió que Estados Unidos construyera obras de infraestructura, ferrocarriles, autopistas, la presa hoover, por mencionar algunas. En Guatemala, en lugar de presas Hoover tendríamos decenas de “libramientos de Chimaltenango” o monumentos a la corrupción. Las grandes obras de infraestructura servirían para atiborrar los bolsillos de ministros, diputados, alcaldes, o llenar nuevas “Tamaletas”.

De los últimos 5 Gobiernos, los Ministros de Comunicaciones del FRG (Luis Rabbé), UNE (Luis Alejos), Patriota (Alejandro Sinibaldi y Victor Corado) y del FCN (José Luis Benito) se encuentran detenidos, prófugos o pendientes de extradición por delitos de corrupción. ¿A ese sistema le quisiera usted entregar más recursos fiscales? ¿A ese sistema le quisiera usted encargar la tarea de reactivar la economía?

Ese es el problema de pensar en recetas de primer mundo sin antes resolver la problemática propia del Estado guatemalteco. Si antes no se hace un esfuerzo por depurar al Estado de las grandes estructuras de corrupción; si antes no se hace un esfuerzo por combatir las redes de captura criminal en los partidos políticos; o si antes no se reforma el sistema electoral, el sistema de justicia, el sistema burocrático y de gestión pública, cualquier política de ampliar el gasto público será como echar más agua en una cubeta agujerada. Sin combatir la captura del Estado, poco se puede hacer mediante una agenda económica.

El martes, 17 de noviembre, sesionaba en pleno el Congreso de la República. A las 4:30 p.m. la Comisión de Finanzas repartía el dictamen favorable al proyecto de presupuesto para 2021. Era un documento de 127 páginas. Lo normal era que cada diputado tuviera tiempo para leer el dictamen y conocer la aprobación del presupuesto en otra sesión.

Sin embargo, ese mismo martes a las 6:10pm el diputado Jorge García del bloque Prosperidad Ciudadana presentaba una moción privilegiada para solicitar cambiar la agenda de la sesión. ¿El motivo? Agendar ese mismo día conocer el presupuesto de la nación. El pleno aprobó dicha moción y entró a conocer el presupuesto.

A las 11pm el diputado Julio Longo del bloque FCN presentó moción privilegiada para conocer de urgencia nacional el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que de declararse de urgencia nacional el decreto de presupuesto se aprobaría en UNA lectura en el pleno. El proceso normal consiste en tres lecturas en tres sesiones distintas. Necesitaban 107 votos para aprobar la declaratoria de urgencia nacional y tuvieron 110 votos.

A partir de ahí se consumó la traición a los guatemaltecos. El Congreso aprobaría en cuestión de horas un presupuesto de Q99.7 mil millones de los cuales casi Q34 mil millones serían financiados por deuda pública. En términos tanto absolutos como relativos era el presupuesto más alto que jamás hubiera aprobado el Congreso.

Las finanzas públicas quedan en vilo. En 2019 la deuda pública comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) era de 26.6%. En marzo el Congreso había aprobado Q20 mil millones de endeudamiento para financiar los programas de ayuda por la pandemia. Pero ahora, con este presupuesto, los niveles de endeudamiento llegarían al 36% sobre el PIB.

Quizás todo mundo salga con la cantaleta de “es un nivel de deuda menor que el de otros países de la región”. Lo que no dicen es que lo importante es saber cuál es la capacidad de pago del Estado de Guatemala. Como es un Estado que recauda menos impuestos que sus pares, resulta que el nivel de deuda relativo a los ingresos tributarios llegaría a un 355%. Los expertos dicen que cuando esta cifra llega al 250% un país está en una situación delicada. Guatemala ya estaba en ese punto antes de aprobar este presupuesto.

Quizás estas cifras sean muy técnicas y aburridas para el lector. Prensa Libre publicaba la cifra siguiente: con los niveles de deuda de 2019 si dividíamos la deuda del país entre el número de habitantes, cada guatemalteco “debía” Q.9,600. Con la deuda aprobada en marzo de este año cada guatemalteco ya “debería” Q.11,224 y con el presupuesto aprobado por el Congreso el martes pasado, cada guatemalteco “debería” Q.13,152.

¿Qué hacer ahora? Los principales enemigos son la apatía ciudadana y el tiempo. La apatía ciudadana porque los políticos tienen que escuchar nuestra voz y dar marcha atrás. El presidente tiene el poder de vetar el decreto del presupuesto de 2021 y eso obligaría a que el Congreso vuelva a conocerlo. La ciudadanía debe exigir al Congreso que apruebe un presupuesto más bajo y ajustado a la realidad del país.

¿Por qué el enemigo es el tiempo? Porque la Constitución establece la fecha límite para aprobar el presupuesto cada año: el 30 de noviembre. Si el presidente veta el decreto de presupuesto demasiado tarde, no habrá tiempo de que el Congreso aprueba un nuevo presupuesto. ¿Qué pasaría? Continuaría el presupuesto vigente que es más alto (Q107 millardos) que el aprobado para 2021 por los préstamos que autorizó el Congreso en marzo para los programas de “ayuda” por la pandemia.

Así que la hoja de ruta está clara, pero no hay tiempo: el presidente debe vetar el decreto del presupuesto de 2021 cuanto antes y el Congreso debe aprobar un nuevo decreto de presupuesto antes del 30 de noviembre. Hagamos escuchar nuestra voz. #BastaYa

Al borde de llegar al Estado fallido

Cuando el 13 de marzo pasado se presentó el primer caso oficial de Covid-19, Guatemala contaba con el sistema de salud más raquítico de América Latina. Indicadores como 1.1% de inversión en salud pública sobre PIB; o la disponibilidad de 0.6 camas por cada 1,000 habitantes eran tan solo el reflejo de un mal mayor: durante décadas la salud pública fue objeto de saqueo y abandono.

La historia se repitió a principios de noviembre cuando el huracán Eta tocó suelo centroamericano, y aunque debilitado, sus lluvias impactaron el territorio nacional. Aquí nuevamente quedó evidenciada la debilidad histórica del Estado de Guatemala. Desde las limitaciones operativas para implementar medidas de prevención y evacuación, hasta el impacto sobre la infraestructura y la red vial del país, nuevamente salió a la luz el efecto de décadas de saqueo en la obra gris y en los dragados.

El mismo ejercicio podríamos hacer con la tragedia del volcán de Fuego de 2018; la tragedia de Cambray de 2015; el terremoto de San Marcos de 2012; la temporada de tormentas tropicales del año 2010 y así sucesivamente en la historia reciente del país.

Lo anterior no es más que el fiel reflejo de la realidad de un sistema político al borde del Estado fallido.

Por cierto, el concepto de Estado fallido sobará familiar. En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio; no hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia de poderes paralelos en la política.

El círculo vicioso que provoca esa realidad es sencillo de describir. Cada cuatro años, grupos político-económicos -lícitos e ilícitos- junto a actores del crimen organizado se organizan bajo el paraguas de los partidos políticos, para acceder a puestos de autoridad. Desde el ejercicio de poder, se toma control de las principales agencias públicas: la salud pública, la infraestructura, la seguridad social, el poder local, los consejos de desarrollo, las aduanas, etc., son las grandes joyas de la corona.

El control de estas y otras joyas de menor envergadura permite negociar con el presupuesto del Estado. Satisfacer las ansias patrimoniales de los actores que tomaron el poder. Pagar deudas de campaña a financistas. Colocar a activistas, amigos y achichincles en diversos cargos dentro de la administración pública. En fin, hacer de lo público una piñata.

Ese modelo se complementa con la cooptación de los órganos de control. Una Contraloría insípida que llega tarde o voltea a ver a otro lado. Un Ministerio Público tímido. Y cortes de justicia que garantizan impunidad. Con esa realidad, el saqueador se asegura que sus fechorías quedarán impunes.

Tristemente, tragedias, pandemias o desastres naturales ponen en evidencia el nivel tan raquítico que ha alcanzado la debilitada institucionalidad del Estado.

Esta columna resume un análisis más detallado que puede encontrar aquí.

Quizá el ciudadano medio no lo tenga tan presente, pero la aprobación en el año 2008 del decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información (LAIP), marcó un avance importantísimo en materia de transparencia para nuestro país.

La opacidad ha sido la regla en nuestro Estado y aquella ley reconoció el derecho de todos los guatemaltecos a pedir información y declaró la obligación de los órganos y entidades estatales de proveer esta información pública cuando se le requiriera y a hacerla disponible de oficio en sus portales web.

A partir de entonces todos los órganos y entidades estatales tienen la obligación de tener una unidad de acceso a la información pública y cualquier ciudadano puede solicitar información de forma relativamente simple. Aún hay desafíos. Algunas entidades autónomas como el IGSS no lo ponen tan fácil y lo mismo se puede decir de varias municipalidades. 

Sin embargo, se puede decir que la transparencia y la rendición de cuentas han visto un antes y un después desde que se aprobó la LAIP. Por supuesto que toda ley es una mera lista de deseos si no tiene mecanismos que la hagan valer y la LAIP encomendó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) velar por el cumplimiento de la ley.

Ahora en el Congreso se discute la Iniciativa de ley 5792 que pretende hacer cambios a la LAIP. El más llamativo es que pretenden quitar como órgano rector a la PDH y pasarlo a una “Oficina Nacional de Acceso a la Información” (ONAIP).

Es frecuente que las leyes de acceso a la información establezcan órganos especializados para supervisar el cumplimiento de estas. El vicio fundamental de la iniciativa que se discutirá en el Congreso es que se propone que la ONAIP esté a cargo de un director que sería nombrado por el Congreso por mayoría simple de una nómina que generaría la Comisión de Probidad y Transparencia del propio Congreso.

En pocas palabras, pretenden crear un órgano profundamente vulnerable a la influencia política. Y precisamente eso destruye la iniciativa completa. Por ejemplo, La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA recomienda que los órganos garantes de estas leyes de acceso a la información sean órganos colegiados de al menos cinco miembros.

También se recomiendan procesos de designación que los hagan menos permeables a la influencia política. Recordemos que lo que está en juego es nuestro derecho fundamental de tener acceso a la información pública y eso requiere que el estándar de independencia del órgano garante sea alto.

En resumen, querido lector, esta iniciativa es profundamente deficiente y pone en riesgo los avances en materia de acceso a la información que hemos logrado como país. Si bien es legítimo discutir si es la PDH el órgano que necesitamos para garantizar la aplicación de la ley, la oficina propuesta en esta iniciativa solo empeora las cosas.

La Ley de Acceso a la Información es mejorable, pero las últimas dos legislaturas nos han dejado claro que el Congreso se parece al Rey Midas, pero al revés. El Rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba. El Congreso, al revés.

Esperemos que el Congreso no toque la LAIP si no es fruto de un consenso amplio y a partir de bases técnicas. Pero resulta sospechoso que una iniciativa así avance tan rápido y que en menos de dos meses obtenga dictamen favorable y sea agendada en el pleno. Huele a podrido.

Un parteaguas en la historia de organizaciones políticas en Guatemala

Durante la última década, ha existido un consenso entre los estudiosos de la ciencia política que el sistema de partidos guatemaltecos reúne una serie de características propias. En primer lugar, el sistema puede catalogarse como un multipartidismo fragmentado, concepto que hace referencia al elevado número de agrupaciones, aunado a la incapacidad de esas agrupaciones de gestar alianzas o coaliciones entre partidos con esquemas programáticos similares.

Una segunda característica hace referencia a la volatilidad del sistema, la cual permite explicar dos fenómenos. Por un lado, la incapacidad de los partidos de ganar elecciones de forma consecutiva, o por lo menos, de alcanzar resultados significativos en dos o más eventos electorales. También, hace referencia a un sistema de partidos cuyas agrupaciones tienen una vida promedio de 12 años, y cuyo recambio institucional es excesivamente alto. 

La tercera característica permite explicar la debilidad territorial de las agrupaciones políticas. Tal y como lo conceptualizaran los colegas Hugo Novales y Jonatán Lemus, los partidos en Guatemala operan cual franquicia comercial: en lugar de establecer organización formal y legítima en los diferentes municipios y departamentos, los partidos “encargan” su marca a un cacique local, a cambio de que éste ejerza control absoluto de la organización en un territorio. Naturalmente, esta dinámica tiende a fortalecer el poder de esos liderazgos locales unipersonales, y debilidad la construcción de organización institucional de los partidos.

Pero en los últimos cuatro años, atestiguamos una aceleración en la crisis del sistema de partidos, producto de factores tan diversos como los casos judiciales que empujan el MP y la CICIG, las disputas de poder a lo interno de los partidos, la circulación generacional de liderazgos, la incapacidad de los partidos de definir su actuación en el marco de la dicotomía “vieja política vs nueva política”, y el rechazo ciudadano a todo referente  del antiguo régimen.

Los casos del MP y CICIG han contribuido a depurar el sistema. Veamos. Las dos agrupaciones más relevantes del 2014 (Líder y el Partido Patriota) han sido canceladas por anomalías en cuanto a financiamiento de campañas. Los otros dos partidos relevantes del 2015, UNE y FCN-Nación enfrentan procesos administrativos también por anomalías financieras.

Pero al mismo tiempo, los casos contra diputados y alcaldes, muchos de ellos caciques territoriales, como Arístides Crespo de Escuintla, Julio López Villatoro de Huehuetenango, Baudilio Hichos de Chiquimula, Marcelino García Chutá de Sololá o Arnoldo Medrano de Chinautla –por mencionar algunos casos paradigmáticos-, ponen en entredicho el modelo del partido franquicia: ya no resulta tan eficiente para una agrupación “delegar” en un cacique la administración de la marca, más si ese cacique puede ser involucrado en un caso judicial.

A lo anterior agreguemos las disputas internas propias de toda organización partidaria. Vale recordar que experiencias anteriores en el PAN en el 2000, el FRG en el 2005, o la UNE en el 2011, demuestran que la incapacidad de los partidos de generar circulaciones generacionales ordenadas, provoca fragmentaciones. Del conflicto interno del PAN, surgió el Unionismo y la GANA; del conflicto interno del FRG surgió la UCN; y del conflicto interno de la UNE en el 2009 surgió Líder y en el 2011, surgió TODOS. En otras palabras, la incapacidad para atender los conflictos internos o generar recambios dirigenciales de forma ordenada e institucionalizada provoca la fragmentación y multiplicación partidaria.

Y por si fuera poco, todos los partidos restantes se enfrentan a una disyuntiva mayor: ¿cómo responder a una ciudadanía que rechaza la vieja política y que demanda nuevas actuaciones de su dirigencia política? Por el momento, ninguna de las agrupaciones existentes parece encontrar la solución a la disyuntiva a menos de un año de las elecciones generales 2019.

El martes, 17 de noviembre, sesionaba en pleno el Congreso de la República. A las 4:30 p.m. la Comisión de Finanzas repartía el dictamen favorable al proyecto de presupuesto para 2021. Era un documento de 127 páginas. Lo normal era que cada diputado tuviera tiempo para leer el dictamen y conocer la aprobación del presupuesto en otra sesión.

Sin embargo, ese mismo martes a las 6:10pm el diputado Jorge García del bloque Prosperidad Ciudadana presentaba una moción privilegiada para solicitar cambiar la agenda de la sesión. ¿El motivo? Agendar ese mismo día conocer el presupuesto de la nación. El pleno aprobó dicha moción y entró a conocer el presupuesto.

A las 11pm el diputado Julio Longo del bloque FCN presentó moción privilegiada para conocer de urgencia nacional el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que de declararse de urgencia nacional el decreto de presupuesto se aprobaría en UNA lectura en el pleno. El proceso normal consiste en tres lecturas en tres sesiones distintas. Necesitaban 107 votos para aprobar la declaratoria de urgencia nacional y tuvieron 110 votos.

A partir de ahí se consumó la traición a los guatemaltecos. El Congreso aprobaría en cuestión de horas un presupuesto de Q99.7 mil millones de los cuales casi Q34 mil millones serían financiados por deuda pública. En términos tanto absolutos como relativos era el presupuesto más alto que jamás hubiera aprobado el Congreso.

Las finanzas públicas quedan en vilo. En 2019 la deuda pública comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) era de 26.6%. En marzo el Congreso había aprobado Q20 mil millones de endeudamiento para financiar los programas de ayuda por la pandemia. Pero ahora, con este presupuesto, los niveles de endeudamiento llegarían al 36% sobre el PIB.

Quizás todo mundo salga con la cantaleta de “es un nivel de deuda menor que el de otros países de la región”. Lo que no dicen es que lo importante es saber cuál es la capacidad de pago del Estado de Guatemala. Como es un Estado que recauda menos impuestos que sus pares, resulta que el nivel de deuda relativo a los ingresos tributarios llegaría a un 355%. Los expertos dicen que cuando esta cifra llega al 250% un país está en una situación delicada. Guatemala ya estaba en ese punto antes de aprobar este presupuesto.

Quizás estas cifras sean muy técnicas y aburridas para el lector. Prensa Libre publicaba la cifra siguiente: con los niveles de deuda de 2019 si dividíamos la deuda del país entre el número de habitantes, cada guatemalteco “debía” Q.9,600. Con la deuda aprobada en marzo de este año cada guatemalteco ya “debería” Q.11,224 y con el presupuesto aprobado por el Congreso el martes pasado, cada guatemalteco “debería” Q.13,152.

¿Qué hacer ahora? Los principales enemigos son la apatía ciudadana y el tiempo. La apatía ciudadana porque los políticos tienen que escuchar nuestra voz y dar marcha atrás. El presidente tiene el poder de vetar el decreto del presupuesto de 2021 y eso obligaría a que el Congreso vuelva a conocerlo. La ciudadanía debe exigir al Congreso que apruebe un presupuesto más bajo y ajustado a la realidad del país.

¿Por qué el enemigo es el tiempo? Porque la Constitución establece la fecha límite para aprobar el presupuesto cada año: el 30 de noviembre. Si el presidente veta el decreto de presupuesto demasiado tarde, no habrá tiempo de que el Congreso aprueba un nuevo presupuesto. ¿Qué pasaría? Continuaría el presupuesto vigente que es más alto (Q107 millardos) que el aprobado para 2021 por los préstamos que autorizó el Congreso en marzo para los programas de “ayuda” por la pandemia.

Así que la hoja de ruta está clara, pero no hay tiempo: el presidente debe vetar el decreto del presupuesto de 2021 cuanto antes y el Congreso debe aprobar un nuevo decreto de presupuesto antes del 30 de noviembre. Hagamos escuchar nuestra voz. #BastaYa

Esta columna resume un análisis más detallado que puede encontrar aquí.

Quizá el ciudadano medio no lo tenga tan presente, pero la aprobación en el año 2008 del decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información (LAIP), marcó un avance importantísimo en materia de transparencia para nuestro país.

La opacidad ha sido la regla en nuestro Estado y aquella ley reconoció el derecho de todos los guatemaltecos a pedir información y declaró la obligación de los órganos y entidades estatales de proveer esta información pública cuando se le requiriera y a hacerla disponible de oficio en sus portales web.

A partir de entonces todos los órganos y entidades estatales tienen la obligación de tener una unidad de acceso a la información pública y cualquier ciudadano puede solicitar información de forma relativamente simple. Aún hay desafíos. Algunas entidades autónomas como el IGSS no lo ponen tan fácil y lo mismo se puede decir de varias municipalidades. 

Sin embargo, se puede decir que la transparencia y la rendición de cuentas han visto un antes y un después desde que se aprobó la LAIP. Por supuesto que toda ley es una mera lista de deseos si no tiene mecanismos que la hagan valer y la LAIP encomendó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) velar por el cumplimiento de la ley.

Ahora en el Congreso se discute la Iniciativa de ley 5792 que pretende hacer cambios a la LAIP. El más llamativo es que pretenden quitar como órgano rector a la PDH y pasarlo a una “Oficina Nacional de Acceso a la Información” (ONAIP).

Es frecuente que las leyes de acceso a la información establezcan órganos especializados para supervisar el cumplimiento de estas. El vicio fundamental de la iniciativa que se discutirá en el Congreso es que se propone que la ONAIP esté a cargo de un director que sería nombrado por el Congreso por mayoría simple de una nómina que generaría la Comisión de Probidad y Transparencia del propio Congreso.

En pocas palabras, pretenden crear un órgano profundamente vulnerable a la influencia política. Y precisamente eso destruye la iniciativa completa. Por ejemplo, La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA recomienda que los órganos garantes de estas leyes de acceso a la información sean órganos colegiados de al menos cinco miembros.

También se recomiendan procesos de designación que los hagan menos permeables a la influencia política. Recordemos que lo que está en juego es nuestro derecho fundamental de tener acceso a la información pública y eso requiere que el estándar de independencia del órgano garante sea alto.

En resumen, querido lector, esta iniciativa es profundamente deficiente y pone en riesgo los avances en materia de acceso a la información que hemos logrado como país. Si bien es legítimo discutir si es la PDH el órgano que necesitamos para garantizar la aplicación de la ley, la oficina propuesta en esta iniciativa solo empeora las cosas.

La Ley de Acceso a la Información es mejorable, pero las últimas dos legislaturas nos han dejado claro que el Congreso se parece al Rey Midas, pero al revés. El Rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba. El Congreso, al revés.

Esperemos que el Congreso no toque la LAIP si no es fruto de un consenso amplio y a partir de bases técnicas. Pero resulta sospechoso que una iniciativa así avance tan rápido y que en menos de dos meses obtenga dictamen favorable y sea agendada en el pleno. Huele a podrido.

Al borde de llegar al Estado fallido

Cuando el 13 de marzo pasado se presentó el primer caso oficial de Covid-19, Guatemala contaba con el sistema de salud más raquítico de América Latina. Indicadores como 1.1% de inversión en salud pública sobre PIB; o la disponibilidad de 0.6 camas por cada 1,000 habitantes eran tan solo el reflejo de un mal mayor: durante décadas la salud pública fue objeto de saqueo y abandono.

La historia se repitió a principios de noviembre cuando el huracán Eta tocó suelo centroamericano, y aunque debilitado, sus lluvias impactaron el territorio nacional. Aquí nuevamente quedó evidenciada la debilidad histórica del Estado de Guatemala. Desde las limitaciones operativas para implementar medidas de prevención y evacuación, hasta el impacto sobre la infraestructura y la red vial del país, nuevamente salió a la luz el efecto de décadas de saqueo en la obra gris y en los dragados.

El mismo ejercicio podríamos hacer con la tragedia del volcán de Fuego de 2018; la tragedia de Cambray de 2015; el terremoto de San Marcos de 2012; la temporada de tormentas tropicales del año 2010 y así sucesivamente en la historia reciente del país.

Lo anterior no es más que el fiel reflejo de la realidad de un sistema político al borde del Estado fallido.

Por cierto, el concepto de Estado fallido sobará familiar. En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio; no hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia de poderes paralelos en la política.

El círculo vicioso que provoca esa realidad es sencillo de describir. Cada cuatro años, grupos político-económicos -lícitos e ilícitos- junto a actores del crimen organizado se organizan bajo el paraguas de los partidos políticos, para acceder a puestos de autoridad. Desde el ejercicio de poder, se toma control de las principales agencias públicas: la salud pública, la infraestructura, la seguridad social, el poder local, los consejos de desarrollo, las aduanas, etc., son las grandes joyas de la corona.

El control de estas y otras joyas de menor envergadura permite negociar con el presupuesto del Estado. Satisfacer las ansias patrimoniales de los actores que tomaron el poder. Pagar deudas de campaña a financistas. Colocar a activistas, amigos y achichincles en diversos cargos dentro de la administración pública. En fin, hacer de lo público una piñata.

Ese modelo se complementa con la cooptación de los órganos de control. Una Contraloría insípida que llega tarde o voltea a ver a otro lado. Un Ministerio Público tímido. Y cortes de justicia que garantizan impunidad. Con esa realidad, el saqueador se asegura que sus fechorías quedarán impunes.

Tristemente, tragedias, pandemias o desastres naturales ponen en evidencia el nivel tan raquítico que ha alcanzado la debilitada institucionalidad del Estado.

Un parteaguas en la historia de organizaciones políticas en Guatemala

Durante la última década, ha existido un consenso entre los estudiosos de la ciencia política que el sistema de partidos guatemaltecos reúne una serie de características propias. En primer lugar, el sistema puede catalogarse como un multipartidismo fragmentado, concepto que hace referencia al elevado número de agrupaciones, aunado a la incapacidad de esas agrupaciones de gestar alianzas o coaliciones entre partidos con esquemas programáticos similares.

Una segunda característica hace referencia a la volatilidad del sistema, la cual permite explicar dos fenómenos. Por un lado, la incapacidad de los partidos de ganar elecciones de forma consecutiva, o por lo menos, de alcanzar resultados significativos en dos o más eventos electorales. También, hace referencia a un sistema de partidos cuyas agrupaciones tienen una vida promedio de 12 años, y cuyo recambio institucional es excesivamente alto. 

La tercera característica permite explicar la debilidad territorial de las agrupaciones políticas. Tal y como lo conceptualizaran los colegas Hugo Novales y Jonatán Lemus, los partidos en Guatemala operan cual franquicia comercial: en lugar de establecer organización formal y legítima en los diferentes municipios y departamentos, los partidos “encargan” su marca a un cacique local, a cambio de que éste ejerza control absoluto de la organización en un territorio. Naturalmente, esta dinámica tiende a fortalecer el poder de esos liderazgos locales unipersonales, y debilidad la construcción de organización institucional de los partidos.

Pero en los últimos cuatro años, atestiguamos una aceleración en la crisis del sistema de partidos, producto de factores tan diversos como los casos judiciales que empujan el MP y la CICIG, las disputas de poder a lo interno de los partidos, la circulación generacional de liderazgos, la incapacidad de los partidos de definir su actuación en el marco de la dicotomía “vieja política vs nueva política”, y el rechazo ciudadano a todo referente  del antiguo régimen.

Los casos del MP y CICIG han contribuido a depurar el sistema. Veamos. Las dos agrupaciones más relevantes del 2014 (Líder y el Partido Patriota) han sido canceladas por anomalías en cuanto a financiamiento de campañas. Los otros dos partidos relevantes del 2015, UNE y FCN-Nación enfrentan procesos administrativos también por anomalías financieras.

Pero al mismo tiempo, los casos contra diputados y alcaldes, muchos de ellos caciques territoriales, como Arístides Crespo de Escuintla, Julio López Villatoro de Huehuetenango, Baudilio Hichos de Chiquimula, Marcelino García Chutá de Sololá o Arnoldo Medrano de Chinautla –por mencionar algunos casos paradigmáticos-, ponen en entredicho el modelo del partido franquicia: ya no resulta tan eficiente para una agrupación “delegar” en un cacique la administración de la marca, más si ese cacique puede ser involucrado en un caso judicial.

A lo anterior agreguemos las disputas internas propias de toda organización partidaria. Vale recordar que experiencias anteriores en el PAN en el 2000, el FRG en el 2005, o la UNE en el 2011, demuestran que la incapacidad de los partidos de generar circulaciones generacionales ordenadas, provoca fragmentaciones. Del conflicto interno del PAN, surgió el Unionismo y la GANA; del conflicto interno del FRG surgió la UCN; y del conflicto interno de la UNE en el 2009 surgió Líder y en el 2011, surgió TODOS. En otras palabras, la incapacidad para atender los conflictos internos o generar recambios dirigenciales de forma ordenada e institucionalizada provoca la fragmentación y multiplicación partidaria.

Y por si fuera poco, todos los partidos restantes se enfrentan a una disyuntiva mayor: ¿cómo responder a una ciudadanía que rechaza la vieja política y que demanda nuevas actuaciones de su dirigencia política? Por el momento, ninguna de las agrupaciones existentes parece encontrar la solución a la disyuntiva a menos de un año de las elecciones generales 2019.

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

Para entender la situación política de Perú en los últimos días hay que remontarse a varios años atrás con la conmoción social que causaría el Caso Lava Jato (y su ramificación en prácticamente todos los gobiernos de Suramérica a través de los sobornos de la constructora brasileña Oderbretch), que desató una ola de inestabilidad y de ingobernabilidad en ese país, que terminaría catalizando una suerte de “depuración” del sistema político por la vía de juicios por casos de corrupción a la clase política tradicional peruana[1].

Con la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia de la república por parte del Congreso en días recientes, se terminaría repitiendo la historia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, o “PPK”, a quien el Congreso le aprobó dos vacancias, en 2017 y una segunda en 2018, por la cual terminaría renunciando al cargo, tras el escándalo de corrupción de los llamados “kenjivideos” y posteriormente, también por su involucramiento en el caso Lava Jato, que ya alcanza a cuatro expresidentes procesados por la justicia junto con sus gabinetes.

Recordemos que en 2019, en una acción polémica, el expresidente Martín Vizcarra clausuró al Congreso y convocó a nuevas elecciones (también para evitar una vacancia en su contra), pero lamentablemente en el nuevo Congreso tampoco contaba con una bancada poderosa y ni siquiera con un partido político fuerte que respaldara sus ejecuciones, a pesar de que sí contaba con una buena aceptación en la opinión pública. Por su parte, a pesar de su disolución y de la conformación de un nuevo pleno en 2019, el Congreso de la República sigue siendo uno de los organismos más desprestigiados del sistema democrático peruano y tiene un alto número de desaprobación entre la ciudadanía. A esto hay que sumarle que, a la luz de la pandemia y la crisis del Covid-19, según datos de varios organismos, Perú es el país de América Latina con más fatalidades y más pérdida del PIB. Sin olvidar tampoco que Perú es el segundo país (después de Colombia) en haber asumido los mayores costos de la tragedia humanitaria venezolana al recibir a casi un millón de refugiados venezolanos en las condiciones más extremas y con grandes necesidades que han requerido la protección, respuestas de emergencia e inclusión económica y social por parte del Estado.

Dentro de la Constitución peruana existe la posibilidad de decretar la incapacidad moral permanente del Presidente de la República. La incapacidad moral sería una especie de juicio político o de “responsabilidad”. Y de los 130 diputados que componen el pleno, 109 decidieron que Vizcarra está incapacitado moralmente para gobernar por una supuesta implicación del ahora expresidente en casos de corrupción[2].

Sobre la composición actual del Congreso, lo integran mayoritariamente partidos no tradicionales, como el Frepap, partido cristiano fundamentalista que terminó sirviendo de bisagra para la aprobación de la vacancia; también la vacancia fue aupada por la UPP, que es el partido de Antauro Humala y que es un partido etnocentrista, nacionalista y militarista; y también Acción Popular, el partido histórico de centro-derecha del expresidente Belaúnde Terry.

En su momento, hace más o menos un año, se celebró que la “vieja política corrupta”, representada en el APRA, no llegó al nuevo Congreso y que el fujimorismo perdió gran cantidad de escaños. De hecho la gente votó por muchas de las fuerzas independientes y “outsiders”, que paradójicamente hoy están en el Parlamento y articularon esta operación para declarar la vacancia a Vizcarra.

A cinco meses de las elecciones generales en ese país y del bicentenario de su independencia, el panorama no pareciera aclararse. Y por si fuera poco, de nuevo el fujimorismo pareciera ser la fuerza política que tenderá a imponerse y ya el sistema político ha quedado sin anticuerpos para detenerlo.

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

[1] El problema es que esta depuración del sistema político por la vía judicial a través de juicios por casos de corrupción, con los años, se ha convertido (como es de esperarse cuando el sistema de justicia tiene serias falencias) en un arma política para eliminar adversarios del camino. Es decir, se trata del conocido dilema de “quién vigila al vigilante”, donde los que acusan a la “vieja política” de actos de corrupción, también han resultado implicados en manejos indebidos.

[2] Al parecer hay indicios de que Vizcarra colocó a familiares y allegados a la administración pública y también gracias a la confesión de unos colaboradores eficaces, se le ha implicado en un posible soborno en el caso conocido como el "Club de la construcción". Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54896219