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La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días

Vuelvo a este espacio después de varios meses de ausencia de mi columna semanal. Dediqué ese tiempo, junto al equipo de Poder Ciudadano, a socializar una propuesta de reforma constitucional al sector justicia y a recolectar las firmas que la respaldan. El lunes 28 de septiembre entregamos formalmente al Congreso más de 16,000 firmas, reunidas por más de 500 ciudadanos en todo el país, con fundamento en el artículo 277 de la Constitución, que permite al pueblo proponer reformas con el respaldo de al menos 5,000 ciudadanos empadronados.

La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días. En los últimos meses La Hora ha reportado que las plazas del Organismo Judicial tienen precio. El 24 de agosto publicó una llamada en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos le ofrece una plaza a un aspirante, le pregunta si tiene "cuello político" y le explica cuánto debe pagar y cuándo. Semanas después, al menos 10 aspirantes y jueces describieron cobros de hasta Q350,000 por una plaza de juez, además de compromisos para resolver determinados casos. La Corte Suprema ordenó presentar una denuncia penal el 2 de septiembre y el Organismo Judicial tardó más de 20 días en confirmar que la había llevado al Ministerio Público.

El medio también ha documentado cómo se reparten los nombramientos. Según sus fuentes, el bloque dominante de la Corte Suprema negoció en un "prepleno" los nombres para más de 150 plazas de jueces de Paz y de Primera Instancia, como parte de un reparto de cuotas de poder. Detrás de ese bloque habría una red de padrinos políticos que influye en nombramientos, votos y antejuicios, y un diputado reconoció que mantiene comunicación frecuente con al menos 10 de los 13 magistrados.

Las consecuencias se ven en las resoluciones. La Hora reconstruyó cómo la Corte Suprema rechazó en cuestión de minutos el antejuicio contra el diputado Allan Rodríguez, antes de que 4 de los 13 magistrados titulares se incorporaran al pleno. En la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Julia Rivera enfrenta una denuncia por el presunto uso de certificaciones docentes falsificadas en su designación por la Usac, y aun así votó en el fallo que rechazó, por 3 votos contra 2, un amparo contra esa misma designación.

Todo esto evidencia que es impostergable hablar de la reforma al sistema de justicia que Guatemala necesita. Los casos documentados son una radiografía completa de la situación en que nos encontramos, porque muestran que el problema está en la forma en que se elige a jueces y magistrados y en lo que estos quedan debiendo a quienes los eligieron. El artículo 280 de la Constitución exige que la reforma sea aprobada por dos terceras partes del Congreso y ratificada en consulta popular. Por eso conviene urgir su aprobación a la brevedad, de manera que la pregunta pueda ir junto con las elecciones generales.

Todas las instituciones de seguridad y justicia deben colaborar

Esta semana vimos con horror cómo se realizaron varios ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Parecían eventos coordinados con la intención de sembrar terror en la población. 

Lamentablemente, no es la primera vez que sucede este tipo de cosas en nuestro país. Sin embargo, las autoridades tienen la obligación de actuar de inmediato para detener y procesar a los responsables. 

También deben investigar a profundidad la masacre que ocurrió en Huité, Zacapa. Al momento de escribir este artículo, no se tiene información detallada de lo que ocurrió en ese lugar. Pero es claro que van ocho víctimas, entre ellas dos mujeres y una menor de edad.

Lo ocurrido en Huité es bastante confuso, debido a que los responsables vestían uniforme de comando, lo cual ha creado diversas teorías. Lo más sano es que se investigue pronto y se traslade toda la información a la población para evitar especulaciones.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la violencia ha venido creciendo desde junio. Entre junio, julio y agosto, se registraron 87 homicidios más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto debería hacer sonar las alarmas en las autoridades responsables. Pero no solo en la Policía Nacional Civil, sino también en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial. Ya hemos visto varios casos de delincuentes que son atrapados por la policía y luego los jueces los sueltan para que vuelvan a delinquir. 

Si queremos que la violencia se detenga, debe funcionar toda la cadena de justicia. Con una institución que falle, se termina dañando todo el esfuerzo que hace el resto. Los policías, jueces y fiscales deben cumplir con su función, así como el sistema penitenciario. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los funcionarios públicos creen tener derecho a todo

Esta semana se conoció que la Corte de Constitucionalidad tiene su propia cocina para atender a los magistrados mientras sesionan. Les preparan un menú especial para cada día de la semana.

Una de las magistradas, no contenta con recibir comida durante las sesiones, pidió 59 platos para llevar a su casa. Ya no era comida solo para ella. ¿Los tributarios le pagamos alguna festividad en su casa?

Ese caso no es aislado. Muchos funcionarios públicos abusan del poder y utilizan los recursos públicos como si fueran de ellos. Además del sueldo que les pagamos, tienen a su disposición carros, seguridad, comida y “gastos de representación”.

Hay que recordar que, recientemente, el hijo de un magistrado de la Sala de Apelaciones andaba en un vehículo del Organismo Judicial a altas horas de la noche y atropelló al reconocido músico Hugo Girón. ¿Con qué derecho este muchacho utilizaba el carro que pertenece al Estado a esas horas?

La gran mayoría de guatemaltecos trabajamos todos los días, no solo para mantener a nuestras propias familias, sino para pagar impuestos. Se supone que deberíamos recibir buenos servicios públicos a cambio de esos impuestos que nos quitan sin falta todos los meses.

Pero resulta que una gran cantidad de funcionarios públicos creen tener el derecho a usar nuestro dinero, como si fuera de ellos. Se lo roban y lo malgastan. Se creen los reyes de este país. 

Es indignante ver cómo estos funcionarios reciben altos salarios y, aun así, exigen comida como si tuviéramos la obligación de alimentarlos. 

Hacen piñata del dinero que pertenece a los guatemaltecos. Esos funcionarios son los que condenan a nuestro país a la pobreza. Son un verdadero lastre para Guatemala.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El ejecutivo reitera el error de presentar un presupuesto alto

El gobierno presentó al Congreso el presupuesto más grande de toda nuestra historia. Son Q 192 mil millones, que representan el 17.6 por ciento del total de la economía de Guatemala. Ni para la pandemia de 2020 se tuvo un presupuesto tan alto.

El presupuesto contempla un déficit fiscal de Q48 mil 300 millones, que representa 4.4 por ciento del PIB. De nuevo, una cifra extraordinaria para la historia de las finanzas públicas del país.

Llama mucho la atención que al Ministerio de Desarrollo se le incrementa el presupuesto en 31% y llegaría a Q5 mil 500 millones. Uno de los incrementos más grandes, junto con el Ministerio de la Defensa y las asignaciones a la Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo.

Al Organismo Judicial se le incrementa 41 por ciento, hasta llegar a Q 4 mil 509 millones. El Congreso de la República recibe un incremento de 22.4 por ciento, con lo cual alcanzaría un presupuesto de Q 1 mil 359 millones.

Y así podemos seguir con muchos Ministerios e Instituciones. ¿Cómo se justifica que mientras los guatemaltecos sufren los efectos del fuerte aumento de precios, el Estado de Guatemala pretenda “engordar” de esa forma?

Resulta muy desafortunado que el Ejecutivo no aprenda de sus lecciones. Gran parte del desgaste que han sufrido se debe a que están haciendo lo mismo que criticaron en el pasado, cuando aún eran oposición. 

Los guatemaltecos esperaban que el gobierno hiciera reformas para contar un gasto público más eficiente. Las reformas a la Ley de Contrataciones nunca llegaron, mucho menos al Servicio Civil. 

En ese sentido, presentar un presupuesto tan alto, solo significa más despilfarro, clientelismo y corrupción. ¿De verdad les resulta tan difícil verlo?

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Es imposible construir un país con tan mala educación

Esta semana se publicaron los resultados de la evaluación de la calidad educativa en 91 países alrededor del mundo. Para ello se examinan las habilidades de lectura, matemática y ciencias en los alumnos de 15 años.

Guatemala fue uno de los países evaluados y nos encontramos entre los cinco países con los peores resultados. El 75 por ciento de los alumnos evaluados en el país perdieron el examen. Es una cifra vergonzosa. 

En América Latina ocupamos el último lugar dentro de los países evaluados. Nos ganan El Salvador, Ecuador y Perú; no digamos Chile y Uruguay, que lideran el ranquin latinoamericano.

Estos resultados deberían provocar una profunda discusión sobre nuestro sistema educativo. De nada sirve invertir miles de millones de quetzales en un sistema que está dando tan malos resultados.

Es claro que una buena parte de los maestros del sistema público de educación está haciendo un pésimo trabajo y no están dando su mejor esfuerzo. El Mineduc no está supervisando adecuadamente. 

El sindicato de maestros, liderados por Joviel Acevedo, ha tenido capturado por más de dos décadas nuestro sistema educativo y allí está el resultado. Ese sindicado solo se preocupa por negociar beneficios con los gobiernos de turno. 

Es momento de discutir cambios radicales en nuestro sistema. Incluso examinar otras opciones como el sistema de ayuda directa a padres de familia, para que pongan a sus hijos en colegios privados y no tengan que recurrir a la pésima educación pública.

En el Mineduc hay maestros que faltan meses a su trabajo y no les pasa absolutamente nada. Con ese sistema tan disfuncional no llegaremos a nada. Busquemos soluciones audaces que nos saquen esta vergonzosa situación. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

No se puede esperar que todo lo resuelva el Gobierno

Los guatemaltecos seguimos sufriendo por el alto precio de la gasolina. Ya van varios meses desde que inició esta crisis y no parece que tenga solución pronto. 

En medio de esta crisis, algunos transportistas decidieron hacer bloqueos, complicando aún más las cosas para miles de guatemaltecos que no pudieron movilizarse esos días.

Este grupo de transportistas cree que el Gobierno tiene el poder de resolver cualquier problema, pero está completamente equivocado. Para iniciar, los precios de la gasolina están altos por guerras que suceden a miles de kilómetros de nuestro país.

En segundo lugar, el Gobierno no puede estar subsidiando la gasolina cada vez que sube el precio del petróleo. No hay recursos para eso. Significaría gastar miles de millones de quetzales que se les puede dar mejor uso.

Lo que sí puede hacer el Gobierno es quitar de una vez por todas el impuesto a la distribución de combustibles. Los guatemaltecos pagamos Q4.70 por cada galón de gasolina super, Q4.60 por gasolina regular y Q1.30 por diésel. 

El propósito de ese impuesto era darles mantenimiento a las carreteras, pero los guatemaltecos nunca hemos visto que esos recursos se inviertan correctamente. 

La gasolina y el diésel sólo deben pagar el IVA, como cualquier otro producto. Este impuesto debe aplicarse a todos los bienes, sin excepción. El impuesto extra que tiene ahorita es doble tributación y no tiene ninguna justificación.

Algunos están proponiendo que se le quite el IVA al combustible y que, además, se le brinde subsidio. Eso es irresponsable y viola los principios más elementales de la tributación. 

La solución es quitar el impuesto a la distribución de combustibles. Es el momento de hacerlo. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los colectivismos anulan por completo a la persona

En la historia de la humanidad es común encontrar distintas versiones de ideas colectivistas, en donde se puede obviar, desestimar o eliminar al individuo. 

El más evidente es el comunismo, que pretende anular por completo al individuo por un supuesto “bien mayor”. De esa cuenta, en los regímenes comunistas se encarcela, tortura o asesina a cualquier persona que se atreva a cuestionar o a pensar distinto. 

En el comunismo se llega al extremo de prohibir la religión y de minar el papel de la familia en la formación de los niños. El Estado es quien tiene la última palabra en todo. Es un sistema totalitario que pretende quebrar y anular cualquier expresión de individualidad.

Pero también hay otras versiones colectivistas, como el fascismo, que sujeta al individuo a la idea de la nación y del Estado. Aunque conserva la propiedad privada, el Estado tiene un rol protagónico en la vida económica y social de los países. 

En el fascismo tampoco se permite la libertad de religión o de conciencia, ya que el Estado es quien define qué ideas mantienen la unidad de la nación.

Por el contrario, en el liberalismo, el individuo tiene derechos fundamentales. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad no puede ser violentado por ningún Estado o gobernante.

En el liberalismo existe pluralidad política y libertad de expresión y de conciencia. Nadie puede imponer sus ideas sobre otros. Se procura la convivencia pacífica. 

Lamentablemente, las ideas colectivas están de vuelta. Ya no con los nombres de comunismo o fascismo, pero sí con variantes que amenazan la libertad individual.  

Ojalá que evitemos caer de nuevo en esos colectivismos que provocaron tanto sufrimiento a millones de personas.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El narcotráfico es una grave amenaza a nuestra democracia

El narcotráfico ha logrado una enorme influencia en la política guatemalteca. No es nada nuevo. Lleva muchos años tomando el control de varias instituciones.

En 2022, un narcotraficante mexicano fue condenado en Estados Unidos y, durante el proceso legal, declaró que en 2007 le dieron 24 millones de dólares a la UNE para financiar la campaña electoral del expresidente Álvaro Colom.

Dos altos exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, que gobernaron el país entre 2012 y 2015, tienen una orden de extradición de Estados Unidos, acusados de narcotráfico. 

El excandidato presidencial Mario Estrada fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Su partido logró varios diputados en el Congreso.

Luego está el caso del exdiputado José Ubico, que fue condenado dos veces por narcotráfico en Estados Unidos.

El narcotráfico ya no solo financia a los partidos políticos en Guatemala. Hay reportes de alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos que estarían directamente relacionados con el tráfico de drogas.

Como es de suponer, el narcotráfico también termina contaminando a las instituciones policiales y militares. Es un cáncer que avanza sobre todo el Estado.

El peligro que corre Guatemala es que el narcotráfico tome el control total del Estado. Nos convertiríamos en un Estado mafioso, al servicio del crimen, como fue el caso de Venezuela.

En Colombia, el narco llegó a ser tan poderoso que solo pudieron combatirlo con la ayuda de Estados Unidos.

Sin embargo, todavía estamos a tiempo de reaccionar. Debemos rechazar esa cultura del narcotráfico que se hizo tan popular en algunas partes de México. También debemos pensar muy bien a quién le daremos nuestro voto el próximo año. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Parece que la guerra civil nunca terminará en Guatemala

El Congreso está discutiendo darles Q36 mil quetzales a casi medio millón de ex Patrulleros de Autodefensa Civil, lo que nos costaría casi Q18 mil millones de quetzales a todos los guatemaltecos.

Es incomprensible que, cada cierto tiempo, aparezca este grupo de presión para pedir compensaciones que jamás terminan. La primera vez que se les dio dinero fue en 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo. Luego vinieron más compensaciones en varios gobiernos posteriores.

Más de veinte años después, estos grupos siguen extorsionando a todos los guatemaltecos para que les demos una nueva compensación. Ya se les han dado miles de millones de quetzales, pero desean más.

Lo peor es que algunos políticos inescrupulosos van a movilizar a estos grupos cada vez que se acercan las elecciones con tal de ganar votos. Lo hizo el FRG en su momento; ahora es el turno de CABAL.

Muchas de las personas que participaron en las Patrullas de Autodefensa Civil ya fallecieron, así que el dinero que se está gestionando es para los familiares. ¿Esto significa que llegaremos al año 2070 y se les seguirá dando dinero a sus nietos y bisnietos?

Los guatemaltecos debemos poner un alto a este desperdicio de dinero. Con los Q18 mil millones de quetzales que se les quieren dar, se podrían construir proyectos de infraestructura que solucionen los graves problemas de movilidad en todo el país.

La guerra civil ya terminó. No podemos seguir con lo mismo durante décadas. Así como algunos critican las compensaciones a víctimas de violencia, de la misma forma deberían criticar esta danza de millones para la parte contraria. Llegó el momento de ponerle punto final a las eternas extorsiones de los exPAC.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los derechos de los estudiantes se están violentando
 

La USAC pasa por uno de los momentos más oscuros de su historia. Al fraude de Walter Mazariegos, ahora se le debe agregar el castigo a los estudiantes que se atreven a desafiarlo en las elecciones internas de esa universidad.

Más de 40 estudiantes han denunciado que no pudieron inscribirse este semestre porque sus registros estudiantiles fueron borrados totalmente y es como si nunca hubieran estado inscritos en la USAC. Algunos de ellos ya están por graduarse, pero todo su historial fue anulado.

Las autoridades de la USAC han salido a dar explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Hace tan solo dos meses, los registros de estos estudiantes estaban en orden, pero de la noche a la mañana desaparecieron. 

Lo que tienen en común estos 40 estudiantes es que se atrevieron a participar en las elecciones internas de la universidad, como opositores de Walter Mazariegos. Ese fue su “delito”.

Y son estudiantes que han dado la cara. No son los encapuchados violentos que siembran terror en esa casa de estudios. Precisamente porque han salido con nombre y apellido a defender su causa, es que los están persiguiendo.

Mazariegos maneja la universidad como si fuera su propiedad. Se le olvida que esa universidad existe gracias a los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos.

Lo que están haciendo contra estos estudiantes es un delito que debe ser investigado por el Ministerio Público y llevado a los tribunales. No es posible violentar los derechos de los estudiantes de esta forma, sobre todo en una universidad pública.

Uno puede diferir de la opinión y la ideología de estos estudiantes,  pero no se vale tratar de silenciarlos de esa forma. Es inmoral y, además, un grave delito. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario