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Cinco apuntes sobre un presente complejo y un futuro incierto. 

Hace seis semanas, Venezuela vivió uno de los momentos más trascendentales de su historia en lo que va de siglo: la extracción de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra junto a su esposa, Cilia Flores, en una cárcel en Nueva York y ambos enfrentan la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo. 

Lo que sigue a continuación son básicamente apuntes que hemos desarrollado a lo largo de estas turbulentas semanas con respecto al futuro inmediato de Venezuela. Sin lugar a duda, lo que engloba estas reflexiones es la necesidad de entender la situación venezolana y el momento que se abrió a partir del 3 de enero de 2026, desde lo que Isaiah Berlin llamaba “sentido de realidad”. 

Primero: salir de la negación y aceptar nuestro fracaso absoluto como proyecto de nación, el cual no es sino el fracaso de las élites dirigentes venezolanas de las últimas décadas. 

Estados Unidos ha intervenido en un conflicto asimétrico entre chavismo y oposición que tiene 27 años y en el que ninguna de las partes había podido imponer una solución unilateral dentro del país que partiera por la exclusión definitiva del otro de la vida nacional. Tuvo que llegar una potencia extranjera a ponernos en orden, y eso impone una realidad que todas las partes parecen negarse todavía a aceptar: por un lado, el chavismo se niega a aceptar que están intervenidos bajo tutela de Estados Unidos, y por el otro, la oposición se niega a aceptar que el poder no se lo dieron a ellos a pesar de contar con legitimidad electoral y con el respaldo internacional. 

El resultado de esa negación rotunda a aceptar la realidad, ha sido continuar en la inercia del conflicto, eso sí, siempre cuidándose de no tocar al hegemón del norte: así tenemos, por una parte, a la oposición encarnada en María Corina Machado que acusa de “normalizador” y de hacerle juego a la tiranía a todo el que reconozca a los órganos del Estado venezolano (sin importar que operen de facto) y que desaconseje ir inmediatamente a elecciones (lo cual es el plan de la Casa Blanca de “estabilización, recuperación y transición”), a pesar de que sabemos que todas estas iniciativas han sido solicitadas por los mismos Estados Unidos a las autoridades interinas. Y, por otra parte, para el chavismo remanente, cualquier persona que celebre las aperturas que lideran los Estados Unidos en Venezuela, es un traidor a la patria que debe seguir siendo proscrito de la vida política, aunque ellos sean los primeros “cachorros del imperio”, acaramelados con la administración Trump después de que los bombardearon sin piedad. 

La realidad es que en los días siguientes de la operación “Absolute Resolve”, los Estados Unidos prefieren, de momento, trabajar con los restos del régimen chavista y eso obliga a la oposición a esperar su turno en la banca. Chavismo y oposición están subordinadas a Donald Trump, y esta cruda realidad no parece gustarle a ninguno de los dos. Por eso, lo primero, es aceptarla sin dilaciones. 

Segundo: entender la decisión de Estados Unidos de optar por una “transición blanda” o “transición tutelada”. 

Sin poder anticiparnos a los acontecimientos del 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, nuestro diagnóstico en la entrega anterior expresó la realidad del país que todavía persiste: una estructura estatal muy compleja de fracturar en la que sus componentes operan bajo una red de lealtades y espíritu de grupo, que mantienen la supervivencia del régimen y que no van a reconocer bajo ninguna circunstancia a un gobierno de la oposición, así éste tenga la legitimidad del voto popular. 

Los hechos del mismo 3 de enero y los días posteriores, lo confirmaron: el mismo día de la captura de Maduro en horas de la noche, la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania de Amelio, ratificaba mediante una sentencia a Delcy Rodríguez como presidenta interina ante la figura sui generis de la “falta temporal forzosa” y el lunes 5 de enero en la mañana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al Alto Mando Militar, reconocía a Delcy Rodríguez como presidente (y por ende, comandante en jefe de las FFAA). Nos guste o no, ese reconocimiento a lo interno del régimen en cuestión de horas, no lo consiguieron María Corina Machado y Edmundo González en un año y medio presentando la verdad de las actas electorales ante el mundo. Allí confirmamos la pragmática decisión de la administración estadounidense de trabajar con el régimen ya que, a lo interno del país, ellos son los que tienen control del territorio y de la burocracia estatal. Por eso, hay que decirlo sin rodeos: la oposición carece de los medios materiales para imponerse unilateralmente en el país, lo cual les obliga a esperar hasta llegar a ser incluidos eventualmente en el proceso político que se adelante en estos momentos. Como siempre hemos dicho: tener la razón moral, no es poder. Y Trump va a trabajar con quien controla, no con quien tiene la razón o con quien sienta más afinidad de valores. 

Tercero: de aquí se deriva que hay un problema en confundir la democracia con “lo político”.

En estos momentos, lo político eterno, que opera bajo sus propios presupuestos y su propia lógica interna, se impone por sobre lo contingente: “el pueblo”, “la ley”, “lo justo”, “lo bueno”, “lo eficiente”, etc. Es lo que, en la ciencia política, se le llama autonomía de lo político. La verdad intolerable es que siempre, quienes gobiernan, son las minorías, y es con ellas (es decir, con las oligarquías[1]) con las que hay que negociar primero las aperturas al sistema, antes que pensar en la legitimidad mayoritaria del próximo gobierno. Tenemos que entender que antes de apuntar a elecciones, lo primero es fundar un orden que todas las partes en pugna respeten y acaten. Y ahora, que tanto Delcy Rodríguez como María Corina Machado tienen el mismo jefe, es probable que se logre algo en ese sentido, pero para ello se requiere tiempo, e incluso mucho más que “tragar sapos”. De hecho, es probable que ambas partes más bien sean obligadas a “amputarse un brazo”, es decir, renunciar al premio gordo, y Donald Trump ha demostrado ser un experto en eso (ver el caso de Zelenskyy en Ucrania). 

Recordemos que luego de la exitosa reunión entre María Corina Machado y Donald Trump a mediados de enero en la Casa Blanca, ambos quedaron en contacto, lo cual es positivo para la causa democrática venezolana en el futuro próximo. Tampoco hay que ignorar que, en su visita a Venezuela, el Secretario de Energía Chris Wright afirmó que la propuesta de Machado de celebrar elecciones en 9 ó 10 meses, “es realista”. 

Pero también hay que traer a colación que en días recientes Delcy Rodríguez expresó que está en constante comunicación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y por si fuera poco, afirmó que fue invitada a los Estados Unidos. Es decir, ya que tanto Machado como Rodríguez responden al mismo centro de decisión externo, se abre la posibilidad de un orden mínimo tutelado, condición necesaria para el arreglo de poder posterior. 

Interesantemente, Machado expresó hace días que ella está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para concretar una transición a la democracia. Y al planteársele la posibilidad de que María Corina Machado regrese al país, Rodríguez expresó que “tendrá que responder ante Venezuela” (no necesariamente ante la "justicia" chavista), por haber pedido una intervención militar, pero nótese que fue lo suficientemente ambigua para dejar a la interpretación si la libertad y la seguridad de la Premio Nobel de la Paz estarían comprometidas una vez llegue a territorio venezolano. Sobre esto, seguirá habiendo tela que cortar en las próximas semanas y es preciso que estemos atentos al desarrollo de los acontecimientos.  

Cuarto: ¿Se trata de un cambio de régimen o cambio “en el régimen”? De momento, todo apunta a que es más de lo segundo. Lo cierto es que Trump cumplió su palabra de que no iba por un cambio de régimen en Venezuela. De hecho, es probable que estemos frente a una nueva doctrina de intervención en la que Venezuela es el globo de ensayo: usar la superioridad tecnológica-militar para luego trabajar con los propios regímenes descabezados, lo cual es mucho menos costoso y puede arrojar iguales beneficios que una invasión y luego una ocupación clásica que busque sostener a un gobierno títere afín a sus intereses[2]. De allí que estemos viendo un desmontaje de la política petrolera venezolana, por lo menos desde las últimas cinco décadas, y un alineamiento y tutelaje de la industria petrolera venezolana con los Estados Unidos como no se había visto por lo menos en los últimos 80 años. Sin embargo, a pesar de que el viraje económico es radical, la apuesta de Donald Trump sigue siendo bastante arriesgada: ¿Puede el chavismo cambiar su naturaleza? ¿De dilapidadores de riqueza crónicos, podrán mutar a un modelo económico capitalista y globalizado? Creemos que lo máximo tal vez será aspirar a una suerte de oligarquía extractiva “a la rusa”, lo suficientemente confiable para los intereses económicos de las petroleras estadounidenses, para que mejore mínimamente la situación económica y humanitaria, más lo cierto es que nunca llegarán a ser una élite realmente productiva. De momento el enfoque de la estrategia en Venezuela es estrictamente económico para recuperar la industria petrolera, para la cual, Trump ha dicho que se necesitan invertir, por lo menos, 100 mil millones de dólares. En ese sentido, recordemos que días después de la captura de Maduro, Trump invitó a la Casa Blanca a once empresas petroleras para convencerles de invertir en Venezuela. Una muestra de lo impredecible de su apuesta fue la reacción de la Exxon Mobil aduciendo que Venezuela es “uninvestable”, es decir, que no posee las condiciones para invertir, para disgusto de Trump, que incluso amenazó con dejarlos fuera del negocio . Lo cierto es que el mero voluntarismo político no es suficiente para mejorar las expectativas de los agentes económicos, que se mueven con certezas y de momento, el chavismo sigue sin ser percibido como un socio confiable. 

Otro cambio a lo interno del régimen es el lento auto-desmontaje de la represión. Con respecto a la liberación de los presos políticos, en estas seis semanas, han sido excarcelados por lo menos la mitad de los presos políticos que se tenían contabilizados a finales de 2025. Y en relación a la Ley de Amnistía aprobada en primera discusión en la AN, ha habido algunas modificaciones posteriores que se le han hecho al instrumento, tanto por recomendación de la Academia, de las organizaciones de DDHH y de la misma bancada de la oposición en la AN. Lo cierto es que la mayoría de los presos políticos de alto perfil, muchos del entorno de María Corina Machado, les han sido otorgadas medidas, pero aún quedan en encierro varios presos políticos emblemáticos y, a pesar de las promesas del gobierno encargado, las excarcelaciones se han hecho a cuentagotas y han sido condicionadas sin el otorgamiento de libertades plenas. 

Quinto: pareciera que estamos presenciando un “desenlace amorfo”, como se le llama en la sociología del conflicto a los epílogos de los enfrentamientos no bélicos. La “resolución absoluta”, es que absolutamente nadie ha quedado satisfecho con esa resolución. Por eso es importante preguntarse: ¿Qué NO ES una transición? A nuestro juicio, aún no estamos en una transición hacia la democracia. Pero tal y como está planteado el tablero en estos momentos, para enrumbarnos hacia ella, hay que aclarar que eso no implica una victoria total y unilateral sobre el enemigo, sino una coexistencia incómoda entre las partes. Implica unas garantías mínimas que aseguren la existencia política del otro, lo cual está bastante lejos de la perfección institucional. Si bien previo al 3E se decía mucho que de las dictaduras se sale como se puede y no como se quiere, lo mismo aplica a las transiciones: se logran como se puede y con lo que se tiene. Las transiciones siempre son imperfectas, insatisfactorias y anticlimáticas y precisamente por eso (porque todas las partes quedan amputadas: una que tiene las armas y el control interno del Estado pero que no tiene el apoyo de la gente ni el apoyo internacional, y la otra cuenta con exactamente lo opuesto), es que se logra establecer un equilibrio subóptimo para avanzar. Y de momento, lo único que nos está garantizando ese equilibrio para el avance, son los Estados Unidos y su amenaza, ya más que creíble, concreta. Por esa razón, esto que estamos viviendo desde el 3E no se parece a ninguno de los otros momentos que hayamos vivido antes, por lo menos desde que comenzó la pesadilla chavista en Venezuela. 

De todas formas, con todo lo espinoso e incierto, esto es lo más cerca que hemos estado de nuestra libertad en 27 años. Por eso es importante que miremos el bosque completo y no nos perdamos en las ramas porque si caemos en el inmediatismo democratista[3], reclamándoles a nuestro principal aliado, Estados Unidos y cuestionándoles su estrategia gradual, podemos perder lo que ya tenemos. Es el momento de pensar con cabeza fría. 

No arruinemos lo posible por querer lo perfecto. 

Se necesita certeza del castigo y un cambio cultural

Esta semana se publicó el nuevo informe del Índice de Percepción de Corrupción, que evalúa a 182 países alrededor del mundo. Como su nombre lo indica, mide cómo los ciudadanos perciben el nivel de corrupción en el sector público de cada país.

Para Guatemala, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que se mejoró ligeramente, rompiendo más de una década de caída libre en este indicador. La mala es que esa mejora es insuficiente y seguimos siendo calificados como un país con graves problemas de corrupción.

La Fundación Libertad y Desarrollo, en conjunto con CID-Gallup, publicó una encuesta nacional en enero y analizó el tema de la corrupción. El 11 % de los encuestados respondió que en los últimos doce meses había pagado una o varias veces “mordida” para agilizar un trámite o resolver un problema en el sector público.

El 16 % indicó que está de acuerdo en pagar “mordidas” en ciertas circunstancias para agilizar trámites en el gobierno, y este dato aumenta a 23 % entre los jóvenes de 18 a 25 años. Esto indica que la corrupción puede tener una profunda raíz cultural en el país, dado que hay cierto sector de la población que lo considera “normal”.

Pero también tiene que ver con la percepción de impunidad. El 62 % de los encuestados respondió que estaría dispuesto a denunciar un acto de corrupción si tuviera la certeza de que se castigaría al responsable. Pero el 54 % indicó que los corruptos en el país no tendrán castigo alguno. 

Solucionar la corrupción requiere reforzar la educación ética en las escuelas y las universidades. Las iglesias deben hacer lo propio. Pero también requiere que el Ministerio Público y los jueces hagan su trabajo y dejen de ser cómplices de la corrupción. 

 *Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Se debe procurar justicia y no revanchas políticas

El proceso para elegir al nuevo fiscal general inició y debemos estar muy atentos a esta Comisión de Postulación, debido a que es clave para la estabilidad política y jurídica del país.

Desde hace más de una década, el Ministerio Público ha sido utilizado para atacar a los enemigos políticos y provocar graves crisis institucionales, que han puesto en riesgo nuestra frágil democracia.

Si bien la CICIG presentó casos que llevaron a condenas de personajes políticos altamente cuestionados, incluidos un presidente y una vicepresidenta, también presentó varios casos que tuvieron un tinte político y que terminaron por desprestigiar este experimento y al Ministerio Público de aquel entonces.

Cuando se fue la CICIG, el Ministerio Público fue tomado por el grupo político contrario e inició una fuerte persecución contra los que consideraban sus enemigos. Sembraron un clima de terror contra periodistas, activistas sociales y críticos del gobierno anterior.

Lo peor del actual Ministerio Público fue su intento de anular las elecciones de 2023 y sabotear la toma de posesión del actual Gobierno. Fue uno de los momentos más infames en la historia de Guatemala.

Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de que finalmente termine esta pesadilla para Guatemala. Nuestras instituciones no soportarían nuevos revanchismos políticos ni más instrumentalización de la justicia y del Ministerio Público. 

Los guatemaltecos debemos exigir a los miembros de la Comisión de Postulación del Ministerio Público que elijan a los mejores perfiles para entregar la lista final al presidente de la República. Deben ser profesionales que gocen de prestigio y que devuelvan la credibilidad y la confianza al Ministerio Público. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los nuevos magistrados deben tener prestigio

En el Congreso ya se está realizando el proceso de renovación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), uno de los cinco procesos que definirán nuestras instituciones en la próxima década.

El TSE es el corazón de nuestra democracia porque se encarga de realizar las elecciones cada cuatro años, lo cual resulta fundamental para la transición pacífica del poder. 

Las elecciones deben gozar de transparencia, credibilidad y agilidad para que los ciudadanos queden satisfechos y tranquilos de que sus votos fueron respetados. Cuando la credibilidad de las elecciones se pone en duda, existe la posibilidad de pasar por graves crisis políticas, que incluso pueden llevar a la toma violenta del poder.

Lamentablemente, muchos políticos alrededor del mundo son pésimos perdedores y acusan sin fundamento de fraude electoral a los que salieron ganadores. Lo vimos recientemente en Honduras, en donde el partido oficial perdió las elecciones y de forma cínica salió a denunciar un supuesto fraude.

Guatemala pasó por lo mismo en 2023, en donde políticos sin escrúpulos, junto a actores antidemocráticos, salieron a denunciar un supuesto fraude. En nuestro sistema electoral, que depende de la participación de miles de voluntarios, es imposible un fraude. 

Quienes insisten en un supuesto fraude electoral en 2023, desconocen nuestro sistema o tienen intenciones oscuras para seguir desprestigiando la labor de más de 125 mil voluntarios.

Los comisionados de la postuladora tienen una responsabilidad enorme con el pueblo de Guatemala. Deben escoger a los candidatos que gocen de prestigio y que preserven el legado que viene desde hace más de cuarenta años. Los ojos de toda Guatemala están sobre ellos.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario.

¿Qué cambió para que hoy el país enfrente una nueva crisis de inseguridad?

Lo ocurrido en Guatemala el segundo fin de semana de enero no puede entenderse como un hecho aislado ni como una simple escalada de violencia coyuntural. Es, más bien, la manifestación visible de una crisis de inseguridad que se ha venido incubando durante años, alimentada por decisiones políticas cuestionables y un proceso de debilitamiento institucional intencional.

En 2009, Guatemala figuraba entre los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 46 por cada 100 mil habitantes. Para 2025, esa cifra se redujo a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta caída no convirtió a Guatemala en un país seguro, pero sí evidenció que durante más de una década hubo cambios que contuvieron, al menos parcialmente, la violencia homicida.

Hasta el momento no existe un consenso entre expertos sobre las causas de esa reducción, pero la evidencia encontrada sugiere cinco factores clave:

1. La reforma policial implementada entre 2010 y 2015, que avanzó en la profesionalización de mandos y procedimientos.

2. Golpes sostenidos a estructuras criminales, producto de una mejor investigación criminal y mayor coordinación entre la fiscalía y el Ministerio de Gobernación.

3. Los programas de prevención de la violencia impulsados a nivel municipal y gubernamental.

4. La cooperación internacional continua, orientada a fortalecer al Ministerio Público y al sistema de justicia.

5. Y una reconfiguración del crimen organizado, que redujo las disputas de territorio y optó por operar de forma más estratégica y menos visible.

Estos elementos no erradicaron del todo la violencia, pero sí se percibió una leve reducción de la impunidad en ciertos delitos y una mayor capacidad del Estado para investigar y desarticular redes criminales.

Una pregunta relevante es qué cambió para que hoy el país enfrente una nueva crisis de inseguridad. La respuesta es que muchos de esos avances mencionados anteriormente fueron desmontados en años recientes.

Entre 2018 y 2019, se desarticuló la cúpula policial formada durante los años de la reforma, bajo el argumento de depurar vínculos con la CICIG. Con ello, no solo se removieron personas, sino también capacidades técnicas, experiencia acumulada y redes de coordinación interna.

En paralelo, según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), desde la llegada de la actual administración, el Ministerio Público entró en un proceso de debilitamiento sostenido. Estudios recientes muestran una caída drástica en su capacidad para ofrecer respuestas de calidad y una tasa de impunidad que supera el 90% en delitos de alto impacto social como homicidios, femicidios, secuestros, extorsiones y otros. A esto se suma un patrón alarmante: una proporción significativa de los casos reportados como “resueltos” corresponde, en realidad, a desestimaciones o engavetamiento de las denuncias. 

El mensaje que se ha dado recientemente a las estructuras criminales es claro: el riesgo de ser investigado, procesado y condenado es mínimo.

Este escenario se agrava con un sistema de justicia cooptado, un sistema penitenciario frágil y subfinanciado, y decisiones recientes en materia de seguridad mal gestionadas. Episodios como fugas masivas de privados de libertad, el manejo errático de líderes criminales que están en prisión o pactos oscuros con estos mismos en busca de una supuesta tregua, son señales de un Estado que perdió capacidad de control.

No extraña que las organizaciones criminales prueben límites, envíen mensajes y ajusten cuentas sabiendo que la respuesta institucional será lenta, débil o inexistente.

La violencia no aparece de la nada. Se construye, se tolera y se normaliza. Donde el Estado es débil y la justicia es selectiva o inexistente, la violencia no es la excepción, es la regla.

El Gobierno debe actuar rápido y sin excusas

Los mareros están sembrando el terror en Guatemala y nos enfrentamos a la peor crisis de seguridad en muchos años, con las fuerzas de seguridad bajo ataque.

El problema de fondo es que las cárceles son controladas por las maras y ningún gobierno ha sido capaz de imponer orden. En las cárceles entran armas, celulares, dinero y drogas, con la complicidad de guardias que son muy mal pagados y que son presas fáciles de los grupos criminales.

Para los jefes de las maras, la cárcel resulta ser el lugar perfecto para operar. Logran imponer control, viven con muchas comodidades y no tienen que preocuparse de que los atrapen. Total, ya están pagando largas condenadas interminables.

El estado de sitio ayuda a estabilizar la crisis, pero no es la solución al problema. El Gobierno tiene que invertir mucho dinero para construir nuevas cárceles que permitan tener el control total de los criminales. Este tema urge. Sin una nueva infraestructura, será imposible imponer orden.

Las cárceles del país están totalmente obsoletas. Si algo podemos aprender del caso de El Salvador, es que una cárcel moderna y bien diseñada cumple con el propósito de neutralizar a los criminales.

Por otra parte, el sistema judicial emite sentencias para darles privilegios a los jefes de los mareros, lo que debilita al sistema penitenciario. El Congreso debe endurecer las leyes.

El ministro de Gobernación hace bien en no ceder a las presiones de los mareros, pero necesitará de todo el apoyo financiero y político para enfrentarlos. Si el Gobierno no actúa rápidamente para someter a los mareros, el problema crecerá, con un alto costo para el presidente y más luto y dolor para los guatemaltecos. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Al Gobierno se le termina el tiempo para dejar un legado

El presidente Bernardo Arévalo cumple su segundo año de gobierno y la ciudadanía no parece muy contenta con los resultados. Hay cosas positivas, pero también hay muchas tareas pendientes.

Entre las cosas positivas se encuentran el remozamiento de escuelas, el abastecimiento de hospitales y el respeto a la institucionalidad democrática. 

No estamos ante un Gobierno que pretenda apoderarse de todas las instituciones del Estado para cometer actos ilegales, perseguir opositores y perpetuarse en el poder, como lo pretendió el Gobierno anterior. 

También se debe resaltar que el Gobierno logró que Estados Unidos nos incluyera dentro de un reducido grupo de países con condiciones comerciales favorables. Fue un éxito que beneficia a la economía nacional.

Sin embargo, también hay cosas que se han hecho mal. La inseguridad se incrementó, varios tramos carreteros se encuentran en pésimas condiciones y los presupuestos aprobados han sido irresponsables, con negociaciones oscuras en el Congreso.

La ciudadanía percibe que el Gobierno es incapaz de resolver problemas rápidamente y de mejorar significativamente ciertos servicios públicos. La fuga masiva de la prisión y el robo de armas del Ejército fueron dos duros golpes a la imagen del Gobierno.

Lo que más preocupa del Gobierno es que ya se resignó a no impulsar reformas profundas en el servicio civil o en las contrataciones del Estado. Si bien hay una propuesta de este último tema, no se está impulsando con la urgencia necesaria. 

El tiempo se le está terminando y corre el riesgo de no dejar un legado perdurable para el país. En unos meses, el país entrará en la dinámica de elecciones y nuevamente se habrá perdido una oportunidad para el país.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El chavismo sigue controlando todo el poder

El año inició con la excelente noticia de que Nicolás Maduro fue detenido y extraído hacia Estados Unidos para ser juzgado por diversos crímenes que cometió durante más de 10 años en el poder.

Este arresto representa un duro golpe al régimen que ha gobernado ese país por más de 25 años. Lamentablemente, todavía no estamos ante el final de la dictadura, ya que el chavismo conserva el poder absoluto.

Ante la ausencia de Maduro, el chavismo puso a Delcy Rodríguez como presidenta y todo sigue igual. Esta misma semana varios ciudadanos fueron arrestados por haber celebrado la caída de Maduro. El régimen de terror continúa.

Trump amenazó con un segundo ataque si Delcy Rodríguez no colabora con el proceso de transición a la democracia. Rodríguez respondió desafiante que no va a colaborar con Estados Unidos y saludó a los embajadores de China, Rusia e Irán luego de tomar posesión como presidenta. 

El chavismo tomó el control de Venezuela, como lo hizo el nazismo en Alemania en los años treinta o el comunismo en Cuba. La única forma de expulsar a esos regímenes es con una invasión, ya que ejercen un control absoluto sobre las instituciones del Estado, incluido el Ejército.

La muerte de Franco en España marcó el fin de esa dictadura, pero el chavismo siguió luego de la muerte de Chávez y seguirá luego de la salida de Maduro, ya que tiene una red sofisticada de control sobre el Estado que garantiza la sucesión más allá de la ausencia de un individuo. 

Por el momento, la estrategia de presionar a los sucesores de Maduro no parece estar funcionando. Veremos si Estados Unidos está dispuesto a llevar esta estrategia hasta sus últimas consecuencias. La libertad de Venezuela depende de ello. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Los chilenos cuentan con una democracia desarrollada

Chile tuvo elecciones presidenciales el pasado 14 de diciembre y el ganador fue el candidato de derecha José Antonio Kast. Como guatemaltecos podemos aprender mucho de la democracia chilena.

El sistema electoral chileno es muy eficiente y a las pocas horas ya se sabía el ganador. Nuestro sistema también nos permite conocer rápidamente los resultados electorales. Allí no hay diferencia.  

En lo que sí se diferencian los chilenos es que el presidente saliente, Gabriel Boric, inmediatamente llamó al presidente electo, José Kast, para felicitarlo y reconocerlo como nuevo presidente. 

Nadie puso en duda los resultados electorales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó criticas contra José Kast y las autoridades chilenas rápidamente protestaron por esos comentarios insensatos de Petro.

El gobierno de izquierda de Gabriel Boric muestra respeto por el presidente electo de derecha, José Kast. Por su parte, el nuevo presidente llamó a la unidad y pidió respeto por los partidos políticos de izquierda. Kast ha dicho que en un país deben ser respetados tanto los partidos de derecha como de izquierda. 

Ese ambiente de respeto mutuo en Chile es muy diferente al que vivimos en Guatemala. La extrema derecha de Guatemala quiere eliminar a la izquierda y viceversa. En nuestro país no toleramos las diferencias de opinión. Si alguien piensa distinto a nosotros es tonto, corrupto o idiota. 

La cultura democrática de Chile es mucho más desarrollada que la de Guatemala. Eso les brinda estabilidad política, lo cual es indispensable para que las empresas quieran invertir. Ojalá algún día aprendamos a respetarnos y que sea la base para construir instituciones democráticas estables y confiables.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Un intento de explicación de los últimos 12 años

Por lo menos desde hace 12 años, un sector destacable de la oposición venezolana ha manejado la tesis de cambio de provocar un “quiebre militar” en las Fuerzas Armadas venezolanas como vía hacia una transición a la democracia. Repasaremos los diferentes momentos de esta estrategia de cambio e intentaremos explicar por qué el quiebre no ha ocurrido (hasta el momento), partiendo de la premisa de que hay una lectura errónea de cómo funcionan los ejércitos bajo regímenes no democráticos, pero también evaluaremos si es posible que el quiebre ocurra en el futuro cercano. 

En estos últimos 12 años de madurismo y de consolidación autoritaria de revolución chavista en Venezuela, ha tendido a endilgarse exclusivamente a los errores del liderazgo opositor la incapacidad de no haber podido salir del régimen autoritario y haber propiciado exitosamente un cambio político en el país. Sin embargo, el presente análisis parte desde una óptica diferente. De hecho, la oposición venezolana ha probado varias tesis de cambio político por vía de un “quiebre militar” a lo largo de estos años y ha intensificado cada vez más los medios políticos de presión (los únicos que tiene realmente a su disposición), para provocarlo. Repasaremos esas etapas, muy a grandes rasgos, ya que por momentos se han solapado entre sí y han coexistido: 

2014: Etapa de la lucha no violenta. A partir de estrategias usadas a comienzos del XXI en países como Serbia (2000), Túnez y Egipto (2011) y Ucrania (2013), se buscaba dividir el poder coercitivo del Estado a través de la movilización social y que, en el momento de ejecutar represión, hubiera un “quiebre”, o una crisis de conciencia en los represores que los terminara desarticulando para que finalmente decidieran “voltearse” al régimen autoritario antes que provocar una ruptura entre sociedad y poder político. ¿El problema? Ya para ese momento los cuerpos represivos estaban politizados e ideológicamente alineados al régimen. En ese sentido, para los ejecutores de la represión el conflicto más bien fue interpretado como una amenaza interna y reforzó la narrativa del enemigo. En ese momento también comenzaron las primeras olas represivas extensivas y la persecución intensiva contra la población, además de varios asesinatos a manifestantes con el uso desproporcionado de la fuerza que funcionaron como “casos ejemplarizantes”, que sirvieron para elevar los costos de salir a protestar y manifestarse políticamente. 

2015-2024: Etapa de la crisis de legitimidad.  Esta es la etapa más larga y peor caracterizada a nuestro juicio. Comienza con el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, que abrió otro capítulo en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, precisamente a partir de la crisis de legitimidad que ocurrió en el país cuando el régimen venezolano instrumentalizando al Poder Judicial (totalmente politizado por el chavismo), usurparon las funciones de un poder público democráticamente electo: la Asamblea Nacional. Se esperaba que estas acciones provocaran una crisis del orden legal-racional del Estado venezolano, sin embargo, se demostró que en la Venezuela chavista, la dominación efectiva no depende de la legalidad, sino de la obediencia efectiva que se ejerce bajo vínculos de intereses, corrupción y, en última instancia, de coerción. Es decir, la chavista-madurista es una forma más “desnuda” de dominación. De allí, es lógico derivar que la FANB no es una institución separada del poder, sino directamente interesada en su continuidad. De hecho, a partir de este punto, comienza a darse una “inversión” entre ejército y gobierno que está directamente vinculada a la cada vez más inexistente legitimidad del régimen autoritario, como consecuencia de la incapacidad congénita del madurismo para ganar elecciones. Por ende, surge la necesidad cada vez más imperiosa por parte del gobierno de ser sostenido por el ejército apelando a la “salvaguarda de la revolución” como “supremo interés nacional”. De allí que la naturaleza del poder en Venezuela haya mutado: de ser en sus inicios una supuesta unión “cívico-militar”, pasó a su verdadera esencia, que es una unión “militar-cívica”. Es decir, en palabras de un filósofo venezolano, el actual gobierno es la máscara más o menos civil de un régimen esencialmente militar. 

La ventana de la crisis de legitimidad no estaba del todo cerrada y las elecciones presidenciales de 2024 plantearon una nueva oportunidad para que la oposición venezolana terminara de enterrar de una vez por todas la ya inexistente legitimidad del régimen venezolano y terminara de socavar sus intentos por presentarse ante el mundo como un gobierno más. La contundencia en la demostración del fraude electoral fue tal, que al mundo no le quedó más remedio (incluso a gobiernos de izquierda) que repudiar abiertamente y denunciar a la tiranía venezolana. Sin embargo, dentro de Venezuela, como diría Hobbes, vuelve la espada y tanto el ejército como los órganos de seguridad, asumieron (de nuevo) el rol de sostener al régimen apelando a la razón de Estado, no sin costos cada vez más extremos: desatando la peor ola de represión vivida hasta el momento con la “Operación Tun-Tun”, llegando a convertirse en uno de los países con más presos políticos del continente y despolitizando eficazmente a la población que, luego de las protestas del 29 y 30 de julio, no se ha movilizado masivamente en las calles. 

2025: Etapa de la amenaza externa directa. Si bien desde el año 2016 comenzó una batería de sanciones al régimen venezolano por parte de Estados Unidos, calificándolo como “una amenaza inusual”, de allí en adelante (sobre todo en los gobiernos de Donald Trump), la política de sanciones políticas y económicas al régimen venezolano sólo ha incrementado con designaciones por narcotráfico y terrorismo e incluso ofreciendo recompensas de varios millones de dólares por la captura de sus cabecillas. Pero aunque el venezolano ya es de los regímenes más sancionados del mundo junto con el ruso y el iraní, las mismas constituyen lo que llamamos “amenazas externas indirectas”, las cuales funcionan en la mayoría de países de la región como método para “doblarle el brazo” a los gobiernos. Así que luego de una década usando amenazas indirectas, el segundo gobierno de Trump a través de una nueva estrategia liderada por los Secretarios de Estado y de Guerra, Rubio y Heghseth, ha puesto sobre la mesa finalmente la carta de la amenaza externa directa, con un despliegue militar en el Caribe considerable que ya pasa los 100 días. Dentro de esta etapa que busca el mentado “quiebre militar”, por primera vez ya el problema venezolano dejó de ser de los venezolanos para convertirse en un tema de importancia para lo que los norteamericanos denominan su “seguridad hemisférica”. De manera que la oposición venezolana no tiene ningún rol de decisión en esta nueva etapa, más allá de lo simbólico y moral, con alguna capacidad de persuasión a lo sumo, pero bastante limitada. Como hemos dicho en otras ocasiones, en este punto, la estrategia del régimen venezolano es “esperar y ver” más no desescalar, en una apuesta arriesgada a que sea Estados Unidos quien finalmente dude en llegar a una acción de fuerza y proponga una negociación (en la que el régimen venezolano estaría en desventaja, más no liquidados), además de que también apuestan al desgaste a lo interno del gobierno norteamericano con cada día que pasa sin que se decidan, sembrando narrativas para influir en la opinión pública. 

Resiliencia, despolitización y evolución del régimen venezolano

“Toda sobrepolitización es una despolitización y viceversa”, dice el sociólogo político francés Julien Freund. No hay “quiebre” cuando el aparato coercitivo no se percibe a sí mismo como externo al régimen y por ende garante de una construcción política más amplia nacional como lo es la República que existe desde 1830 (mucho menos subordinado a esa ficción llamada “control civil”); sino que más bien se percibe como el garante existencial del régimen chavista revolucionario. Esto logrado en el último cuarto de siglo a través de la desprofesionalización y sobrepolitización donde la promoción militar depende de la lealtad ideológica, y ya no hay doctrina militar sino ideología revolucionaria y partisana. Sobre esto, refiere el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington que los ejércitos politizados no dan golpes, los profesionales e institucionalizados, sí. Mientras más racional e institucional es el ejército, más fácil es provocar un quiebre. Sin embargo, mientras más arcaica es la forma de dominación en el ejército, más difícil es provocar divisiones porque sus estructuras dependen del mando personal de los superiores y del “espíritu de grupo” del cuerpo que lo integra. Y del lado del régimen político o gobierno: mientras la forma de gobierno tienda más a la dispersión de poder (como es el caso de las repúblicas democráticas), más fácil de derribar es. Y al contrario, mientras la forma de gobierno tienda más a la concentración de poder y a la construcción de mando (tiranía, despotismo, totalitarismo), más difícil de derrumbar. 

Luego de un inestable siglo XX en donde los golpes de Estado estaban a la orden del día, actualmente la mayoría de regímenes autoritarios han aprendido las lecciones y han desarrollado una estrategia “anti-quiebres”. La primera lección que han aplicado es la fragmentación y dispersión del monopolio de la fuerza. Aparte de las fuerzas armadas regulares, estos regímenes tienen otros cuerpos armados como los paramilitares y organizaciones irregulares, pero también (imitando los casos de Medio Oriente y África), han implementado un primer anillo de seguridad externo que se ocupa exclusivamente del gobernante y su familia, que en el caso venezolano se sabe que ese anillo son los cubanos. También desde el siglo XXI los regímenes han perfeccionado sus sistemas de espionaje interno y tienen distintos órganos de inteligencia y contrainteligencia militar y civil que compiten entre sí, lo cual resuelve el eterno problema histórico de “¿quién vigila al vigilante?”. En el caso venezolano, órganos como la DAET (antes FAES), DGCIM, SEBIN, pero luego otros cuerpos cuyas verdaderas funciones son también de control político como el CONAS, participan dentro del esquema de represión del régimen y hacen más complicada la coordinación que requeriría un eventual quiebre. 

Además de este aprendizaje “teórico”, por así decirlo, principalmente de experiencias históricas; el régimen venezolano ha “metabolizado” todos los momentos previos de intensidad política detallados antes y ha perfeccionado cada vez más sus mecanismos de control político a lo interno de su funcionamiento.

Mientras el monopolio de la fuerza siga fragmentado y disperso, y mientras las fuerzas armadas y de seguridad sigan siendo un actor interesando en perpetuar la continuidad del poder, en lugar de ser un árbitro pretoriano; la idea del “quiebre” será una expectativa de los políticos proyectada desde categorías que ya no describen al régimen real que ha mutado en los últimos 12 años. De manera que hay que plantearse el cambio político desde nuevos supuestos más realistas, además aprovechando la ventana de oportunidad que está abriendo la actual amenaza externa: aunque eventualmente el régimen pueda prescindir de alguna figura que ejerce funciones de mando político para bajar la presión sobre ellos mismos, no consentirán voluntariamente un gobierno de la oposición.