Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Guatemala necesita hacer cambios, pero no revoluciones.

Es innegable que la Revolución de Octubre trajo cambios al país. Guatemala adoptó tendencias que se estaban dando en todo el mundo. Por ejemplo, se estableció la seguridad social, que había sido adaptado por Estados Unidos una década antes, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Además, la Constitución de 1945 reconoció el derecho de las mujeres a votar, lo que había sucedido en Inglaterra diecisiete años antes.

Y así podría citarse otros cambios que se dieron en Guatemala en el contexto de lo que sucedía a nivel mundial. El mismo derrocamiento de Jorge Ubico y de Ponce Vaides ocurrió en una ola democrática en América Latina.

La Revolución fracasó cuando Árbenz implementó la reforma agraria y expropió fincas, irrespetando la propiedad privada. Algunos indican que se estaba siguiendo el modelo de Taiwán, que había aplicado una reforma agraria a finales de los cuarenta. Pero en el caso de ese país, las tierras se las quitaron principalmente a los japoneses, que habían invadido la Isla durante décadas.

En ese sentido, los taiwaneses no pusieron resistencia, porque las tierras se las quitaron a los “invasores” japoneses y no a sus mismos ciudadanos. Pero en el caso de Guatemala, se les estaba quitando su propiedad a ciudadanos guatemaltecos, que tenían todo el derecho a la propiedad privada.

En Guatemala no necesitamos otra revolución, sino cambios al Sistema de Justicia para que funcione, lo que nos traería paz y prosperidad. Para ello, no es necesario convocar una Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución. La que tenemos no es perfecta, pero funciona.

Los cambios a la Constitución vigente deben ser mínimos, solo para mejorar nuestro Sistema de Justicia y, que al fin, logremos tener un auténtico Estado de Derecho, la condición indispensable para el desarrollo.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 17 de octubre de 2024.

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna.

La guerra siempre evoluciona, y hoy el uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla marca un cambio radical. Sin embargo, este avance carece de la regulación internacional necesaria. El uso creciente de drones y el desarrollo de sistemas automatizados amplía las capacidades militares, pero también plantea serias preocupaciones.

Expertos advierten que la militarización de la IA recuerda la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría. El presidente ruso ha declarado que “la nación que lidere en IA dominará el mundo.” Actualmente, casi todos los miembros de la OTAN tienen capacidad para utilizar drones, y actores no estatales también pueden acceder a esta tecnología.

​​Beneficios y desventajas

El uso de armas automatizadas podría ofrecer ciertos beneficios, como operaciones más eficientes y menor riesgo para el personal militar. Sin embargo, los riesgos éticos son significativos. La incapacidad de estos sistemas para distinguir entre civiles y combatientes puede resultar en tragedias humanitarias. Además, la automatización elimina el juicio humano en decisiones letales, lo que plantea dilemas éticos graves.

La falta de regulación internacional permite que tanto Estados como grupos terroristas utilicen estas armas sin restricciones adecuadas. A pesar de que existen convenios que incluyen a grupos no estatales en conflictos, su eficacia se ve limitada por la dificultad de hacer cumplir estos principios contra estos.

Implicaciones legales y éticas

El vacío legal sobre el uso de armas automatizadas podría resultar en su uso desmedido. La ética varía entre países, complicando la creación de un marco regulatorio unificado. Aunque ha habido intentos de abordar el tema, como el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Letales Automatizadas, estos esfuerzos son insuficientes.

Mientras tanto, muchos países están aumentando sus presupuestos para investigar y desarrollar estas tecnologías, lo que intensifica las preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista. La posibilidad de que la IA se utilice en la toma de decisiones sobre armas nucleares es especialmente inquietante. Estados Unidos, en 2022, indicó que en el caso de armas nucleares “siempre mantendrían a un humano al tanto” en sus decisiones, al igual que el Reino Unido. Sin embargo, Rusia y China han mostrado poca disposición a regular este aspecto.

Conclusión

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna. Es urgente que la comunidad internacional colabore para establecer regulaciones que garanticen el uso responsable de estas tecnologías. Sin un marco regulatorio claro y efectivo, el riesgo de una catástrofe humanitaria aumenta, y la responsabilidad ética en su desarrollo es más crucial que nunca para evitar un futuro desastroso.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}