El costo de la vida creció, pero hubo estabilidad

Llegamos al final del año y es un buen momento para examinar cómo se desempeñó la economía de Guatemala. ¿Fue un buen o un mal año para la economía del país?

Primero, veamos el incremento de precios, que es lo que más afecta a las familias guatemaltecas. En 2022 y 2023 los precios crecieron 6.7% en promedio, aunque algunos precios crecieron mucho más y algunos un poco menos. Fueron dos años muy duros para el bolsillo de los guatemaltecos.

Durante el presente año el incremento de precios ha seguido, pero a un ritmo menor, de 3.1% en promedio. En octubre, la inflación interanual se ubicó en tan solo 1.16%, la cifra más baja desde 2020.

Los precios no volverán a ser los mismos que hace 4 años, pero es una buena noticia que la inflación está en los niveles más bajos desde hace muchos años. Esperemos que así siga.

Por otra parte, se espera que la economía cierre el 2024 con un crecimiento de 3.5%, el promedio de los últimos 10 años. Es decir, la economía de Guatemala no tuvo un desempeño sobresaliente, pero tampoco estuvo mal, a pesar de los múltiples problemas que hubo en la infraestructura del país.  

No cabe duda de que los guatemaltecos somos bastante resilientes, pero también es cierto que las remesas siguen siendo un motor de crecimiento importante del país. La estabilidad de nuestra economía en la última década y media se debe al incremento incesante de las remesas y no al buen desempeño de los gobiernos.

Por último, es interesante que el crédito otorgado por los bancos sigue con un crecimiento robusto y la Inversión Extranjera Directa llegará a $1,800 millones según estimaciones del Banco Central.

En conclusión, no fue un mal año para la economía de Guatemala, pero seguimos con los problemas de siempre. Veremos que nos espera en 2025.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 5 de diciembre.

La situación de Georgia es un reflejo de los desafíos que enfrentan los países del Cáucaso y Europa del Este en sus relaciones con Occidente y Rusia.

El 28 de noviembre, estallaron protestas en Georgia tras el anuncio del Gobierno de suspender las negociaciones para ingresar a la Unión Europea (UE) hasta 2028. Esta decisión se sumó a la creciente frustración por los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre, que muchos consideran fraudulentas. En un contexto de tensión entre Europa y Rusia, la situación política en Georgia se vuelve aún más crítica.

Contexto de las protestas en Georgia

Georgia ha manifestado su deseo de unirse a la UE desde 2017, cuando este objetivo se incluyó en su Constitución. En 2023, el país obtuvo el estatus de candidato para integrarse oficialmente. Sin embargo, el 79 % de la población que apoya esta adhesión se enfrenta a un Gobierno que prioriza sus vínculos con Rusia y que ha implementado "políticas autoritarias y antioccidentales".

Unas elecciones decisivas

Las elecciones parlamentarias de octubre fueron un punto de inflexión. Expertos, ciudadanos y la oposición consideran que los comicios fueron fraudulentos, y esto ha sido un motor fundamental de las protestas. Para los manifestantes, el futuro de Georgia está en juego: ¿se alejarán de Rusia y se acercarán a Europa, o estarán nuevamente bajo la influencia de Moscú?

Para el Kremlin, la victoria del partido gobernante es positiva, ya que mantiene la cercanía y el apoyo de un aliado estratégico en la región del Cáucaso. Sin embargo, en Georgia, el descontento es evidente. Si las protestas logran mantenerse y presionar al gobierno, existe la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, lo que podría abrir la puerta a un parlamento más prooccidental.

Es importante señalar que, de celebrarse las elecciones presidenciales el 14 de diciembre, se realizarán en un formato completamente nuevo, ya que se utilizará el voto indirecto a través de un Colegio Electoral de 300 miembros. No obstante, Mikheil Kavelashvili, el candidato del partido Sueño Georgiano, que controla el gobierno, es probablemente quien ganará.

Similitudes con la Revolución de las Rosas de 2003

Este no es el primer enfrentamiento entre la sociedad civil y un gobierno pro-ruso en Georgia. En 2003, una situación similar dio lugar a la Revolución de las Rosas, que derrocó a un régimen acusado de fraude electoral. Sin embargo, a diferencia de aquellas protestas, las manifestaciones actuales han sido mucho menos pacíficas.

Si los manifestantes logran mantener la presión, podría repetirse el resultado de la Revolución de las Rosas: que el Gobierno no logre controlar la situación y que se convoquen nuevas elecciones que reorienten al país hacia una mayor integración con Occidente.

Reflexión final

La situación de Georgia es un reflejo de los desafíos que enfrentan los países del Cáucaso y Europa del Este en sus relaciones con Occidente y Rusia. Las próximas semanas serán clave. Si las protestas logran que se repitan las elecciones, Georgia podría dar un paso importante hacia su integración en la UE, pero la desilusión hacia los partidos tradicionales seguirá presente.

Con las elecciones presidenciales a la vista, los georgianos deben mantener la presión, pues la presidenta en funciones se ha distanciado del Gobierno desde su elección en 2018 y ha sido opositora del mismo. Si se celebran las elecciones presidenciales y gana el candidato oficialista, las esperanzas de Georgia de unirse a la UE y acercarse más a Occidente se verán aplazadas, si no destruidas. Lo que está claro es que el futuro de Georgia y su posición en el tablero geopolítico están en juego.

El peligro creciente de un nuevo conflicto mundial

En la actualidad, hay tres lugares en el planeta en donde se libran conflictos que podrían provocar una nueva guerra global. Es el momento de mayor peligro desde los años sesenta.

El primer lugar es Ucrania, en donde la guerra cumple casi tres años. Putin pensó que la invasión a ese país sería fácil y rápida, como había sido con Crimea ocho años antes. Pero la ayuda de Estados Unidos y los países europeos le complicaron la vida a Putin.

Trump ha indicado que logrará resolver ese conflicto, poniendo a ambas partes a negociar, pero eso implicaría que Ucrania esté dispuesta a perder una parte importante de su territorio. Además, el escenario se complicó en las últimas semanas, porque Estados Unidos y otros países autorizaron a Ucrania utilizar misiles de largo alcance del ejército de esos países.

Putin ha respondido utilizando los misiles hipersónicos, los más veloces y modernos del mundo, que solo tienen Rusia y China. El ejército de Estados Unidos no tiene estos misiles.

Las alarmas se han encendido en los países europeos ante el escenario que la guerra en Ucrania se extienda al resto del continente.

Mientras tanto, el conflicto en Israel tampoco parece tener salida. El mayor peligro en esa región es que Irán e Israel se declaren la guerra, lo que arrastraría a Estados Unidos a apoyar a Israel, mientras que China y Rusia apoyarían a Irán. Hasta el momento, se han lanzado ataques mutuamente, sin provocarse daños significativos.

Por último, China sigue hostigando a Taiwán y está esperando el momento adecuado para invadir la Isla, lo que provocaría la reacción de Estados Unidos y Europa.

El mundo vive momentos críticos. El ascenso de dictadores y el “deseo de guerra” que parecieran tener nos coloca al borde de un conflicto global.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 28 de noviembre. 

El 26 de noviembre se aprobó una reforma clave que impacta directamente en el sistema político del país.

La modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO) aclara que la disposición sobre suspensión de personas jurídicas en casos de delincuencia organizada no aplica a partidos políticos. Esto corrige el uso indebido de la norma que permitió la suspensión provisional del partido Semilla, la cual deberá quedar sin efecto.

Recordemos que el partido Semilla fue suspendido provisionalmente en julio de 2023, por orden del juez séptimo penal. Este fue el primer caso en el que se aplicó el artículo 82 de la LCDO para suspender una persona jurídica, pero además, lo hizo contra un partido político.

Desde entonces, Semilla ha permanecido suspendido. Aunque su presidente y diputados lograron asumir sus cargos, los diputados electos del partido no pueden integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones en el Congreso porque, al estar suspendido, se les considera “independientes”.

Cuando esta reforma entre en vigor (es decir, tras ser enviada al presidente, sancionada y publicada en el Diario Oficial), Semilla podrá solicitar al juez séptimo que levante la medida. Este proceso no debería tomar mucho tiempo, aunque es posible que el tribunal busque alargarlo innecesariamente. 

Una vez que se levante la suspensión, el partido recuperará su personalidad jurídica, y sus diputados podrán volver a integrar la Junta Directiva del Congreso y presidir comisiones.

Pero el problema va más allá del caso de Semilla. La suspensión del partido nunca debió ocurrir. El artículo 223 de la Constitución garantiza la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, y establece que únicamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede regular estos casos. La disposición del artículo 82 de la LCDO, que se aplicó arbitrariamente, contradecía este principio fundamental.

Los constituyentes de 1985 fueron claros: querían superar cualquier lógica que permitiera bloquear el funcionamiento de los partidos políticos. Durante los debates constitucionales, señalaron que garantizar un sistema democrático funcional era esencial para evitar los abusos del pasado.

Lamentablemente, en 2023 la Corte de Constitucionalidad falló en proteger este principio. Tanto en su respuesta a una opinión consultiva del Tribunal Supremo Electoral como al conocer una inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la LCDO, adoptó una posición ambigua que terminó avalando su aplicación arbitraria.

Lo que ocurrió con esta modificación legal trasciende el caso Semilla. La reforma elimina una disposición que permitió abusos del derecho penal en contra de los partidos políticos, algo que contradecía tanto la Constitución como la intención de los constituyentes de 1985.

Se dio un paso clave para proteger nuestra democracia, pero queda claro que aún hay mucho por hacer para garantizar el respeto a las reglas del juego democrático.

Los dilemas humanitarios y políticos que plantea la migración seguirán evolucionando.

La crisis migratoria es uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Más de 110 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a nivel mundial debido a causas tan diversas como guerras, persecuciones y crisis económicas. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis, cuyas consecuencias se han manifestado en un auge de discursos nacionalistas y políticas de control migratorio.

La crisis humanitarias sigue siendo una de las razones por las cuales las personas emigran, ya sean causadas por guerras o por represión política. Un 65 % de los refugiados y personas en necesidad de protección internacional provienen de cuatro países: Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán, según datos de ACNUR. Aunque la mayoría de las personas desplazadas suelen ser acogidas en países vecinos, también hay quienes se movilizan hacia países más lejanos. 

La acogida de refugiados puede ser entendida como parte del compromiso global de luchar por los derechos humanos, un estándar que se defiende en muchas sociedades occidentales. Esta “responsabilidad moral” se ha visto reflejada en los esfuerzos de los países desarrollados o aquellos con mejores condiciones para acoger a quienes huyen de crisis. Sin embargo, el aumento en el número de refugiados e inmigrantes ha desatado una ola de discursos nacionalistas en países como Europa y Estados Unidos.

En teoría política, los dilemas derivados de la migración han sido objeto de estudio durante mucho tiempo y, probablemente, seguirán siéndolo a largo plazo, sin una solución fácil ni rápida. Estos dilemas incluyen temas como la integración cultural frente a la preservación de la identidad cultural, y los derechos de los migrantes frente a los derechos de los ciudadanos nacionales, que, a mi juicio, son algunos de los más relevantes en el contexto global actual.

El primer dilema central es el de la integración versus la preservación cultural. A medida que los migrantes llegan a nuevos países, surge la pregunta: ¿deben adaptarse a los valores, las costumbres y normas de la sociedad que los acoge? ¿O tienen el derecho de mantener sus propias culturas y tradiciones, incluso si esto entra en conflicto con las costumbres del país receptor? Aunque muchos sostienen que los migrantes deben poder preservar su cultura, ¿cómo garantizar que esta preservación no se convierta en un obstáculo para la integración social?

El segundo dilema se refiere a los derechos de los migrantes versus los derechos de los nacionales. Algunos países europeos, por ejemplo, ofrecen a los refugiados beneficios como alimentos, vivienda, y acceso a salud y educación. Sin embargo, muchos ciudadanos de los países receptores argumentan que estos recursos deberían estar destinados prioritariamente a los nacionales, especialmente en tiempos de austeridad o crisis económicas. La percepción de que los migrantes representan una carga económica crece cuando los servicios públicos, como la educación o la sanidad, se ven saturados.

En definitiva, la migración es un fenómeno complejo que exige un enfoque multidimensional. Los dilemas humanitarios y políticos que plantea seguirán evolucionando, pero es innegable que la migración, ya sea por causas económicas, sociales o políticas, seguirá siendo una constante. 

Estamos en peligro de nuevas guerras comerciales.

Desde 1945, ya casi 80 años, el mundo inició el proceso de globalización más exitoso de la historia de la humanidad. Muchos países alrededor del mundo comenzaron a reducir los impuestos a las importaciones y el comercio pasó de representar el 10% de la producción mundial en 1945 a más de 60% en 2008.

Estados Unidos lideró la apertura al comercio internacional, con la convicción que el intercambio era el camino hacia la prosperidad y la democracia.

Durante décadas, América Latina implementó una política de rechazo al comercio, con la idea que podíamos crecer promoviendo las industrias locales. Fue una idea errónea que nos aisló del mundo y que prevaleció hasta los años ochenta, pero a partir de los noventa la región se comenzó a integrar al comercio mundial. Esto trajo productos de mejor calidad y a precios más bajos, lo cual benefició a todos los consumidores.

Lamentablemente, en los últimos años, se ha perdido el entusiasmo por el libre comercio. Estados Unidos, el país que lideró esta política durante más de 70 años, inició una guerra comercial con China y ha impuesto aranceles a la Unión Europea. Donald Trump, el presidente electo de ese país, ha amenazado a Europa con poner aranceles de 10% a todos los productos de ese continente y ha hecho igual amenaza a México.

En el caso de Inglaterra, que fue el país líder de la globalización entre 1870 y 1914, decidió salirse de la Unión Europea, la segunda zona de libre comercio más grande del mundo.

El libre comercio impulsa mayor crecimiento económico, más empleo, mejores productos, menores precios. La pobreza se reduce.

A pesar de las políticas en contra del libre comercio que podrían implementarse en los siguientes años, no debemos olvidar los beneficios de permitir que las personas intercambien con total libertad.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 14 de noviembre. 

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela

Venezuela pasó de ser una de las prioridades en la política exterior estadounidense durante el primer gobierno de Donald Trump, a tener menciones marginales en su campaña de reelección en 2024. La razón de este viraje puede deberse, en una parte, al tono que tuvo su reciente campaña de enfocarse en los problemas económicos e internos de los Estados Unidos, y por otra parte, al fracaso estrepitoso de su administración anterior en lograr una transición democrática en el país petrolero.

A continuación, hagamos un breve recuento de lo ocurrido en el primer gobierno de Trump con respecto a Venezuela. El 11 de agosto de 2017, Trump dijo que “Venezuela no está tan lejos. Hay muchas opciones para Venezuela, y si fuese necesario, entre ellas está la opción militar”. Posteriormente, a partir el relato del ex secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, donde narra que a comienzos de 2019[1] “Trump insistió en que se inclinaba hacia una intervención militar y después hacerse con el país porque «en realidad forma parte de Estados Unidos»”[2] (p. 269). Sin embargo, rápidamente, Bolton hizo desistir a Trump de la idea de la intervención para que se decantara por una estrategia de presión sostenida con sanciones económicas al sector petrolero y apoyo con fondos a la oposición venezolana para finalmente provocar un quiebre en el ejército venezolano. Previsiblemente, una estrategia dependiente de una variable tan etérea como la eventual traición de los militares venezolanos, desembocó en una lucha de desgaste e hizo que Trump “perdiera interés y la confianza en el equipo de Guaidó” y culpara a Bolton de no haber podido lograr que la oposición derrocara a Maduro. 

En días recientes, a través de un reportaje de WIRED, se hicieron públicos los intentos de la CIA de derrocar a Nicolás Maduro en el primer gobierno de Trump. El reportaje confirma que estos intentos comenzaron, efectivamente, hacia finales de 2018 y su primera acción fue un sabotaje digital al ejército venezolano. Sin embargo, refiere el reportaje que las operaciones de la CIA no llegaron a buen puerto gracias a: “las tensiones entre una administración con partidarios de la línea dura centrados con láser en deponer al autócrata venezolano y una CIA profundamente reacia, pero sin embargo obligada, a seguir las órdenes de la Casa Blanca”[3].

Pero la CIA no fue la única que opuso resistencias a la liberación de Venezuela, según el reportaje: “cuando los funcionarios de la administración pidieron que los recursos de hacking de la NSA se redirigieran a Venezuela, un ex funcionario de la era Trump dijo que los altos funcionarios del Pentágono «se opusieron con fuerza»”, que la estrategia de la agencia fue “puramente perezosa” y que la propia directora de la CIA Gina Haspel, se oponía claramente a las órdenes de la administración y que "nunca aceptó hacer nada agresivo en Venezuela”  debido a los traumas históricos de otras intervenciones estadounidenses en los países de la cuenca del Caribe en el siglo pasado. Así las cosas, los funcionarios de la CIA y los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa, formaron una mesa de trabajo aparte y esta nueva instancia "reaccionó en una dirección opuesta a lo que consideraban agresividad de Bolton”.

Luego de eso, la disposición y el moméntum por la liberación de Venezuela se perdieron, llegó la administración de Joe Biden, que dio marcha atrás con la política de sanciones y entró en negociaciones con el régimen venezolano para la liberación de detenidos como el testaferro de Maduro, Alex Saab, preso en Miami por lavado de activos y los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, presos en New York por narcotráfico, a cambio de una jugosa licencia de operaciones para extraer petróleo de Venezuela que ha sido renovada hasta mediados de 2025[4]. 

¿Qué puede pasar en su segundo gobierno? Dos escenarios y sus probabilidades

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. A continuación, se analizan dos escenarios posibles y se evalúa la probabilidad de cada uno ante esta potencial designación:

1. Máxima presión 2.0:

En este escenario, la administración Trump retomaría una estrategia de presión intensificada contra el régimen de Nicolás Maduro, implementando sanciones económicas más severas y apoyando activamente a la oposición venezolana. Marco Rubio ha sido un crítico constante del gobierno de Maduro y ha promovido sanciones y medidas firmes contra su régimen. Su nombramiento como Secretario de Estado aumentaría la probabilidad de que este enfoque se materialice, ya que su historial indica una inclinación hacia políticas de línea dura en relación con Venezuela.

2. Acuerdo entre hombres fuertes:

Este enfoque implicaría una política más pragmática y transaccional, donde Estados Unidos buscaría acuerdos con el régimen de Maduro que beneficien sus intereses estratégicos, como la reducción de la migración o el acceso a recursos energéticos, sin insistir en una democratización inmediata. Aunque Rubio ha mostrado pragmatismo en ciertos temas, su postura histórica hacia Venezuela sugiere que es menos probable que adopte una estrategia que implique concesiones significativas al régimen de Maduro sin avances democráticos.

A continuación, esta matriz permite visualizar la probabilidad relativa de cada posible dirección política hacia Venezuela bajo el liderazgo de Rubio en la Secretaría de Estado:

[1] El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, entonces presidente del Poder Legislativo, bajo una interpretación “imaginativa” del articulo 233 de la Constitución venezolana, y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro para un siguiente mandato presidencial, fue proclamado presidente interino de Venezuela. La idea de este “interinato” era provocar una división en las Fuerzas Armadas y una transición a la democracia. Ninguna de las dos cosas ocurrió y el “interinato” finalizó en diciembre de 2022 con un desgaste y un desprestigio tremendo. Sobre esto ver: “La destitución de Juan Guaidó y el último clavo al ataúd de la oposición venezolana” https://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-destitucion-de-juan-guaido-y-el-ultimo-clavo-al-ataud-de-la-oposicion-venezolana

[2] Bolton nunca profundizó mucho en lo que quiso decir Trump realmente con esta afirmación, pero puede interpretarse como un regreso a la llamada doctrina Monroe de “América para los americanos”, que EE. UU. aplicó durante todo el siglo XIX y que luego, a comienzos del siglo XX, expandió hasta Centroamérica y el Caribe con la doctrina del garrote, usándola como justificación para intervenir militarmente en esos países. Sabemos que la aproximación de Trump y los conservadores a las relaciones internacionales está muy impregnada del “Neorrealismo”, una escuela de pensamiento que entiende los límites territoriales de los EE. UU., mucho más en un mundo multipolar. Por esta razón, no busca expandirse militarmente más allá de sus áreas de influencia naturales: México, Centroamérica y el Caribe.

[3] No es de extrañar que los planes encubiertos de cambio de régimen asistidos por la CIA en Venezuela fracasaran, dada la historia de esa agencia desde su creación en la Guerra Fría. Un buen recuento de sus fracasos y golpes de suerte, se encuentran en el libro de 2007 del periodista Tim Weiner: Legacy of Ashes.

[4] En marzo 2022, comenzaron los primeros acercamientos entre el gobierno demócrata de Joe Biden con el régimen venezolano, con la llegada de una misión del Dpto. de Estado que arribó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. A partir de allí comenzaron a aliviarse y levantarse ciertas sanciones económicas y se liberaron a detenidos como los sobrinos de la primera dama venezolana, presos en Nueva York por narcotráfico y tal vez el canje más importante: el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que se encontraba preso en Miami por lavado de activos. A cambio, el régimen debía comprometerse de descriminalizar a la oposición y celebrar elecciones libres en 2024. Sin embargo, no cumplieron los acuerdos y cometieron un fraude electoral sin ninguna consecuencia. Sobre esto, ver: ¿Por qué fracasó el Acuerdo de Barbados y qué sigue en Venezuela? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-fracaso-el-acuerdo-de-barbados-y-que-sigue-en-venezuela ¿Por qué Maduro no cayó el 28J ni ha caído en las semanas posteriores? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-maduro-no-cayo-el-28j-ni-ha-caido-en-las-semanas-posteriores

Debemos aprender a convivir con diversidad de ideas

Vivimos en un mundo de discursos de odio y conflictividad. La extrema izquierda y la extrema derecha están propagando mensajes que dividen peligrosamente a los países en dos bandos que se consideran enemigos entre sí.

En los años noventa, luego de la caída del comunismo, el mundo quería reconciliarse. Se había vivido varias décadas de una guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, que dejó muerte y destrucción.  La mayoría de las personas que vivieron esa época oscura querían pasar la página y enfocarse hacia el futuro.

Pero una minoría de extrema izquierda y extrema derecha, nunca dejaron atrás esa guerra fría. Para ellos, se tenía que continuar la lucha por desaparecer al otro. Ese discurso de odio se ha incrementado, creando graves conflictos en nuestras sociedades.

La extrema izquierda y la extrema derecha no están dispuestos a dialogar. Ninguno de los dos bandos es democrático. Quieren gobernar y desaparecer a los que consideran una amenaza. Cualquiera que los cuestione automáticamente se hace merecedor de la cárcel, el exilio o la muerte. Son movimientos violentos y sin escrúpulos.

Los ciudadanos no debemos dejarnos arrastrar por estos extremismos. La democracia implica vivir en diversidad de ideas y no se debe perseguir a las personas por sus convicciones.

Las derechas e izquierdas democráticas deben rechazar los extremismos, dando lugar a un diálogo y un debate respetuoso. Es totalmente normal estar en desacuerdo. Cada quién debe defender sus ideas, pero siempre respetando la dignidad de las otras personas.

El liberalismo que surgió hace cuatro siglos y que transformó el mundo para siempre, tenía dentro de sus principios, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. No dejemos que los extremistas nos arrastren a la violencia.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el lunes 11 de noviembre. 

El actual modelo de construcción colapsó.

La infraestructura del país entró en una grave crisis. Derrumbes, puentes colapsados y carreteras en muy mal estado, lo que significa largas colas y mayores costos de transporte.

Es probable que esto implique un aumento de precios en el futuro. La situación es crítica, porque termina afectando a las familias más necesitadas. Sin embargo, estamos cosechando lo que se ha hecho mal en las últimas décadas.

A mediados de los años noventa la infraestructura del país también entró en crisis. La Dirección General de Caminos había colapsado por los altos niveles de corrupción y entonces se creó COVIAL, una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicaciones que contrataría a empresas para que se hicieran cargo de la infraestructura del país.

La idea era que las empresas privadas harían un mejor trabajo que Caminos. Sin embargo, con el tiempo, muchos diputados, alcaldes, gobernadores y personas con conexiones políticas comenzaron a crear empresas para conseguir los contratos de COVIAL. Para conseguirlos, pagaban altos porcentajes en “mordida”, lo que resultaba en infraestructura de muy mala calidad.

COVIAL terminó siendo atrapado por una red de corrupción inmensa que ha ganado dinero haciendo pésimos trabajos de conservación vial, que se cae en los inviernos y que hay que reconstruirla constantemente. Y el problema se extiende a todo el MICIVI.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una Ley de Infraestructura, que pretende corregir los graves problemas en el actual modelo de construcción. Esa ley debe aprobarse, aunque deben analizarse muy bien los detalles de varios artículos para evitar los errores del pasado.

No podemos darnos el lujo de aprobar un nuevo marco legal que termine teniendo los mismos vicios de Caminos o COVIAL. El Congreso tiene la palabra.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de octubre de 2024.