La historia reciente ofrece tres ejemplos.

A 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, muchos sienten escepticismo sobre si el régimen venezolano reconocerá la victoria de la oposición[1]. Es entendible que luego de 25 años en el poder, de éxodos masivos, crisis humanitaria, represión y violaciones sistemáticas a Derechos Humanos[2], la desconfianza se apodere de muchas personas dentro y fuera del país. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones al voto libre que existen y han sido denunciadas por años[3], estas votaciones están planteando un punto de inflexión en la lucha por la democracia y efectivamente este 28 de julio pueden darse circunstancias que desencadenen en una eventual transición política.

Tomando las célebres categorías de Guillermo O'Donnell, se han identificado por lo menos cinco formas de transición del autoritarismo a la democracia[4], siendo una de ellas la transición a través de elecciones. A continuación, analizaremos con más detalle esta variante a través de tres casos de la historia reciente y qué lecciones arrojan para la Venezuela del 2024. 

Polonia en 1989

En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, jugó un papel crucial en desafiar el régimen comunista, que para ese entonces tenía 44 años en el poder. Las elecciones de junio de 1989, intervenidas y tuteladas por el oficialismo, permitieron que Solidaridad ganara una cantidad significativa de escaños en el parlamento. Esta victoria condujo a negociaciones con el régimen y, eventualmente, a la formación de un gobierno no comunista. 

Chile en 1989

La victoria del "No" en el plebiscito de 1988, llevó a la celebración de elecciones en 1989, en las cuales Patricio Aylwin fue el candidato opositor "potable" elegido por la Concertación de Partidos por la Democracia, luego de una negociación interna en donde, en un ejercicio de desprendimiento, los liderazgos de oposición más conocidos y enfrentados al régimen, como Ricardo Lagos, se apartaron de la contienda. Los resultados dieron como vencedor a Alwyn quien fue elegido presidente luego de 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, quien se mantuvo en la vida política chilena como senador vitalicio por la década siguiente. 

Sudáfrica en 1994

La transición a la democracia fue el resultado de un largo proceso de negociaciones entre el régimen del apartheid y los líderes del Congreso Nacional Africano (ANC), liderados por Nelson Mandela. Estas negociaciones permitieron la celebración de las primeras elecciones multirraciales en 1994. En esas elecciones, resultó ganador Mandela y su vicepresidente fue Frederick de Klerk, un liberalizador del régimen del apartheid. Estas elecciones marcaron el inicio de una nueva era de reconciliación nacional. 

Lecciones para Venezuela en 2024

Estos ejemplos históricos, descritos muy por encima, ofrecen varias lecciones importantes para la Venezuela de 2024. En primer lugar, es fundamental una oposición unida y organizada en torno a un objetivo común, una oposición que no pueda ser fácilmente fragmentada. En segundo lugar, el deseo de cambio compartido por la gran mayoría de la población que se moviliza el día de las elecciones para expresarse con el voto, es determinante para que haya una brecha significativa que no deje lugar a dudas del resultado electoral. En tercer lugar, la utilización de las propias reglas del régimen autoritario para promover la transición es clave para una eventual aceptación a lo interno de los factores del gobierno que estén dispuestos a encaminarse hacia una entrega del poder ordenada. 

Con este recuento, no estamos estableciendo una “fórmula” que aplique a todos los casos. Cada caso tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, en unos se dio primero una negociación que condujo a elecciones libres, y en otros, la contundente victoria en las urnas (a pesar de las restricciones) condujo a una transición negociada. Pero es muy importante destacar que para que efectivamente se dé una transición hacia la democracia, en todos los casos analizados, hubo una decisión del régimen autoritario de dejar el poder. En el caso venezolano no está claro si el chavismo está dispuesto de entregar el poder[5], aún habiendo permitido a la Plataforma Unitaria llegar hasta este punto[6].

Lo sabremos el 28J.

[1]  Los sondeos más confiables indican que existe una brecha de entre 20 y 25 puntos entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Si las elecciones fueran hoy, ganaría Edmundo González Urrutia con un 62%, frente a un Nicolás Maduro, que apenas tiene un 28% de intención de voto. Vía @herconsultore

[2] Al momento, el Foro Penal enumera 301 presos políticos, de los cuales 102 se vinculan a María Corina Machado y 71 de ellos han sido arrestados desde que comenzó la campaña electoral el 4 de julio de 2024. 

[3] La parcialización y desconfianza hacia el ente electoral, las irregularidades en el registro electoral, la falta de transparencia en el voto automatizado, sumado a la profunda judicialización de las elecciones a través de las inhabilitaciones, intervención de las tarjetas de los partidos, etc., la falta de observación internacional, el acarreo de votos, entre otros; son de los tantos cuestionamientos a la celebración de elecciones libres en Venezuela. 

[4] La primera forma es por la muerte del caudillo cuando no hay un mecanismo claro de sucesión, ejemplificada por los casos de República Dominicana en 1961 y España en 1975. La segunda forma es por la implosión del sistema, como ocurrió con la desintegración de la URSS entre 1989 y 1991, que dio lugar a la democratización en varias de sus ex-repúblicas. La tercera es la vía de fuerza o golpe de Estado militar clásico, como en el caso de Portugal en 1974 con la Revolución de los Claveles. La cuarta forma es a través de ocupación o tutela extranjera, como en Alemania en 1945 tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial y en Francia en 1946 después de la liberación. La quinta forma de transición a la democracia es a través de elecciones. 

[5] Recordemos que en dos oportunidades, el chavismo ha reconocido derrotas electorales: el referéndum de reforma constitucional de 2007 y las elecciones parlamentarias de 2015. En ambos casos, el papel de las Fuerzas Armadas fue clave. 

[6] Veamos los casos de Nicaragua en noviembre de 2021 y Rusia en marzo de 2024, donde se cerraron absolutamente todas las vías de participación de cualquier opción opositora incluso desde meses antes de la elección. 

La reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165.

Recientemente comenté en un hilo de X por qué el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) goza de derecho de antejuicio, en respuesta a varios comentarios que surgieron a raíz de una interpretación de un fallo de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 760-2003. Este fallo declaró inconstitucionales varias frases de la Ley en Materia de Antejuicio por extender indebidamente el derecho de antejuicio a funcionarios que no gozan de tal privilegio por disposición constitucional.

En mi hilo, expliqué que tanto el SCSP como los demás secretarios gozan de derecho de antejuicio según los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE).

Ahora bien, este privilegio no se otorga arbitrariamente por la LOE. Aunque el artículo 202 de la Constitución únicamente establece que “Los secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades” (resaltado propio), es necesario hacer la siguiente acotación:

El artículo 202 de la Constitución no ha sido reformado, pero el artículo 165 sí. Originalmente, su literal h establecía como competencia del Congreso:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, ministros, Viceministros de Estado cuando estén encargados del Despacho, Secretario General de la Presidencia y el Subsecretario que lo sustituya, Procurador General de Nación y diputados al Congreso;” (resaltado propio)

Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional de 1993, el texto dice ahora:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Vice-Ministros de Estado cuando estén encargados del despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, Sub-Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la Nación.” (resaltado propio)

La diferencia principal entre ambos textos es que el original establecía que el Congreso debía declarar si había lugar o no a formación de causa contra una lista más amplia de funcionarios, incluyendo a los diputados al Congreso y al Procurador General de la Nación. En cambio, el texto reformado redujo esta lista, excluyendo a los diputados y al Procurador General de la Nación, y añadió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al Procurador de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, y aquí la parte clave para nuestra discusión, la reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165. En tal sentido, lo establecido en los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la LOE es únicamente un desarrollo del precepto constitucional antes mencionado. Además, dichos artículos están vigentes y por tanto son de observancia obligatoria para la fiscalía y los tribunales de la república.

Más allá de ser una celebración del deporte, las Olimpiadas se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. 

El 26 de julio dieron inicio los Juegos Olímpicos de París 2024, el evento multideportivo más grande del mundo, en el cual participarán 206 países y se reunirán 10,500 atletas que competirán en 45 disciplinas. 

Con sus emblemáticos aros olímpicos, el evento busca reflejar la unidad entre los continentes, así como los valores de amistad y respeto. Su diseñador, Pierre de Coubertin, expresó que este símbolo también representa la disposición de los países del mundo a “aceptar sus fecundas rivalidades”. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Los Juegos Olímpicos no se salvan de jugar un papel político, geopolítico y ser una herramienta de poder blando, que no necesariamente deja de lado las rivalidades de la arena internacional. 

Aspectos políticos
En términos políticos, los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas. Es decir, de los 10,500 atletas compitiendo, 5,250 son hombres y 5,250 son mujeres. Las cuotas de género, cuyo fin es aumentar la representación de la mujer en distintos ámbitos, son esencialmente políticas. 

Los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas.

También podemos recordar un ejemplo más cercano. En el 2022, el Comité Olímpico Internacional ―COI― suspendió al Comité Olímpico Nacional de Guatemala por “injerencia política en el proceso de reelección del presidente.” Dicha resolución inhabilitó a los atletas guatemaltecos para competir bajo el nombre del país en competencias internacionales, y el Comité Nacional dejó de recibir financiamiento del Movimiento Olímpico. Incluso, de no haberse encontrado una solución al problema, los guatemaltecos que representan a Guatemala en París podrían haberlo hecho sin portar el nombre del país.

Aspectos geopolíticos
Por otro lado, en términos geopolíticos, en esta edición los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades. La participación de estos países en las Olimpiadas fue prohibida en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A pesar de que los atletas podrán participar en los eventos como Atletas Individuales Neutrales ―AIN―,  las condiciones para hacerlo incluyen “competir sin banderas, emblemas e himnos de sus respectivos países” y no participaron en la ceremonia de apertura. Si ganan medallas, estas no contarán en el tablero de medallas, y la bandera que se despliegue y el himno que se toque en el podio serán los de los AIN.

Los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades.

El conflicto entre Palestina e Israel ha sido también un tema geopolítico que ha despertado emociones entre las delegaciones y los locales. La delegación palestina pidió al COI que prohibiera la participación de Israel en esta edición. Sin embargo, el Comité indicó que no sancionaría al país en cuestión, y en respuesta a su participación, se han desencadenado protestas anti-Israel en París e incluso se han recibido amenazas de bombas. Ante esta situación, los atletas israelíes cuentan con seguridad las 24 horas del día.

Poder blando
Por último, el poder blando se refiere a la capacidad de influir de un país sobre otros sin utilizar medios coercitivos. Por ejemplo, los países buscarán influir en otros por medio de ideas, valores y cultura, a través de medios como la ciencia, la música, el cine y los deportes. Asimismo, las herramientas de poder blando también suelen mejorar la habilidad de un país para expandir sus relaciones con otros países y socios. 

El medallero olímpico es representativo del poder blando, ya que obtener muchas medallas refleja la capacidad de un país para desarrollar y formar a sus ciudadanos en diversas disciplinas deportivas, posicionándolos como líderes a nivel mundial y proyectando una imagen positiva del país en el escenario internacional, lo cual fortalece su prestigio.

El medallero olímpico es representativo del poder blando.

En el caso específico de los países anfitriones, los países buscan mejorar su imagen, su reputación y atraer turismo, aumentando su visibilidad global. El poder económico y cultural de un país anfitrión se refleja no solo en toda logística que conlleva el evento, sino también de manera más directa en la ceremonia de inauguración. 

Otro ejemplo de la relación entre las Olimpiadas de París y el poder blando es la decisión que el Gobierno francés tomó para reforzar su imagen en estos juegos: haber “subido a miles de inmigrantes sin hogar a autobuses”, enviándolos fuera de París antes del inicio de los juegos. Esto con el fin de dar una buena imagen ante los turistas y delegados: “El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió que los Juegos Olímpicos mostrarían la grandeza del país. Pero la Villa Olímpica se construyó en uno de los suburbios más empobrecidos de París, donde miles de personas viven en campamentos callejeros, refugios o edificios abandonados.”

Conclusión
Los Juegos Olímpicos son una plataforma en la cual la comunidad internacional ejerce poder blando, promoviendo la diplomacia cultural y divulgando valores como la excelencia y el respeto. Más allá de ser una celebración del deporte, se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. Desde la implementación de cuotas de género hasta decisiones geopolíticas que llevan a la suspensión de naciones, las Olimpiadas reflejan las complejidades y tensiones del mundo contemporáneo.

Los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

La organización World Vision con apoyo de USAID, presentó en estos días la Encuesta Juvenil 2023 con la que pretende contribuir a la comprensión del fenómeno de la juventud en el país, presentando datos de los temas que más afectan y preocupan a los jóvenes guatemaltecos.

Según el informe, desde el siglo XXI, uno de los rasgos distintivos del país ha sido la transformación de su estructura poblacional, que presenta un aumento significativo en el porcentaje de jóvenes, tendencia que se prevé continúe al menos durante los próximos 25 años. 

Para el año 2023, de los 17.6 millones de habitantes que tiene el país, 10.6 millones son menores de 29 años, esto es el 60.4% de la población. El 29.8% de la población tiene entre 15 y 29 años. Comparando con datos de hace 23 años, en el año 2000 el 72% de la población tenía menos de 29 años.  

Guatemala tiene algunos años de estar viviendo lo que se conoce como un bono demográfico, que se entiende como el período durante el cual la población económicamente activa supera a la población económicamente no activa en un país. Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

La encuesta también presenta datos de identificación étnica entre los jóvenes. Se estima que existe paridad de 45.7% entre la población que se autoidentifica como ladina y maya, para un total de 91.4%. Un total de 1.3 millones de jóvenes se identifican como mayas y 1.3 millones como como ladinos o mestizos. Por otra parte, 0.6% son garífunas, 0.2% xinkas, 0.3% extranjeros, 7.3% respondieron no saberlo y 0.1% no respondieron. Además, el 61.9% de los jóvenes encuestados manifestaron que el español es su idioma materno. 

La encuesta también presenta datos sobre el nivel socioeconómico en el que se encuentran los jóvenes del país. El 49% de jóvenes pertenece a los sectores socioeconómicos más precarios, de ellos el 16% está en el estrato bajo y el 33% en el medio bajo. El 49% pertenece a los estratos medio y medio alto, el 40% están en el estrato medio y 9% el medio alto. El restante 2% corresponde al estrato alto. En el estudio se puede encontrar una descripción del modelo ESOMAR, utilizado para estimar el nivel socioeconómico de los encuestados.

El estudio también preguntó a los jóvenes qué plataformas físicas o digitales utilizan para obtener información. El 42.1% de los jóvenes dicen utilizar las redes sociales como su principal fuente de información, el 23% dice usar el internet, el 18.1% dice todavía ver noticieros en televisión, el 10.4% escucha la radio y solo el 1% dice consumir periódicos impresos. El 3.2% mencionó a la familia y amigos como su principal fuente de información. Como era de esperarse, mientras más urbana la población, el porcentaje de jóvenes que dicen utilizar las redes sociales como principal fuente de información sube a 54.1%.

La dinámica migratoria es otro de los temas de interés para el estudio de la juventud en el país, principalmente porque esta se ha convertido en una de las principales estrategias de sobrevivencia para las familias guatemaltecas en los últimos años. Como parte de este análisis, el estudio identificó que el 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 40.9% de los jóvenes dice que considera necesario migrar para salir adelante. El país presenta un panorama muy desolador cuando se ve una juventud que no ve futuro posible en su hogar y su comunidad.

En materia educativa, los jóvenes guatemaltecos presentan importantes rezagos, el 31.7% ha concluido solo el nivel primario, el 27.5% terminó el ciclo básico y el 31.1% el diversificado. Solo el 7.3% dice tener una licenciatura y el 2.1% nunca ha estudiado.

El 58% de los jóvenes estudia en el sector educativo público, de ahí la importancia que tiene el rescate del Ministerio de Educación y el magisterio, el 35.3% estudia en establecimientos educativos privados, el 5% en establecimientos por cooperativa y solo el 1.6% en establecimientos educativos municipales. 

Podrían usarse en este texto más datos de la encuesta realizada por World Vision para seguir ahondando en el diagnóstico de la juventud guatemalteca, sin embargo, el objetivo no es hacer una síntesis exhaustiva del estudio sino dar unas ideas de un panorama que se presenta sombrío y ha cambiado poco en los últimos 20 o 30 años. 

Con los cambios políticos en Estados Unidos, la llegada de nuevas tecnologías y un mundo que cada día se vuelve más conflictivo, los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

La CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala.

La reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, del 22 al 26 de julio de 2024, dejó observaciones importantes sobre la democracia y los derechos humanos en el país. Estas visitas permiten a la CIDH evaluar de cerca la situación, con el consentimiento del Gobierno, recogiendo información directa sobre posibles violaciones de derechos humanos, reuniéndose con autoridades, sociedad civil y revisando lugares como centros de detención y comunidades afectadas.

El objetivo es obtener evidencia para elaborar informes con recomendaciones que mejoren la protección de los derechos humanos.

Durante su visita, la CIDH se reunió con más de 78 actores, incluidos representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, académicos y organismos internacionales.

En la conferencia de prensa del 26 de julio, la CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala. Esto no es nuevo para los guatemaltecos. Lo más relevante fue la denuncia sobre la instrumentalización de la justicia.

La CIDH identificó cinco patrones que lo evidencian: múltiples denuncias contra la misma persona para complicar su defensa, denuncias anónimas o infundadas para intimidar, aplicación de tipos penales ambiguos contra defensores de derechos humanos, abuso de prisión preventiva con fines punitivos y violaciones al debido proceso, como negar acceso a expedientes y dilatar los procesos.

Estas prácticas no solo violan derechos fundamentales, sino que también empujan a muchos al exilio o la clandestinidad, creando un clima de miedo que pretende paralizar la lucha por justicia y democracia en el país. Vale la pena identificar las causas de esta deplorable situación.

Algunos presidentes quieren quedarse en el poder para siempre.

El alto costo de la vida es un tema que nos preocupa. Los precios suben y nuestro dinero cada día vale menos.

La violencia también nos entristece y nos aflige. Vivimos en un país en donde a diario matan a padres, madres, hijos, estudiantes y muchas personas inocentes. Así hemos vivido desde hace más de treinta años.

La falta de trabajo afecta a la mayoría de los jóvenes. Por esa razón, miles de paisanos, todos los años, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y las encuentran.

Pero hay un tema que le ponemos poca atención y es igualmente importante: la pérdida de libertades en el mundo.

Cada día hay más presidentes que desean tener todo el poder y quedarse allí para siempre. Ejemplos sobran. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva 17 años en el poder; Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lleva 24 años gobernando ese país; el chavismo en Venezuela lleva 24 años, y el castrismo en Cuba ha estado 65 años en el poder.

Esos presidentes al inicio parecían muy buenos y la gente los adoraba. Entonces aprovecharon para quedarse con el control del Congreso, las Cortes de Justicia, el Ejército, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya controlaban todo, no les importó que el pueblo los rechazara. Si las personas manifiestan en contra de ellos, los mandan a la cárcel, al exilio o los matan.

Vivir bajo una dictadura es horrible. Por esa razón, jamás debemos renunciar a nuestra libertad. Hay que rechazar cualquier gobierno que quiera quedarse en el poder para siempre. No heredemos a nuestros hijos gobiernos tiranos y asesinos.

En agosto de 2021, los talibanes retomaron el control total de Afganistán, marcando el fin de una intervención militar de casi dos décadas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tres años después, ¿cómo se encuentra el país?

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ―ACNUR―, en 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos bajo su mandato, una cifra que se ha triplicado desde 2021. Además, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en 33 mil personas. Irán y Pakistán son los principales países receptores de refugiados afganos. La reciente repatriación forzada de afganos desde Pakistán ha sumado al menos seiscientos mil retornados, exacerbando la crisis.

La actividad económica de Afganistán permanece estancada, afectada por sanciones internacionales, la falta de inversión extranjera y la escasa ayuda humanitaria. Como resultado, enfrentan altas tasas de desempleo y una capacidad reducida para estimular la economía.

Además, los talibanes prohibieron el cultivo de amapola y la producción de opio que, aunque asociada con la producción de drogas, era la principal fuente de ingresos para los agricultores. La reducción de estos cultivos en un 95% ha tenido un impacto severo en la economía local, resultando en una pérdida aproximada de mil millones de dólares.

En 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos, una cifra que se ha triplicado desde 2021.

Hasta abril de 2024, “la pobreza afecta a la mitad de la población, con tasas de desempleo persistentemente elevadas y una contracción en las oportunidades laborales y empresariales.” Alrededor del 36% de la población enfrenta inseguridad alimentaria.

En términos de derechos humanos, las restricciones impuestas por el régimen talibán son severas, especialmente para las mujeres. Se les ha prohibido asistir a la escuela secundaria y universitaria, trabajar y, en algunos casos, hablar y movilizarse en público. Las libertades políticas y de prensa también han disminuido considerablemente, con la prohibición de partidos políticos y limitaciones a la socialización entre hombres y mujeres.

En el ámbito internacional, el régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional. No obstante, países vecinos como Pakistán e India, comprendiendo la necesidad de estabilidad y seguridad regional, han establecido relaciones diplomáticas con Afganistán. Además, China, Rusia e Irán han mantenido relaciones diplomáticas y acreditado embajadores talibanes. Estos pasos podrían señalar un intento de establecer una relación más estable con el régimen talibán, a pesar de la falta de reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional.

El régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional.

En julio de este año, se realizó en Doha, Qatar, la tercera reunión organizada por la ONU sobre el futuro de Afganistán y su integración en la comunidad internacional, con la participación de los talibanes. Esta reunión ha suscitado críticas, con algunos países argumentando que podría otorgar legitimidad al régimen talibán sin exigir mejoras significativas en los derechos humanos. Otros temen que la falta de acción podría marginalizar aún más a los afganos, perpetuando la crisis humanitaria.

La situación en Afganistán refleja un presente complicado y un futuro incierto tanto para sus habitantes como para Asia Central. La crisis humanitaria sigue en aumento, y el estancamiento económico, junto con las sanciones, indican que esta tendencia podría continuar. 

Mientras la región de Asia Central prioriza la estabilidad en Afganistán, Occidente se enfoca en exigir el respeto a los derechos humanos. A pesar de las dificultades que enfrenta Occidente para actuar y relacionarse debido al carácter represivo de los talibanes, este aislamiento también brinda una oportunidad para que potencias como Rusia, China e Irán refuercen su influencia en Afganistán, consolidando su presencia e intereses geopolíticos en la región.

En agosto de 2021, los talibanes retomaron el control total de Afganistán, marcando el fin de una intervención militar de casi dos décadas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tres años después, ¿cómo se encuentra el país?

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ―ACNUR―, en 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos bajo su mandato, una cifra que se ha triplicado desde 2021. Además, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en 33 mil personas. Irán y Pakistán son los principales países receptores de refugiados afganos. La reciente repatriación forzada de afganos desde Pakistán ha sumado al menos seiscientos mil retornados, exacerbando la crisis.

La actividad económica de Afganistán permanece estancada, afectada por sanciones internacionales, la falta de inversión extranjera y la escasa ayuda humanitaria. Como resultado, enfrentan altas tasas de desempleo y una capacidad reducida para estimular la economía.

Además, los talibanes prohibieron el cultivo de amapola y la producción de opio que, aunque asociada con la producción de drogas, era la principal fuente de ingresos para los agricultores. La reducción de estos cultivos en un 95% ha tenido un impacto severo en la economía local, resultando en una pérdida aproximada de mil millones de dólares.

En 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos, una cifra que se ha triplicado desde 2021.

Hasta abril de 2024, “la pobreza afecta a la mitad de la población, con tasas de desempleo persistentemente elevadas y una contracción en las oportunidades laborales y empresariales.” Alrededor del 36% de la población enfrenta inseguridad alimentaria.

En términos de derechos humanos, las restricciones impuestas por el régimen talibán son severas, especialmente para las mujeres. Se les ha prohibido asistir a la escuela secundaria y universitaria, trabajar y, en algunos casos, hablar y movilizarse en público. Las libertades políticas y de prensa también han disminuido considerablemente, con la prohibición de partidos políticos y limitaciones a la socialización entre hombres y mujeres.

En el ámbito internacional, el régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional. No obstante, países vecinos como Pakistán e India, comprendiendo la necesidad de estabilidad y seguridad regional, han establecido relaciones diplomáticas con Afganistán. Además, China, Rusia e Irán han mantenido relaciones diplomáticas y acreditado embajadores talibanes. Estos pasos podrían señalar un intento de establecer una relación más estable con el régimen talibán, a pesar de la falta de reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional.

El régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional.

En julio de este año, se realizó en Doha, Qatar, la tercera reunión organizada por la ONU sobre el futuro de Afganistán y su integración en la comunidad internacional, con la participación de los talibanes. Esta reunión ha suscitado críticas, con algunos países argumentando que podría otorgar legitimidad al régimen talibán sin exigir mejoras significativas en los derechos humanos. Otros temen que la falta de acción podría marginalizar aún más a los afganos, perpetuando la crisis humanitaria.

La situación en Afganistán refleja un presente complicado y un futuro incierto tanto para sus habitantes como para Asia Central. La crisis humanitaria sigue en aumento, y el estancamiento económico, junto con las sanciones, indican que esta tendencia podría continuar. 

Mientras la región de Asia Central prioriza la estabilidad en Afganistán, Occidente se enfoca en exigir el respeto a los derechos humanos. A pesar de las dificultades que enfrenta Occidente para actuar y relacionarse debido al carácter represivo de los talibanes, este aislamiento también brinda una oportunidad para que potencias como Rusia, China e Irán refuercen su influencia en Afganistán, consolidando su presencia e intereses geopolíticos en la región.

Algunos presidentes quieren quedarse en el poder para siempre.

El alto costo de la vida es un tema que nos preocupa. Los precios suben y nuestro dinero cada día vale menos.

La violencia también nos entristece y nos aflige. Vivimos en un país en donde a diario matan a padres, madres, hijos, estudiantes y muchas personas inocentes. Así hemos vivido desde hace más de treinta años.

La falta de trabajo afecta a la mayoría de los jóvenes. Por esa razón, miles de paisanos, todos los años, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y las encuentran.

Pero hay un tema que le ponemos poca atención y es igualmente importante: la pérdida de libertades en el mundo.

Cada día hay más presidentes que desean tener todo el poder y quedarse allí para siempre. Ejemplos sobran. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva 17 años en el poder; Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lleva 24 años gobernando ese país; el chavismo en Venezuela lleva 24 años, y el castrismo en Cuba ha estado 65 años en el poder.

Esos presidentes al inicio parecían muy buenos y la gente los adoraba. Entonces aprovecharon para quedarse con el control del Congreso, las Cortes de Justicia, el Ejército, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya controlaban todo, no les importó que el pueblo los rechazara. Si las personas manifiestan en contra de ellos, los mandan a la cárcel, al exilio o los matan.

Vivir bajo una dictadura es horrible. Por esa razón, jamás debemos renunciar a nuestra libertad. Hay que rechazar cualquier gobierno que quiera quedarse en el poder para siempre. No heredemos a nuestros hijos gobiernos tiranos y asesinos.

  ^{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario, 22 de agosto 2024.}

La CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala.

La reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, del 22 al 26 de julio de 2024, dejó observaciones importantes sobre la democracia y los derechos humanos en el país. Estas visitas permiten a la CIDH evaluar de cerca la situación, con el consentimiento del Gobierno, recogiendo información directa sobre posibles violaciones de derechos humanos, reuniéndose con autoridades, sociedad civil y revisando lugares como centros de detención y comunidades afectadas.

El objetivo es obtener evidencia para elaborar informes con recomendaciones que mejoren la protección de los derechos humanos.

Durante su visita, la CIDH se reunió con más de 78 actores, incluidos representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, académicos y organismos internacionales.

En la conferencia de prensa del 26 de julio, la CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala. Esto no es nuevo para los guatemaltecos. Lo más relevante fue la denuncia sobre la instrumentalización de la justicia.

La CIDH identificó cinco patrones que lo evidencian: múltiples denuncias contra la misma persona para complicar su defensa, denuncias anónimas o infundadas para intimidar, aplicación de tipos penales ambiguos contra defensores de derechos humanos, abuso de prisión preventiva con fines punitivos y violaciones al debido proceso, como negar acceso a expedientes y dilatar los procesos.

Estas prácticas no solo violan derechos fundamentales, sino que también empujan a muchos al exilio o la clandestinidad, creando un clima de miedo que pretende paralizar la lucha por justicia y democracia en el país. Vale la pena identificar las causas de esta deplorable situación.