Similitudes deleznables entre la política partidaria y la política gremial

El pasado 4 de enero, la Asamblea General del Colegio de Abogados realizó la primera vuelta para elegir magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El resultado fue un fiel reflejo del sistema político nacional. Los dos finalistas, Mynor Moto y Estuardo Gálvez, han sido cuestionados en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para optar al cargo.

Esta realidad no es muy distinta de lo que ocurre con las elecciones político-partidarias. En demasiadas ocasiones, los candidatos electos a cargos de elección popular, no necesariamente destacan por sus méritos éticos, académicos o profesionales. Por el contrario, sobran los ejemplos de candidatos vinculados a grupos de corrupción o crimen organizado que terminan ganando una alcaldía o diputación. Para muestra, en 2019, la UCN alcanzó 13 diputaciones meses después de que su presidenciable fuese sorprendido negociando con el Cartel de Sinaloa. O en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo más de 45 diputaciones, a pesar de que su binomio presidencial había sido señalado por actos de corrupción.

La realidad gremial no es muy distinta de la partidaria. La política en Guatemala, sin importar si los electores son ciudadanos de a pie o profesionales del derecho, está capturada por intereses corruptos o abiertamente criminales. En ambos, se replican las mismas prácticas cuestionables de acceso al poder.

El primer problema es el financiamiento de campañas. Así como en la política partidaria se desconoce sobre los verdaderos financistas de campaña, lo mismo ocurre en el CANG. ¿Acaso ya se solventó la duda sobre quién sufragó los gastos de avioneta y call center de Mynor Moto? Que no nos sorprenda entonces si aquella proporción de fuentes de financiamiento de la política, que indicaba que el 50% de las campañas electorales se financian por la corrupción y 25% por el narcotráfico, se replique también a nivel gremial.

Otra realidad del sistema electoral y de partidos es el clientelismo. En toda elección vemos cómo los grupos partidarios buscan comprar votos mediante rifas, entrega de alimentos y demás prebendas. Lo mismo ocurre en el CANG, quizá con un grado superior de sofisticación. Los “desayunos” gremiales, los cursos, las carnitas del día de votación o las fiestas tienen como fin la búsqueda de votos gremiales. Así como el votante en pobreza compromete su voto por un pan; el abogado lo hace por unas carnitas.

El fenómeno de la empleomanía también se replica en ambos mundos. A nivel partidario, cuantos activistas dedican horas-hombre a la campaña bajo la aspiración de acceder a una “plaza” una vez se llegue al poder. No es muy distinto lo que ocurre a nivel de agrupaciones gremiales en el CANG.

O qué decir del acarreo, fenómeno que elección tras elección caracteriza la dinámica del Día-D. A nivel gremial también vemos cómo instituciones públicas con alto número de abogados, “invitan” o directamente “movilizan” a sus profesionales para apoyar a determinada planilla o candidato.

Las mismas críticas que esbozamos cada cuatro años sobre las prácticas cuestionables de los partidos políticos en año electoral se replican, en un micro-cosmos, en el CANG. A una escala menor o con un poco más de sofisticación, la opacidad en el financiamiento, el clientelismo y el acarreo son el común denominador tanto en elecciones partidarias como en las gremiales. La similitud de prácticas entre el mundo partidario y gremial, o entre sectores desfavorecidos y profesionales, denota que el clientelismo y la opacidad son medios socialmente aceptados para acceder al poder, sea político o judicial.