Vistazo a vuelo de pájaro sobre algunos temas
La llegada de un nuevo año naturalmente invita a identificar los principales retos y desafíos en materia política e institucional. Sin duda, la gestión de la pandemia Covid-19 seguirá siendo el tema de qué hablar. En su momento, se pensó que la vacunación masiva constituiría la llave para retornar a la normalidad. Sin embargo, la experiencia Omicron y las medidas adoptadas por algunos gobiernos hacen pensar que a esta trama distópica aún le restan algunos capítulos más. El embate de Omicron en Europa abrió la puerta para una serie de debates más grises y complejos que el tradicional “apertura vs encierros” que imperó durante los primeros dieciocho meses de pandemia. Concretamente, los gobiernos occidentales adoptaron dos grandes líneas de política sanitaria. Por un lado, se planteó la necesidad de apostar por dosis de refuerzo; y por otro lado, se adoptaron medidas más estrictas respecto de la población no-vacunada.
Eventualmente, estas tendencias empezarán a replicarse en otras latitudes. Esto implica que, para el Ministerio de Salud, en 2022 no sólo deberá continuar con la titánica tarea de la vacunación, sino además, deberá incorporar también medidas para asegurar que la población ya vacunada pueda acceder a dosis de refuerzo en intervalos semestrales. Por otro lado, tarde o temprano llegará a nuestras latitudes el debate sobre las políticas diferenciadas respecto de población vacunada frente a la no vacunada.
Mientras Estados Unidos ha establecido como requisito de ingreso contar con esquema completo de vacunación, en las latitudes europeas, varios gobiernos han establecido normativas más restrictivas en función a su propio modelo de alertas sanitarias. En otras palabras, cuando el número de contagios se ha disparado, la principal medida de contención han sido las restricciones para población no-vacunada. Es decir, en lugar de retornar a las cuarentenas, los gobiernos han optado por limitar el acceso de los no-vacunados a comercios no esenciales, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Y naturalmente, detrás de ello, viene toda una discusión más profunda sobre los alcances éticos y constitucionales de las mismas. Tarde o temprano, este debate llegará a América Latina y a Guatemala.
Otro tema de la agenda 2022 serán los procesos de elección institucional. En mayo está programado el recambio de autoridades en el Ministerio Público; y en diciembre, en la Contraloría General de Cuentas. En el caso del primero, el proceso constituirá un capítulo más de la trama del conflicto político que ha imperado en el país desde 2017. La variable exógena de la ecuación será la actitud de Washington respecto del proceso de elección de nuevo fiscal. ¿Será esta la oportunidad para una desescalada en el enfriamiento de las relaciones bilaterales del país? ¿Apostarán los actores tradicionales por personajes oscuros como mecanismo para salvaguardar la agenda reaccionaria? ¿Se encontrará un escenario de consenso? Todas estas preguntas estarán a la orden del día entre febrero y mayo 2022.
Y luego como olvidarse de las alegres elecciones. Como si nada, estamos ya a menos de 18 meses del proceso electoral 2023. Y ante los plazos del calendario electoral, veremos cómo a partir del segundo semestre 2022, empiezan los movimientos de los partidos y candidatos que buscarán posicionarse de cara al proceso electoral. Aquí se presentan varios escenarios interesantes. Por ejemplo, ¿cómo culminará el conflicto por el control de la UNE? ¿Qué futuro político le depara a Sandra Torres? ¿Seguirá siendo la hace-presidentes de Guatemala? ¿Qué ocurrirá con candidaturas que en 2019 fueron rechazadas dado el cambio en las correlaciones de poder en el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad?
Y así, la culminación del descanso de fin de año trae consigo el retorno a la normalidad política.
