El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

Cuando el transfuguismo es una ruptura del espíritu de una elección

En el mundo de los sistemas políticos, existen dos grandes familias de modelos de representación. Por un lado, encontramos el modelo de representación “como delegación”, según el cual se designa a un representante (o representantes) para que actúen como “delegados” del cuerpo social. Por otro lado encontramos el modelo de “representación social”, según el cual se busca que el órgano de toma de decisiones sea una representación lo más exacto y proporcional al cuerpo social.

A modo de ejemplo. Asumamos que en un colegio o universidad se busca integrar un Consejo Estudiantil como órgano de representación. Bajo un modelo de “delegación”, cada clase elegiría a su delegado, que por sus características personales (liderazgo, capacidad, etc.) llevaría sobre sus hombros la representación individual de sus electores. En cambio, bajo el modelo de “representación social”, se buscaría que en ese Consejo quede representado, de la forma más proporcional posible, las diferentes visiones, intereses y demandas del cuerpo estudiantil. 

Aunque no es del todo exacto, se asocia el sistema de elección uninominal o por persona con los modelos de representación como delegación; mientras que los modelos de “representación social” están asociados con sistemas de representación de carácter proporcional o con elección por listados. 

Esta discusión teórico-conceptual es clave para abordar el debate sobre sistemas de elección y transfuguismo desde una perspectiva más integral. 

En un modelo de “representación social”, donde el elector vota por listados elaborados por partidos políticos a través de un sistema de representación proporcional de minorías, el transfuguismo constituye una transgresión absoluta al resultado electoral, puesto que el diputado no fue electo a título personal, sino como parte de un “partido” o un “listado”. 

En cambio, cuando el sistema de votación es de carácter uninominal, el bloque o listado partidario pierde relevancia, puesto que el votante está individualizando su voto en la persona a quien delegará su representación. Esto implica que si el diputado renuncia (o es expulsado) de su partido político, el daño a la voluntad popular es menor, puesto que el elector votó por la persona mas no por un listado o partido.

Esa es la razón por la que en Guatemala el transfuguismo históricamente ha constituido una completa aberración a la representatividad electoral. Hasta 2016 la Ley Orgánica del Legislativo reconoció la figura del “bloque independiente” (11 o más diputados independientes) o no generaba costos a diputado que renunciaba a su partido y se integraba al otro. Esto incentivaba que los diputados constantemente se separaran del partido que les eligió en un interés por buscar mejor posición en los listados electorales o como mecanismo para acceder a prebendas político-financieras. 

Sin embargo, la reforma del 2016 permitió alinear el espíritu de la Ley Electoral con la Ley Orgánica del Legislativo. Al suprimir la figura del bloque independiente, y al establecer costos a los diputados que renunciaban a sus bloques (como no poder integrar Junta Directiva o Presidir Comisiones Legislativas), se logró reducir el margen de maniobra de diputados que rompían de sus partidos electores, y por ende, que se alejaban de la voluntad del elector.  

La clave de toda discusión es ¿Qué pasa si se introduce un sistema de elección de carácter uninominal? La integralidad de la reforma implicaría entonces que el diputado en lo individual tendría más valor que el bloque en sí mismo, y por ende, se debiera conceder mayor flexibilidad dentro del hemiciclo. 

Según Naciones Unidas, “la pandemia del COVID-19 ha causado uno de las más grandes disrupciones de la educación en la historia, habiendo tenido un impacto prácticamente universal en estudiantes y docentes alrededor del mundo”. 

Durante los primeros meses de la pandemia, el cierre de los establecimientos educativos afectó al 94% de los estudiantes del mundo, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes desde preprimaria hasta educación superior en más de 200 países.

La mayoría de países han visto efectos en la educación a raíz de la pandemia, sin embargo para los países en vías de desarrollo los efectos han sido más preocupantes pues sus sistemas educativos se encontraban menos preparados para un desafío de esta magnitud. Para mediados del 2020, el 86% de los niños en educación primaria de países en desarrollo dejaron de asistir completamente a la escuela. En contraste, solo el 20% de los niños dejaron de asistir del todo a la escuela en países desarrollados, estos sistemas educativos más avanzados permitían continuar con un aprendizaje estructurado.

La implementación de la educación a distancia tampoco ha funcionado como una respuesta viable para todos los contextos. En Guatemala por ejemplo, familias de clase media con acceso a ciertos recursos han tenido que invertir, con algunas dificultades, en equipo de cómputo que no tenían y gastos adicionales en conexión a internet. Esto en el mejor de los casos, pero una gran mayoría de estudiantes y educadores siguen sin tener acceso continuo a internet. Según UNICEF, 1 de cada 3 niños y adolescentes aún no reciben educación a distancia de calidad en América Latina y el Caribe. 

Abandono escolar en Guatemala 

Datos preliminares del Ministerio de Educación indican que hasta 160 mil niños están abandonando la escuela en 2020. El 40% de estos se encuentran en sector privado, otro efecto más de la crisis económica provocada por la pandemia. Muchos de estos niños podrían integrarse al sector público, provocando un problema de sobrecarga en el sistema educativo público, que ya se encuentra en condiciones precarias. 

Actualmente, la mayoría de establecimientos educativos públicos y privados se encuentran cerrados. Muchos están implementando la educación a distancia, siendo obviamente el sector público el que se ha encontrado con la mayor cantidad de barreras para poder hacerlo eficientemente.

La educación a distancia en el sector público se ha implementado principalmente a través de hojas de trabajo, utilizando herramientas como servicios de mensajería tipo Whatsapp o mensajes de texto para comunicarse con los alumnos. Sin embargo, las barreras tecnológicas son aún demasiado grandes para ser superadas, especialmente en medio de una crisis de esta envergadura.  

El reto para el país en 2021 y los años siguientes será recuperar a los alumnos que salieron del sistema educativo y seguir luchando para mejorar las tasas de escolaridad, que ya presentaban un rezago importante antes de la pandemia. 

El esperado regreso a clases

Uno de los principales retos del 2021 para todos los países es la reapertura de las escuelas, principalmente debido al riesgo epidemiológico que representan los centros educativos y la intensa movilización de personas que implica retomar las clases presenciales. Varios países latinoamericanos han presentado sus protocolos para la reapertura segura de las escuelas; sin embargo, los principales retos a superar son carencias estructurales, como la falta de infraestructura adecuada y es difícil pensar que estos problemas, que datan de muchos años, serán superados en medio de la crisis. 

La clave para asegurar un regreso a clases aceptablemente seguro es implementar medidas sanitarias mínimas. Está claro que una buena parte de establecimientos educativos privados podrán cumplir con estos requisitos, pero el problema está en el sector público, el cual alberga a la mayor cantidad de estudiantes. La cuarta parte de las escuelas públicas del país no tienen condiciones mínimas adecuadas de agua, según Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. 

A nivel latinoamericano, la OMS indica que el 16% de las escuelas no tiene servicios de agua, 12% no cuentan con lavamanos y 28% tienen servicios limitados para el lavado de manos. Resolver estos problemas de infraestructura se convertirá en los próximos meses en la clave para asegurar la implementación de medidas sanitarias mínimas.  

Efectos de largo plazo 

Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, menos probable es que aquellos niños en mayor situación de vulnerabilidad regresen a estudiar. Las proyecciones de UNESCO para América Latina no son nada alentadoras, se espera que 3.1 millones de niños y adolescentes abandonen completamente las escuelas debido a la pandemia. La segunda región con el mayor retroceso del mundo. 

Este retroceso tendrá sin duda efectos de largo plazo en la educación, pero también en la capacidad de generar ingresos y el bienestar general de esta generación. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe podrían perder hasta US$1.2 billones de dólares en ingresos durante el ciclo de vida de la generación de estudiantes que vivieron la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19.

Los países tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para aplacar los efectos sociales de la gran pausa e implementar estrategias que permitan mejorar la efectividad de la educación a distancia, por si volviera a ser necesario en el futuro cercano. 

1. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B1as-esta-fuera-de-las-escuelas 
2. UNDP 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
3. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf

Reflexiones sobre criminalidad y castigos

No. No pretendo abordar la discusión sobre la pena de muerte desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter. 

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como el asesinato, la violación, el secuestro, con los agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”. 

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen. 

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente. 

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, Gustado Alejos y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema. 

Dicho esto, la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia, sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es la pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial. 

Cuando The Economist lanzó la primera edición del Democracy Index en el año 2006, calificó a Guatemala como una “Democracia Defectuosa” y nos colocó en la posición 77 de 167 países evaluados, con una calificación de 6.07 sobre un máximo posible de 10 puntos. Las cuatro categorías de este índice son: Democracia Plena, Democracia Defectuosa, Régimen Híbrido y Régimen Autoritario. Considerando estas categorías, la evaluación que se hacía de Guatemala era “aceptable”, tomando en cuenta que para entonces sólo teníamos 20 años de haber iniciado nuestro período democrático. Hubiese sido poco realista aspirar a ser una “Democracia Plena” en tan corto período de tiempo.

¿Qué ha sucedido desde aquella primera evaluación? Lamentablemente hemos experimentado un fuerte deterioro. En la edición de 2011, The Economist comenzó a considerarnos un Régimen Híbrido, que se define como una combinación de democracia con ciertos rasgos autoritarios. Lo que provocó la reducción de categoría fue el detrimento en el proceso electoral de ese año.  Quedaba claro que las campañas electorales en Guatemala costaban cientos de millones de quetzales, financiadas en su mayoría por la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué calidad democrática puede tener un país en donde el crimen es el principal financista de los partidos políticos?

Entre el 2015 y el 2016 se tuvo una mejora en la calificación, producto de los movimientos ciudadanos y la lucha contra la corrupción que se impulsaba en aquellos días. Si bien seguíamos siendo considerados un “Régimen Híbrido”, por lo menos mejoramos en participación política, dado que la ciudadanía estaba más activa y menos tolerante con la impunidad.

Lamentablemente, desde ese entonces hemos descendido de forma considerable, al pasar de la posición 79 en 2016, a la posición 97 (de 167 países) en el último reporte publicado recientemente. La caída más dramática ha sido en Funcionamiento del Gobierno, pero también se registró un deterioro considerable en Cultura Política y en Libertades Civiles.

Preocupa sobremanera que estemos en la misma categoría de Honduras, Bolivia, El Salvador y Haití; y peligrosamente cercanos a Nicaragua, Cuba y Venezuela que son considerados regímenes completamente autoritarios. ¿Hasta donde llegará el deterioro de nuestra democracia? ¿Nos convertiremos en un régimen autoritario?

El problema fundamental de Guatemala es que nunca se ha logrado que el poder político le rinda cuentas a la ciudadanía, y el Estado de Derecho ha sido sólo una quimera. El deterioro en nuestro sistema entre 2006 y 2014 fue tal, que las principales figuras políticas de aquel entonces exhibían sin ningún pudor la riqueza que habían “logrado” producto de la corrupción y los negocios con el Estado, con la certeza que jamás serían llevados a la justicia. 

En la elección de Corte Suprema de Justicia de 2014, los principales partidos políticos de aquel entonces se encargaron de poner a “sus magistrados” para garantizarse total impunidad. Estaban seguros de que controlaban todo el sistema de justicia y hablaban con cinismo y altanería ante los medios de comunicación, sin respeto alguno por la ciudadanía. Cuando se exhibió la podredumbre de nuestro sistema en los siguientes años, la ciudadanía salió a las calles manifestado su rechazo a esa clase política inescrupulosa que había saqueado al país, con la esperanza de que por fin iba terminar el reino de la impunidad.  Pero ese sueño por lograr un país con justicia pronto descarriló y hoy estamos ante un escenario similar al de 2014, en donde las mafias están por tomar control de las altas Cortes del país.

En las próximas semanas se elegirán magistrados para Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Las fuerzas criminales quieren cooptar el sistema de justicia. Si lo logran, se pavimentaría el camino hacia la consolidación de un Estado criminal. ¿De qué democracia hablaríamos entonces?

Este artículo y la imagen fueron originalmente publicados por El Periódico en Sociedad de Plumas: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/02/14/estamos-atestigua...

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tiene 39 años. Es uno de los primeros presidentes  “millenial”. Desde que asumió el poder el 1 de de junio de 2019, ha sorprendido a muchos, pero no precisamente por las mejores razones. En su discurso de toma de posesión aseguró: “nuestro país (refiriéndose a El Salvador) es como un niño enfermo, nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca a todos tomar medicina amarga, sufrir un poco de dolor”. Una clara y evidente referencia a la visión paternalista de los estados latinoamericanos para con sus ciudadanos. 

Desde ahí -y aún antes, en su campaña electoral- se empezaban a hacer evidentes los síntomas de su populismo y lo que sería un complicado camino para la democracia en El Salvador. En 2019 fueron muchos los escándalos que acompañaron su primer año de gobierno. Pasaron poco más de 6 meses desde su toma de posesión, cuando Bukele ordenó al Ejército salvadoreño irrumpir en la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de financiamiento para su plan de seguridad y no siendo suficiente, se sentó en la silla del presidente de un poder ajeno al suyo, violando el principio republicano de la división de poderes. Muchos catalogan aquel evento como un intento de golpe de Estado. Ahora se conmemora un año de aquel 9 de febrero, que será recordado como uno de los más desafortunados episodios de la democracia salvadoreña.

Con la pandemia, el discurso autoritario se intensificó. Las medidas sanitarias en El Salvador fueron algunas de las más agresivas en la región.  Una de las características principales de los populistas es que mientras arrebatan las libertades individuales, muchos les aplauden. 

La popularidad de Bukele se ha mantenido en números altos. Una encuesta de Mitofsky en julio de 2020 le concede el primer puesto en el top ranking de mandatarios con un 84% de aprobación. Un ejercicio de CID Gallup en noviembre de 2020 asegura que Bukele es el mejor presidente rankeado en la región con un 90% de aprobación. Todo esto sucede a pesar de que las medidas decretadas por el presidente provocaron la destrucción de 82 mil empleos formales y el PIB en El Salvador se desplomó  8.6% en 2020; sin agregar el componente de los múltiples escándalos de malversación de fondos que surgieron.

El pasado 9 de febrero Bukele viajó a Washington en una visita no oficial. Intentó reunirse con funcionarios del gobierno de Joe Biden, quienes rechazaron sus solicitudes. Algunas fuentes aseguran que el mensaje era un llamado de atención para atender a las normas básicas de la democracia y el Estado de Derecho. Otras, aseguran que se quería evitar que las reuniones fueran utilizadas con fines electorales previo a los comicios que se celebrarán el próximo 28 de febrero cuando serán las elecciones para la Asamblea Legislativa en el El Salvador. Con su partido recién creado, Nuevas Ideas, parece que el “bukelismo” podría tomar control de uno más de los poderes del estado salvadoreño convirtiéndose en la segunda fuerza política en el legislativo. 

En el ambiente político en El Salvador, se puede cortar la tensión con un cuchillo. A un año del 9F, un diputado de oposición del partido Arena solicitó que se aplicara el procedimiento constitucional a Bukele para determinar su incapacidad mental. 

No cabe duda que los salvadoreños, aquellos que no le aplauden, hoy por fin pueden ver la amenaza real, populista y autoritaria del mandatario. ¿Serán las instituciones salvadoreñas lo suficientemente fuertes para contrarrestarlo?

¿Por qué un guatemalteco en Ciudad de Guatemala se atraviesa un semáforo en rojo, conduce por encima del límite de velocidad o deja caer la basura en la calle sin mucha preocupación? ¿por qué un guatemalteco en Los Ángeles o en Chicago no se comporta del mismo modo? La respuesta es sencilla: si un chapín comete esas infracciones en Chicago o Los Ángeles sabe que es altamente probable que lo castiguen.

Esto resume una idea fundamental que planteó el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1930-2014). De acuerdo con el modelo de Becker, un criminal sopesará los “beneficios” de cometer un crimen en función de los costos esperados de su conducta. Dicho esto, ¿cuál es el “costo” de cometer un crimen? El castigo que recibiría el delincuente.

El castigo, sin embargo, depende de dos factores: la probabilidad de que el criminal sea castigado y, en segundo lugar, la severidad del castigo. En Guatemala se estima que la tasa de impunidad alcanza el 97%.

En el modelo de Becker esto explica perfectamente por qué hay altos índices de delincuencia: el costo de cometer un delito en Guatemala es bajísimo. Los delincuentes saben que, casi con total seguridad, saldrán impunes luego de cometer un delito. No interesa que la hipotética pena sea alta porque dado que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.

Por eso la idea de sugerir la pena de muerte como una solución a nuestros problemas es absurda. ¿Cómo resuelve el problema imponer sanciones más severas si la probabilidad de ser castigado sigue siendo baja?

No pretendo convencer a la gente que defiende la pena de muerte en una columna. Lo que sí intento es mostrar que en términos prácticos abrir el debate de la pena de muerte es una pérdida de tiempo. A las personas que defienden la pena de muerte también debería convencerles el argumento: de poco sirve decretar la pena de muerte si la probabilidad de castigo es casi nula.

Por otra parte, aplicar la pena de muerte es inviable por razones legales. Esto lo abordé en esta entrada hace unos años. Lo que debemos hacer es voltear a ver a la solución de fondo: arreglar el sistema de justicia.

De acuerdo con el Global Impunity Index, Guatemala califica como uno de los países con “alta impunidad”, lo cual confirma la tesis de que es la impunidad la causa de nuestros altos índices de violencia y delincuencia. 

No extraña cuando vemos que Guatemala tiene una media de 6 jueces por cada 100,000 habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes; cuando Guatemala tiene 1.6 defensores públicos por cada 100,000 habitantes. Costa Rica, un país con tasas de delincuencia más bajas tiene 23 jueces por cada 100,000 habitantes y 8 defensores públicos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo.

Eso sin entrar a valorar la “calidad” de los operadores de justicia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que publica el Foro Económico Mundial, Guatemala clasifica en el puesto 100 en términos de independencia judicial. Nuestra calificación es comparable a la de países como Camerún, Mali, Zimbabue o México. 

Así que hago una sugerencia: en lugar de plantear sandeces, exijamos a los diputados que inicien una discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. De paso exíjanosles que nombren magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, ya que no lo han hecho porque pretenden subordinar a los tribunales a sus intereses criminales. Eso sí que nos lleva a la raíz del problema central: la impunidad.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo.

No cabe duda que Guatemala tiene potencial de crecer económicamente. Nuestra ubicación geográfica, con conexiones al Pacífico y el Atlántico, y con la cercanía al mercado más grande del mundo (Estados Unidos) sin duda nos brinda ventajas que otros países  envidiarían. Nuestro clima agradable los 12 meses del año, nuestra gente “chambeadora”, nuestras riquezas naturales y arqueológicas nos podrían convertir en la potencia del turismo centroamericano. Todo esto es cierto y podríamos repetirlo hasta la saciedad, pero la pregunta de fondo debe ser ¿por qué a pesar de ese “potencial”, llevamos 200 años de subdesarrollo económico y social? ¿Por qué no hemos logrado alcanzar el mismo nivel de desarrollo que Chile o Uruguay; o mejor aún por qué no logramos  convertirnos en un país desarrollado?

Guatemala ha hecho avances en las últimas décadas, no cabe la menor duda,  pero hay dos aspectos que no debemos perder de vista. Lo primero es que gran parte de la “reconfiguración” que vemos en el interior se debe a los más de $100,000 millones de remesas que ha recibido el país desde el 2002. Es innegable que esto ha ayudado a millones de guatemaltecos a tener una mejor vivienda, alimentar mejor a sus hijos y enviarlos a la escuela, lo cual ha repercutido en mejores indicadores para el país. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería el panorama para Guatemala sin ese flujo constante y creciente de remesas? ¿Qué crisis políticas, económicas y sociales estaríamos enfrentando sin el trabajo de más 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos? Y más aún, ¿cuál es el mérito de que el principal motor de una economía sean las personas que tuvieron que ir a una especie de “exilio” porque no pudieron encontrar empleo en su país de origen?

Y el siguiente punto que tenemos que enfatizar es que los cambios que ha experimentado el país en las últimas dos décadas suceden a un ritmo demasiado lento. Si decidimos dejarnos “llevar por la inercia” de los últimos veinte o treinta años, podríamos quedarnos atrapados  en el subdesarrollo un siglo más. Hay que decirlo, nuestro ritmo de crecimiento económico no nos convierte en una economía dinámica que nos augura llegar al desarrollo en la próxima década, ni siquiera en los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué tendríamos que estar conformes y ser autocomplacientes con este ritmo de crecimiento? ¿Por qué nos tenemos que “felicitar” por ser una economía mediocre?

Hay personas que les gusta ver el “vaso medio lleno”, pero el problema con este tipo narrativa es que no nos llevan a nada, más que a la autocomplacencia. Y además son terriblemente insensibles con el 50% de la población que viven en la pobreza desde hace décadas ¿Cómo explicarle a un niño que sufre desnutrición crónica y no asiste a la escuela que debe estar optimista de que talvez sus bisnietos logren superar la pobreza, porque este país no es capaz de despegar económicamente? Este no es un país de oportunidades laborales, este no es un país de alto crecimiento económico, este no es un país que permita la movilidad social, este no es un país que permita el “sueño guatemalteco”.

La evidencia de nuestro fracaso como país es que cada año miles de guatemaltecos intentan dejar esta “economía con gran potencial” porque no encuentran trabajo o porque tienen que salir huyendo por amenazas a su seguridad. Un país exitoso es el que recibe migrantes, no el que expulsa a una proporción importante de su población.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo. Por el contrario, la autocomplacencia nos hace creer que “todo está bien” y que solo se necesitan cambios cosméticos.

El problema de Guatemala es que sus instituciones han sido cooptadas por la corrupción, la impunidad y ahora por el narcotráfico. Y el riesgo de un mayor deterioro es evidente  y nos podría llevar a escenarios bastante complicados de los que sería muy difícil salir.

Hace unos años, muchos estaban contentos con el “desempeño económico” de Nicaragua. Era el “ejemplo” de la región. Hoy ese país vive unos de los períodos más oscuros de su historia y casi ninguna empresa quiere llegar a invertir allí. Ojalá que en Guatemala no nos estemos lamentando en unos años por nuestra negligencia y miopía.

Dejemos de celebrar la mediocridad y exijamos los cambios que necesita el Estado de Guatemala.

Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.