A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

A principios del año, cuando comenzaban los encierros y las cuarentenas por los primeros brotes de COVID-19 y su rápida propagación en los cinco continentes de la Tierra, muchos resaltaron los beneficios de la “Gran Pausa”: la disminución de la polución en la atmósfera, el regreso de la vida animal a espacios urbanizados y el reverdecer de la vegetación, la purificación de ríos y océanos, además de mayor tiempo para la introspección y el crecimiento personal; todo gracias a la interrupción abrupta de los procesos industriales del mundo contemporáneo.

Como resultado de la pandemia, por primera vez en la historia, el mundo entero ha hecho una pausa en muchos aspectos de la vida de forma simultánea y general. Deliberadamente se ha tomado la decisión colectiva de “desconectar” grandes segmentos de la economía. Esta pausa global es inédita, o al menos no se tienen registros de algo similar en nuestro pasado reciente y remoto.

A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

El momento histórico con el que podemos hacer las mayores equivalencias en el presente dado el nivel de globalización actual es, por supuesto, la pandemia de gripe española de 1918-1919. Sin embargo, encontramos que durante esos meses la vida no se detuvo sino que simplemente la gente adaptó su comportamiento individual para que las prácticas sociales continuaran (más o menos) de forma similar a como han sido siempre. Sabemos a partir de la prensa de la época, que en absoluto se detuvo la actividad económica y que sólo se sugerían las prácticas conocidas de higiene del lavado de manos y taparse la boca al toser. Solamente en algunos momentos de picos de contagio de las distintas oleadas, cerraron ciertos lugares públicos de esparcimiento. De hecho, se aprecia incluso un crecimiento de casi el 1% en el PIB de los Estados Unidos entre 1918 y 1919[1]. Del otro lado del Atlántico, la situación europea no es muy diferente, pues recordemos que salían de la Primera Guerra Mundial y necesitaban cumplir con las excesivas reparaciones estipuladas en el Tratado de Versalles y la gran mayoría de los devastados países requerían urgentemente reestructurar sus fronteras y mercados y recomponer sus economías nacionales sin ningún tipo de plan de ayuda para la reconstrucción, así que no podían darse el lujo de detenerse por la influenza.

De manera que no existe un sustento histórico que justifique el extraño experimento de la “Gran Pausa” de 2020. Nunca antes en ninguna epidemia o pandemia de la historia se había aplicado algo similar a lo que tenemos cinco meses viviendo. Así que la apología actual a la gran pausa global responde a justificaciones morales y racionales exclusivas de nuestros valores del presente como por ejemplo:

• La adopción por todo el mundo del procedimiento de principios de año aplicado en Wuhan, China, con encierros, confinamientos severos a toda la población, prohibición de toda actividad pública y toques de queda.
• La concepción de la salud como derecho universal, idea que no existía antes de 1920 y que se consolidaría en el Estado de bienestar de la posguerra en 1945.
• La responsabilidad de los Estados dentro de la noción de Derechos Humanos a partir de 1948.
• La idea de que los modelos matemáticos deterministas utilizados en la epidemiología son aplicables totalmente a la realidad.
• La falta de memoria histórica ya que la última gran pandemia está muy lejos de nuestro horizonte temporal e incluso generacional (102 años).
• La idea de que el avance de las telecomunicaciones (internet y otras tecnologías de la información), la sofisticación cada vez más vertiginosa de la mano de obra, la transición acelerada hacia economías de servicios y los mercados financieros; nos proporcionan actualmente las herramientas y la logística necesarias para mantener los servicios esenciales en funcionamiento aún en confinamiento, por una parte, y por otra parte, también para que los bancos centrales y los gobiernos gestionen el impacto económico resultante.

De manera que el abordaje actual a la crisis sanitaria y económica se arraiga mucho en la creencia errónea de que en 2020 nos hallamos en la cúspide civilizatoria y que esta vez la humanidad, dotada de los mayores avances científicos y tecnológicos, podía controlar una serie de variables que nos harían capaces de domar a la naturaleza. Una mezcla de lo que Hayek llamó la fatal arrogancia y lo que Ortega y Gasset denominó la altura de los tiempos. Sin embargo, la naturaleza nos ha dado nuevamente una lección de humildad y los consensos científicos se muestran cada vez más endebles, los gobiernos se muestran cada vez más impotentes para gestionar la crisis y las economías desarrolladas ya se muestran incapaces de sostener por más tiempo el shock de oferta y las consecuencias sociales de los cierres severos comienzan a crear problemas de gobernabilidad.

Por los momentos, lo único que sabemos es que a pesar de que la realidad nos golpea diariamente y evidencia nuestras limitaciones, los burócratas y planificadores insisten en seguir adelante con este experimento biopolítico de tintes cada vez más totalitarios.

[1] Louis Johnston and Samuel H. Williamson, "What Was the U.S. GDP Then?" MeasuringWorth, 2020. En https://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/ 

La persistencia -durante décadas- de un sistema político de carácter patrimonialista (donde el Estado se concibe como un botín y fuente de riqueza), aunado a la multiplicación de espacios para la obtención de rentas indebidas, provoca que la corrupción supla el vacío como nivelador social.

Las sociedades que han alcanzado niveles significativos de desarrollo tienen una característica socioeconómica importante: sus clases medias son vigorosas, pujantes y estables. Existen mecanismos de elevación social y de progreso inter e intra generacional.

La capacitación técnica, la educación superior, el sistema de seguridad social son algunas de las precondiciones que facilitan que las clases medias se desarrollen y fortalezcan en el tiempo. Más importante aún, es la existencia de un mercado laboral dinámico, estimulado mediante inversión estratégica -tanto pública como privada- y empresarialidad que permita generar fuentes de ingreso, oportunidades de desarrollo y estabilidad económica a estos estratos intermedios de la sociedad

Guatemala, por el contrario, adolece de un mal endémico. La falta de crecimiento económico constante y el carácter primario de las actividades económicas nacionales provoca una falta sistémica de oportunidades de empleo y limita el incremento transversal en la generación de rentas del trabajo. Sin ello, el ideal del desarrollo de estratos intermedios de la sociedad se ve seriamente limitado.

Sin embargo, hay una alternativa a esta realidad. La persistencia -durante décadas- de un sistema político de carácter patrimonialista (donde el Estado se concibe como un botín y fuente de riqueza), aunado a la multiplicación de espacios para la obtención de rentas indebidas, provoca que la corrupción supla el vacío como nivelador social.

Generalmente cuando se analiza la realidad de la corrupción sistémica, la primera imagen que viene a la mente es la de los grandes cabecillas de estructuras de corrupción que generan grandes fortunas mediante el espolio de lo público. Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos son quizá los nombres más sonados de esta trama.

Sin embargo, atrás de los Baldizones, Sinibaldis y Alejos hay decenas, cientos o incluso miles de beneficiarios de la micro-corrupción. Las plazas fantasma dentro del Estado, en las cuales una parte del pago va al político, sirve como una fuente de ingreso para alguna persona que quizá sufría del desempleo o subempleo. Veamos casos concretos. Detrás de los casos de diputados y plazas fantasmas, hay decenas de personas que se acoplaron al modelo porque era una fuente constante, aunque indebida, de ingresos.

El pitufeo de sobornos, que se refiere a esa práctica de cobro de “módicas” sumas de dinero a cambio de trámites o agilización de procesos en infinidad de instituciones, son un complemento a los ingresos de servidores públicos, que en la mayoría de casos, están mal remunerados. Para muestra, las recientes capturas de la Línea II, muestra a funcionarios medios y bajos de la Administración Tributaria que eran beneficiarios -marginales- de las ganancias de la macro red de corrupción.

En otras ocasiones, las redes de corrupción y tráfico de influencias permiten a personas escalar por el cursus honorum de la administración pública y ascender socialmente. La historia de Roberto López Villatoro -el rey del tenis- y sus redes de influencia en el Organismo Judicial va más o menos por ahí. Durante años, se convirtió en una especie de elevador social para decenas de juristas que a través de los buenos oficios de López Villatoro pudieron acceder a cargos dentro de la administración de justicia, e incluso, realizar estudios de posgrado en universidades en el extranjero.

Pero esto no se queda ahí. En ocasiones, la corrupción se convierte en un mecanismo de sostenibilidad de posición social, sobre todo en aquellos casos donde el abolengo de otrora ya no equivale a la situación patrimonial del presente. Para muestra, esta quizá sea la explicación sociológica detrás de lo revelado por la Corte del Distrito Sur de Florida en relación con el exministro de Economía, Acisclo Valladares.

Y así la historia de un fenómeno cuya profundidad supera el análisis político-institucional. En países con sistemas patrimoniales arraigados y donde el mercado es incapaz de absorber a un creciente número de trabajadores, la corrupción se convierte en una suerte de ascensor social.

El 1 de julio de 2020, la Asamblea Popular Nacional, el cuerpo legislativo de China, impuso una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. Las relaciones entre China y la zona administrativa especial se han intensificado desde que Xi JinPing asumió la presidencia de China, aquí un breve resumen para entender los irreversibles daños a la libertad en Hong Kong.

ENTENDIENDO HONG KONG

En el siglo XIX (1840), Gran Bretaña tomó control de Hong Kong durante las Guerras del Opio. El imperio británico, atacó al imperio chino por criminalizar el comercio del opio. Al declararse vencedores de la guerra, el imperio chino fue obligado a pagar reparaciones, abrir puertos y otorgar privilegios extraterritoriales a ciudadanos extranjeros. Además, se vio obligado a firmar una concesión por 99 años del territorio constituido por Hong Kong, que empezaría a partir del 1 de julio de 1898.

En 1997, Gran Bretaña devolvió a China el control de Hong Kong. En las negociaciones se acordó que regiría bajo el principio de “Un país, dos sistemas”. Esto básicamente significa que se mantendría la estructura de libertades políticas, sociales y civiles para favorecer el exitoso modelo económico capitalista por lo menos por 50 años más, hasta el año 2047. En términos más explícitos, Hong Kong podría tener:

1. Su propia moneda
2. Su propio sistema legal
3. Libertad de prensa
4. Derecho de protesta
5. Su propio cuerpo legislativo

Estos acuerdos están recogidos en las Leyes Básicas de Hong Kong que entraron en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y cuyas negociaciones se dieron a través de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. El texto es explícito en mencionar que el sistema y las políticas públicas de corte socialista no serían practicados en Hong Kong en línea con el Artículo 31 de la Constitución de la República Popular China que admite zonas administrativas especiales. 

EL PUNTO DE QUIEBRE

En 2013 cuando Xi JinPing asumió la presidencia de la República Popular de China, adoptó una postura más intervencionista respecto a Hong Kong. Desde entonces, las tensiones entre la zona administrativa especial y China han ido en incremento.

En 2014, China solicitó que cualquier candidato a Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, debía ser leal a China y Hong Kong. Las implicaciones de este mensaje era que China haría una preselección de los candidatos que podrían participar en las elecciones. Esto desencadenó en las protestas de las Sombrillas Amarillas donde los protestantes acamparon afuera del Distrito Central de Negocios por tres meses.

Entre octubre y diciembre de 2015, 5 personas vinculadas a Causeway Bay Books fueron detenidas. Causeway Bay Books es una librería independiente (que ahora tiene su sede en Taiwán) conocida por tener disponibles libros sobre política china que están prohibidos en la China continental.

En los meses siguientes a la detención, fotografías, cartas e inclusive un video que circuló en televisión nacional, insistían en que los 5 desaparecidos habían ido voluntariamente a China para entregarse a las autoridades. Sin embargo, en 2016, meses después de su regreso a Hong Kong, Lam Wing-Kee, uno de los dueños de Causeway Bay Books y también, uno de los desaparecidos, dio una conferencia de prensa en donde presentó detalles sobre su detención de 8 meses y describió que los videos de confesión habían sido arreglados. Estas revelaciones sorprendieron a Hong Kong y a la comunidad internacional por la clara violación a la Declaración Sino-Británica y al principio de “Un país, dos sistemas”.

Entre 2016 y 2017 China descalificó a 6 miembros electos para el Consejo Legislativo de Hong Kong por utilizar la ceremonia de juramentación como una plataforma de denuncia en contra de los abusos de poder. Su fundamento fue con base en la Interpretación del Artículo 104 de las Leyes Básicas de Hong Kong en donde se hace mención que aquellos quienes digan palabras que no están contenidas dentro de la juramentación escrita en la ley, no serán tomados en cuenta.

En septiembre de 2018 China aseguró que las leyes chinas podían aplicarse en algunas zonas de Hong Kong. Específicamente en la zona de Kowloon Oeste donde se encuentra la estación de trenes de alta velocidad que conecta ambos territorios. Las Leyes Básicas de Hong Kong, en el Artículo 18 son claras en especificar que las leyes nacionales no podrían ser aplicadas en la Región Administrativa Especial con excepción de algunas que están enumeradas dentro del Anexo III de la ley. Además, se reveló la construcción del puente de Zhuhai, que sería pagado con impuestos de los hongkoneses y que fue interpretado como un movimiento de la China comunista por recuperar el control de Hong Kong.

En junio de 2019 se introdujo el proyecto de ley de legislación sobre delincuentes fugitivos y asistencia judicial recíproca en materia penal. Esta última admitía la extradición de oponentes políticos en Hong Kong para ser juzgados en China. Esto llevó a que los ciudadanos hongkoneses desarrollaran una serie de protestas en donde participaron más de 2 millones de personas. Las denuncias y movimientos en favor de la libertad, continuaron incluso después de que la ley fuera retirada en septiembre de 2019.

Las protestas tenían 5 demandas puntuales:

1. Que las protestas no fueran categorizadas como amotinamientos.
2. Amnistía por los protestantes detenidos.
3. Investigaciones independientes por la brutalidad policial.
4. Implementación del sufragio universal completo.
5. Retirar la propuesta de ley de legislación sobre delincuentes fugitivos y asistencia judicial recíproca en materia penal. (Esta última sí se logró)

2020 - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El artículo 23 de las Leyes Básicas de Hong Kong, establece que: “La Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes por sí sola para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno Popular Central”.

En 2003, el gobierno de Hong Kong hizo un intento de introducir una propuesta para la Ley de Seguridad Nacional. Alrededor de 500mil personas se reunieron en la protesta más grande en la ciudad desde que China recuperó su control en 1997. Desde entonces y hasta ahora, no se había intentado presentar legislación en esta materia.

17 años después, con la pandemia, el Gobierno Chino identificó un momento político clave. Las disposiciones emitidas para evitar aglomeraciones y las prohibiciones para realizar actos masivos, se presentó como un escenario en el que probablemente no habría protestas. Por lo tanto, la Asamblea Popular Nacional, el cuerpo legislativo de China, impuso una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong bajo sus propios términos. 

El texto de la Ley de Seguridad Nacional se publicó cuando entró en vigor el 30 de junio de 2020 a las 23 horas. El documento comprende 66 artículos para reprimir 4 delitos específicos: separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras. Dentro de la ley, se establece la creación de una Oficina de Seguridad en Hong Kong con autoridades de la China continental y les dota de facultades para interpretar las normativas.

Como se mencionó anteriormente, el Artículo 18 de las Leyes Básicas establece que las leyes chinas no pueden ser aplicadas en la zona administrativa especial de Hong Kong, con excepción de asuntos en materia de defensa, relaciones exteriores o circunstancias excepcionales; con lo cual, China puede imponer un Estado de Emergencia. Esto, con base en lo establecido en el Anexo III de las leyes. La imposición de la Nueva Ley de Seguridad Nacional, es una clara violación al Estado de Derecho que los hongkoneses por mucho tiempo se habían asegurado de intentar defender. 

Solo 6 semanas después de la aprobación de esta nueva ley de seguridad nacional, Hong Kong es un lugar prácticamente nuevo. Donde antes había un oasis de libertad en medio del desértico régimen comunista chino, hoy hay miedo, censura y abusos de las autoridades.

Desde que entró en vigor la ley de seguridad nacional, las autoridades de Hong Kong han arrestado a personas consideradas defensores de la independencia de China, han perseguido críticos en el extranjero, han excluido a 12 candidatos a favor de la democracia de las elecciones legislativas y han pospuesto las elecciones por un año.  Las acciones perpetuadas por las autoridades de este nuevo cuerpo de seguridad ya confirmaron que la ley está siendo y seguirá siendo utilizada de manera agresiva para sofocar la cultura política, la prensa y sobre todo la libertad.

Por 23 años Hong Kong fue un bastión de la libertad, hoy es una víctima más del servil comunismo.

El punto fundamental es que como sociedad debemos reaccionar y dejar el conformismo del crecimiento económico mediocre que hemos tenido en los últimos treinta años. Y, en segundo lugar, debemos comprender que, si no reformamos el Estado, jamás seremos capaces de diseñar e implementar un modelo de desarrollo exitoso.

La economía guatemalteca tuvo una caída histórica, de entre 8% y 10%, en el segundo trimestre del año. El encierro parcial tuvo un alto costo económico y con la reapertura, la perspectiva es que mejore la situación, pero, aún así, lo más probable es que en el año 2020 cerremos con una caída del PIB de entre 3% y 5%.

La Cepal estima que, en este año, en América Latina la pobreza se incrementará de 30.2% a 37.3% y la pobreza extrema pasará de 11% a 15.5%. Serán más de 45 millones de personas que caerán en pobreza o pobreza extrema.

El desafío que tenemos en este contexto complejo para el mundo y para el país, es cómo implementar una agenda de desarrollo de largo plazo y no solamente parches de corto plazo. Guatemala tiene el sexto PIB per cápita más bajo de América Latina.  Costa Rica duplica el PIB per cápita de Guatemala y Uruguay, Panamá y Chile lo triplican. Y dado que esos países logran crecen más rápido que Guatemala, cada año nos quedamos más rezagados.

Es evidente que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande por lograr un mayor crecimiento económico. El problema es que tenemos la tasa de inversión más baja de América Latina y sin inversión, no hay crecimiento económico. La inversión interna es insuficiente y por ello es necesario desarrollar una estrategia para atraer inversión extranjera directa a Guatemala. La tragedia es que el 70% de la inversión extranjera que viene a Centroamérica se va a Costa Rica y Panamá. ¿Por qué los inversionistas extranjeros tienen tan poca confianza en Guatemala?

El primer paso para lograr la confianza de los inversionistas locales y extranjeros es la certeza jurídica y contar con un Estado eficiente, profesional y con visión de largo plazo. Si nos siguen percibiendo como un país sin ley y con élites políticas que se comportan más como mafias que como estadistas, difícilmente atraeremos la inversión que necesitamos con tanta urgencia.

Por esa razón, es imprescindible e impostergable que el Ejecutivo retome la agenda de reforma del Estado y lo convierta en el gran legado para Guatemala. Nuestra frágil institucionalidad cada vez es más permeable a la corrupción y el crimen organizado, lo que nos podría llevar eventualmente a la Colombia de los años ochenta y noventa.  Estamos mal, pero podríamos caer en una espiral de decadencia si no reformamos el Estado para que comience a estar al servicio de la ciudadanía y deje de ser instrumento de la corrupción.

Pero la reforma del Estado debe estar acompañada por una sociedad civil madura y capaz de lograr acuerdos y consensos mínimos. Llevamos décadas discutiendo sin éxito la reforma del Estado, porque somos una sociedad intransigente y dogmática. Debemos aprender a ser más pragmáticos y dejar de pensar que tenemos la verdad absoluta. Los políticos inescrupulosos se burlan de nuestra incapacidad de lograr acuerdos mínimos, porque saben que esa situación les beneficia para mantener el statu quo.

Al mismo tiempo, debemos discutir abiertamente sobre el modelo de desarrollo para Guatemala. Esa es una discusión en donde también debemos evolucionar. Es obvio que necesitamos desarrollar una política fiscal y laboral que genere crecimiento económico y puestos de trabajo. La alta informalidad en el país es un síntoma inequívoco que nuestra legislación es demasiado restrictiva.

También debemos discutir sobre cómo construimos capital humano, a través de un sistema de salud y educación de alta calidad, que promueva la movilidad social.  Y de nuevo, debemos hacer gala de la creatividad y el pragmatismo.

Por supuesto que debemos discutir muchos más temas, pero el espacio es insuficiente. El punto fundamental es que como sociedad debemos reaccionar y dejar el conformismo del crecimiento económico mediocre que hemos tenido en los últimos treinta años. Y, en segundo lugar, debemos comprender que, si no reformamos el Estado, jamás seremos capaces de diseñar e implementar un modelo de desarrollo exitoso.

Columna publicada originalmente por Sociedad de Plumas en El Periódico. 

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción del poder político se convierte en apologista del “Pacto de Corruptos”; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.

Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.

La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía. 

Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero. 

Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.

De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.

AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.

El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.

Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.

El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.

El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.

El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.

Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.

 Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.

Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera.

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); es un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, caen en un inmenso error.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem.

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

El pecado de la actual magistratura constitucional

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2007, suspendió la extradición de autoridades militares señaladas de violaciones a los Derechos Humanos, reclamadas por España bajo el principio de la “jurisdicción universal”. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores durante la administración Morales; las suspensiones de actuaciones legislativas del Congreso en relación con las reformas al Código Penal del 2017, la Ley de Aceptación de Cargos en 2019 o la Ley de ONG’s del 2020; los casos sobre decisiones de política exterior en la crisis Gobierno-CICIG entre 2017 y 2019; y las resoluciones que han anulado y reconducido el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ a lo largo del último año. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.