El Estado debe retomar el imperio de la ley
En las últimas décadas, las pandillas se convirtieron en grupos criminales poderosos, que controlan colonias enteras en el departamento de Guatemala, en donde imponen su ley de terror y violencia.
Son grupos altamente organizados, que extorsionan, secuestran, asesinan, roban y tienen una extensa red de negocios en donde lavan cantidades millonarias de dinero.
Además, tienen lazos con el narcotráfico y sus operaciones traspasan fronteras de al menos cinco países.
Las maras tienen códigos estrictos de conducta en donde los cabecillas ejercen un control casi absoluto sobre las organizaciones. Mezclan sus actividades criminales con sincretismos religiosos de adoración a figuras oscuras, que alimentan su sentido de pertenencia.
Las pandillas han acumulado tal poder que tienen redes de abogados para influir en el sistema de justicia y hasta en el sistema político del país.
El gobierno de Estados Unidos declaró a las maras grupos terroristas, lo que abre un nuevo capítulo en la lucha contra estos criminales. Esto le permite al gobierno de ese país hacer operaciones militares y eliminarlos sin ningún tipo de juicio, como lo que hemos visto con el Cártel de los Soles en Venezuela.
Guatemala debe aprovechar esta coyuntura para combatir a las maras. El Congreso debe crear el marco legal que permita también declararlos terroristas, lo que impediría que salgan fácilmente de prisión.
También debe invertirse en varias cárceles de alta seguridad para evitar que operen desde prisión. El Congreso debe incluir estos recursos en el presupuesto de 2026.
Guatemala no debe dejar que estos grupos sigan acumulando poder. Los políticos deben responder a las demandas ciudadanas.
*Columna publicada el 2 de octubre en Nuestro Diario
