Entre cortes y agenda regional anti-corrupción

La llegada del 2021 trae consigo un nuevo capítulo de la trama política guatemalteca. A continuación, un listado de hitos y temas relevantes a los que deberemos ponerle atención.

El primer hito relevante es la elección del magistrado de Corte de Constitucionalidad que deberá concluir el período de Bonerge Mejía. Al cierre de esta columna (lunes 4, 3:00 p.m.), los agremiados al Colegio de Abogados participaban de la elección. En caso de que alguno de los seis candidatos no obtenga la mitad más uno de los votos, habría segunda vuelta el próximo lunes 11.

Esa será la primera probadita de la madre de las batallas de este 2021. La integración del nuevo pleno de la Corte de Constitucional, que estará llamado a convertirse en el árbitro político de última instancia entre 2021 y 2026. Esta nueva CC deberá resolver sobre amparos pendientes en materia de casos judiciales de corrupción; denegación de antejuicios contra diputados, jueces y magistrados; o revisar el mecanismo y proceso que eventualmente utilizará el Congreso para elegir a las altas cortes del país. Sin olvidar de los conflictos político-legales que en última instancia terminan resolviéndose en la jurisdicción constitucional.

Acto seguido, el Congreso procederá a elegir magistrados de altas cortes del país, una vez se haya despejado el camino de la Corte de Constitucionalidad.

Ambos procesos están directamente ligados entre sí. Si la Corte de Constitucionalidad queda integrada con un balance más afín a la partidocracia, que no nos extrañe que la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones también queden integradas con un balance afín a al statu quo político.

El segundo hito tendrá lugar el 20 de enero próximo, cuando tome posesión como Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Toda transición política toma de 30 a 60 días en surtir efectos concretos. Pero en el caso de la política exterior, que no nos extrañe que las ataduras que limitaron el margen de maniobra de la burocracia del Departamento de Estado durante la administración Trump, dejen de percibirse tan pronto como cambien las altas autoridades de la institución. Esto naturalmente implicará que la agenda anti-corrupción norteamericana seguramente empezará a sentirse desde febrero próximo.

La gran interrogante será en relación con las medidas concretas a implementarse. Toda sanción o designación de funcionarios o personas individuales por actos de corrupción tiene un proceso complejo. Es decir, no necesariamente está ligado a tiempos políticos. Seguramente con los demócratas en el 1600 Pennsilvania Av. veremos más designaciones y sanciones; pero estas tardarán un poco en llegar por el procedimiento propio interno.

Ambos hitos podrían entremezclase. Si la agenda anti-corrupción norteamericana se encamina con mayor agilidad en el primer trimestre 2021, que no nos extrañe que veamos un involucramiento más activo en evitar que candidatos vinculados con el crimen organizado o la corrupción aspiren a las magistraturas constitucionales.