Razón de Estado hace hoy otra pausa en su agenda sobre temas de la región latinoamericana para dar espacio a la discusión, análisis y propuestas sobre la delicada crisis política e institucional que vive Guatemala.
En el primer segmento, Paul Boteo, Director Ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo moderó el panel conformado por los licenciados Raquel Zelaya y Luis Fernández Molina. Conversaron sobre las salidas políticas a la crisis.
A propósito de por qué Guatemala llegó a la situación actual, Zelaya explicó: “No hay precedente igual a la situación que estamos viviendo y llegamos a este punto en varias etapas. Se veía una ciudadanía muy desalentada con el proceso electoral, luego el TSE empieza a excluir candidatos sin razones debidamente fundamentadas, que abonaron a esta situación. En la primera vuelta, ganó el voto nulo y en la segunda vuelta ya sabemos los resultados. Ahí es donde yo encuentro que ya aparece el Ministerio Público con acciones que han ido exacerbando la paciencia ciudadana y creo que la guinda del pastel fue el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral para llevarse las cajas con las actas, lo cual no tiene precedente”.
Sobre las protestas ciudadanas que tienen ya varios días en el país, Fernández Molina refirió: “Esta es una crisis que va a cambiar a Guatemala, el país no va a ser el mismo. El presidente Giammattei sigue siendo el presidente y a él le corresponde paliar esta situación. Ahora, el Ministerio Público obviamente está tratando de interferir en el proceso electoral bajo la excusa legítima (y que nadie les va a discutir) de que investiguen y logren determinar quiénes son los autores los responsables y emitan condena. Pues bajo esa excusa legítima, están tratando de crear un caos y una situación de lo que sea primero: atacar el proceso por fraude, atacar a Semilla por inscripción o atacar en lo personal a Arévalo y a Karin Herrera. Lo que caiga primero con tal de socavar en el proceso electoral”.
En el segundo segmento, Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, moderó el panel integrado por los abogados Eduardo Mayora y Gabriel Orellana, a propósito de las salidas jurídicas a la crisis institucional que vive el país.
Sobre el diagnóstico jurídico de lo que está sucediendo en Guatemala, Mayora expresó: “Son hechos bastante sencillos, si bien con consecuencias muy complejas: hemos ido unas elecciones, los resultados han favorecido al doctor Arévalo y a la doctora Herrera. La máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, los proclamó, de acuerdo con la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, el Ministerio Público ha promovido una serie acciones y de diligencias que cuestionan la integridad del proceso electoral. Los ciudadanos hasta el día de hoy, ignoramos cuáles puedan ser esas bases y esos indicios contundentes que justifiquen secuestrar actas, pedir los datos personales de esos voluntarios guatemaltecos que fueron a prestar su contribución cívica a las juntas receptoras de votos”.
Sobre las diferencias y similitudes con respecto a la crisis de 1993, Orellana expuso: “La primera gran diferencia que tenemos es que en aquel momento hubo una Corte de Constitucionalidad que sin mucho remilgo, enfrentó al toro por los cuernos. Recordemos que en aquel momento era prácticamente imposible de acercarse a la Corte y siquiera entrar al recinto para todos aquellos que en algún momento quisiéramos plantear alguna acción porque la cuadra literalmente estaba acordonada por elementos de seguridad. Los magistrados estaban a buen resguardo temerosos de que fueran de ser capturados. Entonces dimensionemos lo importante, la valentía que tuvieron estos magistrados de reunirse en otro en un sitio distinto y redactar ellos por sí solos una resolución que de oficio declaraba la inconstitucionalidad de las acciones del entonces presidente Serrano Elías que, a partir de ese momento, dejaba de ser presidente constitucional pasando a ser presidente de facto”.
