El cantautor Tony Meléndez fue entrevistado por el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo.
José Antonio Meléndez Rodríguez, es un guitarrista, compositor, cantante y escritor nicaragüense-americano quién nació sin brazos debido a complicaciones durante la gestación.
El Dr. Gutiérrez, Presidente de Fundación, tuvo la oportunidad de entrevistar a Meléndez, un verdadero ejemplo de coraje y valentía. Con entusiasmo transmitió el mensaje que lleva por el mundo y especialmente Latinoamérica: optimismo y esperanza para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
En 2016, varios han sido los hechos políticos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua.
Nicaragua ha sido catalogado en el ranking n° 89 de 102 países analizados en relación al “Estado de Derecho” (WJP Rule of Law Index 2015) debido a los insignificantes controles al poder y las escasas garantías a la libertad individual. Su sistema de gobierno ha sido catalogado de “régimen híbrido”, situado en el puesto n° 95 de 167 países analizados (The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015), revelando la precariedad de la libertad política, del pluralismo político, de la alternabilidad en el ejercicio del poder, de los derechos políticos y de la protección al sufragio[1].
El presidente de Nicaragua en ejercicio es Daniel Ortega, quien fue electo el 5 de noviembre de 2006 y reelegido para un nuevo período constitucional de cinco años el 6 de noviembre de 2011, luego de la manipulación constitucional efectuada por los jueces cooptados por las fuerzas políticas gubernamentales. A través de una polémica sentencia en 2011, la Sala Constitucional de la Corte Suprema (arts. 162, 163, 187, 188 y 189) ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pudiera participar en las elecciones de 2011.
La Sala declaró “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua que establecía que “El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Dicha norma prohibitiva de la reelección continua, fue desconocida judicialmente, abriéndose con ello la instauración de la “reelección indefinida” como ha sucedido en Venezuela (2009) y Ecuador (2015).
En 2014, el “Frente Sandinista” reformó la Constitución para incorporar la “reelección indefinida”, permitiendo que el presidente en ejercicio se postulara a un tercer período consecutivo. La existencia de la “reelección indefinida”, contradictoria con el principio de alterabilidad, ha sido uno de los tantos hechos políticos significativos que han resentido la institucionalidad del país centroamericano. En efecto, en julio de este año, por decisión del Consejo Supremo Electoral (28 de julio) y de la junta directiva la Asamblea Nacional (30 de julio) fueron “destituidos” 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) que pertenecían al Partido Liberal Independiente hasta mayo, dada la renuencia de éstos a aceptar al nuevo líder del partido.
Además, mediante la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente para transferirla a una persona de preferencia para el régimen oficial; violando derechos constitucionales, derechos humanos, estándares internacionales y el principio democrático.
Fuente: rpp.pe
Aprovechando el año electoral, el régimen además ha inscrito a Rosa Murillo, esposa del presidente como compañera de fórmula (vicepresidente), asegurando a todo evento el control del poder. Comoquiera que la Constitución establece que el Vicepresidente sustituiría en el cargo al Presidente, en casos de falta temporal o definitiva (art. 145), la pareja presidencial se asegura su continuidad en el ejercicio del poder a toda costa, máxime si el líder de la oposición le ha sido anulada su candidatura por la sentencia judicial antes referida.
En 2016, varios han sido los hechos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua. En vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre sin fiscalización internacional, la “Coalición Nacional por la Democracia” se ha negado a participar, vista las condiciones, al punto de llamar al proceso “farsa” electoral. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación[2], y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhortado a que las partes en el conflicto se atengan a lo previsto en la Carta Democrática Interamericana y demás convenios, pactos y tratados internacionales.
La ciudadanía tendrá un rol importante que cumplir en las llamadas “elecciones” a celebrarse en noviembre de 2016; ya sea rechazando las vulneraciones constitucionales o avalándolas. De igual modo, la comunidad internacional tendrá que seguir fiscalizando al gobierno de dicho país y exigir que se respete el orden jurídico nacional e internacional en un contexto suscrito por el rechazo explícito de gobiernos de varios países a los principios y valores de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados, pactos y convenios internacionales resintiendo con ello el ideal político del “Estado de Derecho” y el ideal democrático.
Dionisio Gutiérrez fue recibido por el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, como miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno.
Su Majestad el Rey Felipe VI, recibió en el Palacio de La Zarzuela a los miembros del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), con ocasión de la celebración, en Madrid, de la I Semana Atlántica del 30 de mayo al 2 de junio. Este encuentro de máximo nivel académico, empresarial, cultural y político sirvió para clausurar las actividades del IADG en el curso académico 2015-2016.
Acudieron al Palacio de La Zarzuela el presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la fundadora y presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar; el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala), Dionisio Gutiérrez; el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; el presidente del Grupo Mezerhane (Venezuela/USA). Promotor Grupo IDEA, Nelson Mezerhane; el consejero delegado de OHL y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué; el presidente de Endesa, Borja Prado; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde; el miembro de Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno, José María Aznar Botella; el miembro del Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno y presidente de Trinity College Group, Julio Fidalgo, y el director académico del Instituto Atlántico de Gobierno, Miguel Ángel Quintanilla.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
14 Jun 2016
La confección de la Ley de Competencia requiere de un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacional para que la legislación pueda ser beneficiosa para todos.
Recientemente se ha planteado en Guatemala un debate en torno a la necesidad de legislar en el ámbito de la protección de la competencia. La referida legislación contemplaría, aunque no exclusivamente, regulaciones en relación a la competencia desleal, abuso de posición, prácticas monopólicas, integraciones empresariales y prácticas comerciales restrictivas. También lo relativo a la regulación sectorial que favorezca el cumplimiento de la legislación, mediante la confección necesariamente de un ente regulador llamado a velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la legislación respectiva.
Dado que la mayoría de los países en América latina cuentan con leyes en este ámbito, se ha argumentado enfáticamente la necesidad de adoptar una, no solo para cumplir con algunos preceptos constitucionales, sino también, para adaptar el ordenamiento jurídico guatemalteco a la exigencia de tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado. Esta exigencia, tantas veces mencionada en la discusión, reviste cierta importancia, aun cuando ello no equivale a la adopción acrítica de legislaciones foráneas sin evaluar el contexto y ordenamiento jurídico existente en el país.
Esta discusión ha involucrado a muchos sectores sociales, con opiniones y sugerencias importantes que deben ser tomadas en cuenta. Además, como se ha visto en el debate, la confección de una legislación en éste ámbito requiere de un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacionalpara que la legislación pueda ser beneficiosa para todos, mediante el estudio y reflexión de los distintos factores en juego.
Así pues, conforme al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se ha sostenido que es indispensable que el Estado de Guatemala coopere en la elaboración de políticas relacionadas con la competencia, y de igual modo, en la armonización del marco jurídico en dicha materia. Sin embargo, la discusión en torno a la legislación debe ser exhaustiva y técnica, para que la misma sea compatible con las exigencias constitucionales, la de los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por el Estado e incluso favorable a los intereses de la sociedad civil en el que el sector empresarial juega un rol protagónico.
Esta discusión debe tomar en cuenta, que la Ley de Competencia no se puede dictar en el vacío, ya que su efectividad depende de un fortalecimiento del Derecho Administrativo, tanto en su aspecto de estudio acerca de las relaciones jurídicas entre Administración Pública y ciudadanos, como en su sentido de ordenamiento jurídico dirigido a regular esas relaciones. De hecho no es un secreto para nadie que existe un vacío legal en muchos ámbitos del Derecho administrativo (procesos administrativos, recursos administrativos, vicios de los actos administrativos, etc.), los cuales deben remediarse para que una ley de competencia pueda cumplir sus propósitos en conformidad con el Estado de Derecho.
Dado que la sanción de una legislación aislada del contexto general y de los factores antes mencionados puede terminar en una herramienta más de subdesarrollo, luce imperioso seguir con la discusión. Si el propósito es promover una economía social de mercado a través de ésta legislación, es pertinente seguir con el diálogo -beneficioso en la recuperación de la democracia y participación ciudadana- acotado a problemas jurídico-administrativos que hay que resolver con prontitud.
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
Existe una preocupación en distintos sectores que, al haber excluido la educación integral en sexualidad, de la iniciativa de ley para la juventud el tema no podrá ser tratado en las escuelas públicas del país, sin embargo esto no necesariamente es cierto.
La polémica ley de la juventud, iniciativa 3896, que desde hace algunos meses está siendo discutida en el Congreso ha sido objeto de acalorados debates entre distintos grupos de la sociedad civil. Los dos temas que han generado mayor controversia son la implementación de un nuevo impuesto dirigido al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la inclusión del tema de educación integral en sexualidad en el currículo del Ministerio de Educación.
Ésta semana la comisión encargada del tema en el Congreso, presentó el dictamen favorable para la aprobación de la iniciativa anunciando que ambos temas habían sido retirados de la misma y que ésta iniciaría el trámite para ser conocida por el pleno.
La noticia fue tomada como una derrota por los distintos actores a favor de la propuesta original, pues consideran que al haber excluido la educación integral en sexualidad de la iniciativa de ley para la juventud, el tema no será tratado en las escuelas públicas del país, lo cual no es cierto.
En el año 2009 entró en vigencia el reglamento del Decreto 87-2005, llamado Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva[1]. El objetivo principal de dicha ley, es obligar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a proporcionar métodos y consejería en planificación familiar a todas las personas que demanden el servicio.
Así mismo, la Ley de Planificación Familiar obliga al Ministerio de Educación a redefinir la propuesta curricular de estudios a nivel secundario, en coordinación con el Ministerio de Salud, para incluir los contenidos referentes al tema de salud reproductiva[2].
La ley también especifica que la formación debe ser integral y enumera algunos de los temas que deben incluirse en la misma:
- Derechos y responsabilidades para la promoción y auto cuidado de la salud.
- Sexualidad y el embarazo precoz y no deseado.
- Factores de riesgo que contribuyen y afectan la morbimortalidad materno-infantil.
Esta ley fue objeto de polémica y acaloradas discusiones en el año de su aprobación, pues diversos sectores, algunos de ellos asociados a la Iglesia Católica, se oponían a que los servicios públicos del país, tanto educativos como de salud, proporcionaran a la población información y métodos de planificación familiar. Pese a la oposición, la ley fue exitosamente aprobada y hoy Guatemala cuenta con un marco jurídico que brinda acceso a los guatemaltecos a la salud sexual y reproductiva.
Desde la aprobación de la ley, el Ministerio de Salud ha implementado de forma precaria los servicios en salud sexual y reproductiva a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Los problemas generalizados del sistema público de salud han impedido que el tema cobre la fuerza necesaria, ya que la eficiencia del servicio siempre depende de la capacidad del personal para proporcionar la consejería y de la disponibilidad de insumos en cada servicio de salud.
En el tema educativo, el Currículo Nacional Base contempla el tema de la educación sexual y la planificación familiar. En el área de Ciencias Naturales, se encuentra el componente de vida saludable el cual tiene entre sus objetivos: “Estimular el desarrollo de valores relacionados con el pensamiento crítico, la toma razonada de decisiones ligadas al bienestar personal, familiar y comunitario y el manejo responsable de la sexualidad y la planificación familiar”.
Una rápida revisión de la legislación existente y el Currículo Nacional Base permite determinar que Guatemala cuenta, desde hace algunos años, con la base legal y técnica para que la educación sexual y reproductiva no sea un tema olvidado. Determinar si el tema está siendo abordado de forma correcta por las instituciones públicas responsables del mismo, requiere hacer un análisis de la calidad de los servicios públicos.
En conclusión, para mejorar la efectividad de la política de salud reproductiva en el país no es necesario perder tiempo discutiendo sobre la posibilidad de aprobar una nueva legislación sobre el tema, sino conocer la legislación existente y velar por que las instituciones la cumplan.
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
En 2007 la Organización de Naciones Unidas declaró el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural, fecha que resulta importante porque ayuda a reconocer la importancia de la mujer en las áreas rurales y los problemas que enfrenta en países como Guatemala.
El papel de la mujer en las áreas rurales está íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, dos temas de mucho interés para Guatemala y los países en desarrollo. En las áreas rurales son las mujeres quienes desempeñan funciones claves que permiten alcanzar la seguridad alimentaria y el incremento de los medios de subsistencia de sus hogares y de las comunidades, de ahí la importancia de generar conciencia sobre este tema en los formuladores de políticas públicas.
A pesar del importante papel que juega la mujer rural en el sostenimiento y desarrollo de las comunidades. En países como Guatemala, es común que se enfrente a serios problemas que van desde los que son comunes para muchas áreas del país como la pobreza; poco acceso a infraestructura básica y servicios; y poco acceso a las instituciones de un Estado de Derecho, hasta otros que son específicos por su condición de mujer como la violencia de género y discriminación.
Situación DE LA MUJER RURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
- En las áreas rurales, las mujeres dedican más del doble de tiempo que dedican los hombres a tareas del hogar como la cocina, la compra de alimentos y asegurar el suministro de agua potable. [1]
- Más de dos tercios de los 796 millones de analfabetos en el mundo son mujeres, muchas de las cuales viven en áreas rurales.[2]
- Las mujeres constituyen un promedio del 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo.[3]
- Datos de países de África, Asia y América Latina señalan que las mujeres rurales tienen menos probabilidades de conseguir empleos remunerados, agrícolas o no agrícolas, que los hombres.[4]
- Cuando las mujeres rurales logran conseguir trabajos remunerados, estos suelen ser de tiempo parcial, mal remunerado y/o estacional.[5]
- Las mujeres del área rural padecen más violencia que las de las áreas urbanas, algunas causas de esto son la falta de acceso a la educación y a las instituciones de justicia.[6]
- El salario medio de los hombres es mayor que el de las mujeres, tanto en las zonas rurales como urbanas y en algunos países la brecha salarial entre mujeres y hombres también es mayor en las áreas rurales.[7]
- Según ONU Mujeres en el mundo, menos del 20% de los propietarios de tierras son mujeres.
Por qué DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATIENDAN A LA MUJER RURAL
En Guatemala más del 50% de la población del país vive en áreas rurales, es además en estas áreas rurales en donde se encuentra la mayor parte de la población más pobre. Según el INE la pobreza extrema y la pobreza general tiene mayor prevalencia en las mujeres y especialmente en las mujeres indígenas.[8]
Ante esta realidad, es evidente que los mayores esfuerzos de rescate y combate a la pobreza deben estar dirigidos hacia la mujer del área rural. La importancia que tiene la mujer en el desarrollo del futuro de un país ha quedado evidenciada a través de los años. Según la FAO, numerosos estudios señalan que proveer de fuentes de ingresos para mujeres tiene un efecto directo en la salud y educación de los niños.
Los esfuerzos educativos dirigidos específicamente a la mujer también han presentado resultados interesantes en la reducción de la desnutrición y la pobreza general de un país. Según FAO, un solo año adicional de educación primaria aumenta el salario potencial de las niñas en un 10 – 20%, atrasa la posibilidad de un matrimonio o un embarazo prematuro; las hace menos propensas a sufrir violencia; y les da mejores herramientas de crianza para sus hijos, evitando así problemas como la desnutrición o el abandono de los hijos.
La inversión en la mujer, especialmente de las áreas rurales y más pobres tiene efectos positivos en los indicadores de desarrollo de un país. Entre los esfuerzos más importantes se puede mencionar: la generación de empleo formal; políticas de rescate y ayuda para situaciones de extrema pobreza; inversión en educación; políticas de salud que además contemplen esfuerzos especiales en temas como la planificación familiar; y políticas de seguridad que contemplen la prevención de la violencia de género.
La conclusión más obvia es que los esfuerzos de políticas públicas de rescate deben dirigirse hacia la mujer, especialmente rural, pues es esta la mejor forma de impactar en las condiciones de vida de millones de niños que deben jugar un papel importante en el desarrollo del país. Guatemala no se puede dar el lujo de tener más generaciones perdidas, invertir en la mujer es, sin lugar a dudas, invertir en el futuro del país.
2. FAO, FIDA, OIT. 2010. Género y Empleo Rural. Documento de Orientación Nº 2: Invertir en 13. 14. 15. 16.17. 18. 19. capacitación para el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales. (http://www.fao.org/docrep/014/i2008s/i2008s02.pdf
5. FAO, FIDA, OIT. 2010. Género y Empleo Rural. Documento de Orientación Nº 4. El desarrollo de las cadenas de valor agrícola: ¿amenaza u oportunidad para el empleo femenino? (http:// www.fao.org/docrep/014/i2008s/i2008s04.pdf
Elisa es Directora de Comunicación en Fundación Libertad y Desarrollo, graduada de la Universidad de Navarra con una Maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
Y un breve análisis de la propuesta para 2016 *[1]
#ActualidadAnalizada
A.
¿Para qué sirve el Presupuesto General de la Nación?
El presupuesto permite estimar ingresos y egresos del erario público, y es mediante el presupuesto que se planifica la ejecución de políticas y programas públicos. Además, estima los ingresos que el Estado obtendrá por medio de impuestos o adquisición de deuda externa. El total de estos ingresos se deberán utilizar para cubrir las necesidades del país en educación, salud, seguridad y justicia, entre otros.
Sirve para establecer las prioridades de un Gobierno y así planificar en qué se invertirán los recursos que provienen de los impuestos o de las deudas adquiridas; es decir, muestra en qué y cuánto gastará el Estado en políticas de educación, salud, seguridad, justicia, y por descarte, en qué no invertirá o qué no le interesa.
B.
¿Quién aprueba el presupuesto?
Lo debe aprobar el Congreso de la República antes del 30 de noviembre. Al no aprobarlo, queda vigente el presupuesto actual.
El proceso de aprobación sigue varios pasos: primero, el Ministerio de Finanzas entrega el proyecto de presupuesto al Congreso; segundo, el pleno de diputados lo lee en primera lectura; tercero, se traslada a la Comisión Legislativa de Finanzas y Moneda del Congreso, quienes lo analizan y presentan el dictamen respectivo a Dirección Legislativa; cuarto, se da a conocer el dictamen a todos los diputados para su aprobación, en este pueden cambiar algunos rubros del proyecto presentado por el Ministerio de Finanzas, aquí los diputados tienen la oportunidad de presentar enmiendas de curul o cambios.
El presupuesto debe aprobarse por mayoría absoluta, lo que equivale a 80 votos. Además, puede aprobarse de urgencia nacional en un solo debate con 105 votos; sin embargo, no se entra a discutir ni a conocer el mismo.
El presupuesto debe ejecutarse según lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Presupuesto Anual, además de los acuerdos, manuales y circulares establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas. Tanto los ingresos como los egresos deben registrarse en los portales de contabilidad financiera como: SICOIN, SIGES, SNIP, y otros. Además, toda compra o contratación debe realizarse según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y publicarse en el portal de GUATECOMPRAS.
C.
¿Cuál es el problema con el presupuesto que está a punto de aprobarse?
El presupuesto actual presenta serias preocupaciones. El día de hoy la Comisión de Finanzas expuso su plan de trabajo para dar a conocer el dictamen favorable al presupuesto planteado para 2016. ¿Cómo priorizaron el gasto y qué excluyeron?
Aunque existe un aumento general en el presupuesto de Q1,830 millones, no se priorizan necesidades básicas de salud y educación.
Una de las cuestiones más alarmantes es la disminución a la inversión en salud. A pesar de las grandes crisis de desabastecimiento y atención que tienen como consecuencia la muerte de personas, ¡el presupuesto se reduce en Q118 millones! Se reduce también la inversión en secretarías, entre ellas la SESAN, quien dispondrá de Q58 millones menos.
Los presupuestos de Gobernación, Economía, Agricultura, Comunicaciones, Cultura, MIDES, y otros, por el contrario, sí aumentaron. Aunque, cabe decir que en casi todos los casos los aumentos son a programas concretos que no van a traducirse en beneficios para la población [2]. Dentro del presupuesto de Obligaciones llama además la atención un monto de Q73 millones, para el que no se especifica una unidad ejecutora.
Aunado a lo anterior, preocupa un aumento de financiamiento por medio de bonos, pues esta deuda es más cara y su plazo es más corto. Además, se corre el grave riesgo de no alcanzar las metas de recaudación.
Para tener un presupuesto que facilite la transición hacia el país que los ciudadanos desean, se debe fiscalizar y prestar especial atención al trabajo realizado por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, para que lo que se presente no esté en contra de las necesidades más elementales de los guatemaltecos.
1. La explicación que aparece en este documento fue tomada del material videográfico realizado por Encuentro por Guatemala.
Elisa es Directora de Comunicación en Fundación Libertad y Desarrollo, graduada de la Universidad de Navarra con una Maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
Elisa es Directora de Comunicación en Fundación Libertad y Desarrollo, graduada de la Universidad de Navarra con una Maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
Lea aquí la carta que el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez dirigió al Presidente Otto Pérez Molina exigiendo su renuncia.
Esta carta escrita el 24 de mayo de 2015 salió publicada el día de hoy como Campo Pagado en el diario Prensa Libre.
Al respecto, Guatevisión escribió una nota en la que indica "las palabras clave de Disonisio":
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos fenómenos interrelacionados que se observan en países con déficit de democracia formal y de “Estado de Derecho”, en los cuales se observa una férrea disputa de determinados actores políticos por lograr controlar a los poderes públicos, en especial, el poder judicial. El objetivo es simple: se trata de conseguir provechos políticos y económicos gracias al favoritismo que se quiere obtener del árbitro judicial.
Vale acotar que la judicialización de la política, no excluye casos históricos en países con democracia y Estado de Derecho sólidos. En efecto, ya TOCQUEVILLE sostenía que “Lo que un extranjero comprende más fácilmente en los Estados Unidos es la organización judicial”, agregando que “no hay acontecimiento político en el que no oiga invocar la autoridad del juez, y concluye de ello naturalmente que en los Estados Unidos el juez es uno de los primeros poderes políticos” . La observación del pensador francés, era del todo cierta, en cuanto que muchos problemas políticos terminaban en el ámbito judicial en dicho país, antes y ahora.
Sin embargo, TOCQUEVILLE matizaba la judicialización de la política sosteniendo que: “Cuando el parlamento de París redactaba protestas y rehusaba registrar un edicto, cuando hacía sentar en el banquillo a un funcionario prevaricador, se veía al descubierto la acción política del poder judicial. Pero nada semejante se observa en los Estados Unidos. El juez americano no entra nunca en la lucha directa ni se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos”, lo que sugería, que si bien muchas disputas llegaban al ámbito judicial, el juez actuaba como árbitro y no como una parte más en el “juego democrático”, distinción que se desvanece en todas partes.
Alexis de Tocqueville
La judicialización de la política y la politización de la justicia, se asocian a la indebida injerencia judicial en cuestiones de índole democrática o en cuestiones político-partidistas. La judicialización, concebida como la indebida transferencia de asuntos políticos democráticos al ámbito judicial , politiza la justicia, dado que elude el hecho, de que en democracia las decisiones se toman de modo diferentes a las decisiones jurisdiccionales.
Así pues, en democracia deben existir reglas procedimentales que permitan un debate abierto dentro de la sociedad civil y de ésta con los actores que cuentan con legitimidad democrática, mediante decisiones por medio de la regla de la mayoría. Mientras que en el ámbito judicial, las decisiones están acotadas a los miembros que integran el Tribunal de manera secreta, sin contar con legitimidad democrática, aun cuando guiados por la imparcialidad y la sumisión del juez al derecho, solo si existe separación de poderes.
El peligro de la judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio; dado que la deliberación democrática se realiza de manera limitada, y que los jueces al pronunciarse en cuestiones sometidas a su controversia por parte de los actores políticos, terminan siendo instrumentos de los actores políticos, estableciendo posiciones de ventaja en el debate democrático a una de las partes, o bien, en instrumentos para despolitizar asuntos políticos convirtiéndolos en presuntas cuestiones técnico-jurídicas.
“La judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio”
La judicialización de la política implica la politización de la justicia. Ambos fenómenos de por sí perjudiciales, conllevan a que el debate político se centre en los estrados judiciales, incentivando a que los actores políticos procuren convertir sus programas políticos en sentencias judiciales, generando una deslegitimación y desdibujamiento de la función judicial, al desfigurar la condición de árbitro de un juez, e inaugurar el juego del “arbitrio del tanteador” , es decir, la aplicación de criterios antojadizos sin fundamento con el objeto de favorecer a una de las partes en disputa.
En tal sentido, una reforma institucional y una elevada conciencia ciudadana en torno a estos problemas, evitaría minar el precario ideal político del Estado de Derecho y el ideal democrático actualmente existente, dado que quien arbitra en una democracia sujeta al Estado de Derecho (limitada), debe ser independiente e imparcial en relación a las partes en la contienda política, tanto en lo que concierne al árbitro electoral como en lo referente al árbitro judicial.
Cualquier reforma institucional a futuro, debe estar dirigida al establecimiento de “reglas de juego” consustanciales a la forma de gobierno democrática, que permitan que las decisiones colectivas sean tomadas por quien detenta la soberanía (el pueblo) mediante procedimientos específicos que culminen, reconociendo los desacuerdos, en una decisión mayoritaria en ejercicio de la libertad política. Ello aunado, a la necesaria demarcación de aquello que es democrático, y aquello que es de la incumbencia del ámbito judicial, como por ejemplo, la protección de los derechos, impidiendo al poder político transgredir el “coto vedado” de los derechos de libertad, en tanto presupuestos y condiciones necesarias de la forma democrática limitada.
