En el Cuarto Encuentro Ciudadano, se presentaron datos sobre la intención de voto de los guatemaltecos y la percepción de los principales problemas del país.
Puede descargar la encuesta completa AQUÍ.
El jueves 4 de abril, Fundación Libertad y Desarrollo publicó el informe El sistema electoral guatemalteco. Representatividad, distritos electorales y fórmula electoral, una investigación que analiza el funcionamiento del sistema electoral guatemalteco y las consecuencias derivadas de las reformas electorales aprobadas en 2016.
Dionisio Gutiérrez, Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, indica en las primeras páginas de la publicación que “nuestra intención y nuestro deseo es informar al ciudadano para que enfrente mejor preparado el desafío que es la democracia; y contribuir a la formación de investigadores, periodistas, docentes, líderes políticos, empresarios y sociedad civil, quienes son, al final, las élites de las que Guatemala tanto espera y necesita.”
La investigación destaca que el sistema electoral guatemalteco ha demostrado poseer muchas falencias, como la asimetría en la magnitud de los distritos que genera distorsiones en el sistema de representación dentro del Congreso; un sistema de votación por medio de listas cerradas y bloqueadas que ha favorecido tendencias caciquistas y clientelares al interior de los partidos políticos; o la falta de legitimación de algunos alcaldes. Esto se pretendió enmendar en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016, sin embargo el camino sigue siendo largo y los efectos en el ciclo electoral del 2019, todavía están siendo medidos.
Phillip Chicola, Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo dijo que “la reforma electoral del 2016 estableció un sistema de elección de diputados rígido y que rompe con los principios de representatividad; además que al no resolver las asimetrías en los tamaños de distritos electorales, donde bancadas muy grandes se alimentan de los distritos pequeños y bancadas muy pequeñas se alimentan de los distritos grandes, vamos a tener congresos ingobernables con excesiva fragmentación, pero también con bloques mayoritarios artificialmente establecidos.”
Después Daniel Haering, Director del Área Académica de Escuela de Gobierno, comentó: “Esto es un reflejo de cómo la reforma electoral no ha partido de un análisis crítico, respecto del modelo al que se aspira, que también es un reflejo de que existe una institucionalidad cooptada por ciertas agrupaciones políticas que diseñan las reglas del juego según sus respectivos intereses políticos.”
El informe busca continuar con el debate público sobre las reformas que el sistema electoral guatemalteco aún necesita, tales como un rediseño sistemático del modelo de distritos para las elecciones de diputados; una revisión de la fórmula para la conversión de votos en escaños; y otros sistemas de listados para la elección de diputados que le permitan al votante mostrar aún mejor su preferencia por uno o varios candidatos.
Descargue el informe en versión digital aquí:
Sandra Torres encabeza la intención de voto con 22.6%, seguida de Alejandro Giammattei con 11.6%, Roberto Arzú con 9.2% y Edmond Mulet con 6.4%. La diferencia entre Alejandro Giammattei y Roberto Arzú no supera el margen de error (2.8%), por lo que se encuentran técnicamente empatados. Un 9.1% de los encuestados votaron nulo y un 13.6% dejó la papeleta en blanco.
Los tres candidatos con mayor probabilidad, en este momento, de pasar a la segunda vuelta electoral son Sandra Torres del partido UNE, Alejandro Giammattei del partido VAMOS y Roberto Arzú de la coalición PAN/Podemos.
La candidata Torres presenta un 34.1% de antivoto, mientras que Roberto Arzú un 3.3% y Alejandro Giammattei un 2%.
Para la segunda vuelta de la elección presidencial el 11 de agosto, la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo encontró que Alejandro Giammattei le ganaría a Sandra Torres, 37.7% contra 33.8%; y Roberto Arzú estaría técnicamente empatado por margen de error con Sandra Torres, 36.1% contra 33.3%; esto es contando votos nulos e indecisos.
Otro dato relevante es la proyección sobre la integración del Congreso. El partido UNE podría tener alrededor de 51 diputados, FCN 18, Todos 16, Podemos 13 y Vamos 11. El resto de partidos políticos tendrían menos de diez diputados.
La encuesta también señala que Ricardo Quiñónez tiene un 32.7% de intención de voto y Roberto González 29.8%. La diferencia entre ambos, apenas supera el margen de error. El tercer puesto lo ocupa Fernando Sánchez del Partido UNE con un 3.7%, muy lejos de los dos candidatos punteros.
Para los vecinos que viven en la ciudad de Guatemala, los principales problemas que esperan que la administración municipal resuelva son el tráfico vehicular, el acceso a agua y la falta de opciones de transporte.
Al finalizar la presentación, Paul Boteo, Director Ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, hizo un llamado a la población guatemalteca para participar con su voto el próximo domingo: “La Fundación Libertad y Desarrollo hace un llamado a la población para que vote este 16 de junio. El voto libre es un derecho ciudadano al que no debemos renunciar. La oferta electoral deja mucho que desear, pero la supervivencia de nuestra incipiente democracia exige que los ciudadanos ejerzan con responsabilidad su voto, para evitar que lleguen las peores opciones al poder.”
Puede ver y descargar la encuesta completa en este LINK.
Fundación Libertad y Desarrollo presentó los resultados de la primera encuesta de opinión pública, que realizó en conjunto con CID Gallup, sobre la segunda vuelta electoral del domingo 11 de agosto.
INTENCIÓN DE VOTO
Alejandro Giammattei se posiciona en el primer lugar, con el 40.6% de intención de voto; Sandra Torres lo sigue con el 33.4%. Un 6.5% de los encuestados votarían nulo y un 19.4% dejarían la papeleta en blanco.
Si se quita el voto nulo y la papeleta en blanco, Alejandro Giammattei tendría el 54.86% de intención de voto y Sandra Torres el 45.14%.
Los resultados demuestran que Sandra Torres tiene una opinión negativa en el 37.28% de los encuestados y una positiva en el 54.52%; un 8.31% no sabe o no responde. Por su parte, Alejandro Giammattei tiene una opinión negativa en el 11.72% de los encuestados y una positiva en el 78.24%; el 9.95% no sabe o responde.
PERFIL DE LOS CANDIDATOS
El 27.5% de personas encuestadas considera que Alejandro Giammattei está preparado para gobernar y un 26.90% considera que tiene un buen candidato a la vicepresidencia.
En el caso de Sandra Torres, el 45.7% de personas encuestadas considera que se preocupa por los pobres y un 27.8% cree que es corrupta.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Otro dato importante es que el 51.5% de de los encuestado dice que asistirá a votar en la segunda vuelta electoral, en tanto que el 40.5% dice que no irá a votar y el 8% todavía no ha decidido si emitirá sufragio.
Las principales razones que las personas argumentan para no asistir a las urnas es que ningún candidato les parece adecuado (51.3%); les queda muy lejos el centro de votación del lugar en donde viven (16.8%) y el votar no solucionará los problemas del país (11.6%).
Al finalizar la presentación, Paul Boteo, Director Ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que los resultados de la primera vuelta electoral fueron muy similares a los que proyectaron la encuestas que publicó en su momento la Fundación. “Eso nos brinda credibilidad y esperamos lo mismo con esta encuesta” enfatizó.
Vea la encuesta completa aquí.
INTENCIÓN DE VOTO
Alejandro Giammattei se posiciona en el primer lugar, con el 39.5% de intención de voto; Sandra Torres lo sigue con el 32.4%. Un 5.3% de los encuestados votarían nulo y un 22.8% dejarían la papeleta en blanco.
Los resultados demuestran que Sandra Torres tiene una opinión negativa en el 38.4% de los encuestados y una positiva en el 53.1%; un 8.5% no sabe o no responde. Por su parte, Alejandro Giammattei tiene una opinión negativa en el 13.3% de los encuestados y una positiva en el 73.5%; el 13.4% no sabe o responde.
Si se quita el voto nulo y la papeleta en blanco, Alejandro Giammattei tendría el 54.9% de intención de voto y Sandra Torres el 45.1%.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Otro dato importante es que el 60.8% de de los encuestado dice que asistirá a votar en la segunda vuelta electoral, en tanto que el 32.7% dice que no irá a votar y el 6.5% todavía no ha decidido si emitirá sufragio.
Paul Boteo, Director Ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, explicó que “la Fundación es una organización comprometida con la transparencia y la ética, que en la primera vuelta electoral publicó dos encuestas que reflejaron con bastante exactitud la voluntad popular expresada en las urnas el 16 de junio pasado. Con la misma rigurosidad hemos realizado dos encuestas en esta segunda vuelta electoral, para contribuir a la transparencia del proceso electoral.” Y finalizó indicando “que la democracia requiere de ciudadanos que no dejen en otros, la decisión de quién gobernará los próximos cuatro años.”
PROBLEMAS DE PAÍS
Además, en la encuesta, el 36.9% de personas respondió que la inseguridad es el principal problema que afecta a Guatemala. Le siguen la falta de empleo con un 19.3% y un alto costo de vida así como la corrupción, ambas con el 10.9%
En contraste, según los encuestados los problemas menos relevantes para el país son el acceso a agua con el 1% y la falta de acceso a vivienda con un 0.1%
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El pasado viernes 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de CICIG. ¿Cuáles son los escenarios políticos tras esta noticia?
El pasado viernes 31, el presidente Jimmy Morales –en conferencia de prensa acuerpado por el alto mando militar y policial- anunció que no renovaría el mandato de CICIG; decisión que ocurrió minutos después que vehículos artillados circularan en las afueras de la sede de CICIG y la Embajada Americana.
El presidente Morales tiene la facultad para solicitar la “no-ampliación” del Acuerdo de CICIG. Sin embargo, la comunicación del mensaje era innecesaria, puesto que como lo han mencionado los abogados Alexander Aizenstatd y Mario Fuentes Destarac, cuando un Acuerdo tiene una vigencia específica, no se hace necesaria la comunicación sobre la no-renovación del mismo.
Por ello, la lectura es que la conferencia de prensa tenía un trasfondo más allá de la decisión sobre la no renovación del Acuerdo. Sobre ello, existen tres teorías:
1. La operación del viernes pasado tenía más profundidad que un mero anuncio comunicacional. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad que el Gobierno tenía preparada una expulsión del Comisionado, y que la circulación de vehículos artillados fuera de la sede de la Comisión, era parte de un equipo que escoltaría al Jefe de CICIG al aeropuerto. Dicha operación, de acuerdo a las fuentes informadas, habría sido detenida gracias a la gestión de la comunidad internacional. Esta teoría ha circulado de forma profusa en redes y fue recogida por ElPeriódico.
2. En diversos círculos antagónicos a la CICIG, circuló el argumento que el presidente Morales no era de fiar, puesto que no había logrado ponerle un alto a la CICIG. Por ello, varios diputados habrían tomado la decisión de sacrificar al Presidente. Eso iba a implicar que el Congreso le retiraría el antejuicio por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito. En este sentido, la acción de Morales habría sido un esfuerzo por reposicionarse de cara al resto de aliados del bando anti-CICIG, y mostrar su fuerza como el articulador del esfuerzo por detener los avances judiciales.
3. Los eventos del viernes constituyeron una medición de fuerzas y reacciones. El anuncio sobre la no-renovación del mandato cayó justo en la línea gris de lo legal y legítimo (la decisión fue completamente legal; los actores que se oponen a la decisión la pueden cuestionar por razones de legitimidad mas no de legalidad). Por tal razón, vimos que actores institucionales como CACIF y Cámara de Industria reconocieron que el Presidente actuó de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo, y respaldaron lo actuado. Al respaldo de Sector Privado se sumaron diputados clave (Álvaro Arzú, Felipe Alejos) y el grupo Guatemala Inmortal. Frente a ello, la mayor parte de sociedad civil, el Frente Ciudadano contra la Corrupción, la comunidad internacional, algunos partidos pequeños manifestaron su rechazo. La división también se manifestó en Washington: congresistas y senadores demócratas manifestaron su rechazo a la acción de Gobierno, mientras el Secretario de Estado, Mike Pompeo publicó un mensaje que ha sido interpretado como un respaldo al presidente Morales.
Our relationship with Guatemala is important. We greatly appreciate Guatemala's efforts in counternarcotics and security.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2018
La realidad parece una mezcla de las tres teorías. Sobre la base de la tercera, se esperaba que en días venideros el Gobierno realizara más acciones en contra de CICIG y el Comisionado Velásquez. Esa nueva batería de acciones se materializó el martes 4 de septiembre con el anuncio que el Gobierno no permitiría el ingreso al país del Comisionado (quien se encontraba en Estados Unidos por un viaje de trabajo).
Esta acción ya plantea un escenario legal más complejo que la decisión de no renovar el Acuerdo de CICIG. Primero, porque hay por lo menos cuatro amparos vigentes de agosto 2017 que suspendieron la declaratoria de “persona non-grata” del Comisionado y ordenaron al Gobierno a activar el artículo 12 del Acuerdo de CICIG (que establece que cualquier diferencia debe abordarse por medio de la negociación). En octubre 2017, derivado de una decisión de no renovar la visa del Comisionado, la CC emitió una ejecución de amparo, en la cual señalaba que la protección de los amparos estaba vigente, que el Gobierno debía suspender cualquier acción dirigida a impedir el funcionamiento de CICIG en Guatemala, y que en caso de no obedecer, ordenaría la destitución de los funcionarios que desacatasen la resolución.
Por tal razón, la decisión de hoy plantea un escenario más complejo, con varias alternativas:
1. Los interponentes de los amparos del 2017 pueden solicitar nuevamente a la Corte de Constitucionalidad una “ejecución de amparo”, y bajo la línea de lo resuelto en octubre 2017, la CC seguramente ordenaría que se deje sin efecto la orden de no dejar entrar al país al Comisionado.
2. Se podría presentar un nuevo amparo, con lo cual la CC entraría a conocer el caso como si fuera de cero. La expectativa es que de igual manera suspendería lo actuado por parte de Gobierno.
3. La CC no da con lugar el amparo y deja vigente la orden del Gobierno, con lo cual Velásquez no podría retornar al país. ONU estaría obligada a evaluar si dar seguimiento al Acuerdo de CICIG y enviar a un nuevo Comisionado, o darle terminación anticipada.
En los escenarios 1 y 2, existe la posibilidad que el Gobierno no acate la resolución, con lo cual la CC podría ordenar la destitución de los funcionarios que entran en desacato (incluyendo el Presidente). El desacato a la resolución implicaría un escenario de ruptura constitucional, sólo comparable con el Serranazo de 1993. Un escenario de ruptura constitucional podría traer efectos muy negativos en términos de imagen país, financiamiento internacional, calificación de riesgo crediticio, sanciones comerciales, etc. (similar a la situación que vivió Honduras en 2009 y 2010).
A diferencia de la noticia del 31 de agosto, esta decisión ha generado reacciones más duras por parte de Washington, medios internacionales y actores nacionales.
La convocatoria a elecciones generales del viernes 18 de enero, marcó el inicio formal del proceso electoral 2019 en Guatemala. Un proceso electoral, que vale recordar, definirá el futuro del proceso de cambio político que se inició en 2015 derivado de los casos judiciales de alto impacto que han trastocado los cimientos de un sistema político cooptado por la corrupción. Las elecciones definirán si el proceso de cambio continúa, se profundiza, y eventualmente se institucionaliza; o, si por el contrario, los avances alcanzados se revierten y el sistema entra en un proceso de restauración.
Por si fuera poco, estas elecciones se realizarán en el marco de una crisis política caracterizada por el enfrentamiento institucional entre los Organismos Ejecutivo y Legislativo con la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Además del conflicto legal-internacional derivado de los esfuerzos del Gobierno por terminar de forma anticipada el mandato de CICIG. Todo ello, coronado con un escenario de polarización política entre los actores políticamente relevantes.
En este contexto, estas elecciones tendrán también una serie de características bastante atípicas como consecuencia de una serie de reformas normativas que por primera vez serán implementadas. A ello agreguemos, una serie de cambios políticos que se han generado en los últimos años.
El primer gran cambio es el nuevo calendario electoral. Desde 2007 a la fecha, el proceso electoral en Guatemala arrancaba en mayo; la primera vuelta ocurría a principios de septiembre. Y la segunda vuelta durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre. A esto, sumemos que aún si la campaña política se circunscribía legalmente de mayo a noviembre, la mayoría de partidos realizaba campaña anticipada, por lo menos, con seis meses de anticipación.
Esto cambió. En este 2019, la convocatoria a elecciones se realizó en enero, con la primera vuelta programada para el 16 de junio y la segunda para el 11 de agosto.
Dentro de este nuevo calendario, una modificación relevante es la división del proceso en dos fases: 1) la fase administrativa de inscripción de candidatos del 19 de enero al 17 de marzo; y 2) la fase de campaña política del 18 de marzo hasta el 14 de junio (36 horas antes del día de la primera vuelta).
De entrada, este nuevo calendario genera un escenario de transición similar al de México: tendremos un Presidente electo desde mediados de agosto coexistiendo con un Presidente saliente, durante cinco meses. Predecir desde ya los efectos de esta convivencia resulta complicado. Pero de experiencias similares, como la mexicana, es evidente que el poder real, la atención mediática y la agenda política se traslada gradualmente hacia el Presidente electo en detrimento del saliente.
Otro efecto del nuevo calendario es la reducción efectiva del tiempo de campaña. Anteriormente, la campaña tenía una duración legal de 120 días; ahora, la campaña se reduce a 90 días. Y si a ello le agregamos que dado el endurecimiento de las sanciones electorales, este 2019 marcó el primer proceso electoral en que no hubo campaña anticipada.
En segundo término, esta elección tendrá nuevas reglas en relación con la publicidad de campaña. Anteriormente, existía libertad de contratación de pauta. Los partidos políticos y terceras personas tenían absoluta libertad para contratar vallas y spots en medios de comunicación. Esto provocaba que, naturalmente, los partidos con más acceso a recursos tenían más publicidad.
Esto cambió. La implementación de una normativa de compra centralizada y acceso equitativo de espacios publicitarios implicará que las más de veinte agrupaciones políticas tendrán exactamente el mismo acceso a spots radiales y televisivos.
A ello agreguemos que dado que la Ley Electoral obligaba a los medios a vender la pauta a un 20% del valor comercial, prácticamente ninguno de los consorcios mediáticos, tanto televisivos como radiales del país, se inscribió para ser recipiendarios de publicidad. Por el contrario, la mayoría de medios inscritos son cables regionales, radios locales y uno que otro periódico descentralizado. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que existe un tope para el uso de vallas publicitarias de los partidos políticos: 12 para ser exactos.
Esto implica que la campaña publicitaria será bastante limitada. Y que la exposición mediática de los candidatos en los medios más relevantes, será prácticamente en foros, entrevistas y programas de discusión. Es decir, será una campaña bastante silenciosa para los estándares guatemaltecos.
Una tercera variable en esta ecuación está relacionada con el techo de campaña. La reforma electoral del 2016 redujo el techo del financiamiento privado de campañas, de $1.00 a $0.50 por ciudadano empadronado. Si en 2015, el techo de campaña rondó los 58 millones de quetzales; en este 2019, estará entorno a los 29 millones de quetzales. Por si este cambio normativo no fuera relevante, agreguemos una nueva dinámica política. Derivado de los casos judiciales 2016-2018, en los cuales se señaló a empresarios, sociedades anónimas y personajes relevantes por financiamiento electoral ilícito, es relativamente predecir que la disponibilidad de recursos financieros privados para la campaña estará limitado.
Si bien las normativas relacionadas al acceso igualitario a medios y algunos elementos de la regulación sobre el financiamiento privado han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad, pareciera que la Corte de Constitucionalidad no emitirá sentencia en las siguientes semanas. Lo que implica que seguramente llegaremos a la campaña con las reglas vigentes.
El efecto político de todo ello es fácil de identificar. Se vuelve más complicado para los candidatos menos conocidos alcanzar “conocimiento universal”. Y si un candidato no es conocido, sencillamente no tiene posibilidades reales de ganar la elección.
Esto implica también que el mayor activo para un candidato en esta elección es tener una imagen ya posicionada, y un capital político establecido. Construirlo de cero, será difícil; porque no habrá ni recursos, ni medios, ni tiempo.
Una cuarta dinámica atípica será el efecto de la movilización en tierra. En 2011, la campaña electoral a nivel rural se definió en términos de dos ejércitos de votantes (UNE y Patriota) que fueron movilizados los días de la elección. Mientras la UNE apeló a movilizar a sus redes comunitarias, generadas a través de los programas de Mi Familia Progresa; el Patriota intentó hacer lo mismo con el modelo de las Células Patriota "un sistema piramidal en el que se buscaba contar con un mecanismo para organizar grupos de 100 personas para llevarlos a votar".
Pero para 2015, resultó que la movilización en tierra fue un factor secundario. El Partido Patriota (en ese momento el oficialista) recurrió al clientelismo de Estado, pero la implosión del Gobierno de Pérez Molina fue mucho más importante que las prebendas. Líder, de Manuel Baldizón, recurrió a regalar de todo. Pero al final, el anti-voto y el rechazo al entonces candidato “favorito” fue muy grande como para que el clientelismo fuese un factor de elección. Y la UNE, sin acceso a recursos del Estado, tuvo que apelar al “recuerdo” de los programas sociales, y no pudo aceitar su maquinaria electoral.
Y si bien la investigación ha sido bastante raquítica en cuanto a los efectos del clientelismo en la elección 2015, algunos analistas han sostenido que la competencia entre maquinarias clientelares minimizó el efecto de las mismas en el comportamiento efectivo del votante. O dicho de forma coloquial, el ciudadano le recibe a todos, pero no necesariamente vota por quien le da prebendas.
Predecir si 2019 será más como 2011 o como 2015 resulta muy difícil a estas alturas del juego.
Una campaña política más corta, sin campaña anticipada. Una campaña electoral sin mayor publicidad ni exposición mediática. Una campaña política más austera. Y unas maquinarias electorales que no tienen certeza si el clientelismo se traduce en votos.
Estas dinámicas generales provocan una crisis del modelo tradicional de cómo ganar elecciones en Guatemala. Esa crisis del modelo de cómo ganar elecciones genera un reto estratégico relevante para todos los partidos competidores. ¿Cómo ganar una elección cuando todos los mecanismos tradicionales para hacerlo cambiaron? ¿Cómo dar a conocer a mi candidato sin acceso a publicidad? ¿Cómo movilizar votantes si el clientelismo ya no es la gasolina de las maquinarias electorales?
Quien mejor resuelva esas interrogantes, tendrá una ventaja competitiva de cara a las elecciones. Pero quien no logre hacerlo, sencillamente no será competitivo. Por ello, a menos que un partido y su candidato tengan niveles relevantes de capital político establecido (medido en función a la relación de conocimiento y simpatía entre los votantes), resulta relativamente fácil empezar a descartar candidatos que simplemente no tendrán las herramientas para ser competitivos.
Por lo anterior, esta campaña parece estar diseñada para favorecer a personajes que ya cuentan con un capital político relevante. Y la carrera electoral parece que se definirá en función a esa relación de conocimiento-simpatía, y la capacidad de los candidatos de conectar con las demandas y necesidades del electorado.
Presentamos el análisis de los acontecimientos políticos más importantes hasta el mes de julio de 2018.
Condiciones generales del Congreso:
El Congreso de la República ha tenido tres momentos a lo largo de la legislatura 2016-2018. El primero de ellos, puede identificarse desde la toma de posesión hasta finales de noviembre 2016. Durante este período, el Congreso mostró enormes niveles de autonomía respecto al Ejecutivo. La atomización partidaria, producto de los resultados electorales de septiembre 2015 y los reacomodos de bancadas de principios de 2016, generó la necesidad de búsqueda de consensos y construcción de mayorías para la aprobación de legislación. Y bajo la sombra de los avances del 2015, el Legislativo se montó en una ola inicial de reforma institucional.
Derivado de la debilidad del partido oficial, el principal opositor –la UNE– rápidamente se convirtió en el articulador de una alianza mayoritaria que dictó la agenda legislativa. Todo ello, bajo la operación de un Mario Taracena. Fue en esta coyuntura que avanzaron temas clave como la reforma a la Ley de Régimen Interior del Congreso (14-2016), las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (18-2016), las reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo de Actividad Exportadora (19-2016), la Ley de Microfinanzas (25-2016), la primera generación de reformas electorales (26-2016), y la Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal (37-2016). En total, se aprobaron 50 Decretos Legislativos.
Sin embargo, hacia finales de 2016, FCN-Nación articuló una alianza pro-oficial cuyo objetivo era desbancar el control de la UNE, y alinear al Legislativo con el Ejecutivo. Este cambio dio paso a un segundo momento, en el cual el Ejecutivo logró alcanzar mayor incidencia, se articuló una alianza en torno a FCN-Nación, Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana. Y si bien en el papel tenían los votos para aprobar legislación sustantiva, en la práctica, la construcción de alianzas y mayorías fue menos eficiente.
La reacción a los casos presentados por el MP y CICIG generó una “rebelión anti-CICIG” de parte de los diputados. Y ante el vacío de un operador personalista se produjo un cambio en la dinámica legislativa: el Congreso pasó de una agenda de reforma a una agenda de reacción. Por ello, temas como la Reforma Constitucional al Sector Justicia, la Ley de Competencia, las leyes ambientales, como agua, o las relacionadas a desechos, y otros ejes de la agenda de reforma institucional, quedaron en la congeladora.
El tercer momento surge como consecuencia de los decretos de impunidad de mediados de septiembre 2017. El primer efecto fue la fragmentación partidaria (Gráfica #1). Si bien las bancadas mantienen sus números relativamente intactos, surgieron facciones disidentes dentro de agrupaciones como FCN-Nación, UNE, Movimiento Reformador y Todos. Esto hizo más difícil articular las negociaciones, puesto que las bancadas dejaron de operar de forma homogénea. En este contexto, surgieron “bloques alternativos”, tipo el Frente Parlamentario, con el objetivo de marcar distancia de los actores políticos más relevantes.
Gráfica #1: Balances de Fuerzas. Evidencia la atomización partidaria en el Congreso.
Asimismo, la credibilidad del Congreso implosionó a niveles nunca antes vistos. Esto generó un rechazo multisectorial a cualquier gestión legislativa, lo que impidió que cualquier tema de agenda sustantiva lograra un grado mínimo de avance. FCN-Nación incluso perdió la capacidad de conseguir 80 votos (Gráfica # 2), como se evidenció en la no aprobación del Presupuesto 2018, en los problemas para aprobar leyes regresivas como la Reforma a la Ley de ONGs, la modificación al artículo relacionado con el Financiamiento Electoral Ilícito, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para legalizar nuevamente el transfuguismo o la ratificación del Estado de Calamidad por la erupción del Volcán de Fuego durante el primer semestre de este 2018.
En este contexto de fragmentación y rechazo a la gestión legislativa, los únicos momentos en que la alianza pro-oficialista logró articular mayorías fue cuando la operación política quedó en manos de Alvaro Arzú y el Partido Unionista. Este fue el caso de las dos votaciones para elegir Junta Directiva a mediados y finales de enero. Dicha operación política permitió que bancadas bisagra como Alianza Ciudadana, UCN, Viva y algunos independientes se sumaran a la alianza de partidos pro-oficialista, integrada por FCN-Nación, el Movimiento Reformador, TODOS y el Partido Unionista.
Gráfica # 2: Correlación de fuerzas. Muestra la dificultad del partido oficialista de alcanzar mayorías absolutas para aprobación de legislación.
Expectativas para segundo semestre 2018:
En este contexto de fragmentación, atomización partidaria y cuestionamientos a la gestión del Congreso, el pasado 1 de agosto se abrió el segundo periodo ordinario de sesiones legislativas.
A todas las variables anteriormente descritas deben agregarse algunas condiciones nuevas. Derivado del nuevo calendario electoral, la convocatoria a elecciones generales se realizará en enero próximo y el período de campaña arrancará a partir de marzo. Esto implica que el segundo semestre 2018 estará marcado por los reacomodos de los partidos y agrupaciones políticas de cara al proceso electoral.
El primer efecto de ello está relacionado con el desgaste natural del poder y del oficialismo. En periodos pre-electorales, los partidos políticos naturalmente adoptan posturas de mayor lejanía respecto al oficialismo, situación que podría complicar aún más la capacidad de FCN-Nación y sus aliados de obtener los 80 votos necesarios para avanzar una agenda legislativa.
Un segundo efecto está relacionado con la batalla en torno a la legalidad del transfuguismo. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Politicos del año 2016 estableció la prohibición para los diputados de cambiarse de partidos durante los cuatro años de su legislatura. Esto implica que diputados electos por partidos cancelados (Patriota, Líder) o que ya se han cambiado de bancada tienen vedada la posibilidad de buscar la reeleccion en el 2019. Actualmente, 76 de los 158 diputados estarían en situación de riesgo de no poder optar a la reelección. A ellos podrían sumarse otros 11 diputados del partido oficial, el cual tambien se encuentra en riesgo de ser cancelado.
Esa dinámica genera una nueva dimension de fragmentación: entre los diputados que sí pueden optar a la reelección (particularmente aquellos de partidos minoritarios o de la UNE) versus los diputados en riesgo de no optar a la reelecion. Dicha situacion genera aún mayores niveles de complejidad para alcanzar consensos y construir mayorias.
En este contexto, la expectativa para este segundo semestre es la de un Congreso desarticulado, con escasas posibilidades de contruccion de alianzas mayoritarias. Por tal razón, pareciera que las únicas iniciativas con posibilidad real de ser aprobadas son aquellas que podrían articular un interés común de los legisladores (como la reforma al delito de financiamiento electoral ilicito o reforma a la Ley de ONG) o que son relativamente inocuas en terminos políticos (aprobación de préstamos, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento o el incremento a las pensiones del Estado).
Agenda legislativa tentativa:
Temas relevantes por abordar
- Discusión sobre reforma al artículo 203 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos relativa a la prohibición al Transfuguismo.
- Interpelación al ministro de salud pública y asistencia social, Dr. Carlos Soto (segunda mitad de agosto).
- Proceso de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 (septiembre a noviembre).
- Proceso de Elección del Contralor General de Cuentas de la Nación (octubre).
El VII Foro Regional Esquipulas culminó con un debate sobre el desarrollo de Guatemala, donde participó Dionisio Gutiérrez.
 | Con la pregunta "¿Desde su sector cuáles son los mínimos que deberían considerarse para construir una Guatemala diferente?" inició el Debate Nacional "¿Después del Tsunami ¿Hacia dónde vamos? Visiones para una nueva Guatemala" donde, nuestro presidente Dionisio Gutiérrez participó al lado de representantes de distintos sectores como Samuel Pérez Attias, Otilia Lux, Raquel Zelaya, Roberto Ardón, entre otros. |
| La discusión giró en torno a cómo mejorar el desarrollo al país, tomando en cuenta elementos como la educación, salud, economía y el fortalecimiento del Estado. Dionisio Gutiérrez compartió su preocupación por la baja tasa de crecimiento económico, la desigualdad social y la poca escolaridad que alcanzan los guatemaltecos. Habló también sobre la importancia de fortalecer partidos políticos e involucrar a la juventud en los temas cívicos del país. |  |
“Tenemos dos alternativas: seguir enfrentados o sentarnos a trabajar en el país que queremos.”
 | DIONISIO GUTIÉRREZ Hizo énfasis sobre apostarle a la unión de sectores para encontrar las respuestas que se necesitan a los problemas de hoy en día y aseguró que espacios de discusión como el Foro Regional Esquipulas son importantes para entenderse mejor, "son más las cosas que nos unen de las que nos diferencian" comentó. |
Entre risas gracias a las anécdotas personales que les compartía y seriedad ante los conceptos que abordaba, los jóvenes de Enactus escucharon la experiencia y sugerencias de Dionisio Gutiérrez.
Este martes 14 de julio, en el marco de la Competencia Nacional de la organización Enactus, el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo participó como ponente y abordó a un salón de más de 800 jóvenes, sobre la necesidad que tiene el país de un compromiso colectivo para construir una sociedad más responsable consigo misma.
“Quiero motivarlos a que se dejen llevar por su convicción y la posibilidad de desarrollar Guatemala, que les necesita cada día más”
DIONISIO GUTIÉRREZ PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LIBERTAD Y DESARROLLO
Reconoció la labor emprendedora de los presentes y los instó a practicar un “optimismo inteligente” ante las acciones que la nación necesita para avanzar, rescatar la política y activar la ciudadanía.
En el marco de la Competencia Nacional de la organización Enactus, el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo participó como ponente y abordó a un salón de más de 800 jóvenes. |
Enactus es una comunidad de estudiantes universitarios, catedráticos y empresarios que juntos desarrollan Guatemala, transformando la vida de jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora.
A día de hoy son 16 equipos en 6 departamentos del país. Son la única organización que tiene presencia en casi todas las universidades de Guatemala.
La Competencia Nacional Enactus, es un evento en la cual los diferentes equipos Enactus presentan los resultados de sus acciones y proyectos que realizaron durante un año en las diferentes comunidades. Más de 100 empresarios y altos ejecutivos participan voluntariamente como jueces, evaluando a los equipos con base en el éxito que alcanzaron al crear oportunidades de desarrollo económico y sostenible para otros.
Un clip en el que los jóvenes de Enactus Campus Sur, ganadores de la Competencia Nacional, exponen su proyecto. |
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